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Valencia, 15 de mayo de 2007. Palau dels Cervelló (sede del archivo de la ciudad y otras dependencias municipales).
Por si es necesaria una visión ampliada que confirme que, efectivamente, el lugar es el indicado:
¿Es necesario explicar que no está bien que un Alcalde o un partido político utilicen dependencias municipales para colocar su propaganda política? ¿Que no es decente utilizar la fachada de la casa consistorial o de alguna de sus nobles dependencias para colgar los carteles que piden el voto para el Alcalde? ¿Es necesario explicar el motivo de que algo así esté mal?
¿De veras alguien considera necesario, ya que esto es un bloc dedicado a tratar cuestiones jurídicas, que me moleste en traer aquí el concreto artículo de la ley electoral que prohíbe emplear las fachadas de edificios públicos para hacer propaganda partidista? ¿Que me dedique a buscar la jurisprudencia que dice que en campaña electoral los edificios públicos han de ser más estrictamente neutrales si cabe que de ordinario? ¿Es, lo cree alguien, necesario?
¿Es necesario indicar cuán anómalo es que algo así pase totalmente inadvertido en un edificio céntrico de la ciudad y tan eminente como el Palau dels Cervelló (probablemente la sede más «señorial» del Ayuntamiento de Valencia)? ¿Es necesario explicar con detalle cómo de reveladoras son estas actitudes de patrimonialización de los bienes de todos y de la cosa pública?
Probablemente, y es una suerte, a estas alturas nada de esto es ya necesario. Porque casi toda la población española está en el siglo XXI y lo entiende a la perfección. Lo lamentable, en cambio, es que mientras tanto una parte muy importante de la clase política siga instalada en el XIX y pretenda aprovecharse del poder y patrimonializarlo en beneficio propio con tanto descaro. Incluso en las cosas más nimias, sí, pero también más reveladoras.
Ahora bien, sí creo que es necesario, sin embargo, hacer una mínima referencia a una cuestión jurídica y muy importante: la permisividad con la que nuestro Derecho trata estos y otros fenómenos (mucho más graves y menos anecdóticos que la foto de arriba, aunque probablemente no tan hermosa y claramente ilustrativos), la laxitud de la que los órganos que han de controlar estas cuestiones hacen gala.
Porque lo que sí que es necesario señalar, por alucinante, es que los carteles de marras están prácticamente, como quien dice, en la calle de detrás de la sede de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana y frente al domicilio (en el Palacio de Justicia) de su Presidente. Esto es, que al igual que yo esta mañana, cuando volvía a mi casa para comer, los he visto y no salía de mi asombro, los sujetos que pertenecen a tan beneméritos órganos encargados del cumplimiento de las normas electorales los tienen, a su vez, que haber visto. Especialmente en el caso del Presidente porque, de verdad, ¡están delante de sus narices!
Y esto lleva a que uno se haga una pregunta. ¿Para qué sirven estas juntas? ¿Para qué sirve la regulación electoral? ¿Por qué nuestro Derecho, ya de por sí generoso con el poder establecido, ni siquiera se aplica con un mínimo de rigor? ¿De dónde viene esta cultura política tan poco respetuosa con los ciudadanos y las instituciones?
Las Juntas Electorales son instituciones profundamente ineficientes y opacas. Lentas, paquidérmicas y anquilosadas. Y es algo inevitable porque, por su composición y régimen de medios materiales e intelectuales, lo cierto es que disponen de muy pocos recursos para hacer bien su trabajo. En una sociedad como España, en 2007, es imposible encontrar en Google la página web de la Junta Electoral Central porque, sencillamente, no existe. Es dificilísimo saber quiénes son sus miembros, porque esta información ha de obtenerse por los cauces tradicionales, de hace décadas, que eran eficaces para disponer garantías útiles a los actores del juego político de la época (muy pocos) pero que son profundamente insatisfactorios en una democracia donde los ciudadanos tienen en su mano participar activamente de múltiples maneras. Por supuesto, conocer sus resoluciones y las consecuencias de las denuncias o, simplemente, saber qué líneas han decidido que encuadren en abstracto su labor es, sencillamente, imposible. La información sobre qué deciden y con qué argumentos las Juntas Electorales sigue siendo imposible de obtener si uno no está en el meollo político o mediático. El ciudadano medio, en el mejor de los casos, se ha de contentar con los datos que le transmiten al efecto los medios de comunicación lo cual, dados los tiempos en que vivimos, es profundamente insatisfactorio.
