SITEL

No soy un experto en interceptación de comunicaciones. Tampoco conozco con detalle cómo funciona SITEL, pero sí creo que a estas alturas hay varias cosas que están claras:

– SITEL representa al mundo de las escuchas telefónicas lo que las descargas al consumo de música. La evolución tecnológica ha multiplicado las posibilidades y permite lograr mucho más con mucho menos, de modo más cómodo y mucho más rápidamente. No sólo escuchas la canción en la radio sino que te la bajas, la almacenas instantáneamente y, si quieres, tienes acceso a la carátul, a las letras, a la historia de la banda y a los extras del album. Desde casa y sin moverte de la silla. Bajo demanda y rapidito. Con darle a un botón.

– Básicamente, antes cuando se pinchaba un teléfono por orden del juez se interceptaba la comunicación y poco más. Ahora, una vez interceptada la comunicación se tiene acceso a otros muchos datos adicionales, incluyendo listados de llamados de cualquier teléfono (intervenido o no) o la localización geográfica del sujeto cuyo teléfono está intervenido (si es un móvil) y la de su interlocutor.

– Que estos datos sean accesibles y se puedan obtener con tanta sencillez es una consecuencia del desarrollo tecnológico, pero indudablemente afecta a la intimidad de los ciudadanos, en la medida en que amplían mucho las posibilidades de control por parte del aparato del Estado. Este incremento de la capacidad de control puede ser bienvenido (o no, o según los casos), pero lo que es obvio es que, dado que las viejas reglas constitucionales en materia de intimidad y secreto de las comunicaciones dicen que en principio las mismas están protegidas y sólo se podrá acceder a ellas por medio de resolución judicial, salvo que la sociedad lo decida de otra manera hay que entender que estamos ante una esfera muy protegida y sobre la que, para actuar invadiendo nuevas esferas de intimidad (aunque pueda estar justificadísimo) se requeriría inexcusablemente cumplir con ciertas normas y pautas de conducta jurídica.

En primer lugar, constitucionalmente es obligado que cualquier aspecto sustantivo se regule, en estas materias, por Ley Orgánica, esto es, tras un debate público y transparente en el Parlamento. Si se quiere posibilitar el empleo de las nuevas posibilidades técnicas, se entiende proporcionado y justificado que así se haga en algunos casos, de modo que, como tenemos los medios, no sólo interceptaremos las conversaciones sino que aprovecharemos para obtener mucha más información, sea. Pero porque lo decide el Parlamento, estableciendo las debidas cautelas. O las que entienda pertinentes según los casos, y siempre respetando la cobertura judicial que requiere la Constitución. Que así sea porque le parece proporcionado y equilibrado al Parlamento, no a un simple reglamento emitido por el Gobierno, que es como se viene funcionando hasta la fecha. Y puede parecer la cosa una distinción formalista, pero tiene su importancia. Entre otras cosas para evitar que pase lo que ha ocurrido con SITEL, que llevaba años funcionando sin que nadie se enterara demasiado (ni los propios jueces que autorizaban escuchas, muchas veces, han sabido que se hacían ahora así). Si se hubiera debatido parlamentariamente a buen seguro todos nos habríamos enterado mucho antes.

En segundo lugar, la Constitución obliga a que sea un juez quien autorice estas invasiones. Pues parece que, si ahora se puede acceder a mucha más información, durante mucho más tiempo, con mucho más detalle, se debiera informar debidamente a los jueces de las diversas posibilidades de control y su mayor o menor intensidad y que sean éstos los que decidan, caso por caso y justificadamente, razonándolo con cuidado, cuándo se dará permiso a la policía para entrar totalmente en la intimidad de las personas empleando todas las posibilidades de SITEL, cuándo sólo a las conversaciones, cuándo se autorizará una vigilancia incluso en los momentos en que no haya uso del teléfono, hasta qué punto se podrá controlar también a los interlocutores y sus datos, etc…

Lo que no parece muy edificante es que todo esto funcione de la siguiente manera: la Policía dispone ahora de medios para hacer virguerías y seguimos entendiendo que su empleo y uso (con una intensidad en ocasiones brutal) depende de que un juez emita una autotización de intercepción de las comunicaciones basada en la idea de que, como hace 20 ó 30 años (cuando se aprueba la Constitución) ello va a permitir escuchar lo que habla una persona por teléfono pero nada más (el resto de datos debían lograrse a través de la investigación policial tradicional al uso: descubrir quién es el interlocutor, localizarlos, poder rastrear todos los listados de llamadas y destinatarios de unos y de otros de manera indiscriminada, etc, datos que ahora están al alcance de un click para la policía, que los está usando sin ninguna restricción entendiendo que la autorización judicial de suyo, dado que ahora están al alcance de la mano, los incluye).

