Educación: una ilusión sin porvenir

Segunda entrega de la serie sobre educación:

Me gustaría saber qué percepción tienen de esta sorprendente realidad en que se ha convertido la educación en nuestro país todos aquellos pedagogos y psicólogos que han diseñado el sistema educativo que hoy tenemos y que presenta unos resultados tan lamentables por escandalosos. El problema es que no hacen de sus razones una razón pública para nuestra deliberación, lo que, por otra parte, es un premeditado ejercicio de coherencia, porque ellos han sido los primeros responsables del desastre educativo al que hemos llegado ya sea por su servil obediencia a la clase política ya sea por su nefasta influencia en los legisladores.  Para entender qué ha pasado, bastaría hacer algunas sumas de sus sobresueldos como docentes universitarios a tiempo completo. Así, el aluvión de leyes educativas que hemos padecido en los últimos treinta años: la LOECE de 1980 con la UCD; la LODE de 1985, la LOGSE de 1990 y la LOPEG de 1995 con el PSOE; la LOCE de 2002 con el PP, y la LOE de 2006 con el PSOE. Y cabe esperar una séptima ley si las urnas confirman la victoria del PP en las próximas elecciones generales de 2012, a razón de una ley por legislatura. Si un ciudadano del norte de Europa, donde están algunos de los países con los mejores resultados en competencias básicas (lengua, matemática y ciencia) y el mayor porcentaje de alumnos en los niveles de excelencia, como es el caso de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, tuviese conocimiento de tal desaguisado, se echaría las manos a la cabeza y pensaría que estamos locos de atar, cuando ellos se pasan varias décadas desarrollando y aplicando una sola ley educativa. De esas seis leyes, la mitad (la LOECE, la LOPEG y la LOCE) apenas llegaron a aplicarse, porque fueron derogadas al poco tiempo de ser aprobadas tras el cambio del partido del gobierno. Unas leyes que se imponían sin el suficiente consenso cultural y político, sin la necesaria financiación y sin la adecuada selección y formación de los docentes. Esta lucha partidista en el ámbito de la educación no sólo ha traído una enorme confusión y dispersión entre los profesores y los equipos directivos, sino que ha provocado unos resultados desastrosos en los alumnos.

Según el informe español del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA)[1] del año 2009, publicado en 2010,  relativo a los 65 países asociados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que permite evaluar el sistema educativo de los países analizados y cuyos indicadores orientan las decisiones de política educativa –salvo, según parece, en España–, a través de la valoración del rendimiento de los alumnos de 15 años en tres competencias básicas, como son la comprensión lectora, comprensión matemática y comprensión científica, los estudiantes catalanes (con unos resultados algo mejores a la puntuación media estatal) están en la franja media baja, cuyos resultados permanecen prácticamente estables en relación a los obtenidos en el 2006. Los resultados del citado informe también señalan que en Cataluña persiste un elevado porcentaje de alumnos repetidores (un 23% frente al 36% de media en España), la mayoría de los cuales termina abandonando los estudios antes de 4º de ESO, en parte porque los alumnos afectados por la repetición no mejoran sus malos resultados; un fracaso del sistema educativo que ya se detecta en los alumnos repetidores de 10 años que cursan cuarto de Educación Primaria. Y como último diagnóstico negativo cabe destacar que sólo hay un 5% de alumnos catalanes (en el conjunto del Estado hay un 3%) en los niveles de excelencia, frente al 8% de media en la OCDE. No obstante, el informe PISA también señala algunos resultados positivos, entre los cuales cabe destacar que nuestro sistema educativo es uno de los que presenta mayor equidad en los resultados de los alumnos entre unos centros y otros, si bien los resultados en los centros privados son mejores que en los centros públicos.