Las Juntas Electorales, adicionalmente, son poco plurales. La obsesión del legislador era tener un órgano que, llegado el caso, decidiera más o menos en Derecho, pero independiente del poder político a la vez que no excrecencia del poder judicial (porque, y esto es importante, las Juntas no son órganos jurisdiccionales sino que realizan una labor administrativa: administrativa del proceso electoral que, por motivos de neutralidad, se entiende más adecuado no encargar a la Administrración de turno sino a otro órgano que se presume independiente). Ocurre, sin embargo, que la experiencia demuestra que ha salido un híbrido raro y no demasiado satisfactorio.
En primer lugar, y respecto de la neutralidad política, los buenos viejos tiempos donde los candidatos provinentes de la Universidad o del mundo del Derecho representaban a gentes de consenso y en general apreciada y respetada por las comunidades académica y jurídica han empezado a ser superados por la tendencia a la lotizzazioni que, en la estela de las pautas cada vez más comunes empleadas por los partidos políticos para renovar órganos como el TC o el CGPJ, es uno de los tumores sociales de nuestros días. Aunque todavía conservamos, como consecuencia positiva del benéfico influjo del «arrastre histórico» a muchas personalidades de enorme relieve y con cualidades fuera de toda duda, la experiencia dice que las incorporaciones más recientes muchas veces son manifestación de la recompensa partidista al jurista adicto de turno.
Adicionalmente, el dominio judicial del órgano (la mayoría de sus miembros son jueces) confiere a las Juntas Electorales una extraña naturaleza parajudicial que es más perturbadora que otra cosa dado que:
– No han de juzgar nada, sino sustituir a la Administración en la organización de las elecciones y en la resolución ejecutiva de los conflictos que al respecto puedan surgir. El predominio judicial no sé hasta qué punto asegura que esta tarea se realice correctamente y, además, provoca una distorsión en la imagen que se tiene de qué son y qué hacen estas juntas.
– La composición de las Juntas electorales arrastra los problemas que caracterizan la conformación de la clase judicial en España. Que son muchos, como sabemos, pero sobre los que no nos podemos detener.
Así que, en el caso de la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo que me resulta cercano, la Junta Electoral está dominada por jueces, presidida por el Presidente del TSJ y complementada por una serie de miembros que, según la doctrina del Tribunal Constitucional recientemente sentada en materia de abstención y recusación, no es ya que no deberían decidir sobre nada que afectara al partido que gobierna la Generalitat Valenciana, es que ni siquiera debieran posar su mirada sobre las denuncias, quejas o mera enunciación de las actitudes de personas que son responsables directas de que una imortantísima cantidad de dinero público se dedique a pagarles por diversos trabajillos. Resumiendo, que las decisiones sobre el fair play, la resolución de los conflictos que puedan plantearse en casos dudosos, la misión de ir puliendo un código tanto ético como jurídico de conducta, reposa en personas que en gran parte son miembros de la alta judicatura (con la dependencia y relación lógica con quien manda que ello conlleva) o asesores jurídicos de corte (por mucho, insisto, que gracias a Dios haya excepciones que por lo demás poco pueden hacer en tales entornos), desconocidos de la ciudadanía, que deciden y trabajan en la más estricta opacidad.
Yo no sé si esto es satisfactorio para los ciudadanos que saben cómo funciona o para los partidos políticos. Pero creo que, en principio, podría prescindirse perfectamente de tanto aparato institucional huero y dejar que las elecciones se organizaran desde el poder con control judicial de sus actuaciones (como es evidente que ha de ser siempre). Porque, además, como todos sabemos, estas juntas no suelen tampoco ganarse la credibilidad a través de sus obras. Sus actos confirman todas las sospechas que su composición permite albergar.
Sólo quiero mencionar tres casos, que me parecen suficientemente expresivos del problema, de su magnitud, de lo anómalo que es que las cosas sigan así y a nadie le parezca mal y que las juntas electorales, cuando tienen a bien pronunciarse, lo hagan sistemáticamente permitiendo que estas cosas sigan como siempre:
1. España, paraíso de la publicidad en favor de mandatarios y gobiernos pagada por todo el mundo. Lo que ocurre en nuestro país con este asunto no tiene nombre ni parangón en el mundo (y no sólo en el mundo civilizado, esto no pasa -porque no tienen tanto dinero para dedicarlo a esto- ni en el Estado más verbenero que pueda proponerse como término de comparación).
