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Una cosa es que el PPSOE se ponga de acuerdo para poner fuera de la ley a la izquierda abertzale. Entonces vale que las filtraciones de sumarios secretos, las cenas y conchaveos entre jueces y políticos y un largo etcétera sean práctica habitual. Por lo que se ve ante esta nueva intervención del brazo judicial del PSOE-GAL en campaña electoral, con el PP no vale.

Pero no es el tema del que quería hablar hoy. No sé si tendrá mucha publicidad en los medios o tendrá la misma repercusión que el informe del relator de la ONU sobre el GAL judicial contra la izquierda abertzale -el habitual corralito informativo-, pero ayer sucedieron cosas que tienen su qué en Bruselas.

Allí, la Comisión de Peticiones, ante la cual los ciudadanos europeos pueden protestar por la violación de derechos medioambientales, sociales o laborales en los estados de la Unión, se reunió para, entre otras cosas, votar y enmendar el “Proyecto de informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario”. Huelga decir que el blog maketo sugiere encarecidamente la lectura del informe -son únicamente diez páginas, y lo pueden leer aquí en cristiano-, así como de las enmiendas al mismo presentadas por los diferentes eurodiputados -aquí-.

Es también relevante reseñar que el informe se aprobó con 23 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Al igual que sucedió con la Directiva de la Vergüenza, el PPSOE votó como un solo hombre oponiéndose al informe, que denuncia la escandalosa corrupción sobre la que se ha asentado el milagro económico español. Item más, sus enmiendas dulcificadoras del duro texto fueron derrotadas una tras otra, mientras aquellas que endurecían el contenido del informe fueron aprobadas. A cuatro meses de las elecciones europeas, no está de más saber qué hará la gente que mandamos a Bruselas.

El texto del proyecto informe no tiene desperdicio. Respondiendo “al número ingente de reclamaciones recibidas“, además de hablar de las “desastrosas repercusiones de la urbanización masiva“, expresa su “preocupación y desaliento” ante el hecho de que las “autoridades jurídicas y judiciales españolas” no están “debidamente preparadas” para hacer frente a los abusos, insta una vez más a los poderes públicos “a que consulten a sus ciudadanos” sobre su actuación en materia urbanística, la cual “ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa“.

Pero lo más relevante viene en el apartado de peticiones. En él, se recuerda que la Comisión “está facultada (…) a interrumpir la provisión de fondos estructurales” a un Estado miembro por incumplir las disposiciones legales europeas, y que el Parlamento “puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión” en caso de “graves vulneraciones de la normativa y los principios que [un Estado de la Unión] está obligado a respetar“. Sobran comentarios.

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Es inconcebible que sigan existiendo en España rencorosos anti-patriotas que defienden que el PSOE, partido que ha gobernado España en 19 de los últimos 27 años, pudiera tener algo que ver con la monumental crisis que ha seguido al pinchazo de la estafa piramidal del ladrillo.

Como ustedes sabrán, el estado de la economía española da para abrir un debate sobre si hay que desconectarla o no. Y las medidas para hacer frente a la crisis decretadas por el gobierno están teniendo unos efectos que se estudiarán en el futuro, más concretamente en las aulas de FP subsector fontanería.

El Gobierno del Reino prevee una caída del PIB del 1,6% para este año -el costalazo más importante desde que en 1945 una pertinaz sequía pusiera contra las cuerdas al gobierno del mentor del actual Jefe del Estado-. El índice de producción industrial -indicador especialmente relevante del desarrollo futuro de la economía- ha caído un 15% en Diciembre -batacazo incomparable en el marco de la UE, y eso sin tomar el casi 20% que da el INE en la versión corregida-. Las ventas de coches -indicador relevante por las mismas razones- se hundieron un 28% en 2008, y en los dos últimos meses han registrado hundimientos superiores al 40%. El paro crece a un ritmo sin parangón en la OCDE, y la previsión de esta organización es que al final de este año la cosa llegue a un 18,9%. Fuera de España, nadie da un duro porque la recuperación empiece, como dice el gobierno, a finales de este año. La morosidad se ha multiplicado por cinco. El mercado de la vivienda sigue a lo suyo, ese “aterrizaje suave” que lleva al Gobierno a pedir a los bancos que miren “con cariño” a su clientela. Las administraciones públicas locales acumulan deudas a las empresas e incumplen con absoluta impunidad las leyes del ramo. Este año se va a alcanzar un déficit público que no se ve por aquí desde, por lo menos, 1964. El Rating del Reino de España -que no el de la CAV, que al estar allí obsesionados con cuestiones identitarias tienen menos querencia que los compañeros de Patxi para fundir dinero público- ha sido rebajado.

