Se me hace raro ver a mi Presidente del Gobierno encabezando manifestaciones. Por no hablar de lo extravagante que me resulta que las convoque. Pero es una anomalía muy española eso de que sean los propios jefes de gobierno, estatal o autonómicos, cuando no incluso la familia del Jefe del Estado, quienes encabecen manifestaciones. Trato de recordar casos semejantes en países de nuestro entorno, para compulsar si mi mala sensación respecto de esta costumbre tiene algo de lógica, y la verdad es que no me vienen a la mente ejemplos parangonables. Pero tampoco lo aseguraría. A lo mejor es que, simplemente, no he sabido de tales eventos ni los he seguido.

El principal motivo de desconcierto no es, por ello, lo que hagan o dejen de hacer otros. Es que no entiendo qué sentido tiene en una democracia que el gobierno salga a la calle a protestar. Digo en una democracia porque en sistemas totalitarios sí que hay una lógica en montar y encabezar marchas, incluso bajo palio. A lo mejor es ése el motivo de que aquí sigamos con la costumbre, una simple mala digestión de las emocionantes concentraciones en loor del Caudillo.

Pero la tendencia de nuestros gobiernos a ocupar un espacio que no tiene sentido que busquen, dado que tienen en su mano todos los resortes necesarios para transmitir su mensaje (el poder ejecutivo, la sintonía con el ejecutivo, los medios de comunicación públicos…), no cesa. Por no mencionar que no sólo es que dispongan de medios para hacerse oír, es que también disponen de medios, y muchos, para actuar. Lo cual, por cierto, es su obligación: ponerse manos a la obra. La enfermiza espiral de concentraciones y manifestaciones convocadas por el lehendakari o el presidente de turno se repite según el ritmo marcado por ETA. Pero cuando no se trata de la violencia tribal aborigen, cualquier excusa sirve: el terrorismo islamista (bueno, en realidad la megamanifestación oficial de repulsa del 11-M fue también centrada en la condena a ETA, pero da igual, también habría habido manifestación si la línea preponderante de atribución politica del crimen hubiera sido otra), el 23-F…

El Gobierno, en el mejor de los casos, sólo transmite impotencia con este cultivo de la manifestación institucional. ¿Tan poca fuerza, tan poca capacidad se tiene que se ha de recurrir a protestar como lo hacen los ciudadanos que no tienen más que su voz? Desgracidamente, no se trata sólo de eso. Se trata de una lamentable tendencia a pretender ocupar todo el espacio público y a dirigir todas sus manifestaciones, a controlarlas. A institucionalizarlas. Es inevitable que, ante tal actitud por parte del Gobierno, la oposición recele y, en justa contrapartida, maniobre y se posicione frente a estos actos a partir de cálculos estrictamente electoralistas. ¿Acaso puede alguien criticar por partidista tal actitud cuando tenemos a gobiernos montando manifestaciones?

Esto de las manifestaciones convocadas por gobiernos es una cosa muy española. Como las huelgas de estudiantes. O que la Seguridad Social monte un régimen para los autónomos dependientes. Situaciones absurdas en sí mismas, que no fortalecen el ejercicio del presunto derecho en que se amparan sino que, rectamente entendidas, lo debilitan en gran medida. Las manifestaciones, la protesta pública en la calle, el envío de mensajes y la participación en el debate público por medio de la concentración de personas, cuantas más mejor (así como recurriendo a su conteo imaginativo), es un recurso propio de quienes no tienen otros cauces para expresarse eficazmente. Por eso lo es, en condiciones normales, de grupos ajenos a la política institucional. Puede ser empleado, dentro de la lógica del recurso, por la oposición, incluso, cuando busca demostrar que tiene un importante respaldo ciudadano en algunas de sus posiciones críticas que juzga de especial importancia. Pero, ¿qué pinta un gobierno convocando a los ciudadanos a manifestarse? ¿qué pinta un Presidente del Gobierno en la cabecera de una manifestación?