No es normal que en la víspera de la campaña electoral menudeen campañas, pagadas por todos, como «Valencia, más bonita que nunca» o «Comunidad Valenciana, años avanzando como nadie» (los ejemplos no corresponden a campañas reales, aunque sí se refieren casi literalmente a algunas de las más recientes que he podido disfrutar -e, intuyo, pagar-, pero todos tenemos en mente a qué me refiero). Por supuesto, estos letreros, incluso, se adentran en ocasiones en las dos semanas previas a la convocatoria con las urnas. Eso sí está prohibido, ¡faltaría más!, pero, al igual que las «inauguraciones» son burdamente sustituidas por «supervisiones de la puesta en servicio», los excesos son habituales mientras la Juntas Electorales miran para otro lado. «¡Es que nosotros no podemos controlar que los carteles se quiten!»
Adicionalmente, el problema no es ya que incluso las restricciones más nimias no se respeten. Lo grave es que se entienda normal y posible hacer este tipo de campañas siempre y cuando no estemos en período electoral. Porque el empleo de fondos públicos para acciones de esta guisa debiera estar sencillamente prohibido y el ordenamiento tendría que prever acciones y sanciones contra quien se saltara la interdicción. Que deberían aplicarse, creo, con enorme firmeza.
La cultura política española está, en este sentido, a años luz de lo que desde un punto de vista ético y ciudadano sería exigible. Sólo la mínima modulación introducida por la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional ha introducido algo de sensatez, al exigir que las campañas tengan un contenido informativo y no meramente laudatorio del gobierno, de su acción o del país (que en el fondo, a efectos de lo que buscan los publicitarios, viene a ser lo mismo). Ocurre, sin embargo, que los abusos de la «publicidad informativa» también debieran ser controlados (no creo yo, la verdad, que sea preciso hacer una campaña informativa en toda España con páginas enteras a todo tren en la prensa de toda España para comunicar a los ciudadanos cada tramo de más de cincuenta kilómetros de AVE que se pone en marcha, la verdad). Y, sobre todo, que la ley embrida mínimamente lo que haga la Administración del Estado, pero mientras tanto las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos siguen a su bola.
Frente a estos desmanes y a estos excesos, sólo las Juntas Electorales, si se tomaran mínimamente en serio su función, podrían estar en condiciones de poner coto a la lamentable ejecutoria de algunos políticos. Lamentablemente, hasta la fecha, no han estado por la labor.
2. La publicidad en televisión, a la buena de Dios. José Luis Dader denunció en su día con varios artículos (uno de ellos publicado en La Página Definitiva), como recuerda Guillermo López, que ciertas televisiones locales emitían publicidad electoral, algo terminante y explícitamente prohibido en la ley que regula el sector. Obviamente, no seré yo quien se rasgue las vestiduras porque algo así ocurra, dado que como es sabido la percepción de no normatividad y nula obligatoridad del marco jurídico regulador es, en materia de televisión, una impresión compartida por todos los actores del sector. Por no hablar de cúal es la situación respecto de las televisiones locales, donde la anarquía ha reinado tradicionalmente. Ahora bien, mientras el legislador no tenga a bien tomar nota y tratar de poner orden en este sindiós, mientras no opte por modificar la norma a la vista de su masivo incumplimiento y las dificultades (caso de que éstas sean reales y no una mera excusa) para perseguir a los infractores, digo yo que habría que exigir a las autoridades que se preocupen un mínimo. Y, en concreto, a las Juntas Electorales que, si reciben denuncias documentadas, algo hagan al respecto. Porque, la verdad, constatar que hay quien denuncia, prueba las irregularidades y que a pesar de ello las Juntas Electorales siguen como quien oye llover no deja de ser anómalo. Y deprimente.
3. De dobles raseros y la habitual complacencia con la clase política. Por último, las decisiones de las Juntas suelen estar cortadas por el mismo patrón de respeto reverencial a los mandatarios de turno. No se trata sólo, como comenta Guillermo, de que se prime a los partidos sobre los colectivos y personas. Se trata de que las decisiones no se entienden, no pueden muchas veces asumirse desde una óptica democrática. Porque no son subsumibles en una afirmación abstracta general. Excepto si ésta se refiere a ser generosos con el que manda (aclaro que probablemente esta percepción mía esté viciada por la convivencia con una junta como la de Valencia y su Presidente, el nunca bien ponderado magistrado De la Rúa, cuyo leit-motiv existencial es desde hace años portarse muy bien no ya con la Generalitat Valenciana como con los políticos que la gobiernan; me temo, no obstante que la patología será reconocida por muchos ciudadanos de otras regiones).
