El BOE y la economía de mercado

El bochornoso espectáculo a cuenta de la OPA sobre Endesa de Gas Natural primero, de la alemana E.ON después y al final (de momento) de la italiana ENEL escoltada por algunos de los nuevos ricos españoles de la cofradía del Santo Ladrillo, ha permitido visualizar, al menos, la vigencia de algunas ideas de toda la vida respecto a la influencia pública en la economía de mercado, regulación mediante. De paso, también, hemos asistido a un show de lo más triste a todos los niveles (la actitud de los ricachones a los que les fue concedida Endesa, la actitud de los ricachones a los que les querían dar Endesa, la falta de capacidad del Gobierno para solventar estas cositas del reparto de las joyas del antiguo sector público español entre ricachones sin levantar demasiadas ampollas, la lamentable connivencia de medios de comunicación con los intereses de bandería de unos y otros y sus implicaciones económicas, la actitud falsamente patriótica de todos, el doble rasero demostrado por la moral económica de mercado patria a la hora de enjuiciar la injerencia regulatoria y, por último, el triste papel de la CNMV). Pero, aunque un día habrá que comentar la cuestión esencial de la que se deriva toda esta porquería (a saber, el mayor escándalo económico de la segunda mitad del siglo XX en España: el gracioso donativo a ciertas elites económicas y sus familias, con la guinda de algunos políticos reconvertidos, del patrimonio público empresarial acumulado por toda la sociedad española), no es hoy el día de hacerlo. Y tampoco de detenernos en las minucias referidas que, en el fondo, tienen mucho que ver con esa cuestión.

Desde el Derecho público, la evolución de todo este follón deja una serie de pleitos complicados y técnicos, para jolgorio de casi todos los grandes bufetes del país, de los que los tribunales, en su mayor parte, nunca conocerán. Porque la primera lección de todo el sainete es que un Gobierno, a día de hoy, por muy capitidisminuido que haya quedado por la evolución de los mercados y por muy incompetentemente que haya actuado (como es el caso), sigue teniendo una gran capacidad de intervención. Conviene, pues, no estar a malas con el Gobierno. Incluso en estos tiempos que corren de Unión Europea, de desregulación, de poder de las grandes corporaciones, pueden tumbarte una operación por muy bien montada que la tengas. E.ON lo sabe muy bien porque lo ha sufrido en sus propias carnes. El hecho de disponer del Boletín Oficial del Estado sigue siendo muy importante. Como administrativista no puedo evitar que me suponga su constatación una íntima satisfacción.

Pero que se me entienda. La satisfacción es por visualizar de manera tan clamorosa que el Estado, aunque sea para mal, tiene poder para enfrentarse a los tiempos que corren y a las empresas transnacionales. Por supuesto, me encantaría que esa capacidad se empleara de una manera radicalmente diferente.

Y llego así a la segunda cuestión que toda esta historia ha permitido visualizar. Porque que se hagan bien o mal las cosas depende de la cultura política y jurídica del país, de cómo se lo montan nuestros gobernantes, de qué tipo de actitud les exigimos y, también, del marco jurídico de que nos dotamos (que depende, claro, de todos los factores anteriores junto de lo que nos impone desde fuera la Unión Europea y que es modulado por la actuación y formación de la clase jurídica del país).

En toda esta cuestión, y especialmente en su estrambote final, han brillado con luz propia la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su Presidente (Sr. Conthe). Porque han permitido reflexionar sobre la función, control y conveniencia de que haya administraciones dotadas de independencia funcional respecto del Gobierno, como es el caso de la CNMV, y de altos cargos sobre los que el Gobierno no tiene capacidad de predeterminación de sus actuaciones, como es el caso de Conthe.

Las Administraciones llamadas independientes buscan legitimar la acción administrativa por la vía de una aparente «tecnificación» de su actuación, paralela a la sustracción de su supuesta «politización». La idea es algo así como que ciertas actividades, por razón de su importancia, es mejor que queden al margen del debate político y sean reguladas o intervenidas a partir de la acción de expertos dotados de una mayor autonomía funcional. Y así ha ido haciéndose con el Banco de España, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera.