No es difícil entender que para decidir hasta dónde se puede llegar, cómo, cuándo y dónde, estableciendo incluso algún límite si consideramos que debiera haberlo, es precisa la intervención del legislador orgánico. Tampoco parece revolucionario plantear que, en principio, convendría que el juez determinara exactamente, y lo justificara, qué opciones del amplio menú de control que permite SITEL podrán ser empleadas en cada caso.

La prueba más evidente de la debilidad argumental de las cada vez más tímidas defensas de la situación regulatoria (o más bien, de la ausencia de la misma con un rango apropiado) es que, a estas alturas, ya sólo se plantea una línea argumental: si asumimos que esto está mal puede haber procesos a narcotraficantes y terroristas que se anulen o que, al menos, encuentren dificultades probatorias severas al anularse parte de la prueba.

Conviene tener presente que semejante argumento no invalida la conveniencia de mejorar la regulación de cara al futuro. Pero, además, es impresentable pretender colar una situación objetivamente peligrosa para las garantías y las libertades con el argumento de que, de reconocerse las mismas, también se verían beneficiados terroristas y narcotraficantes. ¡Por supuesto que se verían beneficiados! De eso se trata. De que el Estado no puede emplear contra nadie, sea quien sea, medios ilegales para controlar su vida.

Parece mentira que haya que escuchar a tanta gente pasándose directamente a las tesis de que, en presencia de terroristas y narcotraficantes, hemos de aceptar de manera consciente, y así expresándolo con total claridad, quiebras a las garantías. Que la única razón de fondo que se aduzca sea precisamente esa: Que no se puede beneficiar a terroristas y narcotraficantes. Siguiendo esa línea argumental, dentro de nada, aplicando la misma lógica, habrá quien diga que no conviene penar demasiado severamente la tortura, dado que eso beneficia sobremanera a terroristas y narcotraficantes. Sería mucho mejor y más eficaz la persecución del crimen (y especialmente de esos) si aceptáramos cierta manga ancha para todos, faltaría más. Y si alguien recibe alguna torta de más, que piense que, sobre todo, nuestro Estado las reserva a los malos oficiales, muy notoriamente a terroristas y narcotraficantes.

Como es evidente, esa idea ha latido soterradamente en mucha gente desde hace tiempo, sin duda. Los totalitarismos la han argumentado y defendido siempre que han podido. Lo que llama la atención del actual debate público en España sobre garantías es cuánto se han extendido y cómo, por primera vez, empiezan a aparecer discursos articulados a partir de esta idea en el seno de partidos políticos que son la base del sistema, defendidos por los medios de comunicación más importantes a la hora de modelar la opinión pública y, en un último salto mortal, apuntalados por la teórica izquierda política del país, que a los 30 años de la puesta en marcha de una democracia liberal ha abandonado definitivamente, por lo visto, su posición como garante de las libertades y los derechos de los ciudadanos para lanzarse en los brazos del discurso securitarista más propio de la razón de Estado que preocupado de atender a las razones de los ciudadanos.

Afortunadamente, parece que se ha desarrollado cierto consenso para mejorar la regulación actual del invento. Esperemos que así sea.



18 comentarios en SITEL
  1. 1

    Entre otras aspectos de SITEL me gustaría saber si para acceder a todo ese flujo de información es imprescindible la colaboración de las compañías de telefonía o si es tecnicamente posible acceder a toda esa información aún sin el consentimiento y conocimiento de las compañías telefónicas.

    Comentario escrito por menipo — 21 de noviembre de 2009 a las 12:51 pm

  2. 2

    Totalmente de acuerdo, Andrés.

    Me parece que también vale la pena apuntar que, si bien un sistema moderno permite obtener mucha más información, también permite más control sobre su uso. Ahora tan sólo hace falta un clic para saber quién y desde dónde interceptó qué conversación. Esto es bueno, también para terroristas y narcotraficantes, pero sirve de poco si a nadie le importa mantener ningún tipo de control.

