Hace unos días se publicó en El País un artículo de Emilio Lledó cuya lectura despertó mi interés. Y no tanto por las afirmaciones que pudiera asentir por la afinidad de sus juicios de valor con los míos, sino por unas expresiones que me parecieron poco afortunadas en un filósofo y académico de su prestigio y que sólo me explico por la ideología del autor, próxima a la tradición marxista y contraria a la tradición libertaria.
Por una parte, su denuncia de la clase política es necesaria ante el silencio vergonzante de nuestros filósofos y académicos. Cómo no compartir el objetivo de su crítica cuando los políticos que dicen representarnos hace ya tiempo que no ejercen de políticos, porque su idiotez es lo más antipolítico que pueda pensarse, en el sentido etimológico del término idiota, esto es, aquél que pasa de los problemas de sus conciudadanos y vive al margen de los asuntos que preocupan a la ciudadanía, desvinculándose de la suerte de su comunidad. Y lo mismo cabe decir de su denuncia del liberalismo, una ideología que impulsada sin ningún freno moral hace del sistema social que legitima –el capitalismo– el imperio de la injusticia, tal como hoy en día se manifiesta en nuestra vida social con el deterioro de los servicios públicos y el aumento de la pobreza, haciendo pedazos el ya mal llamado estado de bienestar. Tan sólo apuntar una objeción. Como bien me apunta un amigo, los políticos no son en absoluto víctimas de su privatización por parte de los mercados (bancos y corporaciones con identidades personales). Ellos solos se han privatizado. Su propia idiotez ha bastado.
Pero por otra parte, el autor hace una serie de afirmaciones que no comparto por arbitrarias, ya que no hace ninguna matización ni distinción. Su ideología ha podido más que su sabiduría. La primera es poner en la misma cuenta liberalismo y libertarismo. Debería nuestro filósofo y académico no confundir el liberalismo de Esperanza Aguirre o de Fernández Ordóñez con el libertarismo de un Kropotkin, por poner un ejemplo a su argumentación. Si esos idiotas (en el sentido etimológico del término) defienden la libertad del individuo por encima de la justicia social, y quisieran que la educación de la ciudadanía fuese un simple fomento del egoísmo, la avaricia y la sinrazón política, para un anarquista como Kropotkin, en cambio, la igualdad y el progreso social deben ponderar siempre la libertad, y entiende por educación justamente la emancipación de la ciudadanía que reivindica Lledó, en la medida que es la única palanca que puede mover la mente de la ignorancia y las falsas creencias hacia el conocimiento y la verdad, y con ello hacia la justicia social, actualizando de este modo el ideal platónico de la justicia, precursor de todos los ideales políticos comunitaristas, como bien sabe Lledó.
La segunda afirmación que tampoco comparto es su defensa de lo público. La existencia de bienes públicos pudo ser la solución a los problemas económicos en el pasado, pero en la actualidad ya no es la solución. Priorizar lo público frente a lo privado en la búsqueda de una salida a la actual crisis económica y financiera ya no es una evidencia, a la vista del mal uso que se ha hecho de lo público por sus mismos defensores y gestores, al menos en países como España. La solución pasaría más bien por lo colectivo en su relación dialéctica con el mercado. Entiendo por un bien colectivo la propiedad compartida por una asociación libre de personas con fines no lucrativos sino de interés social, tal como se da en una cooperativa.
Tampoco comparto su visión optimista de la educación desde la función pública, porque a la vista de las seis reformas educativas que hemos padecido en nuestra reciente democracia me parece un sarcasmo su implicación, aunque, claro está, todo depende de la finalidad que se persiga. Peros si lo que de verdad se quiere es la emancipación de la persona de toda clase de servidumbres, tal como declara Lledó, entonces es un binomio imposible. Y pongo un ejemplo. En Cataluña las escuelas cooperativas fueron un modelo de ciudadanía y de vindicación de ideales culturales hasta su conversión en escuelas públicas. Ciertamente se garantizó una oferta pública al mismo tiempo que unos puestos de trabajo, pero al precio de la sumisión al poder político de la Administración de turno.