Habitualmente hemos prestado mucha atención a las vías más aptas para lograr que esta autonomía e independencia sea real y efectiva. Porque, reconozcámoslo, tampoco es fácil montar algo totalmente ajeno a la política, al Gobierno, a la Administración. Alguien tendrá que nombrar a la gente que se encargue de poner en marcha estas Administraciones independientes, por ejemplo. Dotarlas de fondos. Cosas así. En línea con la visión dominante de que toda «politización» era mala y había que huir de ella como del demonio hemos tratado de asegurar cuanta más independencia mejor. Esencialmente se ha ido haciendo dotando de garantías en el ejercicio de sus funciones a estas personas y administraciones. Y, a la vez, hemos ido extendiendo el modelo, a veces con efectos meramente publicitarios, a veces más en serio, a múltiples sectores. Como digo, ha sido el producto administrativo a la moda de las últimas temporadas. ¿Que hay que repensar RTVE? Pues allá va una estructura de Administración independiente para ella. ¿Que hay que reformar la ley de Universidades? Pues les damos más independencia y autonomía.

Sin embargo, también se ha de prestar atención a la cuestión de fondo que plantea este modelo (y a su traslación jurídica): ¿de veras es mejor que las decisiones sobre estas cuestiones las tomen «técnicos» independientes e inamoviles y que además, para garantizarles tal estatuto, son difícilmente controlables?; ¿de veras es lógico que a más importancia de una cuestión -seguridad nuclear, cuestiones monetarias y de crédito…- se aleje más a los representantes de los ciudadanos de la capacidad de influir en las decisiones? La respuesta a esta pregunta de fondo se articula jurídicamente a partir de qué define la Constitución española como función del ejecutivo en el artículo 97 y si, en realidad, el consenso que refleja el pacto constitucional permite que se conceda capacidad ejecutiva sobre asuntos públicos a entes que sustituyen la legitimidad democrática (aunque sea en un segundo o tercer nivel) por la solvencia técnica (o, si nos ponemos pejigueros, con la presunta solvencia técnica). La discusión dogmática sobre esta cuestión ha sido largo e interesante. No me atrevo a decir que fructífera porque, la verdad, ha tenido y tendrá, me temo, poco que ver con la evolución del modelo. Porque las modas son las que son y es difícil sustraerse a ellas. ¿Qué más da tener que hacer una interpretación constitucional un poco forzada si gracias a eso nos vamos a poder embutir, aunque sea a costa de que las costuras vayan al límite, en una flamante talla 36 con adornos y florituras en forma de administraciones independientes?

Pero con todo esto de Endesa, al menos, tenemos la ocasión para reflexionar sobre los excesos de la moda y si de veras conviene esta anorexia de la política tan en boga en los últimos tiempos o es mala para la salud democrática. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un buen ejemplo, por no decir paradigmático, de cómo funcionan las administraciones independientes y de los problemas que plantean éstas en España en la actualidad. Como ahora está en el ojo del huracán vamos a permitirnos lanzar algunos interrogantes sobre ellas:

1. Es más que dudoso hasta qué punto son, efectivamente, independientes del poder político (el caso de la OPA de Endesa, pero otros muchos también, permite visualizar cómo de profundas pueden ser las interferencias cuando hay en juego intereses públicos -o, al menos, intereses sentidos como tales por el Gobierno-). En tal caso, si de veras cuando haya algo suficientemente importante en juego todos asumimos (y nos parece normal) que la política de toda la vida intervenga ¿vale la pena todo el paripé que tenemos montado con entes como la CNMV?

2. Junto al problema de la independencia respecto del Gobierno, aparece con la CNMV, como con todas las Administraciones de este tipo, el problema de la independencia respecto de otros poderes. El económico, en este caso. El de aquellos a los que está llamada a controlar y cuya actividad regula. Funcionalmente es fácil que se produzca una deriva en favor de éstos, de atender sus peticiones y necesidades, de tenerlas más presentes que los intereses públicos. Adicionalmente, la selección del personal en una Administración independiente suele hacerse de manera que incrementa enormemente los riesgos de captación del regulador. Es normal, puesto que no hay que dejar que el Gobierno meta la mano. Pero claro, luego no podemos esperar demasiada empatía con lo público, ¿no? Lo hemos visto, de nuevo, en estos asuntos recientes con claridad. ¿De veras es buena la retirada de la dirección del Gobierno, para evitar que sus intereses particulares contaminen la acción administrativa en estos ámbitos, cuando eso supone que la posible contaminación pasará a ser por los intereses de ciertos sectores sociales y económicos?