Ante ello, el gobierno ha desplegado todo tipo de medidas, a cual más impresentable. Desde el tuneo de las cuentas de empresas con fondos propios negativos a los regalos a la banca pasando por regalitos como los 400 euros o cacicadas como el plan de los 8.000 millones de euros para tapar bocas de contratistas de obras públicas y no acabar en poco edificantes espectáculos en la Audiencia Nacional. Ayer, en la comparecencia, dos “medidas más”.

En primer lugar, el Impostor anunció a bombo y platillo que ha decidido fotocopiarse una enmienda del PP a los presupuestos de hace menos de un mes y que supone un ahorro de 1.500 millones de euros, sin que se sepa si se van a recortar cosas útiles o, por contra, se recortarán floreros como los ministerios de vivienda, cultura o igualdad.

En segundo lugar, el Impostor ha tirado de generosidad para regalar 10.000 millones de euros de nuestros impuestos a los parados. En lo que constituye una novedad sin precedentes, el gobierno ha optado por sacar pecho por cumplir con los derechos de los trabajadores desempleados-rectificando el cálculo previo de esta partida en los alucinógenos presupuestos que aprobó el Congreso-, que tienen derecho a cobrar sus prestaciones más allá de las mentirosas previsiones que puso el estado en los presupuestos.

Por último, y en el marco de los esfuerzos de genuflexión para con la banca y las grandes empresas donde luego encuentran laburo Josu Jones, Zaplanas y Marines, no está de más destacar, y hacerlo teniendo en cuenta los muy peculiares usos argentinos en materia de corrupción -”tenemos que dejar de robar todos durante al menos dos años, incluido yo” es una frase de un sindicalista argentino que escuché hará unos tres años-, una de las decisiones tomadas en el último Consejo de Ministros, mientras el país toma la vía del subdesarrollo:

“CONDECORACIONES
Asuntos Exteriores y de Cooperación

* REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a la señora CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Presidenta de la República Argentina.
* REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a:
* D. DANIEL SCIOLI, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
* D. JOSÉ ALPEROVICH, Gobernador de la Provincia de Tucumán.
* D. JOSÉ TAIANA, Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
* D. JULIO DE VIDO, Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina.
* D. JOSÉ LINO SALVADOR BARAÑAO, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina.
* D. CARLOS BETTINI, Embajador de la República Argentina en España.
* D. JUAN C. KRECKLER, Director Nacional de Ceremonia de la Cancillería de la República Argentina.
* REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a:
* D. MIGUEL ANGEL PICHETTO, Senador Nacional de la República de Argentina.
* D. CARLOS ALBERTO REUTEMANN, Senador Nacional de la República Argentina.
* D. CARLOS ZANNINI, Secretario Legal y Técnico de la República Argentina.
* D. ISIDRO BOUNINE, Secretario Privado de la señora Presidenta de la República Argentina.
* D. FABIÁN GUTIÉRREZ, Secretario Privado de la señora Presidenta de la República Argentina.
* D. MIGUEL NÚÑEZ, Coordinador General de la Unidad de Comunicación Presidencial de la República Argentina.
* D. CARLOS LISANDRO SALAS, Secretario de Estado de Comunicaciones de la República Argentina.
* Dª MARIANA LLORENTE, Jefa de Asesores del Canciller de la República Argentina.
* D. LUIS MARÍA KRECKLER, Subdirector General de Ceremonial de la República Argentina.“

