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El país está, y no hace falta que se lo cuente yo, absolutamente reventado, con las costuras de la indignación popular a punto de estallar y nuestra querida Casta, mientras tanto, levitando como acostumbra con sus discusiones chabacanas e impresentables («que se jodan«, ya se sabe). Que llevamos haciendo las cosas rematadamente mal desde hace mucho tiempo es ya a estas alturas una evidencia que nadie discute. Que seguimos empeñados en no rectificar, también. Hay, sin embargo, un aspecto sobre el que no se incide demasiado. Y es el temerario desprecio con el que se hace caso omiso a los expertos y a los colectivos profesionales en aquellos (escasos) casos en que ciertos juicios son casi unánimes. Máxime cuando hay consideraciones de otro tipo (estéticas, normalmente) o intereses muy bastardos que se ponen en medio. La franqueza y exhibicionismo con el que Gobierno, intelectuales de servicio y medios de comunicación se manifiestan en rebeldía frente a cualquiera que no les baila el agua, incluyendo a la tozuda realidad muchas veces, es sencillamente hipnótica. Y si hay que estrellarse contra el muro de la realidad de las cosas, pues nos estrellamos. ¡Tanto peor para el muro y para la realidad!, parece que decimos embriagados y encantados de habernos conocido. Dentro de esta especialidad española, que tiene muchas variantes, a mí me interesa la especialidad consistente en pasar de cumplir las leyes, las normas que nosotros mismos nos hemos impuesto, o interpretarlas a la buena de Dios, siempre con ayuda de algún jurista entusiasta, pero en contra del criterio casi unánime de todos los demás. Porque yo lo valgo. O el país lo vale. O algún interés muy concreto… Y si hay que descuajaringar el ordenamiento jurídico pues se hace.
La semana pasada ha sido pródiga en sucesos de este tipo. El más escandaloso tiene que ver con una vieja conocida de este blog, la llamada «doctrina Parot», que hemos puesto a parir por activa y por pasiva en diversas ocasiones y que hace no mucho reclamábamos que desapareciera ya que o lo había hecho por respeto a las garantías sí por sentido de la medida y para evitar el ridículo internacional una vez había desaparecido la amenaza más inmediata de ETA. Lo más fascinante de este asunto es que las críticas en este tema no son una cosa de cuatro extravagantes juristas con blog, sino que puede considerarse sin temor a exagerar como un lugar común entre los juristas españoles (de derechas, de izquierdas, teóricos, prácticos, del Madrid, del Barça…) entender que estamos ante una verdadera salvajada pues a todos nos repugna la retroactividad penal en perjuicio del reo. Sin embargo, el autismo con el que se comporta la Casta dirigente de este país le ha hecho desatender todas las críticas, incluso las recomendaciones amistosas de personas comprometidas con objetivos semejantes a los de los sucesivos Gobiernos, y al final ha pasado lo que tenía que pasar. En una Sentencia que confirma el estatuto del Reino de España como uno de los países de Europa que más condena recibe por violar derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anulado la doctrina Parot. La Sentencia, además, es muy dura. La tienen aquí, pero ya se la resumo yo: los jueces europeos alucinan con que a alguien se le ocurra revisar años después, retroactivamente, los años que una persona ha de cumplir en la cárcel aplicando leyes o interpretaciones jurisprudenciales creadas a posteriori de la condena y que piense que eso es compatible con un Estado de Derecho. La sentencia, además, tiene elementos de dureza adicional para la posición del Reino de España. Por ejemplo, que es unánime. O que dice que si España no pone en libertad a la persona presa que reclama estará violando el Convenio.
Pues bien, siendo todo esto grave, más alucinante si cabe ha sido la reacción del Gobierno de España ante la condena. Varios ministros, invocando el «espíritu de la plaza de Oriente» han salido a decir que «si ellos tienen TEDH, nosotros tenemos dos» y que, como ya apuntó el Marca, «vamos a jubilar al TEDH». Traduciendo, que el Reino de España no piensa cumplir la sentencia. Que de poner en libertad al preso, nada. Y que si acaso nos vuelven a condenar ya veremos. Ah, sí, y la indemnización no se piensa pagar en ningún caso pues el Gobierno entiende que la puede reclamar cualquier sujeto que tenga un crédito (por ejemplo, la responsabilidad civil derivada de delito) con la condenada. Una novedosa doctrina que estaría bien que los proveedores de partidos políticos pudieran hacer suya respecto de las subvenciones que éstos reciben caso de que no les paguen alguna deuda, por ejemplo (más de 30 millones de euros en lo que va de este 2012 de crisis, que es un pellizquito que no está mal).
