Se ha acabado la legislatura. Definitivamente. Parece ser que el 9 de marzo de 2008 habrá elecciones. El Congreso dedicará los 50 días de trabajo que le quedan por delante para aprobar bastantes leyes, pero todas ellas están ya políticamente amortizadas, resta sólo confirmar que serán votadas por una mayoría suficiente (lo que parece, incluyendo a los Presupuestos para 2008, más o menos ya conseguido). Los partidos políticos, y especialmente el PP y el PSOE, llevan ya varios meses engrasando sus maquinarias electorales, pero es a partir de ahora cuando de verdad comienza a todos los efectos la precampaña. Y la actividad política española pasa, desde ya, a girar única y exclusivamente en torno a las elecciones de 2008. Vamos, que la legislatura se ha acabado. Sin embargo, no se notan demasiadas diferencias, dado que la presente legislatura adolecía de un pecado original que la ha condenado a ser una constante representación de campaña. No es que ahora, por la proximidad de las elecciones, ciertos acuerdos o pactos, la defensa de ciertas posiciones, sea inconcebible. Es que, desgraciadamente, lo ha sido durante los últimos años, desde el mismo día 15 de marzo.
Por este motivo puede decirse ya que, desde muchos puntos de vista, han sido cuatro años perdidos. La más acabada prueba de ello es que, de alguna manera, las elecciones de 2008 son una especie de segunda vuelta de las de 2004. Los atentados del 11-M y la muy particular gestión de los mismos que realizó el PP en esos días todavía en el poder, empleándolos como la más acabada prueba de que el gran asunto español era ETA, su vocación sanguinaria, la necesidad de combatirla con fiereza y, muy especialmente, la importancia de denunciar como cómplices de sus actos a todo el nacionalismo periférico (y de paso a sus aliados coyunturales, desde el PSC al PSOE) iniciaron la legislatura. La discusión a cuenta de la sentencia, que ha hallado responsables de la misma a personas vinculadas a movimientos islamistas radicales descartando radicalmente la participación o colaboración de ETA, cierra definitivamente cuatro años dedicados a perder el tiempo en esta miserable discusión con un hermoso colofón de lo más simbólico. Estamos, al final, exactamente como al principio.
Las elecciones de 2004 fueron un asunto desgraciado. Obviamente, no hay ningún motivo para dejar de votar por el hecho de que haya un atentado o de que ocurra cualquier otra desgracia, por grande que sea (siempre, claro, dentro de una magnitud que permita a la gente, al menos, votar con libertad y seguridad). Pero no es sano que unas elecciones ocurran en una situación como la que siguió al 11-M. No por el atentado. Por otras cosas. Por tener a un Presidente del Gobierno llamando a los medios de comunicación españoles (que le hicieron caso todos a una) e internacionales (que, lógicamente, no) para leerles la cartilla.
Por haber asistido al espectáculo de que el Gobierno en pleno saliera a cargar con la responsabilidad del atentado, más allá de toda prudencia pero, sobre todo, haciendo caso omiso de las crecientes evidencias en sentido contrario, a quienes mejor convenía desde su trinchera política y desde el discurso a partir del cual habían pretendido plantear la campaña electoral. Por haber sido convocados, como ciudadanos, por el Gobierno, a manifestarnos no tanto para expresar nuestra repulsa como para condenar a quienes, desde legítimas opciones democráticas, planteaban la conveniencia de ciertas reformas constitucionales respecto de la organización territorial del Estado. Por haber sido tachada una parte crecientemente amplia de la población (a medida que la información de los medios internacionales se filtraba en España, así como a cuenta de la evolución del trabajo policial, radicalmente imposible de cohonestar con la obsesión política de cargarle a ETA los muertos) de “miserables” por simplemente dudar de la versión oficial que, a la postre, resultó una impresentable engañifa. Por leer a pocas horas de la apertura de las urnas a un candidato a Presidente del Gobierno asegurar a los ciudadanos que sí, que había sido ETA, en manifestaciones tan desacertadas en su contenido como inoportunas a la luz de la que ha sido siempre nuestra tradición en materia de prudencia electoral durante las jornadas de elecciones o de reflexión.
Por todo ello, la verdad, era de prever que las elecciones del 14 de marzo de 2004 iban a ser algo más bien desafortunado. Así, con acontecimientos de tal gravedad democrática y que se suceden con tamaña rapidez, es muy complicado votar. Y aunque los resultados supusieron la más fuerte depuración política de responsabilidades de quienes se embarcaron en semejante dislate, las cosas no mejoraron. Estos resultados permitieron, sí, cumplir con esa función, lo que facilitó cerrar la que habría sido una dolorosísima exigencia de responsabilidades a quienes, voluntariamente o por incompetencia, se liaron la manta etarra a la cabeza. Pero a costa de cumplir tal función era evidente que iban a quedar deslegitimados desde el primer día. Votar en estado de shock como consecuencia de estar viviendo los sucesos más delirantes que la democracia española ha tenido que vivir, con todo un Gobierno empecinado en hacer tragar a la ciudadanía, siquiera fuera hasta el día 14 de marzo, una sucesión de mentiras de antología no es la mejor de las situaciones. Porque, de alguna manera, acaba provocando que toda la discusión política posterior se centre en determinar si, en efecto, tal castigo fue acertado o injusto. Y desplaza cualquier debate político de otro signo. Con el agaravante de que la inmediatez del juicio del 14-M permite a todos albergar la esperanza de que, con el follón más reposado, las cosas habrían sido diferentes.
Así hemos pasado cuatro años que, en realidad, no han servido sino para dejarnos en el mismo punto de partida. La gente del PP, incluso sus miembros más responsables, tiene la sensación de que perdieron el poder de manera injusta, pues los ciudadanos no votaron sino el rechazo a lo que ocurrió esos días. Así que, desde el mismo día en que se conocieron los resultados, ha crecido una larvada oposición al reconocimiento mismo de la legitimidad de la actual mayoría. Y, de esta forma, el clima político durante toda la legislatura ha sido sencillamente irrespirable, con un Gobierno tratando de ir capeando el temporal y una oposición obsesionada con vindicar el papel de los suyos esos aciagos días de marzo.

