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A final, la idea de ir realizando propuestas de reformas con motivo del 9-M no he podido desarrollarla tanto como tenía pensado en un principio y me habría gustado. En vez de disparar muchas propuestas poco argumentadas, como la cabra tira al monte, he acabado desarrollando muy, demasiado, prolijamente sólo unas pocas. En cualquier caso, con las elecciones liquidadas, pero con la esperanza de que puedan estas ideas sobre posibles reformas del Derecho público español (pero, en realidad, sobre distintas vertientes de nuestra convivencia) contribuir al debate ciudadano y político, allá va un resumen de lo que, hasta la fecha, se ha discutido, con réplicas y aportaciones muy vivas e interesantes por parte de mucha gente:
0. Introdución a la idea.
Propuesta 1. Financiación autonómica.
Propuesta 2. Reforma de la ley electoral.
Propuesta 3. Acabar con la Seguridad Social.
Además, también me mostré a favor de permitir la publicación de encuestas electorales en los últimos días de campaña, asunto ciertamente menor, pero que tampco está de más recordar.
Quiero tratar hoy de hacer un esfuerzo, necesariamente desordenado, compendiando otro tipo de reformas de nuestro Derecho público que juzgo, claro, necesarias, pero sobre todo importante que el problema que a cada una de ellas da origen pueda ser, cuanto menos, discutido. La lista es necesariamente un batiburrillo, sin que su orden señale ningún tipo de prioridad y además, desgraciadamente, no voy a poder permitirme exponer las diferentes sugerencias con todo el detalle, argumentos, razones y apoyo jurídico que me habría gustado (y que traté de plasmar en las anteriores). Espero, si la discusión da de sí para ello, poder hacerlo al hilo de la misma. Todas las cuestiones que me dispongo a tratar (y algunas que me dejo en el tintero) me parecen importantes, sin que haya una relación entre su orden y la prioridad que les concedo. En el fondo, eso sí, no puedo evitar creer que las más inaplazables son las que se refieren a la responsabilidad ineludible que tenemos quienes vivimos juntos de permitir a los demás tener las máximas posibilidades de hacer con su vida, en libertad, lo mejor posible. Y eso incluye un compromiso con la responsabilidad económica, que es la base de todo: ser conscientes de la necesidad de asegurar que obtenemos recursos para mejorar nuestras condiciones de vida que no esquilman a nadie, ni de las generaciones presentes ni de las futuras. Como es obvio, no es algo sencillo.
Propuesta 4. Modificación del marco normativo de la Sanidad Pública para garantizar la libertad de elección de los ciudadanos respecto del prestador de servicios sanitarios. Si tres millones de funcionarios, a través de Muface, así como sus hijos, pueden beneficiarse de este sistema y parece que andan muy satisfechos, que se organice para que se pueda extender a todo el mundo. Para ello deberían, eso sí, establecerse algunas cautelas. A mi juicio, la primera habría de ser que parte de la cotización para Sanidad de todos debiera ir siempre, en todo caso, a la financiación del sistema público, red de seguridad que garantiza la atención universal. La segunda que, como ocurre con Muface, los prestadores privados posibles debieran pasar una criba previa para ser aceptados como posibles prestadores en concurrencia con los servicios del INS. La tercera, y muy importante para garantizar la continuidad del sistema público de asistencia, caso de que el ciudadano desee «retornar» a la Sanidad pública (lo que suele ser muy habitual cuando alguien tiene algo grave), se le ha de obligar a pagar todas las cantidades que le habrían sido debidas al sistema público por los anteriores, por ejemplo, 20 años de cotización. De este modo se garantiza que, dado que la cobertura de estos riesgos es absolutamente antieconómica (al menos de momento), la elección racional siga siendo estar cubierto por la Sanidad pública y, todo lo más, tener contratados seguros privados como cobertura adicional. Y, con ello, la viabilidad y fortalecimiento del sistema público, por varias vías: la cuota de solidaridad y la integración de los funcionarios (que se verían también ante la tesitura de quedar sin posible cobertura en caso de enfermedad grave -y cara-), que dotarían de más recursos al sistema; y el incremento de prestigio y respeto por la sanidad pública derivado del hecho de que, en el fondo, uno estaría en ella porque lo habría elelegido libremente. Por lo demás, este modelo tampoco excluye que, quien lo desee, opte por un sistema de cobertura alternativo al público en exclusiva. Se trataría de una decisión libre. Y, además, tampoco excluye que el mercado del seguro de salud privado pueda ofrecer servicios que integren en el pago de la cuota la garantía de que, caso de querer pasarse a la sanidad pública, es el seguro privado quien hace frente a los gastos debidos. Serían seguros de salud privados, como es obvio, más caros, de hecho muy caros, que además tendrían que espabilar y mejorar mucho su atención (porque cada fuga les costaría muy cara), pero podrían existir y, quizás, con el tiempo, consolidarse. Es la ventaja de, preservando la solidaridad y la justicia, dejar al mercado actuar.
