Agua para todos, agua de todos

En materia de agua hay, esencialmente, y a a pesar de que se corre el riesgo al plantearlo así de caer en una burda simplificación, dos sensibilidades bien diferentes, que se traducen ambas en modelos muy distintos de regulación normativa del medio hídrico: hay quienes piensan (o sienten) que el agua es de alguien concreto, ya sea del propietario de las tierras por las que discurre o bajo las cuales se halla, ya sea de quienes viven en las riberas de un río (sean o no propietarios), ya de quien la ha venido usando históricamente, por indicar tres posibles títulos que supuestamente darían derecho a la apropiación del agua, de acuerdo con estas tesis; hay, por el contrario, quienes creen que el agua es un bien que ha de ser patrimonializado por todos y cuyo disfrute ha de garantizarse en condiciones de igualdad para toda la comunidad, a partir de una asignación eficiente de recursos, consensuada entre todos, que maximice los beneficios y tenga en cuenta todos los intereses en juego, lo que incluye inevitablemente, por cierto, consideraciones ambientales y de sostenibilidad. Con independencia todo ello, por cierto, de quiénes sean los concretos propietarios de las tierras por las que discurre el agua.

La primera de las posiciones, que entronca con cierta tradición histórica en el Derecho español (especialmente del castellano), es una evolución natural de la articulación de la manera en que hemos construido normativamente la paz jurídica nuestras sociedades a partir, en parte, de la aceptación de la capacidad de apropiación a manos de sujetos privados de res otrora nullius. Podrá gustarnos más o menos, pero es un hecho que la convivencia, tal y como la concebimos, tiene en sus orígenes la asunción y articulación de ciertas reglas a partir de esa realidad: de que el que era capaz de apropiarse y defender con eficacia de los intentos de otros de hacer lo propio, de ciertos bienes, como por ejemplo la tierra, tendría a partir de cierto momento al Derecho de su parte para avalar que de esa situación de hecho se deducían derechos y garantías protegidas. Protegida esta situación de origen, se estructura y va haciendo más complejo un entramado en el que el Derecho aporta seguridad a las obligaciones y transacciones que unos y otros, sobre la base del respeto a esos títulos iniciales, puedan hacer.

Que, de alguna manera, esta misma pauta de apropiación y legitimación de la misma se haya producido con el agua a partir del momento en que este bien, su uso en muy diversas formas y su rentabilización aparecen como importantes es lo más natural del mundo. Como también lo es que, en consecuencia, la tendencia, por una cuestión evidente derivada de la necesidad de tener esa efectiva capacidad de apropiación, ha sido a que estos episodios hayan tenido como resultado la asignación de la propiedad, de la posesión o del derecho de uso del recurso a quienes han tenido un efectivo control directo sobre el agua o sobre los territorios ribereños.

Frente a esta alternativa propietarista, la evolución de la sociedad y la afirmación de los derechos de la comunidad, así como de la conciencia social respecto de la importancia de compartir ciertos recursos y bienes básicos, en justa correspondiencia a que su cuidado, conservación y mejora requieren de un esfuerzo colectivo, constituye uno de esos procesos civilizatorios que marcan la madurez de una sociedad. El Derecho, a media que las sociedades se hacen fuertes y conscientes de esta realidad, acaba dando cobertura también a la capacidad de la colectividad de imponerse a las pretensiones, de unos pocos, de monopolizar recursos que son de todos, que dependen de todos y que, de una forma u otra, pagamos entre todos. Una vez afirmada esta capacidad de la comunidad organizada como tal, vehiculada a través del control jurídico sobre este tipo de bienes a cargo del Estado, toca decidir, también entre todos, cómo gestionar mejor los recursos.

Supongo que a estas alturas de la reflexión es evidente que las posiciones defendidas por algunas Comunidades Autónomas en España, por ciertos grupos de presión, así como por significadas personalidades, en materia de gestión de recursos hídricos, se me antojan como absolutamente impresentables cuando se basan en la apelación a las entrañas propietaristas de los seres humanos, feliz pero costosamente superadas en este campo. Es el caso, por poner un ejemplo señero, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por mencionar a la que ha construido su particular hecho diferencial autonómico ya desde hace tres décadas en torno a este eje, con un discurso neo-propietarista sobre el agua de tintes medievales que, paradójicamente, olvida que, frente al Derecho castellano, fue el aragonés el primero en apostar por mecanismos de gestión públicos, no basados a la hora de ordenar la intervención jurídica sobre el bien y su reparto en una supuesta propiedad privada del agua como título que daba derecho a su uso.