    Saludos,

    Comentario escrito por Johnnie — 21 de noviembre de 2009 a las 4:03 pm

  3. 3

    Que yo sepa, las compañías sin informadas pero todo está automatizado y no es preciso que hagan nada. De hecho, las compañías han sido de las primeras en quejarse porque se sentían concernidad por la pérdida de privacidad posibles de sus clientes. También, aunque lo digan menos, les preocupa el hecho de perder la «exclusividad» en el manejo de toda una serie de datos.

    Respecto del control, es obvio que SITEL permite mucho control de las escuchas hechas según el procedimiento aprobado. Porque automáticamente queda registrado qué policía le ha dado a la teclita, con qué clave al menos, para empezar a grabar y a partir de ahí se puede rastrear también lo que hace la policía. Siempre que lo haga usando SITEL, claro. Dado que tampoco eso significa, porque los seres humanos somos así, que se acaben con ello las posibilidades de pinchazos ilegales. De hecho, por ejemplo, sigue siendo tan fácil o difícil como ha sido siempre pinchar un teléfono sin autorización judicial por medios «tradicionales» porque que aparezca SITEL no significa que desaparezcan las opciones de toda la vida de escucha que pasaban por conectarse al cable o, si se trata de móviles, de interceptar la frecuencia. Por no mencionar el hecho de que SITEL también podrá crackearse, como todo en esta vida, o permitirá a un policía que conozca la clave de un compañero acceder sin la suya y cosas de esas. Pero vamos, nada que no sea lo normal en esta vida. Y nada que permita juzgar al ingenio, por este motivo, como particularmente nocivo. Posibilidades de mal uso siempre hay y habrá.

    Tiene, además, otra gran ventaja el avance tecnológico: ahora se puede almacenar todo lo grabado, no como antes, donde era frecuente que la poli grabara conversaciones nuevas encima de las antiguas que juzgaba sin interés (y todo ello sin demasiado, o sin ningún, control judicial). Ahora, en cambio, parece bastante difícil justificar un borrado de una conversación por razones de espacio para poder seguir grabando.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 21 de noviembre de 2009 a las 5:26 pm

  4. 4

    Las sentencias del Tribunal Supremo que han rechazado la ilegalidad del “invento”, creo que lo dejan bastante claro. La de 13 de marzo de 2009 explica cómo funciona:

    “Solicitada la intervención de la comunicación y autorizada esta por la Autoridad Judicial el empleo del Programa SITEL, la operadora afectada inicia el envío de información al Servidor Central donde se almacena a disposición de la Unidad encargada y solicitante de la investigación de los hechos, responsable de la intervención de la comunicación.

    El acceso por parte del personal de esta Unidad se realiza mediante código identificador de usuario y clave personal.

    Realizada la supervisión del contenido, se actúa igual que en el modo tradicional, confeccionando las diligencias de informe correspondientes para la Autoridad Judicial. La EVIDENCIA LEGAL del contenido de la intervención es aportada por el Servidor Central, responsable del volcado de todos los datos a formato DVD para entrega a la Autoridad Judicial pertinente, constituyéndose como la única versión original.

    De este modo el espacio de almacenamiento se reduce considerablemente, facilitando su entrega por la Unidad de investigación a la Autoridad Judicial competente, verificándose que en sede central no queda vestigio de la información”.

    Servidor central único, autenticación de usuarios (necesariamente miembros de la Unidad que ha solicitado y obtenido la autorización), borrado de la información una vez elaborado el informe para el órgano judicial… Nada que ver con lo que vociferan los Diputados de la oposición, describiendo un sistema opaco e incontrolado, lo cual parece que está muy lejos de la realidad.

    Por otra parte, y también lo ha señalado el Supremo, (Sentencia de 23 de marzo de 2009), “lo que interesa para este proceso penal no es lo que pueda ocurrir con la conservación de las conversaciones telefónicas grabadas, esto es, si estas conversaciones quedan bajo el control del Ministerio del Interior o de la autoridad judicial. Una vez que el contenido de esas conversaciones ha quedado incorporado al proceso para que sea posible su utilización como medio de prueba, …/…, lo que en realidad importa para las responsabilidades penales ahora examinadas a los efectos del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE , es si estas garantías se respetaron en el momento de su obtención y en el de su incorporación a las actuaciones”.