3. Cuando la CNMV funciona de manera independiente (lo que es evidente que ocurre al menos en algunos casos, y por eso «luce» tanto hacerlo: cuando se opone al Gobierno) aparece un problema adicional. A la hora de adoptar decisiones con un margen de arbitrio, donde entra en juego la concreta ponderación que la Administración hace de lo más conveniente (esto es, cuando no se trata de una cuestión de cumplimiento de la norma que, en todo caso, revisan los jueces), ¿por qué han de ser mejores y más atendibles los criterios y valores que llevan a los técnicos a decidir en un concreto sentido que los que, si la decisión última y la orientación global les correspondiese a ellos, habrían podido adoptar los políticos elegidos por los ciudadanos?

4. Por último, y en la versión hispana y castiza de la independencia, ¿qué ocurre cuando una administración como ésta o su Presidente montan un espectáculo verbenero como la dimisión-no dimisión-dimisión condicionada-tocata y fuga del actual Presidente de la CNMV? Porque, para garantizar la independencia de todo el tinglado, que es en lo que se basa esta historia, su posición está relativamente asegurada. Pero, ¿y si las simpáticas manifestaciones de chulería hispana de Conthe, de malsano exhibicionismo de su valentía y acrisolada independencia, de la medida y dosificada combinación de cojones y de recto criterio tan al gusto de los medios de comunicación, fueran en verdad algo no del todo positivo? O, imaginemos, que alguien fuera incluso más allá y empezara a montar espectáculos festivo-verbeneros por doquier mientras está en el cargo. Se me argumentará que no pasaría nada, que a fin de cuentas Jiménez de Parga fue Presidente del Tribunal Constitucional y la institución sobrevivió (aunque sobre esto último hay quien expresa sus dudas). Pero la cuestión no es ésa. La cuestión es que, cuando tenemos una situación de independencia reconocida, actuar es difícil:

Artículo 20 Ley 24/1988, del Mercado de Valores. El presidente y el vicepresidente cesarán en su cargo por las causas siguientes:
a) Expiración del término de su mandato.
b) Renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción de expediente por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La cuestión es, por ejemplo, si Conthe está incumpliendo gravemente sus funciones con su espectáculo, si eso afecta al Mercado de Valores y a su credibilidad, si puede socavar su estabilidad. Pero, en cualquier caso, la interpretación de cuándo se ha rebasado el límite que permite una destitución no deja de ser una cuestión valorativa que plantea un desgaste político cierto, que obliga a incrementar el follón, que puede agravar a corto plazo el problema. ¿Cuál es el margen real de que dispone un Gobierno para interpretar con un mínimo de rigor que a la vez aporte seguridad jurídica a los afectados cuándo se incumplen gravemente ciertas funciones?



11 comentarios en El BOE y la economía de mercado
  1. 1

    Cuando dice que «(a saber, el mayor escándalo económico de la segunda mitad del siglo XX en España: el gracioso donativo a ciertas elites económicas y sus familias, con la guinda de algunos políticos reconvertidos, del patrimonio público empresarial acumulado por toda la sociedad española),»,
    te refieres a:
    1) Que Endesa vale más de 40 euros por acción, y que los Entrecanallis se lo llevan crudo; o que
    2) la privatización de Endesa es el Escándalo en sí mismo
    gracias…

    Comentario escrito por Souptown — 18 de abril de 2007 a las 6:11 pm

  2. 2

    Que los Entrecanales se lo lleven crudo es un epifenómeno. Más o menos lamentable. Pero no creo que sea de recibo hacernos las vírgenes ofendidas con esas minucias, en el fondo consecuencia de la natural evolución de las cosas dadas las bases sentadas. Y las bases son, sí, la manera en que se privatizaron Endesa y el resto de joyas de la corona. Patrimonio construido con dinero de todos y esfuerzo colectivo que han ido a parar a precios de risa (por no hablar del rídiculo precio que tienen que pagar, en porcentaje sobre el valor total de las empresas, para controlarlas y estar en los consejos de administración) a unos pocos, que son quienes son, merced a la generosidad de nuestros gobernantes.