Propuesta 5. Nueva concepción integral de la educación. Los problemas esenciales de la educación en España no son a día de hoy, afortunadamente, de medios. Ni económicos, que abundan. Ni personales, que son por lo general más que aceptables y mejores de lo que lo han sido nunca. El problema es de concepción. Tenemos gran parte de los recursos destinados a sostener una red de centros privados, en manos mayoritariamente de la Iglesia, que basan su presunta excelencia en la exclusión entre sus alumnos de colectivos desfavorecidos. Y tenemos, por otra parte, una red pública que se come todos los marrones. Esto es, dinero hay (los conciertos no son precisamente baratos), pero se gasta de manera dudosamente eficaz. Adicionalmente, se produce la paradoja de que los mejores profesionales, todos ellos titulados superiores, con oposiciones aprobadas y una trayectoria de vocación y servicio, son abocados a prestar sus servicios en una red pública que se entiende com «de segundo orden». Y por encima de todo ello planea la genérica falta de prestigio de la profesión y su maltrato, que provoca una huida de los mejores profesionales y el desánimo y la depresión en los que ya están.
Convencido de que la educación es absolutamente esencial, de que el mérito y el esfuerzo han de inculcarse, de que España necesita una revolución que parte de la asunción por todos de nuestras responsabilidades, creo que es básico reformar desde sus mismos pilares el modelo educativo que tenemos, entendiéndolo además como un todo en su conjunto y haciendo hincapié en él como tal (no como últimamente, que parece que, asumido el fracaso de lo demás, y dado por irrecuperable, nos hemos decidido a centrarnos en la investigación de alto nivel y punto), porque sólo una educación de calidad permite actuar de eficaz palanca de promoción social y de imprescindible cimiento del desarrollo de todos y del país. Medidas que creo que deberían adoptarse:
– Respecto del estatuo personal de los enseñantes, urge represtigiar globalmente la profesión y ello pasa, en el mundo en que vivimos, en parte, por el dinero. Dado que es dudoso que la enseñanza más importante sea la superior, es más, estoy convencido de que mucho más importantes son la secundaria y, sobre todo, la primaria, ha de montarse el sistema de modo que las vocaciones no se vean alteradas por un sistema de «recompensas» que desvíe a los mejores a otros sitios incluso cuando ellos habrían preferido, por vocación, estar ahí. De modo que habría que establecer, como mínimo, un sistema de retribución común para los profesores de primaria, secundaria y educación superior. Y luego, en todo caso, establecer complementos por tareas o cometidos específicos, como la investigación, si es el caso, pero que no alteraran en lo sustancial la idea esencial: la educación es, como mínimo, igual de importante en todas sus escalas y el Estado se la va a pagar en consecuencia. Por lo demás, estaría bien que los enseñantes dejáramos de ser funcionarios.
– Establecer legalmente la obligación de que las Comunidades Autónomas garanticen la prestación directa del servicio público de educación, en todos sus niveles, sin necesidad de recurrir a la externalización de los mismos, en cualquiera de sus modalidades. El dinero público en educación ha de dedicarse a la construcción de una red pública suficiente y de calidad, que retenga a los mejores profesionales (de hecho, ya los tiene) y que ofrezca en condiciones de igualdad una enseñanza de la máxima calidad.
– Exigir que el control del rendimiento y aprovechamiento de los colegios privados sea realizado por el sistema público de educación. La Constitución garantiza la existencia de este tipo de centros, pero en ningún caso impone que hayan de funcionar con financiación pública. Quien desee una educación segregada (por sexos, por razones económicas) o confesional, que se la pague. Pero que sepa que con sus impuestos estamos disfrutando todos los demás de una red pública, plural y de óptima calidad, de la que voluntariamente, el que se va a la privada, opta por no disfrutar.
– No sólo dedicar los recursos destinados a los conciertos para la educación pública: se ha de incrementar más si cabe el presupuesto. La educación son las infraestructuras del futuro. Analizar la historia de cualquier país que en 30 ó 40 años ha dado un salto hacia adelante es, en el fondo, analizar las consecuencias de una valiente decisión de inversión y dedicación de recursos a la educación. La educación son los AVEs de la sociedad del conocimiento. Así que hay que meter pasta. Y si cualquier persona sensata está dispuesta a hacer un esfuerzo por dar la mejor posible a sus hijos, ¿cómo es posible que este mismo sacrificio, pero también reto, cueste de ser asumido de forma colectiva?. Hay que meter dinero y suplir las enormes carencias que tenemos todavía, en infraestructuras educativas, en profesores, en profesionales de apoyo especializados…
– Hay que hacer un esfuerzo ímprobo, esencial, de pedagogía pública, resaltando la responsabilidad que supone recibir esta inversión y este apoyo de toda la sociedad. Y se ha de exigir compromiso a enseñantes y estudiantes en relación al esfuerzo social realizado. Como pasa ahora, donde todo el mundo se siente libre de pasar de todo porque, total, para lo que la sociedad se implica en el asunto… pero al revés, que la implicación (económica, pero no sólo) de la sociedad obligue a un cambio radical de mentalidad. Esta es una revolución social, de las mentalidades, pero que necesita de la ayuda de aldabonazos legales que marquen hitos claros.