    El camino que los abogados defensores han iniciado para declarar la nulidad de estas escuchas creo que no lleva a ninguna parte. Subsiste, no obstante, la imperiosa necesidad de regular con el necesario detalle la intervención de toda clase de comunicaciones, ya que el art. 579 LECrim, como han dicho en ocasiones los Tribunales, es una norma “raquítica” e insuficiente, que ya ha merecido algún tirón de orejas desde Estrasburgo. Es una buena ocasión para que se elabore una regulación general de esta materia, que tenga en cuenta los avances tecnológicos y las garantías precisas. Si todo el lío este sobre SITEL sirve para que así se haga, mucho habremos ganado.

    Comentario escrito por Luisa — 21 de noviembre de 2009 a las 10:18 pm

  5. 5

    Veo que todos estáis más o menos de acuerdo en que la cosa está mal regulada pero que, sobre todo, se trata de cambiar las cosas de cara al futuro. ¿Si no está tan mal como para provocar anulaciones, por qué se supone que es tan urgente cambiar la regulación?

    Siguiendo con el ejemplo de Andrés, supongo que se podría intentar anular alguna prueba basada no en escuchas sino en los «extras» que podemos lograr con SITEL ahora y que, según interpreta él, no son objeto de una específica autorización judicial porque lo que se autoriza es como «escuchar música en la radio» (escuchar la conversación) lo que equivaldría a las escuchas en sí, mientras que los otros datos (los «extras» que dice Andrés), en cambio es lo que no tiene claro que puedan emplearse como prueba pues la autorización judicial no los autoriza expresamente ni puede entenderse implícitamente que los acepte. Dice Andrés que muchos jueces ni siquiera saben que en cuanto nos conectamos podemos pillar toda esa información. La verdad es que me cuesta creer que no se enteren, pero también es verdad que a la mayoría le da bastante igual cómo pillamos las conversaciones. Da igual, en cualquier caso, porque esos datos pueden servirnos de mucho en la investigación pero es muy raro que sean prueba de nada. Gracias a ellos conseguimos mucha información que nos lleva a nuevos datos, pero no son las pruebas que se usan en el juicio. Luego da igual que se anulen o no.

    Comentario escrito por Policía — 22 de noviembre de 2009 a las 9:14 am

  6. 6

    Que no interesa si las conversaciones grabadas quedan en manos de un juez o del Ministerio del Interior, dice el TS, glups. Pues menos mal que esto nos pilla dos semanas más tarde de la conmemoración de la caída del Muro y la desaparición de esos malvados servicios secretos que se dedicaban a espiar a sus ciudadanos.

    Isaac Rosa habla del tema en Público:

    http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2009/11/22/%C2%BFsitel-yo-lo-que-digan-los-mios/

    Comentario escrito por popota — 22 de noviembre de 2009 a las 9:24 am

  7. 7

    SITEL es una poderosa herramienta informática y su uso sin control judicial adecuado, sin duda alguna vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos.
    Al margen de utilizaciones partidistas, y analizando el sistema con visión estrictamente jurídica, el sistema precisaría de una regulación por Ley Orgánica ya que actualmente, cualquier agente autorizado, antes de solicitar una autorización judicial, puede acceder a datos personales de cualquier ciudadano, y ha de recordarse que estos datos estan constitucionalmente protegidos por una ley orgánica.
    Ya he escrito en mi blog varias entradas sobre este sistema, ya que me molesta, tanto el uso partidista que se está haciendo por parte de los políticos, como por la información tergiversada que dan muchos periodistas.

    Comentario escrito por Guillermo Díaz — 22 de noviembre de 2009 a las 12:18 pm

  8. 8

    «(…) en un último salto mortal, apuntalados por la teórica izquierda política del país, que a los 30 años de la puesta en marcha de una democracia liberal ha abandonado definitivamente, por lo visto, su posición como garante de las libertades y los derechos de los ciudadanos para lanzarse en los brazos del discurso securitarista más propio de la razón de Estado que preocupado de atender a las razones de los ciudadanos.»