Por lo que respecta a las preocupantes cifras del abandono de estudios, que las sucesivas leyes educativas no han conseguido reducir desde mediados de la década de los 90, según los resultados del proyecto YIPPEE en España[2], realizado entre 2008 y 2010, cuyo objetivo es explorar los itinerarios educativos de los jóvenes extutelados en cinco países de la UE (Dinamarca, Hungría, España (centrándose en Cataluña), Suecia y Reino Unido) y estudiar fórmulas para retener al mayor número posible en el sistema educativo una vez han completado la enseñanza obligatoria, en Cataluña, en 2007, la tasa neta de alumnos que obtuvo el Graduado en la ESO fue del 72,8% (algo más alta que la media española que fue del 69,1%), por lo que el abandono de estudios en ese nivel educativo es del 27,2%, ocupando el número 12 en el ranking de Comunidades Autónomas, liderado por Euskadi con un 16%. Una tasa más del doble de alta que la media europea, cuando la Unión Europea ha establecido como tasa máxima aceptable el 10%. Según el informe del mismo proyecto YIPPEE,  la tasa neta de escolarización en España a los 17 años era aproximadamente del 75%, con un 11,7% todavía en la ESO y un 63,2% en el Bachillerato o en la Formación Profesional, del que más de un 40% finalizó el Bachillerato, observándose que el número de alumnos matriculados en el Bachillerato es mayor que el matriculado en la Formación Profesional, lo que representa tanto un desajuste con las necesidades del mercado laboral como una salida refugio en la coyuntura actual de crisis económica. En conclusión, la educación en Cataluña va mal y con ello estamos destruyendo el proyecto de futuro de nuestro país. Como ya concluyó Manuel Castells, director junto a  Imma Tubella del Proyecto Internet Cataluña (PIC)[3], un ambicioso programa de investigación interdisciplinario sobre la sociedad de la información en Cataluña, que se realizó entre el 2001  y el 2007, y uno de cuyos estudios fue La escuela en la sociedad red: Internet en el ámbito educativo no universitario, cuyo informe se publicó en marzo de 2004[4], “estamos en una sociedad de la información desinformada”[5].

Por otro lado, según el informe de resultados correspondiente a la Evaluación General de Diagnóstico (EGD) de 2010, que para este año se centró en el segundo curso de ESO[6], realizado por el Ministerio de Educación en colaboración con las Comunidades Autónomas, cuyos registros analizan los niveles de rendimiento de los alumnos de 14 años en las competencias básicas del currículo (lenguas,  matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales y ciudadanía),  los resultados obtenidos están en sintonía con el informe PISA citado más arriba, y en Cataluña son análogos a los obtenidos entre los alumnos de cuarto curso de Educación Primaria en 2009, lo que confirma la mediocridad en el rendimiento académico de los alumnos, de una parte, y por otra parte, la incapacidad del profesorado y la incompetencia de la Administración educativa para mejorar los resultados. ¿Cómo es posible que de unas asignaturas que se imparten al menos desde el tercer curso de la Educación Infantil (P5) un 17% de los alumnos tenga un nivel de rendimiento bajo o muy bajo, frente al 8% que tiene el nivel alto, y que el resto tenga un nivel mediocre? La EGD es una de las consecuencias de la aplicación de la LOE de 2006 y tiene como objetivo ofrecer una guía útil que permita la mejora del sistema educativo. Tras diferentes pruebas pilotos, lleva dos cursos realizándose sin que hasta la fecha haya suscitado ningún debate social y político sobre la utilidad de la última reforma educativa, de cuya fotografía sólo tenemos el negativo. Conviene recordar aquí que para el ejercicio presupuestario de 2011 el total de recursos asignados en los Presupuestos Generales del Estado para la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial asciende a algo menos de cinco millones de euros. Y si además de no tener éxito, el contarlo sale caro, uno no puede dejar de preguntarse para qué sirven tantos informes y tanto dinero gastado si al final no progresa nuestro sistema educativo cuando no resulta regresivo.

