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¡Santiago, cierra España… y ya que estamos, pues te cargas un par de Comunidades Autónomas!

La ventaja de hacerse mayor es que uno empieza a conocerse a sí mismo y a su entorno. Tus padres ya se te aparecen como personas de verdad, desprovistas de virtudes míticas. Te das cuenta de que el tío Braulio está loco, la tía Justina tiene un problema con el chocolate y de que el primo Jasón es un pervertido con una filia por la depilación integral llevada al extrmo… Cosas así. También es un indicio de que has madurado que  intuyes, crees comprender cómo funcionan las cosas en tu país, cómo se van madurando, cómo empiezan los cambios y cómo se van preparando las cosas para crear el estado de opinión que permite que la opinión pública española acabe aceptando casi todo lo que le venden. Bueno, con una excepción, esto de la ley Sinde [1], que por mucho que lo han intentando por todos los medios desde arriba, movilizando a todos los ídolos de masas, ¡incluso teniendo que recurrir al arma de destrucción masiva en Twitter que es Alejandro Sanz!;  nada, no ha habido manera, ahí la gente no ha permitido que se la dieran con queso, porque la peña sabía que le querían tomar el pelo y, no, no no… ¡hasta ahí hemos llegado! ¡Que nos quieren cercenar las libertades! Y eso no. Oiga, no. Que a nosotros no nos engañan así como así. Que sabemos defender lo más importante y lo más esencial, nuestros derechos fundamentales, ¡nuestras libertades!, ¡la democracia!, vamos, eso de poder llegar a casa y, hala, a descargar. ¡No pasarán!

Pues bien, con esa excepción, donde la cosa no ha salido, la verdad es que el mecanismo casi siempre funciona como la seda. El invento es como sigue. Empieza la derecha mediática más desatada. Libertad Digital, La Razón, los blogs liberales… De entre los desvaríos que allí se cocinan, cuando ciertos medios económicos empiezan a pensar que bueno, joder, la cosa no está mal, podría tener su interés, el tema empieza a infiltrarse en El Mundo y el ABC. Primero en sus webs y por medio de algunos columnistas. Luego, en los editoriales. Y la caldera se pone en marcha. Una vez llegados a este punto, ya se ha alcanzado un consenso notable en lo que podríamos llamar “derecha española”. El PP, estuviera o no en esa línea al principio, se ha subido ya a ella sin dudar y con entusiasmo. Incluso Mariano Rajoy se pronuncia sobre el particular, saliendo de su letargo. La cosa va en serio. Y en medios que podríamos llamar “madrileños” todo el mundo lo tiene claro. El tema va calando en la España “enterada” y “conectada”. Pero cuando empieza a estar claro que a medio y largo plazo esas ideas que inicialmente nos habíamos tomado a chanza, las salvajadas de los cuatro locos de siempre, Federico [2] y sus amigos, se convertirán en la línea oficial de la democracia española es cuando desde ciertas instituciones con pasta y capacidad de influencia dan la señal que, rápidamente, en ciertos sectores del socialismo (lo que se llama “vieja guardia”, es decir, personas cercanas a Felipe González que ahora pueblan consejos de administración de empresas privadas y privatizadas, o patronatos de fundaciones y cosas así) detectan y empiezan a decir que, con algunos matices, la cosa, pues sí, habrá que considerarla. Lo suelen hacer dejando claro que en un lado está la “derechona” y que lo que ellos exponen no tiene nada que ver con la idea que defienden los otros (aunque sea la misma). También explican que ellos son patriotas y lo hacen por España, porque creen que es lo mejor, que hay que asumirlo aunque sea duro. Pero a la gente hay que decirle la verdad, las cosas como son, con sentido de la responsabilidad. Una vez llegados a este extremo, El País y demás medios de PRISA (o lo que queda [3], tras la gestión brillante de Cebrián) empiezan a jugar con el tema. Inicialmente mostrándose muy preocupados y en contra de lo que piensan que son “retrocesos” o “ideas reaccionarias”.  Pero metiendo poco a poco la idea de que, claro, aunque ésa no sea la solución, algo habrá que hacer. En unos meses, los Antonio Elorza y compañía están defendiendo lo mismo que empezó proponiendo César Vidal, pero dejando claro que lo hacen por compromiso con la izquierda, la democracia, los valores de la transición y la convivencia.

Si piensan en la política antiterrorista, o en el Sáhara Occidental, o en las relaciones con Estados Unidos, o en el tema del Estatut de Catalunya, se darán cuenta de hasta qué punto esta evolución ha sido una constante. Ya nos la conocemos. Y es de lo más eficaz. Los últimos ejemplos, por mencionar uno de ayer mismo, tienen que ver con las Cajas de Ahorros [4]. Pero los hay a cientos. Jubilación. Pensiones. Reforma laboral. Energía nuclear (esta será la siguiente, ya verán). Y, por supuesto, la estrella de los próximos meses: la insostenibilidad del Estado autonómico.