Propuesta 6. Reestructuración de nuestro sistema fiscal. Más allá de que haya que modificar el modelo de financiación autonómica, urge reestructura el sistema impositivo de nuestra sociedad, absolutamente injusto con los trabajadores, especialmente con los que lo son por cuenta ajena. La receta más razonable, más allá de las obviedades clásicas, me parece que ha de ser la eliminación de todos aquellos impuestos directos que no garanticen la progresividad fiscal (suena paradójico, pero no lo es). Y, por supuesto, hemos de dotarnos de un arsenal contra el fraude fiscal, absolutamente generalizado y consentido en nuestro país, que lo haga mucho más difícil. Si no empezamos a asumir y tener claro que a los gastos públicos y al sostenimiento de la convivencia hemos de contribuir todos de acuerdo con nuestras posibilidades y que no sólo es injusto sino inmoral consentir las numerosas vías de escape, legales o ilegales, para quienes tienen mucho y aportan poco, mal vamos.
Propuesta 7. Fiscalidad, economía y Derecho administrativo verdes. Es absolutamente evidente que la organización de la convivencia no puede basarse en el consentimiento y aceptación de que algunos consuman, gratis o a precio de risa, bienes de todos. Cuando además, este tipo de bienes son muy valiosos (porque son escasos, porque no son renovables…), que la sociedad consienta, tolere y en algunos casos incluso incentive su apropiación privada a precio de risa cuando no directamente gratis, estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido y ocurre en España, masivamente, en numerosos casos. Y a casi nadie le ha parecido demasiado mal. Frente a ello, ciertos planteamientos ecologistas han permitido concienciar a la sociedad pero han fallado a la hora de integrar el análisis del concreto coste social y ambiental de algunas actuaciones en la regulación de las mismas y en las exigencias de viabilidad económica que han de ser tenidas en cuenta para juzgar la oportunidad de cualquier iniciativa.
Esta situación ha de acabarse. Para ello, en primer lugar, han de darse pasos decididos en la línea de emplear la fiscalidad como instrumento imprescindible para penalizar, desincentivar y corregir la apropiación privada de bienes públicos valiosos, finitos y no renovables (o que lo son muy difícilmente), retornando a la colectividad, al menos, una parte de lo que ha sido apropiado. Medidas como las recientemente introducidas en el impuesto de matriculación van en esta línea, pero son muy tímidas y casi ridículas: el impuesto de matriculación debería ser mucho más alto y, por supuesto, la penalización a las cilindradas manifiestamente inútiles, brutal. Porque se apropian de bienes de todos sin que exista una real utilidad social en ello. Igualmente, hay que replantear la fiscalidad de la gasolina, que ha demostrado, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre el particular, una evidente inelasticidad en su demanda a las subidas de precios que debiera servir para tener claro que los umbrales impositivos han de subir brutalmente, hasta lograr un efectivo estímulo a la no utilización masiva de vehículos privados. Es ridículo y suicida que viajar de Valencia a Madrid, por ejemplo, cueste apenas 35 € a una persona que viaje sola en su coche y casi el doble a la que lo hace en tren en clase turista. El Derecho público ha de intervenir sobre el particular, eliminando los sesgos que hasta la fecha ha introducido en la efectiva libre competencia de alternativas en un mercado económicamente eficiente. Esto sólo puede hacerse obligando a pagar todos los costes reales de cada alternativa, sobre todo de las que socialmente son más perjudiciales. Aquí también hay que comentar, por ejemplo, cuál es el nivel adecuado de impuestos como el de circulación. O convendría reflexionar qué diablos está ocurriendo para que aceptemos de buen grado, entre todos, subvencionar los servicios públicos de quienes viven con comodidades y «entornos premium» en el extrarradio de las ciudades, derrochando recursos a mansalva y, sorprendentemete, subsidiados por los habitantes de los núcleos urbanos.
Por supuesto, no sólo es la fiscalidad. Son las decisiones en materia de infraestructuras. Es la política de suelo, la de costas, la de aguas. O asumismos desde el Derecho público y el Derecho administrativo que la sostenibilidades un elemento inescindible del análisis económico y de viabilidad de cada actuación, desde un contrato administrativo a la decisión sobre si conviene realizar un trasvase o construir una desaladora, y no un expediente anejo, más trámite en muchas ocasiones que otra cosa, o estaremos introduciendo sesgos indeseables y peligrosos.
Y ojo porque, por supuesto, estamos hablando de cosas que han de tener también repercusiones respecto de la política industrial, productiva y económica del país.