    Es éste un asunto que merece una investigación concienzuda por parte de quienes tengan la posibilidad de hacerlo sin estar a sueldo de los beneficiarios, los generosos donantes o sus ámbitos de influencia. Si es que hay alguien en España.

    Lo más patético de todo el asunto ha sido ver escandalizarse a algunos porque «estos quieren quitarnos Endesa para dársela a los catalanes». Que no digo yo que esto último estuviera bien, pero que antes de ponernos a acompañarles en los llantos tendríamos que haberles preguntado ¿y a ti, alma de cántaro, quién te dio Endesa y a santo de qué lo hizo?

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 19 de abril de 2007 a las 1:16 pm

  3. 3

    Fabián Estapé dijo en TV3 hará cosa de un año que estaba preparando un libro sobre el capitalismo español en la época liberal-aznarista, si bien aclaró que dudaba que pudiera ver la luz.

    Saludos,
    pep

    Comentario escrito por popota — 19 de abril de 2007 a las 2:59 pm

  4. 4

    Fabià Estapé anda un poco gagá ya, ¿no? Aunque a lo mejor es una buena situación desde la que ponerse a decir las verdades del barquero.

    Comentario escrito por Marta Signes — 19 de abril de 2007 a las 7:46 pm

  5. 5

    Entonces, Don Andrés, la privatización es, de por sí, lo pernicioso?
    Permítame decirle que:
    -La mayoría de empresas públicas (apogeo alcanzado con el INI) procedían de dos fuentes: a) Monopolio estatal, sin posibilidad de competencia. Toda la ineficiencia la pagan los consumidores, cautivos (y desarmados) por la regulación. Alégrese, la expansión latina de Telefónoca la pagamos entre todos.b) Empresas ruinosas (normalmente industriales), que la oligarquía (sobre todo la vasca) supo colocarle al Estado (franquista) para que hiciera con ellas lo que quisiera. Normalmente, reflotarlas y venderlas a los amigos a bajo precio (esto no es franquismo, esto es Solchaga de Ministro del ramo). Por lo tanto, el error original no es privatizarla, sino nacionalizarla.

    Lo de Pizarro será lo patético que Vd. quiera, pero para los accionistas (y qué pena no estar entre ellos) ha sido su Moisés particular: de 21 euros (65% d ela oferta eran «papelitos» a 41 euros en metálico, pues chico, ¡qué quiere que le diga!
    Otra cosa es el consumidor, que será el que pague dichas diferencias, pero eso iba a pasar de todas maneras, ya fuera via factura eléctrica, ya fuera factura del gas (le recuerdo la subida de tarifas a GN en lso días posteriores, coño, no se puede hacer peor).

    Investigar?pues acuda a la SEC, es la única que pone algo de interés…

    Comentario escrito por Souptown — 20 de abril de 2007 a las 2:28 pm

  6. 6

    Hola Souptown:

    «-La mayoría de empresas públicas (apogeo alcanzado con el INI) procedían de dos fuentes: a) Monopolio estatal, sin posibilidad de competencia. Toda la ineficiencia la pagan los consumidores, cautivos (y desarmados) por la regulación. Alégrese, la expansión latina de Telefónoca la pagamos entre todos»

    Precisamente por ese motivo, porque la pagamos entre todos, vía impuestos, vía ineficiencias, es por lo que hay que ser muy exigentes no para decidir si se privatizan (que es una cuestión donde caben opiniones muy diversas) sino a qué precio se venden, a quién y cómo.

    «b) Empresas ruinosas (normalmente industriales), que la oligarquía (sobre todo la vasca) supo colocarle al Estado (franquista) para que hiciera con ellas lo que quisiera. Normalmente, reflotarlas y venderlas a los amigos a bajo precio (esto no es franquismo, esto es Solchaga de Ministro del ramo). Por lo tanto, el error original no es privatizarla, sino nacionalizarla.»