Por supuesto, este mecanismo en todas sus fases, hasta el final, no se da sistemáticamente con cualquier tema que toquen La Razón o Libertad Digital. Si no, en este país legislaría Federico Jiménez Losantos, pues a medio y largo plazo todas sus opiniones se acabarían imponiendo. Y si así fuera, pues tendríamos ya o en breve al PP gobernando, con los impuestos indirectos por las nubes, los impuestos directos por los suelos, la reforma laboral aprobada dejando sin derechos a los trabajadores, los inmigrantes ilegales sin sanidad ni educación gratuitas y deportados en cuanto se les pilla vendiendo un CD pirateado y el Estado de las Autonomías seriamente recortado. La verdad es que, en realidad, si lo piensan más o menos es el panorama que nos espera. Pero estoy seguro de que hay campañas iniciadas desde ahí que no acaban prendiendo. ¡Alguna habrá! Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero alguna habrá. ¡Tiene que haberla!

En cualquier caso, no es explicar este mecanismo y su funcionamiento lo que nos ocupa. Lo importante ahora es señalar que estamos en pleno proceso de asentamiento general e indiscutido de una idea, la de la insostenibilidad del modelo autonómico, que va a poner a prueba el funcionamiento del mecanismo. Porque, sin duda, quizás con la excepción de la permanencia de España en la OTAN en su momento, esto de liquidar las autonomías es sin duda el objetivo más ambicioso con que se ha puesto esta gente que controla el mecanismo de precisión, de relojero suizo, con el que se acaban logrando imponer los trágalas. Pero las dificultades no parecen arredrar a los promotores del movimiento. Está claro que el reloj ha empezado la cuenta atrás. Ya quedan menos semanas para que empecemos a desayunarnos con los mismos relatos de derroche autonómico y de nepotismo verbenero que llevan mostrándonos desde hace un años en El Confidencial o El Mundo pero publicados por El País de una manera más seria, más ponderada, más responsable, poniendo cara de que nos gustaría no tener que señalarlo pero sí, no hay más remedio; de que hay que hacer algo porque esto es una cosa muy inquietante. Y habrá datos y tablas. Y se contará cuántos coches oficiales y funcionarios tienen las autonomías. Aparecerán las cuentas de museos de provincias y de las teles regionales. Y la deuda y el déficit. Municipal y autonómico, por supuesto. La deuda y el déficit estatal no es la importante, aunque sea el 90%. ¡Las autonomías derrochan! Porque cualquier deuda autonómica es indicio de mal empleo del dinero público. Como con esas televisiones absurdas que emiten en lenguas incomprensibles. Mientras tanto, si el Estado (o el Ayuntamiento de Madrid, sin ir más lejos) eso no es derroche y corrupción. Eso es que se ha gastado el dinero en invertir. Porque había que hacerlo. ¿Van entendiendo de qué va la cosa?

La dinámica, ya lanzada, se va a enfrentar, sin embargo, a frenos que habitualmente no entran en juego. Por ejemplo, liquidar los derechos laborales de los trabajadores de menos de 40 años se ha trabajado a fuego lento de modo eficaz, ayudado porque no había focos de poder social y económico de demasiada relevancia perjudicados por fastidiar la vida para siempre a este segmento de población. Que son (somos) una panda de pringados insolidarios, con poca o nula presencia pública, sin sentido colectivo y, además, puteados, mileuristas y maltratados (lo que da poco tiempo para dedicarse a la reivindicación, excepto si está en juego nuestro derecho constitucional a las descargas de Internet). Pero no es tan fácil ir a por los 4 millones de jubilados, que se sienten, ante todo, jubilados. Y lo tienen claro. Por lo que defenderán con uñas y dientes el poder adquisitivo de sus pensiones (véase cómo el Gobierno no ha osado liquidar la obligación de “ajustarles” la paga si el objetivo de inflación, como ha pasado este año, se desvía unas décimas) pase lo que pase y frente al Gobierno o partido que se atreva a ir a por ellos. ¡A por los débiles! ¡Qué se han creído! Vamos, que precisamente por eso, por no ser débiles, en este país cualquier gobernante se lo piensa dos, tres y cuatro mil veces antes de hacer nada que les pueda enfadar.

Pues con el Estado Autonómico pasa lo mismo. Esto no va a ser tan fácil. Porque, en primer lugar, 30 años de autonomías, más allá de que hayan funcionado bien o mal (en nuestra opinión, ya desarrollada extensamente, más que aceptablemente [5] y, por supuesto, mucho mejor que la tradicional España centralizada), han dejado un poso de poderes locales y autonómicos más que asentados, con sus jefecillos, sus burocracias, sus estructuras de poder. Y una cosa es consentir que te chuleen la Caja de Ahorros, por ejemplo. O la sede de banco. O de una empresa eléctrica. O la inversión en infraestructuras. O la pasta para Sanidad que te ha de dar el Estado, que se empeña en decir que tienes un millón de ciudadanos menos de los que en realidad hay reconocidos en el censo para regatear como en un mercadillo chungo. Una cosa es todo eso, con lo que se puede vivir, no nos engañemos, y otra bien distinta que, directamente, te quieran quitar la poltrona. A lo demás, más o menos, te puedes adaptar, pero a que te quiten el mando en plaza, como que no. De manera que se puede augurar una enorme resistencia en los poderes autonómicos establecidos a las pretensiones crecientes de desmantelamiento o de rediseño. Al menos, si se trata de eliminar cargos de forma importante. ¡Para esto no hemos hecho la democracia y el estado federal que son ejemplo en Europa, leches!