8. El Derecho de la Administración del siglo XXI. En lo que se refiere a España, me parece que una reforma inaplazable, cada día más urgente, que conforme pasa más tiempo más evidente se hace, se refiere al estatuto de su personal. Puede parecer una cuestión menor, y sin duda así ha sido tratada por todos, prefiriendo parchearla e ir tirando a asumir la necesidad de su refundación. Pero no lo es en realidad: cómo funcione una Administración depende en gran parte de cómo haya sido seleccionado y reclutado su personal, de cuál sea su régimen de dedicación, de cuáles sus estímulos y de cómo se establezcan las incompatibilidades. A día de hoy, no hay duda de que tenemos un sistema muy deficiente y que acumula problemas: una legislación basada en unos principios desmentidos por la práctica y desbordada, en ocasiones sin que ello sea reprochable, por las necesidades actuales; unos funcionarios desmotivados (los muy válidos por sentirse poco valorados y mal pagados; en otros niveles por un claro fomento de situacionea acomodaticias); y un enorme problema en lo que se refiere a la selección.
A mi juicio, la clave de bóveda de la reforma de la función pública pasa por deslindar claramente qué tipo de funciones requieren de personal funcionario, con las garantías que les son propias, que deberían extremarse y, en paralelo, aumentar los controles y garantías sobre los procesos de selección; y qué tipo de funciones no lo justifican. Y creo que, en este análisis, se ha de ser muy exigente, de modo que en gran parte llegaríamos a la conclusión de que las garantías funcionariales son sólo precisas en una porción de estratos muy determinados.
Paralelamente, hay que mejorar el sueldo de los funcionarios, para tratar de atraer y retener a los mejores, especialmente en las altas escalas. Pero, y esto es absolutamente esencial, se ha de liquidar el impresentable régimen de compatibilidades (prefiero llamarlo así a emplear la ficticia visión de que se regulan «incompatibilidades») que, con el escandaloso laxismo con el que se ha aplicado, ha permitido toda clase de anomalías.
14 comentarios en Propuestas 9-M: Batiburrillo final
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Joder con la supuesta izquierda. La conclusión es liquidar a los funcionarios y que todo el personal de la Administración sea laboral, excepción hecha de cuatro lugares que no se indica cuáles serían. Digo yo, claro, que el autor considera que él si tendrá que ser funcionario, pero los demás no, Luego también queda claro que los profesores dejan de ser funcionarios. De los ´médicos no se dice nada, pero ni hace falta. Ya se dice claramente que se pretende privatizar la prestación sanitaria abriéndola a las compañías privadas. Para completar la fiesta se liquida la seguridad social. Y luego el autor pretende reducir toda la cuestión ambiental a la introducción de criterios puramente de mercado para valorar qué cosas son admisibles y qué no. Además de cargarse los impuestos directos o, como mínimo, los diferentes tramos del IRPF.
Lo más delirante es que este tipo de planteamientos son realizados por un tipo al que los lectores tachan mayoritariamente de progre peligroso, amigo del buenrollismo chupiguay y de la gente con pelos rastas y demás argumentario del agit-prop de la reacción. Me acojona pensar qué entiende esta gente por planteamientos conservadores.
Comentario escrito por Movsol — 11 de marzo de 2008 a las 6:12 pm
Me parece muy interesante el artículo, y estoy de acuerdo en muy buena parte con él, pero me gustaría matizar:
a) Creo que el modelo de salud pública que defiendes sería necesariamente deficitario, o por contra supondría un fuerte incremento de los impuestos a las personas que eligieran el sistema público, o necesitaría que ese mínimo universal que comentas fuera tan alto que apenas habría diferencia con lo pagado actualmente. El problema es que son las personas de renta más alta los que podrían permitirse ir a la privada, con lo que si dejaran de pagar sus cuotas proporcionales a la S.S (que son obviamente mayores) provocarían déficit necesariamente. O así lo veo yo, vamos.
b) En lo de la educación tiene usted toda la razón, Punto. Muy bien por valorar justamente el menospreciado papel de la enseñanza primaria.
c) ¡Cuerpo de Policía Fiscal, ya!
d) Bien por lo de incorporar las externalidades a los precios, aunque esto siempre ha traido problemas. ¿Cómo se miden las externalidades? Y aún peor: cuál sería su efecto sobre la inflación. ¿Y sobre las ventas de vehículos a motor? En mi opinión tendría que atacarse mediante el encarecimiento del impuesto de circulación en función de las características del vehículo, si se posee plaza de garage o no, etc… Las subidas impositivas de los carburantes tienen además el problema de que repercuten en los precios tanto directamente al consumidor del producto como a la cadena de producción de muchos bienes.
d) Amén de unos sistemas de selección cuyo fin es el mero cribado, y no el de elegir a los mejores candidatos, creo que el problema fundamental del funcionariado es de incentivos. En mi opinión las subidas de sueldo tendrían que vincularse a objetivos, por de pronto. La carrera profesional tendría que desarrollarse en función de méritos adquiridos (lo más obejetivamente mensurados dentro de lo posible), no por tiempo o exámenes-criba de dudoso valor. Y que el rendimiento insuficiente sea evaluable y sancionable incluso con el despido.