Así, a ver quién es el guapo que me explica qué otra identidad de razón puede enhebrar tres pronunciamientos como estos:
– Que la utilización de locales públicos por parte de colectivos ciudadanos para la emisión de un vídeo crítico con el PP sea terminantemente prohibida. Porque, se dice, no se pueden emplear edificios públicos para hacer campaña. Y porque, dicen, la petición del voto para una concreta persona sólo se permite a partidos políticos en tales supuestos. Uno (o sea, yo), puede hasta estar radicalmente a favor de esta estricta manifestación de «pureza». Por eso me he cuidado muy mucho de criticar la decisión de la Junta… hasta que se acumulan evidencias de que pasa algo raro, porque esto no se compadece con la línea seguida en el resto de casos.
– Que las fachadas de locales públicos puedan engalanarse con propaganda electoral de un partido.
– Que la presentación, en un local público, por parte del Presidente de la Generalitat, de su exitosa gestión (realizada empleando fondos y recursos públicos) para lograr un compromiso con una empresa privada, consistente en que se traerá a Valencia un Gran Premio de Fórmula 1 si, y sólo si, gana el actual Gobierno las elecciones, sea algo perfectamente aceptable.
Porque, digo yo, si los edificios públicos pueden emplearse para montar actos donde se pide el voto tanto más para simplemente visionar vídeos críticos con las políticas del partido en el poder. O así debería ser. Por no mencionar la contradicción que supone en comparación con la inhibición frente a casos ya literal y expresamente prohibidos como la utilización de la fachada que las fotografías de muestran.
Si esto no supone un clarísimo ejemplo de doble rasero y de lo mal que funcionan algunas cosas, no sólo respecto de la ética democrática sino en lo referente a las instituciones que han de velar por la buena organización de la campaña, no sé qué más esperamos para empezar a exigir una reforma profunda.
Quizás estemos esperando a que las cosas lleguen a ser tan brutalmente espeluznantes que haya que acudir a la vía penal. Y es que, a este paso, y más en un entorno lamentable de judicialización de la vida política, no está lejano el día que un juez de instrucción empiece a creer que es su deber proceder a limpiar la porquería. Sería una desgracia, ya digo, un ejemplo más de que a veces esa judicialización de la vida política es la lamentable consecuencia de que fallen muchas otras instancias de control. Porque manda huevos que a día de hoy sólo de esta forma podamos tener la esperanza de que alguien se ocupe algún día de ciertas malversaciones de fondos públicos (porque hay campañas publicitarias, «supervisión de puestas en servicio» o simples montajes para pedir el voto a un partido que, sencillamente, lo son, al emplear fondos de todos para actuaciones que sólo buscan el interés privado de un partido o un dirigente). O, por ejemplo, de sacar lustre a la figura del «delito electoral». Porque hay por ahí un artículo que establece pena de prisión para aquél que pretenda comprar votos, esto es, convencer a alguien de que le vote a cambio de asegurarle ciertos beneficios. La imagen de un gran magnate anglosajón prometiendo al pueblo valenciano que les llenará los bolsillos de millones con su espectáculo de coches de carreras pero sólo si votan como Dios manda se acerca bastante al tipo penal. Aunque la verdad es que como causa de justificación siempre podría alegar el magnate que sólo alguien verdaderamente tonto puede llegar a pensar que el asunto de los coches en cuestión está pensado para enriquecer a alguien ajeno a ciertos círculos.
Mientras tanto, el Presidente de la Generalitat, encantado, iba más lejos todavía y se regodeaba en la confianza que se depositaba en su persona. Y la Junta Electoral, como casi siempre, miraba para otro lado.
Disclaimer: La verdad es que no tengo intención de votar ni a Rita Barberá ni a Francisco Camps el próximo día 27. No obstante lo cual, no es mi intención dedicarme a ponerlos a parir. Porque lo que me interesa es tomar estos ejemplos como reflejo de un fenómeno lamentablemente mucho más común y extendido, que abarca a gentes de otros partidos de igual modo que, me consta, hay personas del Partido Popular extraordinariamente respetuosas y cuidadosas con estas cosas. Todo ello sea dicho, sin embargo, sin pretender afirmar que «todos son iguales». Porque tampoco es verdad. Los hay que demuestran comportarse de esta manera (por ejemplo, gestionando como gobernantes cosas, como una carrera de Fórmula 1, que sólo se preocupan de «atar» a su victoria electoral personal y no a las necesidades o intereses de ciudadanos o de un país). Los hay que, como mínimo, todavía no han tenido ocasión de manifestar su tendencia a actuar de esa forma. Y, por mucho que el país en que vivimos sea en general como es y que todos tengamos ciertos vicios, no se puede comparar la catadura de aquél en quien hemos de depositar una sana desconfianza crítica (porque sabemos en qué sociedad vivimos) con la de quien ha confirmado ya nuestros peores temores.