Pero incluso, hasta aquí, no estamos de resistencias que no se puedan, llegado un momento, superar hasta cierto punto. Porque, en el fondo, hay muchos virreyes autonómicos que, en efecto, preferirían no tener que ejercer algunas competencias, básicamente las que han descubierto que son más bien molestas y que llevan mucho trabajo y son un lío poco agradecido. No les importaría demasiado una recentralización en esos ámbitos. Un Gobernador Civil con el Caudillo tampoco vivía tan mal y tenía menos quebraderos de cabeza. Así que, oiga, incluso, si se empeñan mucho, pues no pasa nada por volver a ceder Educación y Sanidad, que son cosas que lucen políticamente muy poco y que sí, conllevan mucho dinero, pero que es dinero que uno tiene poca libertad a la hora de distribuir, porque lo que hay que hacer con él está bastante claro de antemano. En plan sacrificado habría alguna autonomía, seguro, que si le presionan mucho y bien acabará aceptando renunciar a ese tipo de parcelas. Así que, en general, puede haber margen para una recentralización en muchos más ámbitos de los que se cree. No es necesario hacer algo así (al menos en mi opinión), pero sí es factible. Al menos, en muchas Comunidades Autónomas. Otra cosa es como se pretenda liquidar el tema para todas. Porque, lo comentamos después, ahí sí que habría un lío tremendo.

Incluso, en algunos casos, podría pensarse en incrementar muchísimo la presión y tratar, directamente, de liquidar algunas Comunidades Autónomas o fusionarlas. Por el consabido tema de la eficacia. Vamos, lo mismo que llevan 30 años diciendo en Alemania de Berlín, Bremen o Hamburgo, sin que la cosa haya fructificado nunca porque eso es un Estado federal de verdad, donde el poder de persuasión del centro sobre la periferia es, en ciertos temas, muy, muy pequeño. Carecen de las sutilezas de España y de nuestros depurados mecanismos de creación de estados de opinión. Que, a la vista de cómo viene las cosas, pueden volverse, especialmente, contra la supervivencia de las autonomías uniprovinciales (con la excepción, por supuesto, de Madrid, que nadie en su sano juicio cuestionará salvo si la cosa se monta para que en vez de desaparecer absorba provincias de alrededor, tipo Segovia o Guadalajara, y ya les compensaremos a las castillas con alguna otra cosilla – que en ese caso, pues sí, oiga, no pasaría nada por incrementar un poco los límites de la autonomía madrileña, ¡es una cuestión de eficacia!). Por ejemplo, Murcia, que se puede pretender que se la coma Andalucía (o que compense a Castilla por la pérdida de Guadalajara). O proponer una federación cántabra-astur, no sé. O que Cantabria retorne a Castilla-León. Todo ello puede intentarse. Como lo de que La Rioja, la Comunidad autónoma más pequeña y menos poblada, se integre en Castilla. Son cosas que no generarían demasiadas resistencias y que, incluso, tendrían cierta lógica. Porque lo de las estructuras regionales uniprovinciales son un poco raras y anómalas. Aquí sí puede llegar a haber ámbito para cambiar cosas, excepto con Navarra, que es intocable porque la solución de gestión eficaz más razonable sería su federalización con Euskadi, lo que lleva el tema al límite de lo que, sencillamente, no se puede plantear.

Hasta aquí, ya digo, no pasa nada. El problema es que el run-run actual va más allá. Y entonces sí que podemos llegar a divertirnos. Básicamente, porque es más que dudoso que no ya la clase política sino la sociedad catalana vaya a aguantar, tras el show del Estatut, una rebaja más en el autogobierno. Y las pretensiones de retornar poder al Estado no parece que vayan en una línea asimétrica. Ahora bien, es obvio que cualquier recentralización de competencias que afecte a Cataluña puede provocar una fractura social definitiva. Por no mencionar, a partir de que ahí existe un límite muy difícil de franquear (sin que haya tanques mediante, se entiende), que la dinámica del agravio comparativo hará casi imposible pretender reducir nada, si no se hace también en Cataluña, en Andalucía, Galicia o País Vasco. Y a partir de aquí comienza el lío. Empezando por Valencia y Aragón, por ejemplo. Que no querrán quedarse atrás. Y entonces los canarios…. En fin, ya sabemos cómo funciona esto.

En definitiva, que la cosa pinta, como mínimo, divertida. Porque el mecanismo que lleva a vender la necesidad de la recentralización  ya se ha puesto en marcha. Y la presión va a ser enorme. Será interesante descubrir hasta qué punto piensa el poder central de España que puede tensar la cuerda. Porque como se pasen de rosca, se jodió el invento.сковорода алюминиевая литая [6]i love you russian google translate [7]

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