Comentario escrito por Demócrito — 11 de marzo de 2008 a las 6:27 pm
«Paralelamente, hay que mejorar el sueldo de los funcionarios, para tratar de atraer y retener a los mejores, especialmente en las altas escalas»
Esto jamas te lo aceptaran CCOO y UGT que son partidarios de igualar el sueldo a todos los funcionarios,no importa si estan en una mesa leyendo el marca o si estan realizando una evaluacion ambiental, una inspeccion fiscal o cualquier otra cosa. Lo importante es igualar con nuestros compañeros afiliados a esos elitistas y fachas cuerpos especiales.CCOO dixit
Comentario escrito por Macanaz — 11 de marzo de 2008 a las 11:46 pm
No cabe duda de que nuestro gurú es una mente sumamente avanzada y revolucionaria para nuestros tiempos. En vez de potenciar el transporte público como un concejal cualquiera, subvencionándolo para hacerlo mucho más barato que el coche, postula la opción contraria: subir los impuestos del coche hasta hacerlo tan caro como el transporte público. El hecho de que ello depaupere aún más a los millones de sufridos trabajadores y parados que usan el coche no por diversión sino por motivos laborales, no tiene importancia: lo esencial es que así se joderá a los «premium», los únicos que al parecer pueblan las calles por las que va en bicicleta nuestro gurú.
Supongo que, por la misma razón, echarás pestes de Ryanair y demás compañías baratas. Hay que machacarlas a impuestos, ya que por su culpa muchísima más gente utiliza el avión, y por tanto despilfarra recursos finitos. El hecho de que ello haya aumentado mucho el turismo y los ingresos de los sitios a donde va esa gente, no tiene importancia: total, se ha vivido sin low-cost durante siglos sin que nadie se muriera. Claro que tampoco se ha muerto nadie porque durante siglos no existiera Internet ni profesores de Derecho Administrativo, pero seguro que no vas a renunciar a ninguna de ambas cosas.
Ya que tienes perfilado el programa, deberías fundar tu propio partido político: los Flagelantes Apocados, que no quieren ser lo que son (funcionarios), pero que no dan el paso para dejar de serlo (renunciando). Aparte de los votantes desencantados de Zapatero, los más jóvenes y exigentes, como dijiste en aquel memorable post, creo que tienes un gran caladero de votantes en los hostaleros de tu costa mediterránea, y en los propietarios de casas rurales del Maestrazgo, a donde llega el transporte público cada cuarto de hora. Deberías ir por allí a mostrarles (no repartir, que las fotocopias consumen tinta, electricidad y papel) tu programa y recoger besos y abrazos. Pero ve en transporte público, por supuesto; y si tienes que esperar hora y media al siguiente autobús para cambiar de pueblo, te pasas el rato filosofando, que es gratis y ecológico.
Comentario escrito por bocanegra — 12 de marzo de 2008 a las 4:26 pm
Yo creo, y ciegamente además, en premiar la excelencia, el conocimiento, el mérito y la valía en todos los sentidos. Si además hablamos de la Administración Pública, con más razón todavía. Por tanto, pretender equiparar los sueldos de todos los funcionarios públicos me parece demencial, una medida que fomenta que los peores tópicos al uso sean la pura realidad. Y más aún ahora, cuando tenemos a las puertas un importante problema con Justicia …
Dos reformas se me ocurren, a bote pronto, a este respecto:
– estoy de acuerdo en parte con tu propuesta de revisar puestos y desempeños, pues creo que hay muchos funcionarios viviendo de la sopa boba. Y empezaría por la propia Universidad, que la conozco de cerca.
– no entiendo, por sentido común, que un Notario o un Registrador de la Propiedad ganen lo que ganan, y una persona con el trabajo, el poder y la responsabilidad de un Juez o Magistrado se quede en el nivel de ingresos actual.
Saludos!
Comentario escrito por piterino — 12 de marzo de 2008 a las 6:04 pm
Muchas gracias, bocanegra, por recordar el asunto de las compañías de bajo coste. En efecto, es un escándalo que estén subvencionadas de diversas maneras, por ejemplo con los arreglitos aeroportuarios que les regalamos. Ahora bien, el sector es un escándalo todo él, no sólo estas compañías. Yo creo que quien más sensatamente ha reaccionado frente a algunas de estas aberraciones ha sido la Deutsche Bahn AG, que más o menos ha estado moviendo el asunto ante el TJCE (sin excesivo éxito, pero sí con algunos avances, como en la siguiente sentencia puede verse: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&newform=newform&Submit=Buscar&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=deutsche+bahn&domaine=&mots=&resmax=100).
Yo no quiero que se haga pagar a nadie más de la cuenta. Me rebelo con que se libren de pagar muchos por el consumo de recursos muy valiosos al que, por lo visto, parecen creer que tienen derecho pisoteándonos a los demás. Como muy bien ha intuido bocanegra, el uso del espacio público masivo que hacen los coches mientras que otros optan por pautas de desplazamiento urbanas civilizadas tiene un coste y habría que exigir que se pagara.