6 comentarios en 27-M (II): Campaña y cultura democrática (completo)
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Añadiría a lo anterior dos cuestiones:
1) Para abundar en los misterios del comportamiento de la JEC y las juntas provinciales y autonómicas, podríamos comparar esto con la decisión de prohibir cualquier exhibición de los vídeos de «Ja en tenim prou» (el equivalente a «Hay motivo», para entendernos) en casi cualquier centro público durante la precampaña, y sobre todo el mantenimiento de la prohibición (en esta ocasión, por parte de la propia JEC) a no ser que un partido político sea el organizador del evento. Es sintomático de cómo funciona la JEC y delegaciones y desde qué punto de vista está configurada: para un modelo de hacer política centrado exclusivamente en la lucha de partidos. Recordemos el ridículo follón que se montó con las concentraciones del 13 de marzo de 2004 delante de las sedes del PP. El modelo es «para los políticos todo, para los ciudadanos nada». Los ciudadanos están para callar y escuchar. Y si tienen conciencia política sólo pueden vehicularla dentro de la lucha partidista. Como en la década de los 30.
2) Reduce el tamaño de la foto, que se lo come todo.
Un cordial saludo
Guillermo
Comentario escrito por Guillermo López — 16 de mayo de 2007 a las 8:06 pm
Los procesos electorales se rigen por la normativa electoral de cuyo cumplimiento se encargan las juntas electorales. Es evidente que la fachada de un edificio publico no es lugar adecuado para poner carteles pero es mas grave cuando se agrede a concejales que reparten propaganda, se llama asesino a un candidato, se apedrean sedes (no me parece nada ridiculo el que se cerquen sedes de partidos por grupos contrarios con una clara finalidad de amedrentar) y que se diga que los cinco muertos de un accidente de trafico son responsabilidad de la politica de infraestructuras del partido politico gobernante ( lo he oido hace un par de horas).
Un estado de derecho no lo es por el mero hecho de que un precepto legal asi lo establezca.
Comentario escrito por Macanaz — 16 de mayo de 2007 a las 11:06 pm
Macanaz, ninguna de esas actitudes es admisible y, de hecho, muchas de ellas constituyen directamente actos delictivos.
Pero todas ellas son manifestaciones impresentables a cargo de ciudadanos, de grupos de personas o de candidatos. De todos ellos hay miles en España, en cada elección, de forma que excesos, errores y actitudes lamentables tendremos por doquier. Es más o menos normal, nada patológico. Cualquier sociedad sana tiene una cuota de mamarrachos.
Lo que sí me interesan son las actitudes que demuestran poca cultura democrática desde una óptica institucional, en ocasiones incluso con respaldo legal o cuando tienen el aval de las Juntas Electorales.
Por poner un ejemplo de estas elecciones que intente aclarar lo que digo: lo del voto por correo de Melilla me parece una chorrada (un grupo de gente de un partido, que por mala fe o por ignorancia mete la pata hasta el fondo con la gestión de los votos por correo); pero sería muy grave si la regulación del voto por correo lo permitiera. Como no es el caso, el asunto me da un poco igual, pero si así fuera sí merecería cierta atención.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 17 de mayo de 2007 a las 8:43 am
Macanaz, creo comprensible que una situación de excepcionalidad – basicamente las provincias traidoras- no justifique el «vale todo» en las 48 restantes..
Si cada vez que un gobernante se pasa por el arco de triunfo la ley, la contraparte responde «pues en villaconejos de arriba si que estamos oprimidos», estamos jodidos. Si justificamos los desmanes propios en los ajenos, vamos de culo
Y, además, supongo que esos violadores de las libertades democraticas, extorsionadores y demas malas gentes NO pertenecen a partidos con poderes judiciales y legislativos. Si los «buenos» juegan con los mismos condicionantes que los «malos», apaga y vamonos
Ja en tenim prou – creo que es más explicita la traducción literal : Ya tenemos bastante..
Comentario escrito por galaico67 — 17 de mayo de 2007 a las 8:55 am
Juraría que ayer ya no estaban esos carteles. Pero, igualmente, qué jeta…
Comentario escrito por NK — 18 de mayo de 2007 a las 5:33 pm
La verdad es que espero que ya no estén. Además de hacer las fotos me tomé la molestia de entrar y explicarles que la legislación electoral no permitía eso y les advertí de que mejor si los retiraban cuanto antes.
Creo que en estos casos es lo mínimo que debemos hacer cuando vemos algo así: explicar al responsable, si podemos, que eso no se puede hacer. Y tratar de explicarlo de forma nada hostil sino pedagógica, a ver si con suerte podemos poco a poco ir haciendo labor social para construir una cultura democrática más potente.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 18 de mayo de 2007 a las 5:42 pm