El IVA del libro electrónico se equipara al libro de papel

Como ya comenté en este blog hace unos meses, escribí no hace mucho un trabajo dedicado a analizar el concepto normativo de libro. Esto es, me dediqué durante 30 páginas a realizar disquisiciones sobre qué es un libro y, sobre todo, qué es un libro para nuestro Derecho.

La razón de acometer una tarea como ésa, aparentemente tan rara, es que la aparición de libros electrónicos y la decisión de la nueva ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas de adoptar como criterio legal para identificar a un libro no su pinta o soporte físico (que es la clave que ha definido, a la hora de la verdad, desde la generalización del formato códice hace unos 1.500 años, lo que entendemos por libro) sino el hecho de que se trate de un material legible, sea cual sea su formato, permitía despejar algunas dudas pero dejaba otras. Por ejemplo, ¿son libros ahora los «audilibros» que no son, de por sí, legibles, como es obvio? ¿Son libros los que recogen, sin texto alguno, fotografías o dibujos? Vamos, cosas así

Antes de que nadie me lo diga, lo hago yo mismo: Sí, ya sé que los que nos dedicamos al Derecho estamos chalados y perdemos el tiempo miserablemente en análisis cuyo sentido y utilidad práctica son más que dudosos. Ahora bien, tengo dos atenuantes que plantear. El caso es que, por extraño que pueda parecer, me lo pasé bien haciendo el trabajo ya que me permitió leerme algunas historias del libro y de su importancia cultural cojonudas (hay franceses y alemanes que han escrito verdadera virguerías llenas de erudicción sobre el tema) de las que aprendí muchas cosas. Pero, además, es que todo este asunto sirvem por increíble que parezca, para algunas cosas. No diré que para resolver cuestiones básicas, esenciales o muy importantes, pero sí para dejar claras algunas cosillas y permitir apreciar ciertos contrasentidos. Así, por ejemplo, para denunciar las incoherencias del legislador. Una de ellas, sangrante, era la siguiente, que trato de resumir a modo de pregunta de una manera que espero sea entendible por todos (así como deseo que sirva también para comprender que el asunto algo de incidencia económica tiene):

– Si la ley dice que libro es todo lo legible, con independencia del formato, y explícitamente se indica que un libro «normal» (de toda la vida de Dios) y un libro electrónico son lo mismo, ¿cómo era posible justificar que a una misma realidad, ontológicamente entendidas ambas opciones como «la misma cosa» por la ley, luego sean tratadas diferenciadamente por la misma ley -bueno, en realidad otra, pero en Derecho entendemos que el ordenamiento jurídico ha de ser unitario y coherente- que decía que una realidad había de pagar unos impuestos y otra -que se supone que era la misma- una cantidad diferente?

Pues bien, parece que esta extraña situación ha variado, al fin. El Gobierno ha decidido equiparar el IVA del libro electrónico al del libro de papel. No sé si la medida es buena o sensata. Sí sé que, jurídicamente, a la luz de que la ley del libro dice que ambas cosas son lo mismo y deberían en lógica consecuencia ser tratadas igual por el Derecho, hacía ya tiempo que la medida urgía. Ya era hora, vamos.

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Por cierto, si se me permite, allá va una coda sobre el trabajo de los juristas, la llamada «investigación jurídica» y a qué nos dedicamos en mi oficio:

Como es evidente y a nadie se le escapa, nada ha tenido que ver mi explicación de la situación en el trabajo referido con el cambio legislativo. Las dos o tres veces que una idea mía, sostenida en un artículo o libro, ha acabado siendo la solución escogida por nuestro legislador o por la Administración (me pasó sobre todo con un trabajo sobre las licencias de obras menores, que propugnaba su desaparición y sustitución por una simple notificación del inicio de las obras por parte del ciudadano, que es una solución que luego se ha ido extendiendo y generalizando) tengo la íntima convicción de que nada ha tenido que ver con lo que yo escribí, argumenté y defendí. Simplemente, es que lo que a mí se me ocurrió era tan obvio y evidente que se les ocurrió, también, a otros muchos. O que algún otro factor, por casualidad, propició el cambio (en el caso del libro electrónico, por ejemplo, tiene mucha pinta de que en el fondo es una rebaja del IVA alentada por la crisis y la presión del sector, que es cada vez más potente) en un sentido semejante a lo que yo sustuve. Pero, no me engaño sobre el particular, en ningún caso tiene que ver con que alguien haya leído lo que yo escribí y se haya convencido. Lo puedo afirmar con tanta seguridad porque conozco los datos de lectura efectiva de la mayor parte de las cosas que escribo (y sí, en efecto, cualquier entrada de este blog, que suele ser consultada por unas 500 personas a lo largo de la semana de su publicación, lo cual puede indicar que a lo mejor se la leen efectivamente unas 25-50 personas siendo optimistas, tiene más lectores que cualquier trabajo o artículo jurídico que escriba yo en libros o revistas especializadas). Asimismo, soy perfectamente consciente de que la capacidad de influencia y convicción que tenemos, incluso cuando somos leídos, es más bien escasa.

De todos modos, y por si sirve de algo, invito a leer el trabajo (o a pedírmelo por correo electrónico si no lo tienen a mano) a quien pueda interesar el tema. Hay más ejemplos de paradojas en la actual regulación y de efectivo trato jurídico diferenciado a unos y otros tipos de libro a pesar de que se supone que normativamente son lo mismo. ¡A ver si recordándolo alguien se anima a cambiar la situación!



El desgobierno de lo público, de Alejandro Nieto

Santiago Muñoz Machado ha publicado una lista en Indret con los libros a su juicio esenciales para entender el Derecho Administrativo y el Derecho público general. Una de las sorpresas que me llevé al mirármela fue toparme con la inclusión de la última obra de Alejandro Nieto, entre otras razones porque los textos que predominan en la relación son antes obras clásica que ensayos recientes. Aunque también me llamó la atención la inclusión de la obra como un libro imprescindible en la medida en que las quejas de Nieto sobre la escasa calidad de nuestro Estado de Derecho suelen ser tenidas por certeras pero exageradas, divertidas pero inútiles, tan lamentable reflejo de una realidad que es difícil negar (aunque ello no implique aceptarla en los términos descritos por su autor) como frustrante manera de afrontar el análisis de lo que en verdad ocurre si de lo que se trata es de acometerlo con verdadero ánimo constructivo y reformista. Además, la verdad, no me había leído el libro dado que personalmente lo supuse una mera reiteración de argumentos ya tratados y trabajados por el autor en obras como La organización del desgobierno, La nueva organización del desgobierno, Corrupción en la España democrática, España en astillas o el más reciente El desgobierno judicial, obras todas ellas que me leí en su día con pasión casi adolescente y que me permitieron aprender mucho sobre Administración, (des)gobierno o corrupción, máxime cuando en mi caso particular lo ignoraba casi todo sobre esas realidades, que en general (y exceptuando las inevitables situaciones que uno vive en la Universidad) me han pillado y pillan muy lejos. Para eso sí que es una bendita torre de marfil la Universidad, por cierto.

Pero hete aquí que El desgobierno de lo público, editada por Trotta Ariel en 2008, se ha convertido en una reflexión obligatoria en los tiempos que corren. O al menos eso parece si leemos lo que nos cuenta el faro de la intelligentsia académica oficial que es Emilio Lledó. Y atendiendo al hecho de que, para rematar la faena, incluso el grupo PRISA y sus guardianes de las esencias se han puesto manos a la obra para recomendar y publicitar el libro. Aun así he de reconocer que no fue hasta que me enteré de su inclusión en la particular suma administrativa de Muñoz Machado que me decidí a leer el libro. Supongo que son vicios de jurista esto de filtrar las recomendaciones, en este campo, a partir de pautas tan estrictamente endogámicas. En cualquier caso, me dije, tampoco estará de más releer las viejas obsesiones compartidas que con tan excelente pluma ha plasmado siempre Nieto y, quizás, incluso hay cosas nuevas que justifican tanta atención. Por último, estos tiempos de degeneración manifiesta en la ética pública, con la corrupción de baja intensidad tan presente en las noticias, asunto del que ya hemos hablado en alguna ocasión, quizás requieran de lecturas hechas desde la Universidad sobre el particular.