Los extraños motivos por los que el queroseno de aviación, con los destrozos ambientales que genera, no paga impuestos, permitiendo aberraciones tales como que sea más barato viajar de Valencia a París en avión que de Valencia a Madrid en tren debieran ser de público conocimiento.
Por lo demás, creo que piterino tiene razón (aunque parece sospechosamente preocupado por lo que cobran los jueces) y que Macanaz, como acostumbra, habla con sensatez. En general todos estamos más o menos de acuerdo, intuyo, en que no tiene sentido extender las garantías funcionariales como ha sido la norma. Y también que los funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad deberían cobrar más. Echo en falta, eso sí, que gente de vuestra experiencia, que habrá visto muchas cosas, no abunde en el problema de las incompatibilidades.
Demócrito pone el dedo en la llaga cuando se refiere a la dificultad de medir las externalidades. Es cierto que es difícil, pero hay elementos que se pueden medir muy bien, aunque joda a bocanegra:
– el coste de vivir en urbanización periférica a la hora de suministrar agua, servicios de todo tipo, recogida de basuras, luz… se puede medir perfectamente y comparar con el de quienes viven tranquilamente en una urbe de toda la vida; a partir de ahí es fácil calcular, como mínimo, en cuánto habría que «cargar» para que la cosa fuera, como mínimo, neutra. Dado que además hay que desincentivar ese tipo de cosas, intensivas en suelo y recursos, añádase a la suma final todavía un poquito más.
– si todos los medios de transporte pagan impuestos por la energía, como mínimo habría que exigir que la aviación pagara un nivel equivalente, a ver cómo se reconducía así la competencia.
– dado que la pasta que dedica el Estado a toda una serie de infraestructuras y medios de comunicación se asume que ha de recuperarse a lo largo de la vida útil de la infraestructura, echo de menos que esto ocurra con las carreteras, ya sea en forma de peajes, ya sea en forma de recargo impositivo sobre la gasolina.
Todo esto, como digo, para igualar. Luego ya podemos, incluso, empezar a emplear la fiscalidad para orientar comportamientos. Pero yo ni siquiera pido eso, sólo que sea justa, equitativa y neutra a efectos de incentivar o desincentivar una u otra actividad económica.
Por lo demás, respondiendo a Movsol, me temo que, lamentablemente (o no), soy una persona moderadamente conservadora, institucionalizada,tradicionalista en lo que se refiere al respeto a la tradición liberal y garantista del Estado de Derecho. ¡Tampoco aspire Usted a esperar mucho más en el mundo del Derecho! Ahora bien, también creo que, contra lo que opinan los fans del lobby del automóvil y la dispersión urbana, no hay elementos de agravio a los trabajadores en la defensa de estas medidas. Creo que la mayor parte de ella son simple consecuencia de la necesaria responsabilidad hacia nosotros mismos, como sociedad y como compañeros de viaje. Pero bueno, está bien que la gente vea las cosas de forma diferente a la que uno tiene.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 12 de marzo de 2008 a las 6:31 pm
Me sorprende que cada vez que se habla de reformar la Administración se hable más de las personas que de la gestión de los recursos y tareas. La alusión constante a los más válidos, a los que desempeñan tareas de un determinado nivel de responsabilidad destacándolos sobre el resto es una forma muy elegante de decir que hay funcionarios que trabajan mucho y otros que son unos putos vagos, condición ésta, la de la vagancia, que por otra parte es imposible de apreciar en ningún proceso de selección previo, porque es algo que se desarrolla lentamente a posteriori. También es una forma suave de destacar a los funcionarios de “alto nivel” sobre los que desempeñan tareas de menos relevancia o directamente auxiliares.
Desde hace más de una década ha ido consolidándose en la Administración, una tendencia que surgió como una opción temporal para desatascar situaciones de máxima avalancha de trabajo en determinadas épocas del año (IRPF, IVA, Convocatorias de Subvenciones de diversa índole, etc., etc.). Ha ido consolidándose, digo, hasta el punto de que en la actualidad hay áreas enteras que funcionan de este modo con trabajadores que llevan hasta cuatro, cinco o seis años prestando “servicios de funcionario” contratados por empresas contratadas a su vez por la Administración. Este tipo de situaciones son una buena muestra de la espléndida gestión que están haciendo de la Administración tanto unos gobiernos como otros.
En vez de poner a los funcionarios a trabajar, que para eso les pagan y es la mejor forma de saber si son o no válidos, se les aparta de los núcleos de trabajo dejándoles las migajas o directamente nada. Esa sí es una situación acomodaticia, pero acomodaticia de cojones, porque prácticamente no les queda otra opción que acomodárselos todos los días.
