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La Conferencia Episcopal va y saca una nota ante las elecciones generales. Sin duda muy ocupados discutiendo si los cabrones de los niños van provocando con esos tentadores pantalones cortos, los obispos van y se limitan a copypastear un documento igualmente nacional-católico, más extenso, que sacaron en Noviembre de 2006, las Orientaciones morales sobre la situación actual de España. El periódico monárquico y nacionalista El País la incluyó en su momento en portada, sin que nadie del PSOE o del Gobierno dijera una sola palabra sobre el particular. De hecho, el titular de El País fue “Los obispos admiten la “indulgencia” con los etarras que abandonen la violencia”. Sin embargo, se lía. ¿Por qué?

Excluyendo la posibilidad de que haya quién crea que la Iglesia Católica o el Consejo Islámico de España no tienen que decir nada sobre las elecciones porque estamos en un país libre, tampoco parece de recibo alegar que una institución que cobra del dinero público debe mantener la boca cerrada en contraprestación. Eso, centímetro arriba centímetro abajo, es lo que les escuchábamos en la pasada campaña a los muchachos Brunete, ya fuera hablando de los actores o de la gente que no tenía derecho a criticar la guerra de Irak si respostaba en una gasolinera.

Parece que el asunto que ha levantado más polvareda es la oposición de la Iglesia a que una democracia entable negociaciones políticas con terroristas. Tiene su gracia, sí, viniendo de una institución que colaboró tan estrechamente con el Regimen fascista con el que los demócratas negociaron -a la muy baja- la Constitución. Pero es una posición nada extrema compartida por, entre otros, el PPSOE y Batasuna, según hizo público en el acto de Anoeta. Huelga decir que, además, en esta materia la posición de la Iglesia y la del Gobierno Zapatero no es que se parezcan, es que son idénticas. De hecho, ni tan siquiera Ansar se atrevió a llevar tan lejos el estado de excepción en Euskal Herria, desde la construcción de imputaciones al intento del fiscal del Gobierno de ilegalizar candidaturas abertzales sin ni siquiera permitir que sus abogados se defiendan en el TS que preside el franquista Hernando.

Con el carnaval ilegalizador al que estamos asistiendo a menos de dos meses de las elecciones, nadie medianamente cuerdo puede creerse que el Gobierno Zapatero crea, ni remotamente, que el terrorismo no debe ser usado como una arma electoral rentable.

Tampoco parece que a todas las almas bellas escandalizadas les haya extrañado en demasía que en el mismo documento la Iglesia alerte contra “los peligros del separatismo”. Debe ser que eso sí lo pueden decir los obispos, puesto que no solo están de acuerdo con el PSOE como en la lucha anti-terrorista, sino que además está públicamente aceptado. Y eso sin hablar de la hondura ética de alguien capaz de escandalizarse porque la Iglesia critique algo efectivamente dañino y contrario a los derechos humanos, como el terrorismo, y haga mutis por el foro cuando se critican opciones políticas que entran en la normalidad democrática de los países de nuestro entorno -me refiero a los de arriba-.

Pero a lo que iba. ¿De qué, pues, tres días de portadas y declaraciones y contradeclaraciones sobre un tema en el que, como sucede con la generosa manera de financiar a la Iglesia con fondos públicos, la Iglesia y el Gobierno opinan exactamente lo mismo?

¿Se debe a un impulso gubernamental para laminar el poder de la Iglesia? No lo parece, puesto que parece lógico pensar que, de querer hacerlo, en lugar de hacer declaraciones, calentar mitines y cocinar titulares, hubiera aprovechado sus cuatro años en el poder para cosas distintas que incumplir lo escrito en la página 100 de su programa electoral en 2004 -”Reformaremos la legislación sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para adoptar un sistema de plazo”-, no hubiera aumentado la financiación pública de la Iglesia y, sobre todo, no hubiera tolerado que las escuelas católicas impartieran Educación para la Ciudadanía como les salga del níspero.

Más bien parece que el escándalo montado pueda ser debido a la necesidad de aparcar temas sin relevancia como el repunte de la inflación, el muy revelador batacazo de las ventas de coches en el mes de Enero, el desigual recibimiento de los 400 que se ha calcado ZP de Bush o la constatación de la profundidad y el acierto de la política europea de Zapatero -el martes, los que mandan en la UE se reunían sin España para afrontar la crisis que viene; el miércoles, Merkel y Sarkozy haciéndose fotos con Mariano; el jueves, Merkel en Mallorca devolviéndole de forma impresentable en los morros a Zapatero el poco talantoso exabrupto del “es una fracasada” con que recibió a la nueva Canciller alemana, todo ello después de haberse comido obedientemente la nueva Constitución sin preguntar al pueblo o al Parlamento-. Sin embargo, ello es una estrategia electoral lícita, calcada a los exitos obtenidos por el Partido Republicano de Bush y su integrista Mayoría Moral, que se comieron el mundo sustituyendo el debate político -el hacer- por el debate sobre los valores y los sentimientos -el ser-. Lo que es menos presentable es que desde el gobierno se promocione un protagonismo desproporcionado de una institución radicalmente anti-constitucional, algo que traerá muchas cosas malas que buenas para el futuro de la democracia española. Cabe preguntarse si, con las ínfimas posibilidades de victoria que tiene el lamentable partido de la oposición en España, hacía falta jodernos el futuro de esta manera.

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