El daño a la imagen internacional del país que cosas como estas suponen es muy difícil de medir, pero es enorme y acaba teniendo consecuencias. Incluso sobre la prima de riesgo. Que las grandes instituciones europeas de derechos humanos se formen, y con toda la razón, una pésima imagen de España y de cómo funcionan aquí nuestro Gobierno y nuestras elites bueno, precisamente, no es. De hecho, es algo particularmente malo y difícil de arreglar a corto plazo. La imagen que tenemos, y es de justicia que así sea porque nos la ganamos, es de gente que no respeta las reglas y que, cuando tiene un objetivo, no tiene empacho en arramblar con todo, seguridad jurídica, Estado de derecho, garantías o lo que sea para lograrlo. Las consecuencias de estas conductas, además de para la imagen internacional del país, son mala en muchos otros ámbitos. Que aquí nadie se tome en serio que las leyes obligan a respetar ciertas reglas del juego se filtra desde las alturas y acaba conformando una cultura popular donde pagar el IVA, como es sabido, es tendencialmente optativo.
Lo peor es que en una simple semana como la que cerramos los ejemplos de conductas semejantes se multiplican. De la misma matriz de desprecio por el Derecho y las reglas y de consecución de ciertos fines a costa de lo que sea ha salido la ocurrencia legislativa de pretender alterar los resultados de las elecciones en el País Vasco, ahora que lo de seguir prohibiendo partidos por motivos ideológicos en ausencia de banda terrorista activa que permita demagógicamente extremar la dureza, por medio de permitir que gente de fuera de la región vote a partir de criterios tan extravagantes como alegar que la abandonaron en el pasado «por miedo al terrorismo». La propuesta, que inicialmente parecía una humorada, está avanzando a buen ritmo, con eminentes juristas e instituciones haciendo informes bien retribuidos para decir que sí, que podemos, que «a por ellos, oe» y que, si se tercia, pues jubilamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos otra vez. Mire, es que con una firmita basta para que sea todo legal, oiga. Resulta ciertamente triste constatar cómo de sencillo es que en este país las elites supuestamente formadas y los profesionales que debieran regir su mejor criterio por otras consideraciones acaben apoyando casi lo que sea, si se les busca bien.
Obviamente, la gestión que estamos haciendo de ese pequeño asuntillo que tenemos con nuestras deuda y finanzas públicas no se salva de la quema. La misma improvisación, negación de la realidad e incompetencia última de fondo se aprecia en la aprobación de unas medidas que ni siquiera se corresponden con lo que la UE está pidiendo, pero que pretendemos que en Bruselas y Alemania y donde sea pasen como que «estamos haciendo los deberes». Y va a ser que no. Porque todo cae por su propio peso. Se recorta sólo de ciertos sitios (y siempre de los mismos)
y se añaden medidas que no tienen nada que ver con el ahorro sino con las obsesiones ideológicas de unos fulerillos de tres al cuarto que creen que con esta crisis pueden irse de rositas y, a la vez, marcar su agenda política e ir desarrollando sus obsesiones. Lo mejor de todo es que para rematar la faena, el caldo de cultivo para que los próximos recortes acaben con intervenciones de Comunidades Autónomas ya se está preparando («El Estado autonómico se nos ha ido de las manos» dicen los expertos que se han buscado para vestir al santo). A conciencia. Esta gente que tenemos en el Gobierno es tan increíblemente sectaria e incompetente que van a montar un follón constitucional y sobre el reparto territorial del poder que va a acabar con un choque de trenes salvaje.
Y eso por no mencionar la concreta «implementación» jurídica (por emplear el palabro que le encanta a esta gente) de los recortes fuleros aprobados. El enésimo Decreto ley de la temporada (en realidad el Decreto-Ley nº 20 de los 21 que llevamos ya a lo largo de 2012) es un verdadero espectáculo. Excepciones y excepciones. Reglas de toda la vida que para algunos casos se derogan y para otros siguen. De nuevo, lo de siempre. Que aquí las normas y su estabilidad se tiene como algo superfluo. Y encima mal redactado. Incomprensible a veces. E inundado de perlitas que harán las delicias de muchos con esto de establecer regímenes muy particulares y llamativos. Por ejemplo, la DA 5ª que parece que permitirá a todos los funcionarios, con excepción de quienes tengan reconocidos niveles 29 y 30 (que equivalen a puestos directivos y de jefaturas) ponerse a trabajar en el sector privado en régimen de compatibilidad con el desempeño de su puesto público si renuncian al complemento específico. ¿Esa gente sabe lo que hace o está desmantelando cualquier atisbo de profesionalidad y compromiso de los trabajadores públicos con el país y la gestión pública por pura incompetencia? A saber, en todo caso, sensibilidad y preocupación por las cosas de los demás y del ciudadano medio tampoco tienen mucha: por eso en el mismo RDLey donde aprueban recortes de todo tipo establecen que las deducciones para Madrid 2020 serán las máximas previstas en el ordenamiento. Es importante que las prioridades queden claras, ya se sabe.