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Cambiar el pasado – Miguel Azpitarte

Cambiar el pasado es excelente un libro que acaba de publicar Miguel Azpitarte, profesor de Derecho constitucional en Granada, en la editorial Tecnos. La obra versa sobre una de las cuestiones asociada a más problemas prácticos pero, a pesar de ello, menos tratada en nuestro Derecho: la retroactividad de la ley no punitiva. Y es que, si bien hay una abundante bibliografia y una sólida y precisa jurisprudencia en lo que se refiere a la ley penal (y por extensión a cualquier norma sancionadora), resulta llamativo hasta que punto, en cambio, subsisten las vacilaciones en lo que respecta a los concretos perfiles y, muy especialmente, límites constitucionales a la retroactividad fuera de ese ámbito.

Es ésta una cuestión, además, a la que me tuve que enfrentar en su día, de forma tangencial, cuando estudié los problemas de constitucionalidad de las leyes de convalidación. En la medida en que, por definición, una convalidación legislativa despliega efectos retroactivos, es obvio que constitucionalmente no será posible aprobarlas allí donde haya un límite a la retroactividad. Así, como es evidente, no podrá haber convalidación legislativa cuando estemos dentro del ámbito proscrito por el art. 9.3 de la Constitución, esto es, referidas a «disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales». Y, como decía, si bien es más o menos posible aprehender qué entiende nuestro Derecho por «disposiciones sancionadoras no favorables» (con lo que respecto de éstas no cabrá convalidación legislativa alguna) no es, ni mucho menos, fácil ni pacífico concluir de manera categórica qué es lo que la Constitución española entiende por «restrictivas de derechos individuales». Aunque esté claro, pues, que no habrá convalidación legislativa, como no habrá ley retroactiva de otro orden, que genere tal efecto de «privación» sobre lo que sean «derechos individuales», la discusión en torno a qué signifique exactamente aquélla y a cuál es el concreto ámbito de los derechos individuales dista de estar zanjada (pueden consultarse aquí algunas conclusiones al respecto, necesariamente sintetizadas).

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En torno al concepto normativo de libro

Acaba de publicar la editorial Iustel unos interesantes comentarios a la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas coordinados por Santiago Muñoz Machado. Como puede verse en el índice de la obra, se analizan en la misma toda una serie de cuestiones de indudable interés jurídico pero también social al hilo de la reciente regulación que el tradicional artefacto conocido como «libro» ha recibido, extendida, además, a su versión «digital» o «electrónica». Más allá de la interesante reflexión sobre las relaciones entre libros y normas, entre Derecho y medios de transmisión de la información y la cultura que realiza Santiago Muñoz Machado, quien ande interesado en cuestiones como el poliédrico asunto del precio único de los libros, los perfiles de normas programáticas y principalistas como en su mayor parte es ésta, la organización de las bibliotecas o la instrumentación de medidas como el canon para el préstamo bibliotecario o el despliegue del peculiar aparataje sancionador que se prevé para el sector, tiene material de sobra para disfrutar.

Colaboro en la obra con un capítulo sobre el concepto normativo de libro, la integración en el mismo de «lo digital» y, especialmente, dedicado a reflexionar sobre si esta superación de la idea de libro en tanto que artefacto que la ley asegura plasmar es tal o si, en realidad, aparecen rápidamente incoherencias que demuestran que no es tan sencillo asegurar que, de un plumazo, vamos a considerar como «libro» no tanto un determinado bien sino todo lo que pueda ser a la vez legible y reconducible a una unidad (en tanto que «obra»). No es fácil esta tarea, y la ley, que por lo demás estaba muy ocupada en regular cuestiones más prosaicas (como, por ejemplo, el asuntillo del precio único), tampoco es que se lo haya tomado demasiado en serio. Pero tarde o temprano, si queremos aspirar a que la regulación sea satisfactoria y coherente, tendremos que ponernos a la tarea, arremangarnos y empezar a modificar algunos esquemas mentales… y legales.