    Bueno, a lo mejor la nacionalización en algunos casos no era sino el único remedio posible si no se quería dañar seriamente la economía nacional. Pero estoy totalmente de acuerdo en que es un escándalo el procedimiento. Véase el caso de la red eléctrica de alta tensión o de la misma Endesa: cuando un negocio es ruinoso por la incuria empresarial y ausencia de inversiones el Estado lo reflota, inyecta pasta y cuando es rentable se lo vuelve a dar… ¡a veces a los mismos que lo hundieron pero bien saneadito y sin que a sus felices propietarios les haya costado apenas nada de su bolsillo! Cambian una empresa ruinosa y descapitalizada por otra en perfecto estado de revista. Y se la quedan. Pero el saneamiento, ¿quién lo ha pagado?

    A esto precisamente me refiero. Porque lo que ha pasado con la privatización de las empreas públicas ha sido un escándalo. Se ha desviado de manera inmoral y probablemente ilícita capital y patrimonio de todos a unos pocos. De forma directa a veces. De forma indirecta otras (por ejemplo, colocando en consejos de administración a quien se colocó, por la vía de nombrar a ciertas personas «consejeros independientes» o de posicionarlas antes de la privatización pero luego no hay quien los quite ni con aguarrás).

    «Lo de Pizarro será lo patético que Vd. quiera, pero para los accionistas (y qué pena no estar entre ellos) ha sido su Moisés particular: de 21 euros (65% d ela oferta eran “papelitos” a 41 euros en metálico, pues chico, ¡qué quiere que le diga!
    Otra cosa es el consumidor, que será el que pague dichas diferencias, pero eso iba a pasar de todas maneras, ya fuera via factura eléctrica, ya fuera factura del gas (le recuerdo la subida de tarifas a GN en lso días posteriores, coño, no se puede hacer peor).»

    Cierto. Pero Pizarro no es ningún héroe. Él sólo ha luchado por tratar de mantener el sillón. Así que menos lobos. Que el resultado ha beneficiado al accionista, de eso no hay duda. Que la oferta inicial de Gas Natural era una vergüenza, pues tampoco puede ponerse en cuestión, la verdad:

    http://www.lapaginadefinitiva.com/bolsa/nacional/5.htm

    La cuestión es que hay argumentos que no se pueden defender, por mucho que todo esto sea cierto. Y no me detengo en el famoso «antes de los alemanes que de los catalanes». Me refiero a quienes se quejan de que el Gobierno maniobrara (por cierto, de forma patéticamente incompetente) para quitar a unos de Endesa y poner a «los suyos» (que, además, eran «los catalanes»).

    Este comportamiento es lamentable y muy criticable. Pero sólo tiene legitimidad para criticarlo alguien que haya criticado a gobiernos anteriores por poner «a los suyos». Esto es, que Pizarro no puede quejarse del procedimiento y fondo de las razones por las que le descabalgan cuando él es precisamente deudor de esa misma lógica, procedimiento y razones.

    Tienen legitimidad para hacerlo los que siempre se oponen a estas actuaciones. Que son un escándalo. Pero no sólo en este coletazo final sino en todo su recorrido. A mi juicio, de hecho, como digo, el mayor escándalo económico de la historia reciente de España. Y digno de una investigación profunda y exhaustiva por alguien preparado y sin intereses de parte. Si es que lo encontramos.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 20 de abril de 2007 a las 2:43 pm

  7. 7

    Hoy ha dicho Conthe ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que:

    – según El País: Conthe ha recordado que la CNMV es un organismo independiente del Gobierno y debe rendir cuentas ante el Parlamento” (El País)

    – según ABC: En una intervención barroca y plúmbea, el presidente de la CNMV ha defendido la actuación del organismo durante todo el proceso de la OPA sobre Endesa, que ha definido de «impecable». «No he pretendido echar un pulso al Parlamento o al Gobierno, sino someterme a esta comisión», ha matizado para asegurar que «la independencia de la CNMV frente al Gobierno es indisociable».

