Toni Comín ocupa un escaño en el Parlament de Catalunya en el grupo socialista. Comín, que tiene vida profesional al margen de la política, pertenece a Ciutadans pel Canvi, el partido impulsado por un President Maragall al que cada vez le ha costado más aceptar las servidumbres que se siguen de la partitocracia española. CpC apostó por relevar al pujolismo de la presidencia de la Generalitat, y lo hizo reuniendo a gentes que han dedicado más horas a formarse intelectual y personalmente que a medrar en los aparatos de los partidos. Con los resultados conocidos, snif. Previamente al acuerdo entre Mas y Zapatero, Comín se mostró dispuesto a colaborar en este brillante especial que tiene usted delante de la pantalla, y a hacerlo con un artículo escrito en el XXV aniversario de la Constitución, con nada más que un par de retoques. En él Comín observa la transición española desde ese punto de vista republicano que desapareció un Sábado por la tarde en la Moncloa y que caracterizaba al Estatut, esto es, desde el punto de vista de una muy constructiva, e incluso algo tibia, crítica. Ahí va el artículo:

¿Pagar dos veces el precio de la Transición?
Se celebra estos días el 25 aniversario de la Constitución, ese pacto político que permitió sentar las bases para una convivencia democrática estable, por vez primera en la historia de la sociedad española. Nacido a principios de los años setenta, soy miembro de la primera generación de ciudadanos que ha podido desarrollar toda su vida civil en un régimen político normalizado, comparable al de cualquier otro país europeo. Formo parte, en sentido cronológico, los “primeros beneficiarios” de la Constitución. En consecuencia, lo que hicieron muchos de nuestros mayores durante la transición merece nuestro decidido homenaje: gracias a su lucha contra la dictadura franquista, primero, y a su capacidad para el consenso, después, nosotros hemos crecido en una sociedad de libertades y derechos. Sin embargo, precisamente esa perspectiva inédita que nosotros inauguramos nos invita a reconocer la Constitución y el orden democrático que encarna como la normalidad, más que como una meta arduamente perseguida. En este sentido, nuestra generación no teme por la “fragilidad” de nuestra democracia; más bien se siente libre para acometer la crítica de aquellos aspectos de nuestro sistema político que nos parecen demasiado imperfectos.

Juzgada desde su propio momento histórico, la transición merece, para muchos de los miembros de mi generación, una valoración positiva: el modo más seguro de alcanzar una cierta normalidad política, viniendo de donde veníamos, era posiblemente el camino del reformismo y el consenso, en virtud del cual todas las partes, aquellas que procedían de la dictadura y aquellas que provenían de la resistencia contra el franquismo en sus diversas formas, cedieron en asuntos trascendentales para cada uno de ellos. Sin embargo, juzgada desde hoy, 25 años después, la transición nos merece un juicio bastante más crítico. Porque nuestra metodología a la hora de desarrollar un juicio histórico es inevitablemente distinta: no comparamos nuestro presente democrático con su inmediato pasado, sino con los principios y el estilo que, a nuestro parecer, deberían informar cualquier sistema democrático maduro. Entendemos que el precio que pagaron las fuerzas provinentes de la lucha por la democracia, durante la transición, para alcanzar el consenso, valorado desde hoy, parece muy alto. Bien pagado estuvo este precio, quizás, en su debido momento. Pero hoy nos preguntamos: ¿debe seguir pagando este precio también nuestra generación?

Para muchas personas de mi generación, las distintas fuerzas que pactaron la constitución no eran depositarias de idéntica legitimidad, como si se tratara de dos contendientes en una situación moralmente simétrica. Unos procedían de la subversión contra un orden democrático legítimo, mientras que los otros eran los herederos de aquel orden constitucional subvertido por las fuerza de las armas. Algunas de las concesiones que hicieron hace 25 años las fuerzas democráticas ya fueran de izquierdas, nacionalistas o simplemente demócrata liberales nos parecen hoy no sólo dolorosas, sino extremadamente perniciosas para la calidad actual de nuestro sistema político. Y hoy, en virtud de aquella asimetría moral de origen, creemos que deberían ser corregidas. Nos referimos fundamentalmente a dos de ellas.