Comentario escrito por guimusa — 13 de marzo de 2008 a las 12:27 pm
En cuanto a la educación, comparto básicamente eso de la “nueva concepción integral de la educación” y como Andrés, estoy convencido que la educación es esencial y que invertir en ella es invertir en futuro. Me gusta mucho también lo de que el mérito y el esfuerzo deben inculcarse, porque últimamente todo el mundo utiliza mucho esas dos palabras (Rajoy entre ellos) pero me parece que más como una cuestión de algo que ha de exigirse, que de inculcarse, dejando así el peso de la carga sobre el alumno. Hecho de menos pistas sobre como ha de hacerse esto. Hablamos mucho, y no me parece mal, de la excelente preparación de los profesores públicos, (tampoco hay que exagerar aunque salgan bien parados de la comparación con sus colegas de los centros privados) y de la necesidad de mejorar sus condiciones para que no se vayan a otros sitios (por supuesto dentro de la educación pública, porque a la privada no se va ni dios una vez aprobada la oposición), pero poco de sus carencias y escasos conocimientos en cuanto a técnicas pedagógicas que han de mantenerse siempre al día y que son fundamentales para “inculcar” no solo la necesidad del mérito y el esfuerzo sino el gusto por saber cosas. Muchos profesores de primaria y secundaria se ciñen a sus programas de forma casi burocrática planteando el asunto como una cuestión de objetivos, al tiempo que se quejan constantemente del poco interés de sus alumnos, añorando siempre el alumno perfecto, el grupo o la clase perfecta en niños que a veces no superan los 7, 8 o 9 años. Muchos necesitan reciclarse y reforzar sus conocimientos (que no sus saberes) tanto o más que sus alumnos. De la Universidad ni hablo.
Yo por mi parte soy partidario de suprimir por completo las subvenciones a los colegios privados y de destinar esos recursos a extender y potenciar una enseñanza pública de calidad y laica.
El que quiera otra enseñanza que se la pague
Comentario escrito por guimusa — 13 de marzo de 2008 a las 1:43 pm
en relacion con la educacion, estoy de acuerdo que arrastramos la concepcion de organizar la enseñanza en el sistema mixto de escuela publica y concertada, y aunque llevamos muchos años de retraso, quizas sea tiempo de tratar de corregir la tendencia, y que la separacion sea entre escuela publica y privada sin mas.
yo he estudiado siempre en la educacion publica, y he sido un defensor de la misma, pero en la actualidad si tuviera que elegir un colegio sin duda elegiría un concertado o un privado, ya que la opcion publica, tiene el incoveniente de encontrarse con clases con un porcentaje alto de inmigrantes, lo cual en principio no supone ningún problema salvo que se trate de reciend llegados con una edad ya avanzada, que a veces no conocen el castellano (o lengua cooficial que sea), y que por lo menos en Madrid solo son objeto de una insercion de 6 meses, despues de la cual son incluidos en la clase que le corresponde por edad, lo que sin duda afectará al nivel de la enseñanza de la clase. Y aunque no haga falta decirlo estoy, porque me parece de perogrullo esta claro que todos, deben tener derecho a la enseñanza gratuita.
por otro lado, tengo algunos amigos que son profesores universitarios y todos coinciden en que el nivel de los alumnos cada dia es mas bajo llegando a niveles sonrojantes, y la verdad es que me gustaría saber vuestra opinion sobre este tema.
Comentario escrito por baroja y su amigo pio — 13 de marzo de 2008 a las 2:32 pm
Los comentarios de Andrés sobre la educación son bastante vagos y generales. No creo que acierten a perfilar con detalle cuales son los problemas.
Me gustaría recalcar algunos puntos que alguna vez he comentado por aquí:
– lo del mérito y el esfuerzo es algo que todo el mundo repite. Estoy bastante de acuerdo con que el nivel y el rigor de las clases debe aumentar, pero eso no implica una recuperación, como insinuan muchos, de una educación monótona y de un profesorado estricto.
– Los que dicen que se ha desterrado la memoria de las aulas aciertan a señalar que la memoria es una condición necesaria para el desarollo de cualquier talento, pero fallan al afirmar que en el sistema educativo español la memoria ha perdido papel. En España, en carreras como Medicina, sigue primando la memoria mucho más que en otros lugares europeos. En general, con Internet, la cantidad de información que se debe memorizar es muy poca. Por tanto, es mucho más importante enseñar, por ejemplo, a buscar información adecuadamente, e inculcar la memoria para el talento que cada alumno quiera desarollar en particular.
– Uno de los graves problemas de la educación española es la actitud de los profesores, especialemente en la universidad pero también en la secundaria. Ciertas características se fomentan que conducen a un clima bastante destructivo: una actitud sádica hacia al alumno, al que se le reprocha constantemente no conocer el material( por qué estaría en la clase si lo supiera?),, la pose genial a base del suspenso indiscriminado, la arbitriaredad general de las notas, la impunidad del profesorado, y especialmente del catedrático, en cualquiera de sus actos, y, en suma, una actitud que no pretende formar al alumno apoyándolo sino haciéndolo sufrir y despreciándolo, que muchos profesores creen que es la única manera de conseguir que aprendan los alumnos.