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Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin (16/12/08). Vale la pena leerlo por muchas cosas -entre otras, hacer cábalas sobre el estado del ciudadano checheno acusado de terrorismo que el Gobierno extraditó a Rusia de tapadillo el 31 de Diciembre de 2007, o constatar el grado de coordinación interna del PPSOE a la hora de tapar la colaboración con el campo de concentración de Guantánamo-, pero copio lo realtivo a ese do de pecho de la democracia española que es la “lucha democrática del Estado de derecho”, fundamentalmente basado en la denuncia de la ley de partidos, el macroproceso 18/98 y el tribunal especial llamado Audiencia Nacional -vamos, lo que en lenguaje monger se llama lucha contra “los amigos de eta“:
“53. El Relator Especial subraya que, si la lucha contra el terrorismo ha de ser legítima y
tener éxito, es necesario que las normas relativas a los delitos de terrorismo se atengan
estrictamente al principio de legalidad recogido en el artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (el Pacto), de manera que todos los elementos constitutivos del
delito estén expresados de forma explícita y precisa en su definición jurídica. Por lo que se
refiere a los artículos 571 a 579 del Código Penal español, el Relator Especial recomienda
que el Gobierno ponga en marcha un proceso de revisión por expertos independientes de la idoneidad de las definiciones que contienen. En la revisión deberían participar
especialistas de los derechos humanos en los planos nacional e internacional y del derecho
penal, con el resultado de propuestas concretas. Para facilitar la revisión, el Relator
Especial recomienda, a título de observaciones personales sobre la necesidad de mejorar las definiciones actuales, lo siguiente:
a) Que el artículo 574, en el que se contempla el castigo de “cualquier otra infracción” se redacte de manera que tenga el grado de precisión que requiere el principio de legalidad y se aplique exclusivamente a los delitos que incluyan el elemento intencional de causar la muerte o lesiones corporales graves, como elemento definitorio de los delitos de auténtico carácter terrorista.
b) Que el delito de colaboración, contemplado en el artículo 576, se defina claramente de manera que el sujeto sepa a qué atenerse; asimismo que se redacte de forma que quede claro cuáles son los elementos de la conducta prohibida que le confieren el carácter de terrorismo. El Relator Especial insiste en que, al definir los delitos asociados con el terrorismo, se establezca una clara distinción entre la intención de atemorizar a una población por medios violentos y los objetivos perseguidos, que pueden no revestir carácter criminal por sí mismos.
c) Que el artículo 577 se aplique al “terrorismo urbano” únicamente en los casos en que se haya establecido un vínculo entre la conducta del acusado y la intención de promover la violencia terrorista, según se define en los instrumentos y normas internacionales.
d) Que el delito de enaltecimiento que actualmente se contempla en el artículo 578 se revise de manera que se aplique exclusivamente a los actos que tengan por objeto incitar a la comisión de un delito de terrorismo, con el riesgo de que se cometa efectivamente dicho delito. A ese respecto, el Relator Especial opina que las declaraciones de otro carácter, que podrían encuadrarse también en el concepto de “apología”, no deberían perseguirse en el ámbito del derecho penal.

54. El Relator Especial recomienda que la ilegalización de una organización se realice en
el marco de un respeto irreprochable de las condiciones requeridas para restringir la
libertad de asociación y de expresión, es decir, de conformidad con la ley y los principios de
necesidad y proporcionalidad. La ilegalización de una organización, junto con la aplicación en materia de terrorismo de normas formuladas de forma vaga y general, no hacen en última instancia sino socavar el firme mensaje moral que transmiten las definiciones rigurosas basadas en la naturaleza inexcusable de todos los actos de terrorismo.
55. El pluralismo político desempeña un papel fundamental en la existencia de una
sociedad verdaderamente democrática, por lo que las medidas que pueda adoptar el Estado para limitar el derecho a la participación política deben ser de carácter estrictamente excepcional y estar previstas en la ley. El Relator Especial recomienda firmemente que España adapte las expresiones vagas que aparecen en la Ley orgánica de partidos políticos a los principios internacionales relativos a la limitación de la libertad de expresión, a fin de evitar el riesgo de que se apliquen a partidos políticos que, aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de medios violentos.
56. El Relator Especial propugna mecanismos jurisdiccionales que ofrezcan las garantías
procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir
de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarles
vinculados a partidos políticos ilegalizados por sus conexiones con una organización
terrorista. Ello reviste especial importancia cuando se trata de agrupaciones que se han
creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en
consecuencia, no se tiene prueba alguna.
57. El Relator Especial recomienda que España revise las vías de recurso existentes en los
casos de terrorismo, sobre todo cuando el Tribunal Supremo condena a una persona
actuando como tribunal de primera instancia, y que adapte su sistema a lo dispuesto en el
párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, que recoge el derecho de toda persona declarada
culpable de un delito a someter la sentencia condenatoria y la pena impuesta a un tribunal
superior.
58. El Relator Especial pide al Gobierno de España que considere la posibilidad de trasladar la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado, la Audiencia Nacional.
59. El Relator Especial preconiza que se reduzca el recurso a la prisión provisional en los
casos asociados a la noción de terrorismo según la legislación española vigente, pero que no
conllevan la intención de emplear violencia para causar la muerte o lesiones graves.
Recomienda que España reduzca la duración de la prisión provisional. El principio
general de tratar a los presos preventivos acusados de delitos de terrorismo de manera
diferente a los demás y de imponerles sistemáticamente un régimen cerrado puede afectar
gravemente a su derecho a la presunción de inocencia.”

