Siempre se van los mejores, sí. Hace un porrón de años, cuando el multipropietario de viviendas marbellíes y periodista independiente Antonio Herrero y sus coleguillas llevaron a cabo su cruzada contra los entrañables Mariano Rubio, Roldán, Barriomiedo, Mister X y demás estrellas del firmamento socialista, era poco imaginable que literalmente delante de nuestras narices un tipo como Eduardo Zaplana llevara a cabo la trayectoria que ha descrito en los últimos veinte años hasta acabar -de momento- cómoda y generosamente aposentado en una poltrona de una empresa privatizada a la manera de la Rusia de los 90 -esto es, regalada a los amiguetes de los políticos de turno con contrapartidas tan sencillas de imaginar como las que recibieron los piratas que secuestraron el Playa de Bakio-.
Todo legal, por supuesto.
Para combatir esta sensación de tomadura de pelo, que hace que el pueblo llano llegue a la triste conclusión de que la mezcla del poder político y el de verdad provoque no ya que haya que votar con pinza, sino que se requiera una mascarilla de gas, el gobierno progresista y de la honradez del Impostor se sacó de la manga la Ley de Incompatibilidades.
Como el 90% de las leyes aprobadas por el gobierno ZP, empezando por la de Dependencia, dicha ley no era más que una melonada propagandista para dar de comer a los analfabetos comeperiódicos. Al menos, eso sí, no lesiona derechos fundamentales -como la ley anti-macho, la del tabaco o la del constitucional, entre otras-, lo que no es poco teniendo en cuenta que nos hallamos ante la banda que ha conseguido, con los juzgados saturados y la justicia desbordada, meter en el código penal cosas tales como conducir sin carnet, al más puro estilo de lo menos rescatable de la extinta URSS.
En fin, que era una ley auténticamente guay, de esas de parar a la derecha, con los manolosacos y los praderas dando la matraca día sí y día también con que si Rato, si el otro, etc. El resultado, como no podía ser de otra manera, ya está aquí: el director de la oficina económica de Zapatero -ese ente de naturaleza intrínsecamente corrupta gracias a cuyos trapicheos el Reino de España ha sido vapuleado continuamente en las instituciones de la UE-, al pedir al Ministerio de Administraciones Públicas un informe que le autorice a trincar la presidencia del lobbie de constructores, ha recibido vía libre. El argumento no puede ser más descriptivo, al menos del que lo formula: la patronal de los constructores es “una organización sin ánimo de lucro”.
Y a todo esto, por supuesto, la familia Chaves sigue ocupando la melé de cargos públicos que les son propios desde antes de que Zaplana iniciara, juez mediante, sus primeros contactos con la industria de las telecomunicaciones.
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