1) La renuncia a saldar las cuentas con nuestra memoria histórica y la amnesia colectiva. En 25 de democracia, el debate público sobre las responsabilidades relativas al Alzamiento, la Guerra Civil y la dictadura franquista fue secuestrado, para no dañar la consolidación de las libertades nacientes. Durante su presidencia, Felipe González quiso atender el consejo que le diera el general Gutiérrez Mellado: “Hasta que nuestra generación no haya muerto, no se puede abrir el debate sobre la guerra civil, porque nosotros fuimos sus protagonistas y sus víctimas”. Sin embargo, en virtud de esta prudencia España debe ser seguramente uno de los pocos países del hemisferio occidental que no ha ajustado las cuentas, en el mejor y más sano sentido de la expresión, con su pasado totalitario.

Si miramos los distintos grupos de países que han pasado por una etapa de totalitarismo a lo largo del siglo XX, veremos que, de un modo u otro, todos han hecho algún tipo de condena histórica de su pasado: Alemania e Italia pasaron por los juicios de Nüremberg; en Portugal hubo la “revolución de los claveles”; Argentina y Chile, que de entrada hicieron una transición a la española, han terminado por hacer justicia a través de los tribunales, con los procesos a Videla y a Pinochet; y los países del Este, a partir de 1989, hicieron su condena explícita de los regímenes estalinistas. Por último, de entre todos los modelos de transición de un régimen dictatorial a otro democrático, quizás sea Suráfrica, con su Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el mejor ejemplo de cómo la revisión histórica y la justicia que ésta exige se pueden poner, cómo no, al servicio de la convivencia futura.

En España no ha habido nada semejante a una condena histórica del franquismo, pública y solemne, porque las circunstancias no lo permitieron. Volver sobre los pasos de nuestra memoria, veinticinco años después, podría parecer un ejercicio estéril. Si no fuera porque creemos que es precisamente esta amnesia colectiva lo que explica la actitud de la derecha española de hoy: a menudo da la impresión de que, en lo más profundo de su conciencia, no ha roto los vínculos afectivos con sus antecedentes totalitarios, lo cual es gravemente preocupante para una democracia normal. Hechos como la negativa reciente del PP a participar en el homenaje a las víctimas del franquismo en el Congreso; su obstruccionismo a las excavaciones de las fosas comunes de la guerra civil; las subvenciones a la Fundación Francisco Franco o la condecoración póstuma a Melitón Manzanas, una persona directamente implicada en la tortura de presos políticos durante la dictadura, indican una desfachatez preocupante, por parte del PP, a la hora de tratar con nuestro pasado más doloroso. La única buena noticia que nos ha dado el PP en este sentido es su apoyo a la resolución del Congreso, de otoño del 2002, de condena del Alzamiento.

Nos tememos que, todavía hoy, la derecha española siga dando por buena aquella frase del ministro de Franco, Laureano López Rodó, según la cual la democracia no podía llegar a España hasta que el país alcanzara los 1000 $ per cápita. Si nuestra derecha se reconoce en esta frase, señal que su juicio histórico de la dictadura es básicamente benevolente y que debe pensar algo así: “España tuvo franquismo mientras hizo falta y la democracia no llegó hasta que estuvimos preparados para ella”. El franquismo no sería, para el PP, una tragedia y un error histórico. ¿Vienen de ahí sus tics cainitas y maniqueos, que la incapacitan cada vez más para gobernar nuestra sociedad sin socavar permanentemente las bases de la convivencia? En cualquier caso, no creemos que el consenso constitucional, en una democracia sana, pueda estar fundado sobre un desacuerdo tan fundamental a la hora de juzgar el episodio más determinante, en sentido negativo, de nuestro pasado.

No es nuestra función llevar a cabo un psicoanálisis de la derecha española. Sí lo es, en cambio, exigir un justo lugar para la memoria histórica en los fundamentos de nuestra vida colectiva. Creemos necesarios y oportunos algunos gestos simbólicos, como por ejemplo, una acto solemne de condena: a) del Alzamiento, como un acto de sedición contra el legítimo orden constitucional; b) de la guerra civil y de las atrocidades que en ella se hicieron en los dos bandos; y c) del franquismo y de la represión que durante décadas ejerció un bando, el ganador, en contra del otro. También, como han reclamado algunas voces, sería positiva la creación de un Museo de la Guerra Civil, de la misma manera como la antigua cárcel de Robben Island de Sudáfrica, el más duro centro represivo del apartheid, o los antiguos campos de concentración nazis en Alemania son, hoy, museos consagrados a la pervivencia de la memoria histórica. Son símbolos de una reconciliación no basada en el olvido sino en el perdón.