Ahora bien, es de justicia reconocer que Aragón no está sola en este viaje al medievalismo jurídico en materia de aguas (y más atrás, en realidad). En parte porque el Derecho español, a diferencia de otros de nuestro entorno, ha tenido enormes problemas, reflejo de la debilidad de que ha adolecido nuestro Estado desde siempre, para publificar bienes como las aguas. Sólo tras la Constitución de 1978, y no es casualidad que lo haya sido en paralelo, precisamente, a la afirmación de España como un Estado más o menos sólido y solvente, se han ido apuntalando principios como que las playas, las costas, el mar territorial y sus recursos, por mencionar sólo algunos ejemplos traídos del artículo 132 de la Constitución, son de todos y no son susceptibles de apropiación privada. Aún así, a día de hoy, sigue siendo durísima la lucha que cualquier Administración ha de emprender para ir poco a poco recuperando para la colectividad espacios ocupados por quienes tuvieron capacidad de imponerse al Estado en estas materias a pesar de que la declaración de ciertos bienes como de dominio público es muy anterior a la Constitución y nunca fue cuestionada, como demuestra el Código civil, ni siquiera por el liberalism decimonónico ilustrado. Pero el Estado, sencillamente, no fue nunca suficientemente fuerte como para evitar algunas apropiaciones. De hecho, a día de hoy, sigue sin serlo del todo para restaurar la legalidad vigente, como todos sabemos (y basta con acercarse a casi cualquier playa para darse cuenta).

Tanto más sencillo apropiarse y aspirar a que un Estado débil no incordiara demasiado cuando se trataba de hacerse con bienes mucho más sencillos de integrar en patrimonios privados que playas, costas o mares, como era el caso cuando se trataba de cursos de agua que era posible «asociar» a ciertas tierras. Por no mencionar las aguas subterráneas, que jurídicamente se han tenido por privadas hasta antesdeayer y que hoy en día, incluso, sólo se tienen por públicas a partir de cierta cantidad. Y eso, en la norma, porque al margen de ella sigue imperando en nuestro Derecho de Aguas una alucinante ley consuetudinaria, respetada por casi todas las Administraciones públicas, que concede a la iniciativa privada y a los propietarios de la superficie las decisiones sobre si extraer o no agua, cuándo hacerlo, en qué cantidades, etc.

La tradición «propietarista» ha sido y es poderosísima en España. No es extraño que se haga bandera de la misma para, por ejemplo, oponerse a trasvases. Pero habrá que empezar a denunciarla de raíz y, de hecho, bien harían en algunos casos quienes apuestan por políticas hidrológicas de otro estilo en abandonar este tipo de rétorica. Porque un trasvase, cualquier conexión de cuencas, puede ser una pésima solución por muchos motivos, pero nunca porque el agua de un determinado río sea propiedad de los habitantes de la región por la que transcurre y tengan un derecho preferente a la misma. Por el mismo motivo que no lo es de los propietarios de los fundos ribereños. Por mucho que este discurso sea eficaz, apele a las entrañas y entronque con la innata tradición española en la materia, es impresentable. Pero es que, además, no se corresponde, afortunadamente, con la ley y el Derecho que rigen hoy en España.

Dicho todo lo cual, y dado que si hay una Comunidad Autónoma que ha competido con ahínco con Aragón por hacer bandera de posiciones maximalistas, falsas e impresentables en el debate sobre el agua es la Comunidad Valenciana, conviene recordar estos elementos básicos de la cuestión cuando aparecen noticias como las de este fin de semana: los jefes políticos de los regantes de Villena, en el Alto Vinalopó, arietes privilegiados de la lucha en pro del «Agua para Todos», del trasvase del Ebro al sur y del trasvase del Júcar al Vinalopó, han decidido vender «su» agua a Danone, dado que el acuífero de la zona es de altísima calidad, para que produzca agua embotellada.