La educación en este país es una feria de las vanidades, donde los políticos y sus técnicos en leyes educativas compiten, en una especie de testosterona parlamentaria, en ver quien la saca antes y a quien le aguanta más tiempo su desarrollo y aplicación, sin caer en la cuenta que el grado de progreso intelectual y moral de una sociedad es inversamente proporcional al número de leyes y normas administrativas. Es ilustrativo al respecto leer Las Leyes de Platón en paralelo a la historia del declive político y descomposición moral de las polis. ¿Dónde están las voces críticas en la pedagogía y la psicología con los continuos cambios de diseño institucional e ideológico del sistema educativo desde el 1980 en adelante? Hace ya unos 18 años  que un amigo pedagogo, antes de acabar ensimismado en su docencia universitaria como funcionario, me animó a la lectura del libro de Francesco Tonucci ¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después, publicado en 1990, cuya segunda edición en 1993 leí con placer y admiración. Nada sabía antes de este pensador y pedagogo italiano, ni tampoco del libro que precedió a éste (La escuela como investigación, de 1975), cuyo balance crítico con el transcurso de los años motivó la retrospectiva de su pensamiento pedagógico. La concepción que Tonucci tiene del aprendizaje me pareció entonces revolucionaria, porque representaba un giro copernicano en el campo de la educación, en la medida que ponía al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y dejaba al profesor un papel secundario. Para Tonucci el sentido de la educación no va del que sabe (el profesor)—que se otorga la figura de autoridad– al que se supone que no sabe (el alumno) –al que se le asigna el papel de súbdito–, sino de las expectativas, intereses y conocimientos previos del alumno –que ahora se constituye en ciudadano de la sociedad de la información– al método científico que facilita el profesor     –que pasa a ser un gestor del conocimiento y un garante del aprendizaje correcto del alumno– para ordenar, interpretar y ampliar lo que el alumno ya sabe. Lo triste del caso es que 36 años después de la aparición de La escuela como investigación, la propuesta de su autor siga pareciéndome revolucionaria en nuestro país, después de seis reformas educativas en los últimos 30 años. Ciertamente, la libertad y creatividad del alumno sigue siendo un tabú en nuestro sistema educativo, que sólo en contadas ocasiones los dirigentes políticos se atreven a confesar, como es el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba, que recientemente, en su presentación como candidato socialista a presidente del Gobierno, llegó a sorprender a su gente al afirmar: “Tenemos un fantástico sistema educativo, el mejor del mundo… para formar funcionarios. Ahora se trata de formar emprendedores”[7]. Es lástima que su proyecto de España se limite al fomento de las empresas y sea otra ocasión perdida para nuestro malogrado sistema educativo, porque la asignatura pendiente de la democracia española es la de formar ciudadanos.

Una feria de las vanidades en la que también han participado alegremente las familias, que a pesar de estar directamente implicadas se sienten neutrales para poder juzgar, siendo así juez y parte.  Os imagináis algo parecido en una intervención quirúrgica o en un tratamiento farmacológico. O bien en la instrucción de un proceso judicial o en la redacción de una sentencia. Uno de los males mayores de la educación en nuestro país es justamente la creencia que toda opinión es válida, que todos los afectados somos igualmente competentes para participar en la toma de decisiones. Mientras se siga pensando que los hijos son una propiedad de los padres y se conciba la paternidad o la maternidad como un derecho natural análogo al de la propiedad privada, seguiremos olvidando que los hijos son personas y no cosas, y por ende no nos sentiremos obligados a someter a juicio crítico los argumentos expuestos y a escoger los más razonables entre ellos en beneficio de los niños. En este sentido, siempre me ha llamado la atención la sinrazón que manifiestan numerosas personas en la educación religiosa o sexual de sus hijos cuando son razonables en  el resto de asuntos. Otra cosa es que no tengamos confianza en la calidad de nuestros educadores, que tengamos fundadas sospechas acerca de su formación, competencia profesional o talento. En ese caso deberíamos hacer todos, dirigentes políticos, expertos y ciudadanos, una profunda reflexión colectiva sobre las carreras universitarias idóneas para el ejercicio docente, así como sobre la contratación y posterior formación de los docentes, o lo que es lo mismo, sobre las posibilidades educativas que ofreceremos a nuestros hijos y en definitiva sobre el futuro que queremos para nuestro país.

http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/publicaciones/estudios-ie.html

[2]

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=gyIwVYXdmWU%3d&tabid=7344&language=ca-ES

[3]

http://www.uoc.edu/in3/pic/esp/

[4]

http://www.uoc.edu/in3/pic/esp/pdf/PIC_Escoles_esp.pdf

[5]

Cita tomada del artículo titulado “Estudiar, ¿para qué?”, publicado en La Vanguardia (24-XI-2007): http://www.barcelonaradical.net/informacion.php?iinfo=4492

[6]

http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/publicaciones/evaluacion-diagnostico.html

[7]

Fuente: El País (10-VII-2011: p. 14).