Si alguien se escandaliza con esta afirmación, que diga cuántos profesores funcionarios tienen como finalidad la emancipación del ser humano. Y si existen, que diga dónde están o bien dónde se hacen oír. Si se quiere una educación que sirva a la emancipación del ser humano, ésta sólo puede proceder desde la libertad de pensamiento, y la tutela de un gobierno no lo permite. Porque ya se sabe que el poder corrompe… La reforma educativa que necesita nuestro país es convertir todas las escuelas públicas en cooperativas de trabajo y consumo y concertar únicamente las escuelas cooperativas, y dejar que los alumnos, profesores y padres autogestionen la educación en sus respectivas comunidades. Si se quiere una norma común, basta con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Falta coraje entre los pocos demócratas que quedan en la Administración para promover esta reforma y sobran sindicalistas y profesores preocupados en sus privilegios y no en el interés general y en el progreso social.
Por último, no puedo dejar de señalar que el ejercicio de la filosofía debe ir más allá de los prejuicios de ideologías bien intencionadas pero fracasadas, y que además ciegan el saber. La perplejidad de Lledó ante la servidumbre voluntaria de la población afectada por la idiotez de la clase política se podría disipar si se considera que en los últimos 30 años de democracia y de educación pública en España no se ha tenido ningún éxito en la pedagogía emancipadora, y eso porque no ha sido verdaderamente libertaria ni cooperativa.
Félix
Bueno, estoy de acuerdo, parcialmente, con la idea de que la figura del estado como tutelador principal de los servicios, en este caso la educación, puede derivar en una cierta rigidez, dirigismo, servilismo e incluso autoritarismo. Pero no es menos cierto que ese es el precio que se ha pagado al tratar de limar contrastes socioeconómicos mediante la pública.
Establecer una mayor autonomía en los diferentes grados educativos, sospecho que necesita también de una corrección en lo que atañe a su financiación. Por ejemplo, por el simple hecho de que sería necesario renunciar, ni que sea parcialmente, a los estrictos programas homologados de materias impartidas. Es decir, la hetereogenización enriquece, estoy seguro, pero al tiempo encarece.
Ciertamente, como dice Gekokujo, la educación pública ha servido para extender el derecho a la educación y la cultura a las clases sociales más desfavorecidas. Pero se ha puesto todo el empeño en la inclusión social y se han obviado otros aspectos como la responsabilidad en la transformación de la sociedad para evitar que las desigualdades se reproduzcan en el futuro. El problema radica en la misión de la escuela pública. Si se pretende una neutralidad, las diferencias sociales se perpetuarán. Sólo una cultura cooperativa puede romper esa inercia. El igualitarismo que se perseguía con la escuela pública se fijaba en los contenidos y los instrumentos, pero omitía los fines. Sólo una escuela cooperativa atiende a estos fines si verdaderamente es cooperativista y no una forma espúrea. Y sólo esta escuela, por los fines que la mueven, puede evitar caer en esa neutralidad ideológica de la escuela pública, una neutralidad que no existe en absoluto en la escuela privada. La cuestión es para qué educar. Para que todo el mundo pueda llegar a ser un explotador o para que todo el mundo pueda defender su libertad y alcanzar la justicia. Si vemos los alumnos de las escuelas públicas, sus actitudes y valores, no veremos, al menos en su mayoría, más que la reproducción inconsciente de un sistema social bajo la bandera de la neutralidad. La educación o sirve a la emancipación o sirve a la dominación. No nos engañemos.
Discrepo en la criminalización de la gestión pública. Es cierto que se ha demostrado ineficiente, cara y, en muchos aspectos, mala. Pero la gestión privada no ha demostrado tampoco ser mejor, especialmente cuando se trata de proporcionar servicios universales.
¿La gestión cooperativista? No deja de ser un forma de gestión privada, pues busca beneficios (sean o no económicos) para sus cooperativistas, no un presunto fin social. Y los dirigentes de las cooperativas no están moralmente mejor dotados que los de las empresas privadas o públicas, simplemente buscan unos objetivos personales cortoplacistas (sea cobrar unas primas, llevarte unas comisiones de tapadillo o hacer que los ciudadanos vuelvan a votarte) que muchas veces son incompatibles con la buena marcha de la entidad que dirigen.
En el caso de la educación, una escuela autogestionada por padres y profesores no garantiza una mejor educación ni siquiera que se inculquen unos valores adecuados. Quizá nosotros tengamos claro lo que quisiéramos, pero hay muchas cosas por aclarar, desde el respeto a las opciones minoritarias dentro de la propia escuela como pensar en la formación que podrían proporcionar los de la chilaba o los miembros de la secta de San Escrivá.