    Que yo sepa, ser de izquierdas no lleva asociado necesariamente defender la libertad y los derechos de los ciudadanos (ni ser de derechas tampoco). Tradicionalmente los gobiernos socialistas y comunistas que han existido los últimos 80 años se han caracterizado precisamente por todo lo contrario: control total de la intimidad del ciudadano, reeducación para el disidente, espionaje intenso (recordemos el sistema de escuchas de la Stasi alemana o el KGB soviético), y una falta total de libertad en beneficio, supuestamente, de la masa.
    Así que no entiendo por qué razón el PSOE debiera ser considerado como garante de libertad alguna en cuanto a su supuesta ideología. Tampoco el PP, obviamente.

    Comentario escrito por Luis — 22 de noviembre de 2009 a las 4:16 pm

  9. 9

    Luis,

    La izquierda española sí venía siendo usuaria de la defensa de las libertades y los derechos civiles, por el mero hecho de que tuvo un larguísimo aprendizaje de por lo menos 40 años la mar de fructíferos al respecto.

    Saludos,

    Comentario escrito por popota — 22 de noviembre de 2009 a las 7:10 pm

  10. 10

    «Sí a SITEL para terrorismo, narcotráfico y crimen organizado y además con autorización judicial previa. No a SITEL para otros fines y sin su regulación por una Ley Orgánica.»
    A ver, Guillermo, en plan Maestro Ciruelo ¿No somos todos los ciudadanos iguales ante la ley? ¿No somos todos inocentes – osea, que no somos terroristas ó narcotraficantes – hasta que se demuestre lo contrario?
    Porque no se lo que planteas. En delincuencia común y de guante blanco ¿Continuamos con el magnetofón?
    Es que la policia, por propio principio de funcionamiento, recaba cientos de datos de personas no sujetas a causa y que pasan a informes escritos. Yo mismo he sido investigado dos veces, que sepa, y sin hacer nada, solo por entrar a trabajar en una empresa y por el trabajo de mi mujer.
    El SITEL es un engendro que ahorra mano de obra, que no se cansa y que no duerme, que no traspapela y que hace copias. Que no pide horas extras ni vacaciones, pero que tampoco se chiva a un periodista ni vende exclusivas. Eso solo lo hacen las personas. Todo lo que hace, lo puede hacer un equipo de trabajo. Igualito que los superordenadores de Hacienda y de los Bancos.
    Que a efectos de investigación, uno puede empezar por controlar al Bigotes y acabar enterandose y registrando con quien se acuesta SSMM, sin que ese sea el objeto buscado, pues vale. Que se tenga que legislar para evitar el archivo de datos de cualquier persona que se cruce en una investigación y que estos queden a disposición de «alguien» durante años ó que se pueda llegar – todo lo que se puede imaginar , se puede hacer , dicen – a tener una base de datos de todas las conversaciones y todos los moviminetos de todos los ciudadanos, de la cuna a la tumba, pues vale tambien. Pero son las personas las que usan los datos y no es el SITEL lo que falla. Es el poco respeto por la protección de datos/informes/ sumarios secretos/debates del Constitucional que tenemos.

    Comentario escrito por galaico67 — 22 de noviembre de 2009 a las 7:45 pm

  11. 11

    Sí, Popota, claros ejemplos de la defensa de los derechos civiles por parte de la izda. son:

    – GAL
    – Operación «raptamos pobres y probamos con ellos drogas de diseño», pero de buen rollo, que somos de izquierdas, eh!

    Nadie tiene el patrimonio de nada por declararse de izquierdas o derechas, salvo de su propia estupidez.

    Comentario escrito por pepito71 — 23 de noviembre de 2009 a las 11:57 am

  12. 12

    Perdón, se me había olvidado:

    El mero hecho de que la gente que está desarrollando el uso de esta poderosa herramienta de espionaje universal esté comandada por Rubalkaaba me llena de espanto.

    Comentario escrito por pepito71 — 23 de noviembre de 2009 a las 11:59 am

  13. 13

    De eso hablaba, pepito. Una cosa es el GAL, y otra cosa 40 años de dictadura fascista.

    Comentario escrito por popota — 23 de noviembre de 2009 a las 12:55 pm

  14. 14

    Como bien apunta Popota, no pretendía afirmar que la defensa de las libertades sea ontológicamente patrimonio de la izquierda. Sí que, en España, la salida de la Dictadura se realiza con una izquierda política que, a falta de poder romper el régimen, sí enarbola la bandera de las libertades y garantías. Es un fenómeno español, que no dice ni presupone nada respecto de lo que deba ser la izquierda. A la vista está, de hecho, dado que su fecha de caducidad ha sido la que ha sido.