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“En els eleccions presidencials americanes de 1992 Bill Clinton li etzibà al llavors president Bush, que comptava amb els triomfs de l’esfondrament del bloc soviètic i la victòria a la guerra del Golf, “És l’economia, estúpid!”. Va centrar la campanya en les mesures per combatre la recessió, guanyà, les va posar en pràctica, i tinguérem 8 anys de progrés econòmic i democràtic americà i mundial. Clinton ho va fer perquè presidia un Estat, amb el poder, les competències, i els diners per executar les seves decisions. Espanya té Estat propi, “expresión formalizada de un ordenamiento constituido por voluntad soberana de la Nación española, única e indivisible” , però Catalunya no en té, es limita a la Generalitat, “un sujeto creado, en el marco de la Constitución, por los poderes constituidos. Este sujeto no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación constituida en Estado” (sentència passada del Tribunal Constitucional), amb competències subordinades: “la competencia estatutaria sólo podrá desplegarse, ejercerse o tener eficacia real en la medida que respete o no sobrepase las limitaciones establecidas o que vengan a establecerse por la legislación del Estado” (sentència futura del Tribunal Constitucional).”

Alfons López Tena, “És el poder, estúpid” en Avui

Hace casi cinco meses que debería haber entrado en vigor la parte financiera del Estatut, una ley aprobada por el Congreso. Hace más de tres que el President Montilla hizo saber que el acuerdo debía cerrarse antes de fin de año. Y hace menos de una semana que el Gobierno del Reino de España pospuso el acuerdo hasta al mes de Marzo -sí, el mismo en que vamos acrear empleo-. Huelga decir que al fin y al cabo la Generalitat solo se ocupa de minucias como la educación, la sanidad, la seguridad o la ley de dependencia.

Ante todo ello, el blog maketo se suma a la iniciativa “10.000 a Brusel·les“, y recomienda llamar al 93 207 38 11 para contratar una plaza en alguno de los vuelos a Bruselas cuyo objeto es participar en la movilización popular del Sábado 7 de Marzo a las 11 de la mañana en la capital europea. En la web citada pueden encontrar, además, otras opciones de transporte.

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Ya se empieza a notar la mano de Zapatero en la Administración de Obama. No porque hayan caído dos miembros de la nueva administradicón por trapicheos fiscales, no -¿Para cuándo transparencia sobre los ingresos reales de exgobernantes y gobernantes en el extranjero?-. Obama ha condicionado las ayudas de los rescates a la limitación de los sueldos de los altos ejecutivos. Sí, ya sé que el Impostor no ha dicho tal cosa, pero en exclusiva mundial el blog maketo afirma que, en su fuero interno, eso es lo que piensa. Lo que pasa es que el chaval es tímido, y la da reparo decirlo. El que no es tímido es el Ministro Sebastián, que de ser el tipo mejor formado del gobierno está pasando a asumir un papel patriótico que firmaría el Torrente de Segura, mientras la nueva administración estadounidense traslada del papel a la realidad la oposición del documento del G-20 al proteccionismo: aranceles al acero foráneo.
Fuerte verbena catalana esta semana. De un lado, la prensa ha resucitado el muy escandaloso caso de los legalmente conocidos como “informes” -y ontológicamente conocidos como mierda-pinchada en un palo-. Por su parte, la generalitat sigue plantando cara a la crisis, y apoya las Olimpiadas de Madrid 2016. Y para acabar, contratan la seguridad privada a la empresa propietaria del fundador de España 2000. Mientras tanto, Montilla empieza a esquivar parados con el coche en la puerta del Parlament.
Nuevo encuentro del Impostor con los banqueros, del cual nada hay que añadir a la mesurada visión que ofrece Sáez de Ugarte -sí, ya saben, el de Público, el panfleto del gobierno, bla, bla, bla en Guerra Eterna:

“Después de calentarse la boca en un mitin, llegó ayer el día de la reunión en Moncloa con lo más granado de la banca y a Zapatero sólo se le ocurrió el efecto Ikea. Cambiar el mobiliario para que no pareciera que estaba recibiendo a los amigotes (hay que ver cómo se repantigaba Botín en el sofá) y poner unas mesas y sillas, y que pareciera que se trataba de una reunión de trabajo. O mejor, una clase: el profesor en el centro de la sala da lecciones a los alumnos.”
Boadella, el prestigioso y librepensador intelectual con un sueldo adjudicado a dedo por Esperanza Aguirre, valiente denunciador de las intromisiones en la vida privada de los malvados políticos catalanes, ya ha abierto la boca para hablar del show de los espías en el PP madrileño: es una “anécdota” “sin sustancia política”. Eso sí, que nadie se confunda: eso no es un oasis, es un ejercicio de libertad e independencia de opinión.
El Ministro de Trabajo y anti-Inmigración no descansa, y no pierde un solo segundo para pensar en nuevas soluciones contra el paro. La última, expresada después del brutal ascenso del paro en Enero -y que ha dejado en papel mojado sus propias previsiones quince días después de verterlas en público-, da una idea de su capacidad y sus posibilidades de cumplir con el trabajo por el que generosamente le pagamos un sueldo: “dejar de criticar”. Eso sí: como hace un año, como hace 11 meses, como hace 10 meses y así como hasta hace un mes, el gobierno se mantiene firme en sus convicciones y su discurso: “dentro de dos meses se creará empleo”.

El Gobierno del Reino planta cara a la visita del Vaticano. Ya se sabe: fachas, carcas, vota PSOE, etc. Con disfraz y todo, confirma los privilegios financieros y educativos, los acuerdos del Concordato y el carácter decorativo de la futura ley de libertad religiosa.

Por último, un accésit para la política exterior del gobierno. “¿España? Toros, paella, vino, turismo. ¡Ah! Y un enorme crash” o “España es un hedge fund, un fondo de alto riesgo inmobiliario” son según El País dos de las frases de los presentes en el Foro Económico de Davos, celebrado mientras ZP daba mítines para abroncar a la banca y Moratinos trasladaba la soberanía española de las Cortes al Ministerio de Exteriores de Israel. Por supuesto, nadie del gobierno español asomó por allí.

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Como todos ustedes sabrán, uno de los muchachos de ese engendro sucesor del TOP fascista- hoy llamado Audiencia Nacional- ha tenido el detalle de empurar al Gobierno Israelí por un ataque sobre la población palestina hace siete años. Vaya desde aquí un fuerte aplauso para el protagonista de las portadas, así como para sus diferentes voceros.

Antes de empezar, aclaro que estoy en contra de dicha iniciativa por un motivo muy sencillo de comprender: que un estado con una independencia judicial menor que Egipto o Arabia Saudí pretenda inmiscuirse en un caso en el que no hay ciudadano español alguno implicado -más allá de las empresas armamentísticas que se ganan la vida vendiendo a unos y a otros, por supuesto, y que son los únicos que en rigor deberían ser objeto de investigación judicial- alegando una fantasmagórica “jurisdicción universal”(1) es para mear y no echar gota. Sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos a todos los protagonistas de una dictadura de más de 40 años sin juzgar, incluyendo actuales cargos institucionales o en consejos de administración de empresas.

Que ello sea la misma semana en que se da una nueva vuelta de tuerca en el GAL político-judicial contra la izquierda abertzale es solo un pequeño detalle, como es otro pequeño detalle que el gobierno haya confirmado, contra las conscientes mentiras de los que apoyaron la ley de memoria histórica, que esa ley no va a servir para anular el juicio-farsa a Companys -el resto de víctimas del fascismo ya ni te digo, eso sí, sin giliviajes con el Conseller Saura-.