2) La comprensión de la unidad del Estado como una imposición. En una sociedad democrática en la que conviven pueblos diversos e identidades plurales, nadie debería cimentar la unidad de la comunidad política al margen de la voluntad de los distintos pueblos de permanecer unidos. Esto vale muy especialmente para un Estado plurinacional como el español. Supuestamente, nuestra Constitución intentó resolver este problema por medio del reconocimiento de la unidad en la diversidad de la que habla su artículo 2. Sin embargo, algunos estudios académicos demuestran hasta que punto el artículo 2 de nuestra Constitución, cuando habla de la “indisoluble unidad de la Nación española”, fue redactado bajo atenta mirada de la cúpula militar franquista de entonces. Es fácil que la unidad de España, como obligación inquebrantable, aparezca a los ojos de las naciones periféricas como un resto franquista de nuestra Constitución. Y esto, con todo el respeto, no es fundamentalmente un problema de las naciones periféricas, sino del texto constitucional o, en todo caso, de nuestra historia reciente.

Entendemos que este “vicio de origen” de nuestro texto constitucional a la hora de afrontar el dramático problema territorial se compensó, durante las primeras décadas de la democracia, con un determinado espíritu de acuerdo con el cual todo el mundo renunciaba a su programa de máximos: los nacionalismos renunciaban al separatismo, y los partidos de ámbito español renunciaban al centralismo puro y duro. En medio, quedó un terreno propicio para el impulso del Estado de las autonomías. Sin embargo, hoy el PP de Aznar se aferra al texto constitucional como si fuera un tótem y enarbola la unidad del Estado como un arma arrojadiza y como un elemento de confrontación. Pero la realidad es como es, y hay cosas que no se pueden imponer, ni siquiera por las malas. “La maté porque era mía”: ésta parece ser la actitud del PP con la unidad de España, porque nunca había estado tan en riesgo como ahora.

El PP, pues, ha sido el primero en romper implícitamente con la Constitución, no con su letra pero sí con su espíritu, puesto que en algunos aspectos ha recuperado el programa de máximos de la derecha predemocrática en lo que a la cuestión territorial se refiere. No es de extrañar que en el País Vasco y en Cataluña los proyectos soberanistas o independentistas no cesen de ganar adeptos. La derecha española, en su versión neocentralista aznariana, ha sido primera en recuperar su programa de máximos y con ello ha abierto la veda para que lo recupere todo el mundo, cada cual el suyo. Entendemos, pues, que otro déficit de la transición fue no poder dejar bien sentado que los pueblos de España, si están unidos, que lo están, es porque quieren, no porque nadie les obligue a ello.

Creemos que, de un modo u otro, ambos problemas están relacionados. Que si el PP ha roto con el espíritu constitucional es porque, en lo más profundo, todavía no ha roto con su pasado franquista. La izquierda y los nacionalismos fueron generosos con las fuerzas políticas procedentes de la dictadura en el momento de la transición. De hecho, no tuvieron más remedio: la correlación de fuerzas era la que era, por mucho que las legitimidades democráticas fueran asimétricas. No se pudo exigir un arrepentimiento histórico a la derecha franquista y, por esto, hoy, sus herederos, en cuanto se han encontrado con una mayoría absoluta entre las manos, han sacado del armario algunos de sus peores fantasmas. Aznar empezó su asalto a la presidencia del gobierno citando de Azaña, en un gesto muy hábil, pero se va leyendo a Pío Moa, este historiador que justifica la legitimidad del Alzamiento. Toda una parábola.

Nuestra generación, crecida en democracia, no quiere seguir pagando estas hipotecas de la transición. En un acto de responsabilidad histórica del que nosotros hemos sido los mayores beneficiarios, nuestros mayores las asumieron. En un acto de responsabilidad histórica, nuestra generación debería ser capaz de levantarlas, con sosiego pero con firmeza. Porque tenemos derecho a ir purificando nuestra democracia de las peores adherencias de nuestro pasado. Y para que la falta de memoria histórica no permita a la derecha, cuando llega al poder, el desprecio impune de algunos de los elementos más válidos de nuestro espíritu constitucional.