    Por lo demás, las sentencias del Supremo nadan y guardan la ropa. No quieren anular los procesos, pero se encuentran manifiestamente incómodas, motivo por el que se remiten incluso a los «tirones de orejas» de tribunales europeos. Y eso que, en el fondo, el TS tampoco acaba de ser muy consciente de qué pasa con la información almacenada, de cuántos datos se pueden obtener o, incluso, de qué datos están a disposición de la policía incluso antes de la orden judicial de intervención de comunicaciones.

    A Guillermo Díaz hay que agradecerle que haya contribuido a alertar a todo el mundo. Pero a mí también me parece muy discutible esa idea de que lo que no valga para los demás deba valer para narcotraficantes y terroristas. En principio, creo que hay que exigir garantías para todos.

    Respecto a la contradicción en que nos parezca mal la situación y, sin embargo, no veamos motivos para anular nada en la mayoría de los casos, pondré el ejemplo de moda, el caso Gürtel. Las grabaciones que se hayan hecho allí que se hubieran podido hacer por otros medios de toda la vida de Dios, ¿qué sentido tiene que se anulen? Otra cosa es que, empleando esos medios, hayan logrado (si es que lo han hecho) pruebas adicionales sin autorización judicial. Otra cosa es que, por supuesto, convenga extremar las garantías sobre toda la información almacenada.

    Por lo demás, el propio Gobierno, al fin, da su brazo a torcer y reconoce que aquí hace falta una regulación digna de ese nombre:

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/actualizara/regulacion/legal/intervenciones/telefonicas/elpepuesp/20091123elpepinac_6/Tes

    Eso sí, fascinante el enroque en considerar que a los abogados se les puede escuchar simplemente con la cobertura de una directiva europea que lo avalaría para casos de blanqueo de dinero (una de esas cosas que hemos ganado desde el 11-S). Al parecer, tú eres juez, alegas que el abogao ese t’ha mirao mal y tiene pinta de canalla blanqueador y, hala, juerga, a intervenir todas las conversaciones con su cliente:

    http://www.elpais.com/articulo/espana/escuchas/presos/abogados/validas/lavan/dinero/reclusos/elpepunac/20091123elpepinac_5/Tes

    Como justifica esta gente que la abogada de oficio de Miguel Carcaño pretendiera blanquear dinero para defender esas escuchas es uno de esos misterios adicionales que, cuando se entra en el terreno de la paranormalidad jurídica y su justificación, acabamos disfrutando.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 23 de noviembre de 2009 a las 1:24 pm

  15. 15

    Como aclaración al comentario de Andrés Boix respeto a que el sistema valga para todos, he de aclarar que en mi artículo, si yo lo constreñiá sólo a terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, era porque ese es el espíritu legislativo bajo el que se creó el sistema y me quise ceñir solo a la insuficiente legislación actual. Comparto por tanto la idea de que mediante Ley Orgánica se regule sitel para todo tipo de ciudadanos.

    Comentario escrito por Guillermo Díaz — 23 de noviembre de 2009 a las 2:31 pm

  16. 16

    Los del otro lado del muro, lo que hacían era poner gente a escuchar, más que nada para seguir con su consecución del pleno empleo…

    ¿Véis cómo los ordenadores quitan empleo?? Arriba luditas…

    Saludos

    Comentario escrito por asertus — 23 de noviembre de 2009 a las 3:12 pm

  17. 18

    Respecto al último link referente a las declaraciones de Divar y los comentarios de los foreros del «Pa-ese» es destacable la contradicción de su conjunto.

    Porque «vamos a ver» ( expresión mítica de abogados y tertulianos), si el Sr. Divar leyese los comentarios de los foreros de dicho periódico sobre su declaración igual cambiaría de opinión al ver la tropa que comparte sus tesis. Basta leer las críticas de algunos ellos, ( a veces auténticas falacias ad hominem ), para sin necesidad de rascar mucho su superficie, darse cuenta que más que refutar la opinión de Divar constituyen verdaderos alegatos a favor de la misma.

    Yo estoy entre el olé, olé y olé y el «a la mierda».

    Comentario escrito por josé luis — 23 de noviembre de 2009 a las 11:37 pm

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