Pero una cosa sí estaría bien o, por lo menos, evitaría esperpentos como verle al pobre Moratinos haciendo genuflexiones ante el gobierno israelí. Llámenme clásico, pero iré a lo fácil. El conflicto político de Oriente Medio es un conflicto que debería ser tratado en Naciones Unidas, que por lo demás tiene varias resoluciones al respecto -incluyendo el apoyo al estado palestino, la partición de Jerusalén y el derecho a la existencia de Israel, entre muchas otras- más que presentables. No estaría de más, mientras tanto, que el brazo político de los GAL, que llegó al poder como garante de la legalidad internacional y defensor de las Naciones Unidas- se aplique al trabajo que el Comité de Derechos Humanos de esas mismas Naciones Unidas encargó al Reino de España en su 94ª sesión, y que resumo brevemente:

“Among others, the Committee expressed concerns regarding disappearances and the fact that the amnesty law of 1977 remained in force. The Committee reminded the State Party that amnesty concerning grave violations of human rights was in contradiction to the provisions of the Covenant. It recommended that Spain abolish the amnesty law of 1977 and take legislative measures to guarantee the non-applicability of statutory limitations to crimes against humanity by the national jurisdiction. Also, a fact-finding commission should be established and the families should be allowed to identify and exhume the bodies of the victims. The Committee was concerned about the large scope of the definition of terrorism in the Spanish Penal Code which could lead to various violations of the rights stipulated in the Covenant. The Committee recommended that Spain define terrorism in a more restrictive manner and ensure that measures taken in the fight against terrorism were in conformity with the Covenant. Taking into account the measures taken by Spain to combat violence against women, the Committee noted with concern the persistence of domestic violence in Spain. It recommended that Spain intensify its efforts in the prevention and the fight against violence against women, in particular domestic violence. Public authorities should provide any assistance needed to the victims.

The Committee noted with concern that cases of torture continued being reported and that the State Party did not seem to have elaborated a global strategy in this regard or taken sufficient measures to ensure eradication of torture. The Committee recommended that Spain accelerate the adoption process of a national mechanism for the prevention of torture, taking into account the recommendations of different organs and international experts, as well as the opinion of civil society and all non-governmental organizations involved in the fight against torture. The Committee was also concerned about the rule « secreto de sumario » following which in a penal investigation, the judge could prohibit partially or totally the access of the defense to information resulting from the investigation. The Committee recommended that the State Party envisage the abolishment of this rule in order to adapt to the jurisprudence reiterated by the Committee according to which the principle of equality of arms meant that the parties did have to have the time and facilities necessary to the preparation of their argumentation, which implied access to the necessary documents. The Committee was concerned about information relating to the situation of unaccompanied children that arrived on Spanish territory and were repatriated without taking into account the superior interest of the child. These children were victims of ill-treatment in the reception centres and sometimes detained in the facilities of the police or the Guardia Civil without the assistance of a lawyer and without being taken to a judge quickly. Spain should make sure that the rights of the unaccompanied children entering Spanish territory were respected. In particular, it should ensure that every unaccompanied child benefited from free legal assistance during the administrative process and more general during expulsion. ”

A todo esto, ya hace más de tres meses que el juez Garzón, en feliz armonía con el Ministerio del Interior como es norma de lo que aquí abajo se entiende por independencia del poder judicial,  empezaron su puñalada trapera a la persecución judicial de los crímenes de la dictadura. La cosa permitió que viéramos en los medios una abundancia de posturitas progres y una no menos abundante sucesión de exabruptos ultras. Los resultados, a la vista.

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De aquí:

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Con todos ustedes, el blog maketo presenta a la revelación de la temporada: Loquilla y los Trogloditas, con su éxito “Ritmo de Pillaje”. Próximamente gira, politonos, merchandising y actos en El Corte Inglés. One, two, one, two, three…

La Cope no lo dice, no, pero esto huele mal.
¿Quien es el tipo tan raro con un disfraz?
Cuando tú estás delante te trato muy normal,
Y a solas te espío hasta el final.

Chorus:
Cualquier noche los cacos -uuuh- de tu callejon
Maullarán a gritos esta cancion:
Porque yo tengo una banda muy liberal, uouoh
Porque yo tengo una banda muy liberal, uouoh

El Mundo no lo dice, no, pero esto huele a GAL -fatal-.
¿Qué es el dossier tan raro con el que vas?
Cuando tú estás delante te trato muy normal,
Y a solas te pongo un micro en el ventanal.

Chorus:
Cualquier noche los cacos -uuuh- de tu callejón
Maullarán a gritos esta cancion:
Porque yo tengo una banda muy liberal, uouoh
Porque yo tengo una banda muy liberal, uouoh

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