La noticia ha levantado una tremenda polvareda, como es normal. ¡Quienes llevan meses, años, exigiendo agua porque los «campos se mueren de sed» venden ahora agua para que sea embotellada! La evidencia de que algo falla se le esconde a pocas personas. Sin embargo, no se trata de si sobra agua o si falta. Más allá de esta flagrante demostración de que la agricultura es lo de menos, de que a lo mejor no estamos tan mal de agua como se dice, la contradicción gravísima que demuestra este hecho es de otra índole. La doble moral que llama la atención es una particular y pertinaz doble moral jurídica.

Porque la clave no es tanto que el acuerdo demuestre que, a lo mejor, no hace falta tanta agua. Ésta es, si se quiere, una cuestión menor. Dicho sea de paso, prácticamente todo el mundo en la Comunidad valenciana es perfectamente consciente de que las necesidades de la agricultura autóctona, con la excepción de la Vega baja del Segura, se cubren perfectamente con una gestión razonable de los recursos propios. La cuestión es que quienes han hecho bandera del «Agua para todos», quienes han negado que el agua sea de quienes son propietarios de las tierras donde está, de las comunidades por las que pasa o de quienes las han venido usando históricamente y han reclamado, por el contrario, una gestión pública que la asigne a los usos más productivos o socialmente más beneficiosos, no tienen empacho en actuar, cuando entienden que se trata de «su» agua, como si fuera, en este caso sí, de su entera y absoluta propiedad.

Y no lo es. Tampoco.

Digámoslo claro: el agua no es de los regantes de Villena, es de todos, del Estado, que la gestiona asignándoles a los regantes unas cantidades porque entiende que son éstos, los de riego, usos beneficiosos para la colectividad. Pero sobre qué ha de hacerse con el agua en cuestión los regantes de Villena tienen poco o nada que decir: es el Gobierno el que les concede el uso para que rieguen y punto. No pueden usarla para hacer otra cosa. No pueden, por supuesto, venderla para embotellarla. Porque el agua no es suya, ellos sólo disfrutan de una concesión para regar en atención a que otros usos prioritarios (consumo humano) están ya cubiertos y, con el agua sobrante, la Administración ha decidido que es social y económicamente provechoso conceder agua para usos agrícolas, a la vista de las circunstancias.

Si éstas han variado, será la Administración la que ceda el agua, si lo estima oportuno, para usos industriales o mineros. Y será el Estado, seremos todos, los que tomemos la decisión y, por cierto, los que cobremos, en su caso, por el mayor valor añadido que pueda generarse de la concesión de agua para este tipo de usos. Que bienvenida sea si genera riqueza, empleos y un uso más racional del agua, por cierto, pero dejando claro con qué reglas, con qué Derecho, estamos jugando.



12 comentarios en Agua para todos, agua de todos
  1. 1

    Excelente exposición, Andrés.

    Confieso que al llegar a «…y tenga en cuenta todos los intereses en juego..» dudé si continuar. No porque esté en contra, sino porque me parece imposible. Cuando lo releo, advierto que hablas de «tener en cuanta» y no de «satisfacer».

    A partir de ahí lo he leído de un tirón y hasta se me ha hecho corto.

    Gracias y mucho ánimo.

    Comentario escrito por Cachapanda — 14 de mayo de 2008 a las 11:59 pm

  2. 2

    Lo que hoy tocaba, Boix, era comentar la aberrante sentencia del TC sobre la no menos aberrante Ley integral conta la «violencia de género».

    Totalitarismo barato al cantanto, y no ha pasado de una noticia en la quinta página de algunos periódicos. Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich; ya venía de lejos, con asuntos como los de la Ley de Igualdad, pero ésta es la puntilla, la puntilla oficializada y hecha constitucional: el totalitarismo puro y duro definitivamente consagrado por el TC. Yo lo siento, me doy de baja, y o me voy a ejercer en algún sitio donde no se aplique la doctrina de la escuela de Kiel, o me quedo aquí a dar un pelotazo, pero se me acaba de caer al suelo cualquier vocación en el foro. En realidad uno pensaba que las huestes peperas eran una alternativa, pero dado que votaron a favor de la Ley nazi ayer santificada por el TC, de cosas como el€ chorra-Estatuto andaluz, y que, según el inútil del jefe, “los liberales y conservadores” nos podemos buscar otro partido, me parece que ya no hay alternativa; ¿a que Soraya no comenta nada sobre esta sentencia? Ni falta que hace ni aunque la hiciese iba a comprender de qué estamos hablando, y los otros simplemente buscan la PAZZZZZZZZ en el espacio sideral, así que, lo dicho, me doy de baja. La ignorancia es la felicidad, caligo fecilitas est (o algo así diría mi hermano).