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Las convalidaciones legislativas – Andrés Boix Palop

Se supone que parte de mi trabajo consiste en, simplemente, estudiar y, a veces, plasmar en forma de trabajos de distinto alcance y ambición las conclusiones derivadas de esa labor de reflexión y análisis. Como es obvio, la mayor parte de esta producción que muchos se empeñan en denominar de científica va dirigida a un público muy concreto, más o menos reducido y altamente especializado.

Una de las grandes ventajas de Internet es que permite poner al alcance de dicho público potencial, de manera extraordinariamente sencilla, el resultado de la labor de estudio de cada cual. Para ello, sin embargo, no hace falta únicamente que la tecnología lo permita, sino que también es preciso que, por ejemplo, las editoriales jurídicas (que realizan una enorme inversión y nos son de enorme ayuda para hacer llegar nuestros trabajos al resto de la comunidad académica) sea sensibles a las posibilidades que ofrece emplear la Red como método de difusión de nuestras monografías. Por este motivo agradezco enormemente a los responsables de Iustel (que fueron quienes además, en su día, tuvieron el detallazo de publicar una obra como la que era el resultado de mi tesis doctoral, de salida comercial prácticamente nula) que me hayan remitido la introducción y las conclusiones de la obra con el fin de que puedan ser consultadas directamente a través de Internet.

Dado que esta monografía tuvo su origen en mi tesis doctoral, no es de extrañar que no sea la única publicación que tengo sobre los perfiles jurídicos de la institución de la convalidación legislativa. Pero sí es la más completa, la más trabajada, el fruto de muchos años de esfuerzo. El hecho de que, colgando en Internet al menos parte de la misma, pueda conseguirse que alguien interesado sepa exactamente a qué atenerse respecto de mi trabajo y, llegado el caso, pueda interesarse en hacerse con él, creo que es motivo más que suficiente para agradecer a mis editores que me permitan hacer esto y, por mi parte, razón más que suficiente como para realizar esta pequeña digresión antes de, simplemente, poner los enlaces a las distintas partes del texto que pasan a ser consultables en abierto. Con la esperanza, como decía, de que a alguien puedan interesar y ser de utilidad.

Las convalidaciones legislativas, ed. Iustel, Madrid, 2004.
– Sumario de la obra [PDF]
– Introducción, pp. 27-52 [PDF]
– Conclusiones, pp. 607-620 [PDF]

La obra en su integridad puede adquirirse a través de Internet.



Harvard 1L – Scott Turow

Scott Turow, One L. The turbulent true story of a first year at Harward Law School, 1977.

He pasado el fin de semana leyendo One L, del novelista y jurista (o al revés, no sé) estadounidense Scott Turow, conocido autor de alguno de esos best-sellers de aeropuerto con tramas jurídicas que tan bien quedan luego transpuestos a la gran pantalla. No se trata, en este caso, de una obra de ficción, sino de la narración de su propia experiencia como estudiante de leyes en la escuela jurídica de Harvard a finales de los años setenta. Es por ello, para alguien como yo, un librito extraordinariamente entretenido e interesante. Y, además, tanto para mí como para cualquiera que tenga contacto o conocimiento de cómo funciona la enseñanza del Derecho en España, que no se trate de una novela es lo de menos. Lo que cuenta Turow es para nosotros en su totalidad, desde la primera línea a la última, sencillamente, un relato de ciencia ficción, algo que se nos cuenta sobre cómo son las cosas en otro planeta. Valga para muestra un botón, el fragmento de su diario que el propio autor escoge para ilustrar el conjunto de su experiencia a modo de frontispicio:

11/17/75

It is Monday morning, and when I walk into the central building, I can feel my stomach clench. For the next five days I will assume that I am somewhat less intelligent than anyone around me. At most moments I’ll suspect that the privilege I enjoy was conferred as some kind of peculiar hoax. I will be certain that no matter what I do, I will not do it well enough; and when I fail, I know that I will burn with shame. By Friday my nerves will be so brittle from sleeplessness and pressure and intellectual fatigue that I will not be certain I can make it through the day. After years off, I have begun to smoke cigarrettes again; lately, I seem to be drinking a little every night. I do not have the time to read a novel or a magazine, and I am so far removed from the news of world events that I often feel as if I’ve fallen off the dark side of the planet. I am distracted at most times and have difficulty keeping up a conversation, even with mi wife. At random instants, I am likely to be stricken with acute feelings of panic, depression, indefinite need, and the pep talks and irony I practice on myself only seem to make it worse.

I am a law student on my first year at the law, and there are many moments when I am simply a mess.

No sé si hace falta añadir algo. Pero vamos, como es obvio, no me voy a privar.

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España se rompe: hablan los catedráticos

A veces está bien, con esto de tener una tribuna, dar voz a otros. O, de forma más sencilla, recoger lo que de interesante dicen por ahí personas muy inteligentes y formadas. Como esto va de Derecho público y de su incidencia en nuestra vida y en la convivencia, la ocasión la  pintan calva con el desfile de iuspublicistas de estos últimos días en medios de comunicación de ámbito nacional. No he podido recoger las entrevistas a todos ellos (y tampoco es plan). Entre otras cosas porque es difícil hacerlo, con esto de las crecientes restricciones que los medios de comunicación ponen para acceder a los contenidos más interesantes de sus ediciones on line. Como no seré el único enfrentado a estas dificultades al buscar por la Red las entrevistas más apetecibles, creo que es doblemente interesante tratar de reproducir algo de lo más jugoso y lúcido de lo declarado. Luego, llegado el momento, podemos hasta comentarlo. Pero a veces es importante, aunque no baste, facilitar el acceso a la lectura de ciertas reflexiones. Huelga decir que sin estar necesariamente en todo de acuerdo, ello es así porque, a mi juicio, gran parte de lo dicho es enormemente sensato.

En apenas dos días, sendos catedráticos de Derecho administrativo han sido entrevistados largamente por ABC (el domingo 4 de febrero) y El Mundo (el lunes 5 de febrero) para que se explayen sobre los inminentes riesgos que acechan a la patria. Lo cierto es que las reflexiones de, respectivamente, Santiago Muñoz Machado y Francisco Sosa Wagner son enormemente interesantes. Marcan, en primer lugar, las enormes diferencias entre el discurso de los medios y el de personas que, por muy críticas que sean, se mueven en otro terreno. Y obligan a reflexionar, y mucho, sobre la necesidad de un debate sereno, en el que puedan plantearse los más diversos puntos de vista con ánimo de confrontarlos, si es preciso con toda la dureza que requiera el debate público, pero con una cierta lealtad y (¿puede decirse) patriotismo. Ocurre, sin embargo, que las recetas patrióticas que a veces nos venden son mercancía averiada. O eso puede legítimamente sospecharse de quienes, envueltos en la bandera, no dudan en tomar a sangre y a fuego las instituciones para sus fines partidistas, aun a riesgo de, con ello, dejarlas inservibles para la patria y para la función que han de cumplir de servicio a los ciudadanos y al Estado (sí, claro, estoy hablando del Tribunal Constitucional, pero me he prometido no comentar nada de los últimos acontecimientos hasta que no se publique el auto con las exposiciones de las diferentes posiciones respecto de la recusación de sus miembros para debatir asuntos de primera importancia).

En cualquier caso, me interesa transcribir estas reflexiones, dejando claro que en muchísimas cosas estoy de acuerdo. En otras, algunas, claro, no (sería casi un milagro poder suscribir todo en asuntos así). Como también que me emociona, sobre todo y sobremanera, la forma en que afrontan la discusión pública quienes responden, como estos dos profesores, de esta manera cuando se les requiere por su punto de vista.

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