Diario de un aspirante a tertuliano

Los medios de comunicación de este país han superado estos días una prueba para la que desconocíamos si estaban preparados: hablar del Poder con nombres y apellidos. La muerte es lo que tiene. Como todo asunto personal, el fallecimiento del presidente del Banco Santander obliga a preocuparnos por la persona, su trayectoria vital y su papel en la dinastía bancaria del principal grupo privado de la zona euro. Y transmitir el pésame a sus allegados. Pero las ocasiones en que los medios hablan de Emilio Botín son contadas, y con este motivo el trato hacia el personaje «más poderoso de España» no ha sido muy diferente del que cabía esperar de una estructura de medios en la que Santander es parte interesada, accionista o cliente. Todo esto me ha recordado la columna que publicó el periodista Javier Ortiz en El Mundo y que fue la única, según contó, que le hicieron cambiar, le censuraron, en toda su trayectoria. Nombrar a Botín a cuenta de las numerosas manchas en la trayectoria empresarial de su coloso bancario es terreno vedado para muchos periodistas: no es extraño, pues, que el consecuente descrédito del público soberano muestre en las redes sociales la opinión que los grandes medios no mostrarán jamás de Don Emilio.

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Las televisiones autonómicas cumplen un servicio público. Y al mismo tiempo prestan un servicio a los partidos que las manejan como aparatos de propaganda. Esta doble circunstancia parecía un salvavidas frente a la exigencia de recortes en el gasto de las CCAA. Pero la Generalitat Valenciana ha traspasado la línea roja con la liquidación de la RTVV. El cese de emisiones de Canal 9 ha sido justificado por sus ejecutores por la inviabilidad del servicio. Inviable: si así lo es actualmente por la restricción presupuestaria, cabe preguntarse por qué no juzgar el caso RTVV como a cualquier otra empresa que se acoge a la Ley Concursal por la falta de ingresos suficientes para pagar sus deudas. RTVV deja atrás una deuda acumulada de más de 1.200 millones que la Generalitat seguirá pagando durante las dos próximas décadas. Se cerrara o no la TV autonómica, los valencianos tienen que seguir poniendo la pasta del despilfarro de años de mala gestión.

Cuando una empresa es liquidada conforme a un procedimiento concursal, el juez tiene que valorar si las circunstancias que la llevaron al cierre fueron fortuitas, o bien existió una gestión culpable de la compañía. Si en este país nos tomáramos alguna vez en serio la gestión de los presupuestos públicos, el destino del dinero de los contribuyentes sería fiscalizado con la misma severidad que una empresa que quiebra. El administrador que, por sus decisiones, lleva a la ruina una sociedad es declarado culpable del agujero patrimonial creado. Los gestores que han sido responsables del agujero negro de dinero público que ha sido RTVV ni serán juzgados ni pagarán por ello. La quiebra de esta empresa tiene nombres y un solo apellido: el PP valenciano, único beneficiario del servicio prestado por la tele autonómica a su causa electoral.

Liquidar los medios de comunicación públicos es además una prueba de lo rematadamente mal que fueron gestionados, pues ni se ha planteado siquiera la privatización o la externalización del servicio. Se reconoce por tanto que este patrimonio público se tira a la basura, tras años de derroche que dejan una deuda y unos costes de cierre absurdamente altos que deberán pagar los ciudadanos en lugar de quienes son culpables de la mala gestión que ha llevado a la RTVV a la quiebra. La investigación de los contratos firmados por Canal 9 podría servir de ejemplo de lo que debería hacerse con todos los entes que dilapidan dinero público impunemente. Si alguien se pusiera manos a la obra sacando las barbaridades que se intuyen, los gestores se pensarían algo más en el futuro aquello de dejar agujeros patrimoniales de 1.200 millones de euros y a 1.800 trabajadores en la calle.

Cuando cada vez se diseñan menos carteles electorales en papel, el periódico La Razón decide imprimir una tirada completa del domingo con un cuidado cartel de Rajoy en la primera página. Creíamos que los periódicos de partido eran cosa del siglo pasado, pero la crisis de la prensa tradicional está trayendo de vuelta las adhesiones inquebrantables a «los nuestros» en las líneas editoriales. Bueno, en realidad no es muy comprensible la polémica que ha generado la portada de La Razón: en una democracia es normal que los periódicos muestren un apoyo explícito a algún candidato cuando se aproximan las elecciones. Las formas y los argumentos con que se adorne el apoyo, ya son harina de otro costal. Sin embargo, no se entiende que exista en el partido contrario quien se escandalice del favor que le concede a Rajoy un más que reconocido periódico conservador. Mucho más notorios han sido los mimos que le ha concedido durante años El País, el diario de mayor tirada de España, al líder socialista, ¿verdad, José Luis? Tantos y tan valiosos que no se entienden las encuestas que se publican estos días, de verdad que no se entienden.

Desde que se anunció el rodaje de la serie «Crematorio», espero el estreno con ganas de encontrarme con un producto digno, a la altura del relato. Atendiendo a las primeras críticas que han aparecido, parece que así es. Con ser una cuarta parte de buena que la novela de Chirbes, la serie puede hacer historia en TV. Porque además la historia es, valga la redundancia, un trozo de la historia reciente de las miserias de este país, de su corrupción y de su modelo económico. Cito parte del comentario de Albéniz en El descodificador.

“Crematorio” es tan actual que, en un diario como El País, la publicidad de la serie no se ha incluido en las páginas de televisión, comunicación, espectáculos o cultura, sino en las de economía. El pasado viernes, el cartel de “Crematorio” compartia papel (paginas 26 y 27) con las siguientes noticias: “Multa de 51 millones por cartel a nueve empresas de perfumeria”, “Nueva Rumasa aún debe 1,4 millones de euros a Kraft” y “Un estudio sitúa la economía sumergida en el 17% del PIB”.

Los acontecimientos en Egipto se suceden mientras medio mundo contempla esta revolución televisada, que continúa el efecto dominó del mundo árabe iniciado en Túnez. Las redes sociales han activado la protesta contra Mubarak, la oposición ha sido reprimida tanto por la policía en la calle como por el corte de internet y los móviles. Pero la verdadera movilización no es virtual sino en las plazas contra la dictadura que ha impuesto sucesivos toques de queda en estos últimos días con escaso éxito. La tenacidad de los manifestantes está llevando al régimen de Mubarak al borde del precipicio. Independiente de las consecuencias de esta revolución es el hecho de que una cadena de televisión está transmitiendo lo que ocurre en Egipto un paso más allá de aquel eslógan: está pasando y lo están haciendo posible. Porque sin un seguimiento fiel, sosegado y en directo de la protesta egipcia como el que realiza Al Jazeera, quizás la movilización habría tomado otros derroteros o habría sido reprimida por Mubarak. Los deseos de acabar con las dictaduras del mundo árabe se están expresando estos días en muchos lugares del mediterráneo con la señal de Al Jazeera de fondo.