Por último, una mención muy sentida y especial (también muy dolorosa para mí) a la Comunidad Valenciana, donde estamos liquidando el autogobierno por la vía de demoler y barrenar todas y cada una de las instituciones y ámbitos de acción propios. Hoy le ha tocado a la televisión autonómica, que prácticamente hay que dar por liquidada, con los enormes efectos que ello va a tener en la información de proximidad y en la normalización lingüística del valenciano. Pero el drama es mucho mayor. El desastre es la erosión constante e interna de todo el ámbito de lo público por esa corrupción de baja intensidad, pero generalizada, que ha afectado a tanta gente y a tantas actitudes que se lo ha acabado por comer todo. Lo hemos dicho otras veces: ese tipo de corrupción no es individualmente y en concreto, caso a caso, importante. No es meter la mano en la caja. Es dar los contratos a gente de confianza o facilitarles información para sean competitivos. Es meter a dedo a asesores y luego funcionarizarlos. Es manipular los concursos para que entren familiares o amigos… Pequeñas gomitas que, poco a poco, se cargan una Administración y un país. Porque minan desde dentro la moral de la cosa pública y, al final, la acaban convirtiendo en un monstruo ineficiente, corrupto, sobredimensionado, carísimo… Todo eso está pasando en España, y también en las Comunidades Autónomas. La situación es límite y el mismo autogobierno empieza a verse cuestionado en algunas de ellas, como el País Valenciano. Y, una vez más, el origen de todos los males tiene mucho que ver con esa idea tan extendida en España de que las leyes son orientativas y de que no tenemos por qué sentirnos obligados a cumplirlas, ¡sobre todo cuando mandamos! Un desastre colectivo que a la postre tiene muchas más consecuencias de las que parece.
En este país en estos momentos los problemas son muchos y profundos. Pareciera que esto del Estado de Derecho, de cumplir las normas, de no hacernos trampas al solitario, de aceptar que no hay más remedio que respetar ciertas restricciones es un lujo que, en ocasiones, no nos podemos permitir. Pero es todo lo contrario. No valen los atajos. Acaban, a la postre, conduciendo a situaciones mucho peores. Parece mentira que a estas alturas todavía no lo tengamos claro.
6 comentarios en Vamos a jubilar al TEDH… y a quien se ponga por delante con remilgos
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Menudo asco. Joder, es que nos mete un gol una etarra, una ETARRA, condenada, por asesinatos, y nos lo mete directamente porque somos unos cenutrios cuyo sentido de reglas de juego democrático es que son un paripé, y aun asi, nada, soy español, a que quieres que te gane, Europa, ¿a sacarme leyes y jurisprudencia de la manga?
Comentario escrito por Latro — 17 de julio de 2012 a las 9:37 am
Pues sí. Tienes toda la razón. Y lo por es que nos van a meter un capazo de goles más. Porque no aprendemos y pasamos de todo. Y nuestra defensa considera que puedes coger el balón con la mano dentro del área en caso de necesidad. Y si pitan penalty es que nos odian.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 17 de julio de 2012 a las 10:47 am
Gracias por aclararlo, aunque ya me olía a chamusquina.
Comentario escrito por sangonereta — 17 de julio de 2012 a las 3:52 pm
De todas formas no sé como aún nos sorprendemos por algo así, yo siempre recuerdo el caso del TEDH sobre la expropiación de Rumasa en el que se le dió la razón a ese empresario ejemplar y nuestro querido Tribunal Constitucional acabó diciendo que esa sentencia estaba muy bien pero que él sólo se debía a la CE y a su propia ley orgánica y aquí paz y después gloria….
Comentario escrito por Ceferino — 18 de julio de 2012 a las 9:04 am
No tiene nada que ver con el tema pero lo del límite para robar la paga extra de navidad al que gane a partir del 1,5 % del SMI va a traer cola sino sale alguna circular interpretativa contra legem.
Gano 962 al mes y me quitan cien…. gano 959 y no me quitan nada…
Salvo error por mi parte ya veo relucir el brillo de las facas.
Comentario escrito por josé luis — 18 de julio de 2012 a las 12:45 pm
Por no hablar de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Perdón por el inciso.
Comentario escrito por josé luis — 18 de julio de 2012 a las 12:46 pm