Huelga de funcionarios y sindicatos en la función pública (I)

El día 8 de junio hay convocada una huelga de funcionarios. Que yo no secundaré. Y no porque me parezcan presentables las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis (y, sobre todo, la actuación global en materia económica y de justicia social de estos últimos años, que no sé mi provoca más ganas de reír o de llorar), sino por un par de ideas que tengo sobre el derecho a la huelga de funcionarios. Aunque no creo que mi posición personal sobre este asunto tenga demasiado interés para nadie sí pienso, en cambio, que exponerlas y comentarlas mínimamente puede ser una buena excusa para analizar en algunos de sus trazos jurídicos más básicos la cuestión de la huelga de funcionarios públicos. Asunto sobre el que hay en estos momentos un enorme consenso político, plasmado en una serie de normas jurídicas bastante claras y poco contestadas, del que, une fois n’est pas coutume, que se suele decir, me siento bastante alejado.

Las dos razones por las que no haré huelga el próximo martes, y que en general me hacen ser bastante poco partidario de las huelgas de funcionarios públicos, son las siguientes:

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