    Comentario escrito por Quinto Tulio Cicerón — 16 de mayo de 2008 a las 1:57 am

  3. 3

    Dejando aparte las tradiciones e innovaciones jurídicas en este asunto (argumento que me resbala, Andrés: si tú quieres conservar o cambiar lo que te interesa, que no te extrañe que otros quieran hacer lo mismo con lo que les interesa a ellos), me llama la atención que un particular, o una Administración, no deba ser propietario de los recursos líquidos, pero sí pueda de los recursos sólidos. ¿Estarías de acuerdo en que el Estado reasumiera el control jurídico de la tierra, las minas, las carreteras, etc de todo el país? Curioso centralismo para alguien como tú, tan proclive a los derechos y competencias de las Autonomías.

    Gran verdad la tuya, Cicerón. Pero así funciona este sitio: a falta de foro, donde cada cual inicie el debate que le interese, estamos a merced de lo que le apetezca a nuestros gurús. Y así, Andrés tampoco dice nada sobre su tema favorito, la financiación autonómica, donde ahora también su querida Valencia se apunta al carro de que cada cual se las componga con sus recursos, y para los demás el mínimo común de supervivencia. Bien, de acuerdo: si Valencia y Murcia no tienen, o no van a tener, agua suficiente para plantar frutales, que planten trigo, que es más sufrido. Si son ricos gracias a sus playas, y van a dar a los demás las migajas, que no vengan ahora exigiendo la fuente de riqueza de los demás. Ah, y cuando suba la factura del agua, que lo haga sólo para los que carecen de ella, como es de justicia: aquí en el noroeste estamos sobrados de ella y faltos de otras cosas, así que no tenemos por qué sufrir esa carga. Y lo mismo con respecto a los recursos hidroeléctricos, claro.

    Comentario escrito por bocanegra — 16 de mayo de 2008 a las 9:17 am

  4. 4

    a) Creo que no he defendido nunca los «derechos» de las Comunidades Autónomas, es más, me habréis leído más de una vez mi perplejidad, cuando no choteo, por que aparezcan en algunos casos (ocurrió en el Estatut de Valencia aprobado por las Cortes Valencianos) supuestos «derechos de la Comunidad Valenciana».

    b) Por supuesto que estoy de acuerdo con la asunción del control jurídico por parte de la Administración de las minas o de las carreteras. Pero vamos, no sólo yo, también nuestro actual ordenamiento jurídico, que así lo prevé. Tanto minas como carreteras son bienes públicos. Y no es cuestión de si los recursos son sólidos o líquidos. Es cuestión de si los recursos son alguna de estas tres cosas (o las tres a la vez):
    – estratégicos y esenciales
    – difícilmente gestionables con eficacia desde la lógica propietarista
    – en el fondo, de todos, porque en el fondo todos los pagamos, directa o indirectamente, y de la gestión de todos depende su conservación y garantía.

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

    Respecto a los temas tratados en el bloc, es obvio que la Sentencia a la que hace referencia Quinto Tulio merece un comentario. Otra cosa es cuándo pueda ser. Esta entrada, en todo caso, era anterior al momento en que se conoció el fallo.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 16 de mayo de 2008 a las 10:55 am

  5. 5

    Pues a mí me parece que es un post básicamente de la 1ª internacional, cambiamos privatización de los medios de producción, por el agua, ribera de ríos y costas marítimas…

    Todos los problemas han sido por la apropiación pública del agua, por parte de «regantes» con derechos históricos, o por el estado, en quién hay que confiar por su «buen sentido y optimización de recursos» (sí, da muestra de esto cada día..).

    Pues la solución está mucho más clara.., privatización de las cuencas hidrográficas, (incluso gratis, repartir acciones por «cabeza» de habitante del territorio), y que éstas gestionasen sus recursos. Así darle precio real al agua, y explotación real, veríamos los resultados. El resultado de la gestión pública ha sido claro, escasez, derroche, manipulación política.

    Quizás así la pasta que han pagado los huertanos murcianos a Castilla La Mancha, sí se habría empleado en mejorar las conducciones de agua de la zona, y no en algo que no se sabe, y que permite seguir protestando por esas conducciones «invisible»…

    También así se vería si un trasvase es rentable o no, si lo fuese se haría, sino, tampoco tendría que pagarlo de mis impuestos.