    El pulso de Conthe al gobierno para dimitir previa comparecencia en el Congreso me genera dudas. ¿Es lícito utilizar las Cámaras para darte autobombo y explicar lo considerado oportuno por uno aunque no esté previsto el uso de éstas para ese fin o, precisamente, porque es ahí donde se reúnen los representantes de los ciudadanos se puede abrir la mano porque qué mejor sitio que ése para que cualquier titular de una institución del Estado se explique, esté previsto o no?

    Y es que el artículo 13, párrafo cuarto, de la Ley 24/1988, dice lo que sigue, pero no lo que dice Conthe:
    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.t2.html

    “La Comisión Nacional del Mercado de Valores elevará anualmente, a la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados, un informe sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados. El Presidente de la Comisión comparecerá ante la citada Comisión del Congreso para dar cuenta de tal informe, así como cuantas veces sea requerido para ello”

    Vaya, a este respecto no tengo una opinión hecha, ¿alguien puede echarme una mano con nuevos argumentos?

    Al leer los posts anteriores he visto que todos los comentarios se han orientado hacia temas económicos y relaciones con los grupos de poder. Al respecto en la radio oí desear a un comentarista que cuando pase el tiempo que dé objetividad, alguien debería estudiar paralelamente los procesos de aprobación del Estatuto Catalán y de esta OPA.¿?

    Pero a mí lo que más interesante me parece del artículo es el tema planteas de las Administraciones Independientes.
    Planteado como dices sí que suena raro que se dé independencia a un organismo que tanto influye en la ejecución de la política económica cuya competencia es del gobierno, pero debe de haber algo en las funciones de la CNMV, algo para lo que se quiera preservar la independencia…, algo para lo que se haya utilizado esa fórmula que funciona a modo de peso y contrapeso de otras instituciones.
    En cualquier caso mi idea de todos los entes satélites que pululan alrededor de las administraciones centrales es que:
    – la institucional, se plantea para gestionar cuestiones muy técnicas;
    – la corporativa: cuestiones que afecten a la colectividades bien sean éstas territoriales o sectoriales
    – las administraciones independientes, responden a una necesidad de gestionar cuestiones más políticas,de ahí lo de a independencia y el problema de su legitimidad.

    Por lo que según tú planteas en tuartículo la CNMV, por técnica, debería responder más al esquema de Administración Institucional que de Administración Independiente.

    Y acerca del tema de la legitimidad que planteas, no sería suficiente con que a los miembros de la CNMV los nombraran las Cortes y no el Gobierno, como ocurre en RTVE. Lo que aquí es raro es que los nombre el gobierno y luego el informe económico lo presenten ante el Congreso.

    Por último indicar respecto de la actuación del Gobierno que aunque en lo económico lo hayan hecho tremendamente mal, en el tema de la dimisión de Conthe han sido totalmente escrupulosos con las normas y las “reglas de juego”, al no querer utilizar ninguna de las causas de destitución posibles por no verlas clara y tampoco utilizar un escrito que la propia comisión le había preparado la gobierno para que éste pudiera hacer uso de la opción del artículo 20.c) “Separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción de expediente por el Ministerio de Economía y Hacienda”…

    Ah, el argumento de lo del marido de Mercedes Cabrera es muy pueril.

    Comentario escrito por Mar — 24 de abril de 2007 a las 4:14 pm

  8. 8

    «Él sólo ha luchado por tratar de mantener el sillón.» Coño, uno de los míos. Yo llevo toda la vida sosteniendo que Fleming iba a ser despedido por vago y el día anterior a su marcha se puso a enmarranar todo el instrumental del laboratorio con la mierda de los rincones y ¡voilá!, venga nóbeles y premios, y calles dedicadas….por mucho que Vd. quiera adjudicarle aviesas causas al comportamiento de Pizarro (y de todos los presidentes, al menos hasta que nombren a Mandela CEO de la General motors), y para no llevar el debate al patio de mi casa (se la tengo jurada a Jack welch, vivediossss), tendremos que conformarnos con la capilla que los futuros ex-accionistas de Endesa le quieran levantar en El Pilar o en La Almudena.