Un sistema parecido ya funciona, en teoría, en los centros universitarios de titularidad pública, con el órgano supremo (el claustro) y juntas de escuela compuestos por profesores, alumnos y funcionarios, y con autonomía suficiente para elaborar planes de estudios y proponer titulaciones. Y no se puede decir que el sistema sea precisamente una maravilla, al final acaban mandando los de siempre y con los trapicheos de siempre.
Me temo que el sistema público es, dentro de las posibilidades existentes hoy, la menos mala. Necesita mejorarse, en eso estoy de acuerdo, pero sustituir la tutela estatal por dejar mano suelta a padres y profesores no es precisamente un avance, a menos que se considere como tal la posibilidad de que las niñas estudien «economía doméstica» o «corte y confección» o quede abierta la posibilidad de restringir la admisión de negros y moros.
Las objeciones de Lluís las tengo que considerar con más atención. Pero hay algunas obervaciones que ya puedo hacer sin caer en la precipitación. Ciertamente toda generalización es peligrosa y hasta puede ser tendenciosa. Hay políticos y gestores de la cosa pública ejemplares. Pero no te parece, Lluís, que un caso como el de Grecia es suficientemente ilustrativo. Me puedes decir que Alemania es un contraejemplo. Pero su crecimiento no ha ido acompañado de un mayor bienestar en la población trabajadora, sino todo lo contrario. Y además son los responsables directos de la deuda griega. Así pues, no tengo ninguna confianza ni en los políticos ni en los gestores públicos. Pero esto no es lo mismo que decir ¡viva el capitalismo! En todo caso diría que los defensores del capitalismo están encantados con estos políticos y gestores.
Creo que tienes una visión parcial de las cooperativas. Es cierto que las hay como simples fórmulas jurídicas para pagar menos impuestos y que en la distribución de los beneficios operan igual que una empresa mercantil. Pero estas cooperativas son espúreas en relación a los principios de los pioneros de Rochdale. Las cooperativas con fines sociales son antagónicas al capitalismo. Si lees algunos textos de Joan Ventosa i Roig, uno de los grandes teóricos del cooperativismo, cambiarás de parecer. (Hay una estupenda antología en Curial Ediciones Catalanes de 1980.)
En relación a la educación, en mi artículo he hablado de los derechos Humanos. Por tanto, no cabe ninguna forma de discriminación, como las que tú apuntas. Por otra parte, yo no abogo por una educación uniformadora. En democracia se tienen que garantizar unos derechos de ciudadanía, pero cada comunidad debe ser libre para dar contenidos, aunque no nos gusten por nuestra ideología. En esto soy del parecer de Stuart Mill cuando defiende la libertad individual siempre y cuando no ponga en peligro la paz y el progreso social. De lo contrario, nos metemos en una concepción totalitaria de la vida social. Por lo demás, lo que defiendo no es la privatización de la escuela pública, sino todo lo contrario, su colectivización. En Cataluña tenemos una experiencia histórica positiva en la II República. No es ninguna utopía ni fantasía. Ya se ha hecho y puede volver a hacerse. No tengo ningún problema en aceptar que la titularidad de la escuela sea pública, pero su gestión debería ser colectiva a la manera cooperativista. Siempre será más democrática. No seré yo quien abogue por modelos ideales. Pero tenemos suficientes experiencias para plantear de una forma creíble alternativas al actual modelo de educación pública.
¿podemos empezar a trazar una línea, con tiza, en la pizarra y escribir PÚBLICO en un lado y COLECTIVO en el otro?
Sí podemos. Me pongo a pensar en ello y a fin de no emborronar mucho nuestra pizarra te respondo lo más pronto posible. De momento, un apunte. Lo público representa la disolución del sujeto, prevalece la cohesión de la comunidad. Lo colectivo representa la organización de diferentes sujetos, prevalece la participación y cooperación de los individuos… El modelo lo tienes en dos formas de vida social: el Estado y la cooperativa. El primero no tiene ninguna aptitud cultural ni económica. El segundo sí. El ideal sería hacer funcionar el Estado como una cooperativa hasta su superación.