    Pero claro, imaginaros que los políticos no pudiese hacer su demagogia con el agua.., igual que ahora «graciosamente» nos suben las tarifas eléctricas «políticas»….

    Es más, igual vemos a los manchegos sin agua para regar lino subvencionado, pero vendiendo agua a campos de golf en Almería, porque es lo rentable…

    Por otra parte, bonito espectáculo en la ley «anti-macho».., ¿lo siguiente será una anti-blanco, anti-católico, anti-cartagenero?? Total, por arbitrariedades…

    Saludos

    Comentario escrito por asertus — 16 de mayo de 2008 a las 10:56 am

  6. 6

    Lo que es «1ª Internacional», asertus, es, en ese caso, la práctica totalidad de la civilización occidental. Porque el control público de recursos como los hidrocarburos, el agua, las costas y tal ni siquiera Margaret Tatcher lo puso en cuestión.

    Otra cosa es que si Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos nos llevemos todos las manos a la cabeza… desde países que los tenemos, claro, nacionalizados desde hace décadas.

    Dicho lo cual, tienes razón en que la gestión del agua que se hace en España tiene un enorme problema: que está subvencionada indiscriminadamente. Y probablemente sólo tiene sentido subvencionar usos que tengan finalidades de conservación ambiental o de estricta cohesión territorial.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 16 de mayo de 2008 a las 11:17 am

  7. 7

    Soy de la opinión que, antes de invertir en obras faraónicas, se plantee seriamente el uso del agua.

    Climatológicamente, el sur y el levante españoles tienen más en común con Marruecos o Argelia que con Inglaterra. Ante este hecho (y que ni siquiera es culpa de Carod o ZP), hay que actuar en consecuencia. No tenía ningún sentido fomentar un crecimiento residencial desmesurado ni mucho menos complementarlo con piscinas, campos de golf y zonas ajardinadas. Se sabía a la perfección que no se contaba con los recursos hídricos suficientes y, pese a todo, se tiró para adelante. Ahora, algunos ha cobrado sus buenos beneficios (encima, sin liquidar todo lo correspondiente a Hacienda) y ahora se quejan de la falta de solidaridad de los demás.

    Y que no vengan con las necesidades de la agricultura. Regadío ya lo había en Valencia en tiempos del Cid, y no precisaban de ir a buscar agua en otras partes.

    Ahora, claro, los malos son los demás.

    Comentario escrito por Lluis — 16 de mayo de 2008 a las 11:36 am

  8. 8

    Pues sí, lo es.., con lo cuál es de risa que estos mismos socialistas hablen de «neoliberalismo salvaje».

    Pero tú propones lo mismo, que siga tal cuál, sujeto a la arbitrariedad política, cuando el mercado suele asignar mejor los recurso…

    En cualquier caso, a por la regulación estatal del pan y de la cebolla, total, ya tenemos el agua, la electricidad, etc.. controlados…, ¡ah!, pero si en el pan y cebolla no hay restricciones, y te compras una barra por 40 céntimos…, a ver si es que dejando a la gente suelta los recursos se optimizan..

    Por otro lado, «cohesión territorial», ¿de quién? ¿de Montilla?, ¿de concierto vasco? ¿de PER? más arbitrariedades, vamos…

    En fin, la discusión de siempre….

    Saludos

    Comentario escrito por asertus — 16 de mayo de 2008 a las 11:39 am

  9. 9

    «me llama la atención que un particular, o una Administración, no deba ser propietario de los recursos líquidos, pero sí pueda de los recursos sólidos»

    Quiza una buena razón fuera porque esos «recursos líquidos » – a no ser que tengas un acuifero fosil y estanco- dependen para su conservación y mantenimiento de toda la sociedad. Si tu vecino de acuifero ó cauce tuviera libertad para aplicar su libre albedrio, o hacer un uso «liberal» de su propiedad, esto sería una casa de mala nota. Podría contaminar, esquilmar ó impedir la renovación de tu tesoro.., claro, pero entonces si que queremos reglamentos y leyes y una Administración fuerte y eficiente.

    Es muy fácil y muy rentable arrogarse la propiedad de algo que se mantiene a costa de la limitación de los demás.
    Es que veis marxismo por todas partes, carajo.