Obviamente, la legislatura ha servido para mucho, al menos desde la óptica de la actual mayoría: han aprobado muchas leyes (todas ellas, además, sin apenas problemas para articular amplias mayorías) algunas de las cuales tienen una importancia indudable y han avanzado enormemente en la puesta en marcha de medidas de todo orden de las comprometidas en su programa electoral. Pero ha sido a costa de un desgaste institucional y ciudadano, de una fractura social y política, verdaderamente nefasta e incomprensible en tiempos de bonanza y tranquilidad. Los numerosos puentes rotos, los consensos destrozados, las instituciones estatales utilizadas como campos de batalla e incluso la destrucción hasta cierto punto de la convivencia ciudadana pacífica entre quienes pensamos de forma diferente son el legado de estos cuatro años, como consecuencia de que, entre todos, no supimos cerrar bien lo ocurrido en marzo de 2004.

Cuatro años después, al fin, los ciudadanos vamos a poder votar. En lo que todos, PP y PSOE, van a plantear como la segunda vuelta de las elecciones del 14-M. Unos comicios donde, inevitablemente, de algún modo, va a ser difícil sustraerse a esa lógica, con una clase política que pide a la ciudadanía que confirme o desmienta el juicio político que sobre la gestión del Gobierno de Aznar en esa crisis (avalada por cuatro años de liderazgo de Rajoy en el PP, dedicados esencialmente a defender que nada hay que objetar respecto a lo que si hizo en esos días) ya hicimos el 14 de marzo de 2004. Es una pena, una desgracia. Una más. Un ejemplo adicional del lamentable contexto político en que se ha desenvuelto esta legislatura desde el primer día. Cada cual, más o menos, tenemos claro quién es responsable (o más responsable) de que así haya sido. Al fin, en unos meses, podremos dejarlo claro. Y al fin, si gana de nuevo las elecciones el partido socialista de Rodríguez Zapatero, podremos aspirar a la normalización del debate político mientras gobierne ZP. Del mismo modo como, sin duda, un Gobierno encabezado por Rajoy salido del las urnas en marzo de 2008 podría, también, disfrutar de un clima político normalizado.

La verdad, ya era hora. Por fin nos libraremos del nefasto contexto en que vivimos desde las elecciones de 2004, no por ellas en sí mismas ni por sus resultados, sino por haberse celebardo en un entorno de ejercicio de irresponsabilidad política gravísima que ha sido imposible borrar, a la vista está, a lo largo de toda la legislatura. Bienvenida sea, pues, la segunda vuelta de las elecciones de marzo de 2004. Aunque uno hubiera preferido, ya puestos, que ésta hubiera tenido lugar en mayo o junio de ese mismo año, por poner un ejemplo, nunca es tarde si la dicha es buena.