Salud pública o libertad

La disyuntiva entre proteger la salud de los ciudadanos o preservar su libertad y sus derechos ha recorrido, desde el primer momento, toda la pandemia. En una situación de crisis como esta ha quedado de manifiesto que las restricciones de diversa índole (de desplazamiento, de horarios, de costumbres, de distancia social, y un largo etcétera) eran y son una de las medidas más eficaces para controlar y mitigar la propagación del virus. Sin embargo, todas o casi todas ellas implican cercenar los derechos de los ciudadanos, a veces gravemente, y otras de forma totalmente injustificada.

Quedan en el recuerdo esas escenas distópicas del confinamiento de la primera ola, con la policía propasándose claramente en sus atribuciones con medidas como multar a la gente por comprar en el supermercado productos que no eran del agrado de los agentes, o sobrevolar las azoteas de los edificios para prohibir a los que allí estuvieran que permanecieran en dicho espacio. En el contexto de miedo e incertidumbre generalizados en que vivimos esa situación, la mayoría de la gente miró para otro lado y aceptó restricciones que, a menudo, después los jueces han dictaminado que eran excesivas o injustificadas.

También fue entonces cuando surgieron las primeras voces críticas con el confinamiento y sus excesos. Voces que, a su vez, en ocasiones nos llevaban a espacios también dudosos, de negacionismo sobre la existencia del virus, o un orden de prioridades que ponía el derecho constitucional a tomarse una cervecita en el bar a la hora que fuera por delante de todo lo demás [acceso al artículo completo]


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  1. Comentario de Intelestual (03/07/2021 20:39):

    Francia, país que conozco perfectamente, ha tenido cerrados los restaurantes muchos más meses y ha tenido toques de queda más restrictivos (6 de la tarde), pero puso 0 multas. En general Francia aplica mejor las leyes que España (por no decir que aplica la separación de poderes mucho mejor).

    En términos generales, el gobierno aplicó medidas exageradas y alegales. De hecho, solo las propuestas de sanción que incluyan resistencia a la autoridad (en base a ley mordaza) pasarán a denuncia (1% se estima). Lo demás: ganas de meter miedo a la población.

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