    Sobre las privatizaciones: bien, estoy de acuerdo en lo de lo pernicioso de malvenderlas después de reflotarlas como «modus operandi» español, modalidad agravada por la manía de no trocear las compañías (sobre todo para eliminar, en el caso de las utílitis la trinidad productor-mayorista-minorista, pero me recuerda a cómo llegó Governator al poder), y luego la imposibiliad de subastar una compañía.
    De lo de «antes Deutsche que Kantalanisch», pues me parece patético. Es lo que tiene la oligarquía española, aka madrilenya.Claro que si LA Caixa hubiera formalizado sus participaciones en buena lid en vez de obtenerlas como consecuencia de la «cuota nacionalista» (Gas NAtural, Repsol, TEF, etc.) que engrasó el apoyo de CiU al gobierno que tocara, pues como que sentiría más lástima. Es conmo lo del travase, todos tenemos muy claros cuáles eran los argumentos maños para recharzarlo. Pero…¿los catalanes?¿ ¿Eran argumentos defendibles en público, o a lo mejor tenían un pequeño deje supremacista de «antes salada que murciana»?

    saludos

    Comentario escrito por Souptown — 24 de abril de 2007 a las 5:59 pm

  9. 9

    Echad un vistazo al artículo 2.
    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/ex-l5-2007.html
    No es nuevo esto, pero no por antiguo deja de sorprender.
    ¿Está justificada una tipología tan variada?

    Y, posteriormente, la creación de tanto ente que se integra en esta clasificación, ¿no podría ser controlada por el artículo 9.3 CE?; ¿comentaste algo de esto en el artículo de la proscripción de la arbitrariedad legislativa o fue una conexión mía al leerte repetir el término racionalidad tan alejado de las decisiones políticas que engrosan la organización pública sin justificación?

    Comentario escrito por Mar — 03 de mayo de 2007 a las 1:31 am

  10. 10

    La cuestión es que, precisamente, la idea de que cuando hay que gestionar algo que es políticamente sensible se monte una Administración independiente es más que criticable. En esos casos, justamente, lo que es exigible es que haya una posibilidad de dirección política y, de resultas de ellos, mecanismos de responsabilidad políticos.

    Por eso creo que ni los más furibundos defensores de las Administraciones independientes aceptarían que han de crearse para gestionar cuestiones «más políticas». Lo que dicen es, justamente, que han de crearse para regular las cuestiones «más técnicas» y lograr de esta manera el efecto buscado que es «apartarlas» de la discusión política.

    A la vista está, dado el akelarre que tenemos montado con la CNMV en España prácticamente desde su creación de forma continuada, que el experimento no funciona demasiado bien.

    Todos los grupos menos el PSOE (que lo llevaba, sin embargo, en su programa electoral) se apuntan ahora a la juerga de que nombre el presidente el Congreso (como pasa con RTVE) y no el Gobierno. Por lo visto, andamos muy satisfechos de cómo han funcionado entes como el CGPJ y queremos ir ampliando la experiencia.

    Adicionalmente, hay un elemento teórico que hace que esta solución me disguste: supone «disgregar» el poder ejecutivo. Si vamos montando administraciones sectoriales nombradas por el Congreso de forma paralela a lo que es el procedimiento para nombrar Gobierno, con dación de cuentas ante al Parlamento (como el Gobierno) y absolutamente independientes del Ejecutivo, ¿no estamos creando un modelo constitucional con tantos ejecutivos como administraciones específicas montamos, cada una con una precisa competencia, y luego un Gobierno para el ejercicio de las competencias residuales?

    A mí ese modelo, que es hacia donde podríamos ir si la tendencia sigue, no me gusta nada.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 11 de mayo de 2007 a las 3:35 pm

  11. 11

    Hoy mismo publica «El Economista» un artículo de José Eugenio Soriano que viene a decir, más o menos, lo mismo que este artículo.

    Comentario escrito por Ana — 07 de junio de 2007 a las 1:19 pm

Comentarios cerrados para esta entrada.

No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,221 segundos
En La Red desde septiembre de 2006