ACTUALIDAD DE ESPAÑA                          DICIEMBRE DE 2003

29/12/03: 25 años de Constitución

La Constitución española, que fue votada y aprobada (porque no había más remedio) por los españoles el 6 de diciembre de 1978, tiene desde el 29 de diciembre de 2003 unos lustrosos 25 añitos.

Por medio de ese texto constitucional, y a cambio de aceptar una serie de inevitables aditamientos (especialmente, la consagración de una Monarquía constitucional), los españoles vieron cómo les era graciosamente otorgada una estructura jurídica básica mínimamente aceptable. Un Estado de Derecho, vamos. Era, dentro de lo que cabe, relativamente sencillo lograrlo. Téngase en cuenta que el hecho de que la Constitución llegara con un retraso de unos dos siglos (si nos ponenmos trágicos) o unas tres décadas (siendo generosos) ponía las cosas fáciles. Si se desea tener una noción exacta del logro jurídico que representó el texto y del mérito de sus autores, piénsese que los portugueses (apenas unos meses antes) llegaron a una estación de destino constitucional post-salazarista sustancialmente idéntica.

La génesis del texto fue sencilla en sus aspectos fundamentales: copiar partes de la Grundgesetz alemana, fusilar el texto constitucional italiano y, si subsistían dudas de fondo sobre cómo amalgamar las instituciones jurídicas básicas, recurrir a la experiencia portuguesa previa. Sobre esta materia prima (puro "homenaje") se construyó después el entramado propiamente hispánico, con las divertidas características de todos conocidas para contentar y premiar a todos aquellos que, por criptofascistas, tenían que ver reconocidas situaciones absolutamente anómalas y sin parangón en Europa (o si no, ya se sabe, "rompían la baraja"). Esta fue la labor de la ponencia constitucional y sus componentes (orgullosos padres putativos del engendro), que pasean felices por las Españas la gloria de que se hicieron acreedores dejando que, en la práctica, todos los asuntos políticos conflictivos los zanjaran Alfonso Guerra y Abril Martorell.

Evidentemente, la Constitución de 1978 constituyó un avance sin igual. Las concesiones a la caverna para lograr que se nos permitiera vivir en una democracia fueron asumidas incluso con alegría. Eran un mal menor. Fruto de lo cual en la actualidad subsisten problemas de fondo jurídico en nuestro texto constitucional ciertamente exóticos, que sólo a medida que ha ido pasando el tiempo, y gracias a lanormalización de las cuestiones más básicas y acuciantes, han acabado por ser menos soportables. Afortunadamente, pueden repararse y pareciera que es España ya un país suficientemente ahormado como para afrontar el reto (esperemos). Liquidado el fervor nacionalcatólico y moderados los obispos, quizás haya llegado el momento de replantear de una vez, de manera sensata, la reforma del modelo constitucional de relaciones Iglesia-Estado (con especial mención al esperpéntico artículo 27 de la Constitución -que es la proclamación más extensa del derecho a la educación de cuantos textos constitucionales hay en el mundo, fruto de sus peculiares concesiones-). Superados traumas españolisto-golpistas, podríamos afrontar sin traumas la necesidad de construir una estructura de reparto territorial del poder con pretensiones de estabilidad, sin miedo a afectar a la Unidad de la Patria, que superara el Título VIII actual. Incluso, 25 años de evolución permiten comprender que la táctica de dar a quienes se niegan a jugar en igualdad de condiciones podría replantearse hasta para el País Vasco, cuyo tratamiento exquisito a cargo de los constituyentes (por medio de la famosa Adicional Herrero de Miñón) lo convierte en uno de los cuatro ases de esta peculiar baraja de aprovechados junto a Iglesia, Ejército y, por supuesto, la Dinastía. Porque el Título II, dedicado a los Borbones, es un homenaje a la especificidad española ciertamente notable: tenemos el dudoso honor de ser el único país del mundo que a lo largo del siglo XX ha instaurado constitucionalmente una Monarquía hereditaria, modificando la legalidad jurídica anterior (que o bien era una República, o bien un autoritarismo con una ley de sucesión ajena a cualquier deriva dinástica, como demuestra la propia designación del hoy Jefe del Estado, designado por el Caudillo como tal, y posteriormente ratificado en el puesto como rey Juan Carlos I.

25 años de Borbones instaurados legítimamente porque no había más remedio (la latente amenaza del "o esto o..." convirtió el voto afirmativo a la Constitución y la entronización del heredero del Caudillo en una salida sensata) son suficientes para concebir al país suficientemente maduro, hoy en día, como para que se le permita reflexionar sobre la forma de Estado.

Esta madurez es, por otra parte, una realidad por mucho que ubsista en España un papanatismo constitucional que, gracias a Aznar y sus gentes, está empezando a ser residual. Es hasta cierto punto lógico el infantilismo con el que los españoles hemos venerado un texto constitucional que, por todo lo dicho, tuvo el gran mérito de situar al país, a nivel político y jurídico, en un punto más o menos acorde con los tiempos. Fue un salto de casi un siglo y la repentina llegada de un Estado de Derecho. Lo que no era moco de pavo porque se trataba de una innegable novedad histórica, más allá de los agitados años de la II República. De ahí que la Constitución del 78 se haya visto casi como algo sagrado, intocable, inviolable, inmutable, eviterno. No obstante, y tras haber logrado que la derecha franquista abandonara su resistencia a aceptar las nuevas normas del juego, situando al PP en la Constitución, Aznar está empezando a conseguir que, paralelamente, quienes ya habían aceptado desde sus inicios el orden constitucional, la democracia y el régimen de libertades que éste trajo consigo, transformen su devoción infantil en un constitucionalismo maduro, donde cabe la crítica, la reforma y la mejora.

Es la mejor constatación que podemos hacer hoy, 25 años después de que España se dotara de una Constitución democrática por segunda vez en su Historia (al margen, claro está, de que no haya habido una Segunda Cruzada, en esta ocasión): vivimos en un Estado de Derecho donde la aceptación de unas bases mínimas para armonizar la convivencia es prácticamente unánime y en el que además, por fin, estamos empezando a alcanzar la mayoría de edad suficiente como para poder discutir y analizar mejoras, sin miedos ni absurdos respetos reverenciales.

ABP (València)