Lo extraño es que hay gente que mira hasta con nostalgia épocas en donde esto era aún más frecuente y generalizado. Muchos de los que critican la LOGSE se equivocan bastante en su análisis, al pensar que el espíritu pedagógico ha triunfado en España. Nada más lejos de la verdad: en el típico profesor de secundaria y universidad persiste( excepto si es jovén) la certidumbre de que sólo se aprende sufriendo y de que ¨la letra con sangre entra¨, aunque esa sangre ya no es física, como antes, sino psicológica. Esto es así y sólo una persona que no ha recibido clases de un profesor americano o inglés puede creer que realmente la pedagogía ha triunfado( no conozco los profesores de otros países europeos excepto los franceses, que según he oido tienen muchos de los hábitos que critico).
Creo que un cambio en la actitud del profesorado español es una de las condiciones esenciales para que nuestro sistema educativo sea efectivo y de calidad, mucho más importante que incrementar la financiación.
Comentario escrito por Caesitar — 13 de marzo de 2008 a las 6:56 pm
Yo, que he tenido la suerte de conocer tres Universidades públicas, he detectado, en general, un escaso afán en los profesores por el aprendizaje verdadero del alumno (con honrosas excepciones, eso sí), porque aprendamos de verdad Economía, Historia o Derecho, porque nos apasione la materia y salgamos de la Facultad con algunas ideas (muy claras), con amor a lo que estudiamos y con ganas de comernos el mundo.
Veo a profesores que dictan o explican conceptos y lecciones con tono y pasividad burocrática, otros más preocupados por su investigación doctrinal, por organizar congresos, …
Planteo dos dudas más al Profesor Boix Palop:
-qué le parecería un cambio en el sistema de acceso a la docencia universitaria, e incluso en el estatuto profesional. Porque, ya en 5º y desde el pasado curso, aquellos alumnos «llamados» o «apadrinados» por algún profesor enfilan el camino de entrada a un Departamento con dudosos méritos como medrar (con el profesorado y dentro de éste), visitar frecuentemente el edificio de despachos y sentarse en primera fila.
-qué le parecería que sólo una parte del profesorado de Derecho (hablo de ésta por ser la carrera que curso ahora) fueran investigadores y docentes, y al menos la mitad fueran profesionales que nos dieran una visión mucho más práctica y «a pie de calle» de los diversos aspectos del mundo jurídico: Jueces, Fiscales, Abogados, empleados del departamento jurídico de empresas, Procuradores, Policías, …
Un saludo!
Comentario escrito por piterino — 20 de marzo de 2008 a las 12:41 pm
Continuando con lo dicho por piterino, corroboro que los tres mejores profesores que tuve tanto en la Universidad como en un máster posterior, daban clases porque les gustaba, pero sus habichuelas estaban fuera: despacho de abogados, gestoría y directores financieros de empresas.
Con esos sí que aprendí economía y derecho de la que se utiliza de verdad, no modelos y leyes anquilosadas que rara vez son utilizadas.
Comentario escrito por Qué país... — 24 de marzo de 2008 a las 11:19 am
Jelou.
Una propuesta de reforma del sistema electoral con base científica:
http://www.ugr.es/~sistemaelectoral/resumen.htm
Andrés, no se si ya conocía a este caballero, pero el viernes estuve en una conferencia que dio en mi universidad y me pareció interesante.
Visto lo visto creo que puede tachar esa parte de su propuesta porque no lo va a superar (no se lo tome como algo personal, el pavo es matemático).
Comentario escrito por Otto von Bismarck — 14 de abril de 2008 a las 1:08 pm
Sólo quiero hacer una pequeña apreciación. Andrés carga contra los que vivimos fuera de la ciudad comentando nuestra calidad de vida y la necesidad de aumentar nuestros impuestos debido a nuestro consumo de recursos finitos. La realidad es que la mayoría no vivimos en esas preciosas casitas adosadas con jardín. La inmensa mayoría vivimos en pequeños pisos que hemos comprado alejados de la gran urbe precisamente por la imposibilidad de adquirir o alquilar un piso (en mi caso Barcelona). ¿Por qué deben subirme a mi los impuestos cuando el servicio que me prestan es malo (tren cada 20 min, bus cada 30) comparado con los de Barcelona? Metro cada 3 minutos.
¿Se podría quejar la gente de Girona porque se llevan el agua de «su Ter» (véanse las comillas) hacia Barcelona consumiendo así un recurso finito sin molerlos a impuestos?
Creo que todo es un poco relativo, al final unos debemos usar unos recursos que no tenemos y dar otros que sí. Esa es la base de la convivencia. Y si no siempre podremos hacer como en Inglaterra, peaje en Londres para entrar. Eso si, los que vivimos fuera pediremos un peaje para salir.
Comentario escrito por Ricard — 15 de abril de 2008 a las 5:24 pm