    Comentario escrito por galaico67 — 16 de mayo de 2008 a las 6:31 pm

  10. 10

    El sentido «social» ya no es patrimonio del Marxismo. A estas alturas, mantenerlo suena a broma trasnochada.

    Eso sí, la «sostenibilidad» gana cada día más adeptos. Por pura lógica y visión de futuro (y una mínima dosis de altruismo). En mi opinión, los «negocios a corto plazo», que exigen libertad de actuación cundo tienen beneficios y que claman por la socialización de las pérdidas, está más que demostrado que los perjuicios que acarrean a la larga no compensan, en absoluto, el ciudadano de a pié, y en especial a las clases medias.

    En cuanto a la gestión pública, parece que se sigue dando por descontado que es y seguirá siendo ineficiente. Y no. No tiene por qué ser así. Y lo creo firmemente si los treinta-cuarenta-añeros se involucran cada vez más en «la política». Por suerte, su formación es muy superior a la de los que pertenecemos a generaciones anteriores. Peor que nosotros no lo harán, entre otras razones, porque es estadísticamente imposible.

    … o no.

    Comentario escrito por Cachapanda — 16 de mayo de 2008 a las 10:34 pm

  11. 11

    #10

    Lamento desilusionarte sobre las posibilidades de la nueva generación política.

    Para empezar, tardarán bastantes años en llegar al poder. En este país contamos con dirigetes de primera y segunda fila que no se retiran mientras el cuerpo aguante. El poder atrapa, y nadie lo suelta voluntariamente. Incluso una vez se han «retirado», siguen allí dando la murga y mediatizando a los sucesores a los que han entregado «dedocráticamente» el poder: Felipe, Aznar, Fraga, Pujol, Arzallus, Carrillo,…

    Respecto a las nuevas generaciones, los más capacitados prefieren emprender la aventura en el sector privado (más lucrativo y con menos necesidad de ir por allí con guardaespaldas) o, los que desean una vida tranquila y sin sobresaltos optan por el funcionariado. En la política se acostumbran a meter únicamente los trepas cuya escasa capacidad les augura escaso futuro en el sector privado, donde aparte de habilidades para repartir codazos te exigen también habilidad en el desempeño de funciones.

    Encima, se trata de la generación que se lo ha encontrado todo hecho, han pasado de la universidad (pagada por papá) a la política, sin ejercicio laboral alguno; me espanta la visión de la realidad que puedan tener individuos así.

    Y también es curioso, dentro de la clase política, el predominio casi absoluto de los titulados en derecho, políticas o ciencias económicas. Un físico, un ingeniero industrial o un matemático son menos frecuentes que las apariciones de la Virgen.

    Comentario escrito por cachapanda — 17 de mayo de 2008 a las 6:47 pm

  12. 12

    #11

    Tocayo «cachapanda»:

    No seré yo quien te contradiga en cuanto a tu descripción de la situación actual y de las perpectivas de las generaciones jóvenes.

    No obstante, me reafirmo en la creencia de que, si la sociedad lo quiere, se acabarán por crear (aunque cueste) las condiciones adecuadas para que los «trepas» lo tengan más difícil. Los parásitos son inevitables. Pero lo que es evitable es que sean mayoría, porque las consecuencias las acabará pagando la misma sociedad que los consiente.

    En cuanto a que «… se trata de la generación que se lo ha encontrado todo hecho…», pues sí y no. Precisamente, porque, de forma progresiva, cada vez son más los jóvenes (y sobre toda «las» jóvenes) que tienen acceso a una mejor formación, independientemente del estatus económico de su familia. Quizá de esto podría hablar Andrés con mucho más conocimiento de causa que yo, tanto por su experiencia de cuando era un joven universitario, como ahora que se dedica a formarlos.

    Lo cierto es que la emancipación de los jóvenes es mucho más difícil que la que vivimos la mayoría de «los mayores», no solo por el problema de la vivienda, la precariedad del empleo, etc… sino porque les es difícil, cuando salen del nido, contar con las comodidades de que disfrutaban cuando vivían son sus padres.

    Se trata, quizá, de seguir creyendo en las utopías, el la visión de futuro, de la viabilidad de la sociedad como tal: en fin, hacer posible el pase de la actual sociedad competitiva a otra cooperativa, como explica Eduard Punset.

    Un cordial saludo, «tocayo». :)

    Comentario escrito por Cachapanda — 18 de mayo de 2008 a las 9:56 pm

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