Derecho a piratear

Hace tiempo que tendría que haber comentado en este bloc la aparición de una obra que hicimos entre varios jóvenes universitarios sobre las transformaciones en la industria cultural y en los medios de comunicación que ha supuesto la digitalización y, desde una perspectiva más jurídica, en torno a algunas de las cuestiones regulatoria y socialmente más conflictivas. Ya se sabe: que si derechos de autor, que si redes P2P y descargas de archivos, que si cánones y atribuciones de las sociedades de gestión de derechos de autor… Una presentación de la obra, con enlace a algunos capítulos que el editor tuvo a bien liberar, está en el blog de Guillermo López García, ya que entre los dos nos encargamos de la coordincación de la obra (con la idea de aunar esfuerzos de universitarios de diversas procedencias y que el libro contuviera un análisis apto para todos los públicos pero, a la vez, reflejara con rigor el estado de la cuestión tanto desde una perspectiva técnica como periodística como jurídica).

Pues bien, el motivo de que al fin me ponga a comentar algo sobre este producto del que soy corresponsable es la recepción de un correo electrónico por parte de un lector que asegura que, tras comprar el libro (me comenta también, por cierto, que le resultó difícil porque le decían en las librerías que desde la editorial no les servían más libros por quedar pocos de la edición; algo que habla más de las dificultades en materia de distribución de obras como ésta que de un real exceso de demanda, me temo, por lo que puede solucionarse el problema con facilidad comprando aquí), había llegado a la conclusión de que, desde la Universidad, con dinero público y sin saber lo que era la empresa privada, un negocio y la necesidad de rentabilizar el esfuerzo personal de mucha gente, no estábamos sino haciendo una «continuada, pretendidamente técnica y científica, pero profundamente irresponsable, loa y defensa del derecho a piratear».

Así que, ya que estamos, vamos a hablar un poco del «derecho a piratear». Desde una perspectiva de Derecho público y, si se tercia, adentrándonos en otros terrenos. Y, de paso, refiriéndonos a algunos de los trabajos que contiene la obra que, a mi juicio, no son precisamente loas al derecho a piratear sino antes bien todo lo contario. Cuestión distinta es que, dentro de un análisis que se pretende equilibrado, también constatemos la inadecuación jurídica de ciertas respuestas y la necesidad, frente a los indudables cambios tecnológicos habidos, no sólo de que los medios y la industria tomen nota y modifiquen la forma en que venden su producto, sino también de que el legislador se dote de unas normas que regulen el fenómeno de una forma más equilibrada.

¿Qué significa que creíamos que era precisa una regulación más «equilibrada»? Significa, en primer lugar, que sí, que hay ahora un cierto desequilibrio. Contamos con un arsenal de medidas que no han tomado nota de la digitalización más que para aprovechar las posibilidades de trazabilidad y de imposición de estándares o de cánones a más soportes. Mientras tanto, la sociedad, al margen del Derecho, parece no haber tomado nota del cambio más allá de aprovecharse y de entender que el hecho de que la técnica lo permita justifica darse un festín, aprovecharse de la «barra libre» que la digitalización e Internet permiten (no tan libre, en realidad, ya que a fin de cuentas la banda ancha se ha de pagar). Tendencia que no es sino espoleada por unas normas que se sienten absurdas, por alejadas del consenso social y ético sobre la cuestión, por ineficaces las más de las veces, por desequilibradas y sesgadas otras. Y que, por todo ello, nadie se toma demasiado en serio si puede burlarlas.

Ahora bien, ¿significa todo ello que se haya de tomar nota de esa sensibilidad social general y propugnar un sistema de «barra libre», como parece haber interpretado nuestro amable lector (que, aprovecho para decírselo de nuevo, no sabe cuánto le agradezco que haya comprado el libro, lo haya leído y se haya puesto en contacto conmigo) que propugnamos? Ni mucho menos.

Hace ya unos años participé en unas jornadas sobre algunas cuestiones jurídicas relacionadas con la digitalización de la información y la cultura en las que pontifiqué un poco sobre el particular. Puede accederse a casi todo el audio de mi intervención, de las que siguieron y del coloquio posterior, con lo que si alguien tiene ganas de comprobar hasta qué punto los juristas podemos ser rolleros (incluso cuando nos dirigimos a un público de personas ajenas a nuestro campo y tratamos de ser más didácticos que técnicos, más entretenidos que precisos y exhaustivos) puede dedicar un cuarto de hora a escuchar mi intervención inicial y comprobar hasta qué punto estoy alejado de la idea de que haya que reconocer un «derecho a piratear». Es más, la parte inicial de mi intervención la dedico a ironizar sobre la «obsesión» generalizada por el asunto, a criticar el clima social dominante en ciertos foros, que parece que sólo entiende como importante, por encima de cualquier consideración, la defensa y entronización del este supuesto derecho, llegando a la consagración del mismo, ya puestos, como derecho fundamental.

En mi intervención, sin embargo, sí apunto otros temas que ya en 2004, cuando se celebró el acto, me parecían sin embargo dignos de consideración, a la luz de lo marcadamente sesgado en favor de unos pocos y en perjuicio de la colectividad que estaba y está nuestro Derecho. Porque lo peor de que el debate se centre en el «derecho a piratear» es cómo eso permite una respuesta fácil de la industria que, a la vez, le ampara respecto de otros abusos (que, para más inri, pasan inadvertidos obsesionados como andan algunos por defender el derecho a piratear):

– Mencionaba ya en esas fechas el asunto de las bibliotecas públicas, porque el Derecho comunitario ya había tomado en esos días decidido partido por los «autores» sin que a nadie le hubiera parecido demasiado importante, absorbidos como andábamos por reclamar nuestro derecho a bajar canciones. Que las bibliotecas públicas tengan que pagar derechos de autor por cada libro que presten es una burla y constituye una excelente manifestación de un sistema desquiciado que confunde en beneficio de los mismos, sistemáticamente, cultura y negocio (así como sus respectivos ámbitos y la adecuada respuesta pública en uno y en otro). Si estamos ante un negocio puro y duro que desaparezcan las bibliotecas y se elimine cualquier financiación pública que contribuya a la difusión de estas obras. Ya se preocuparán de que tengan un mercado los que ganan dinero con este negocio. Si, por contra, entendemos que hay un elemento cultural que justifica que el Estado invierta una pasta en tener bibliotecas, dotarlas de fondos, etc. no se puede consentir que este factor no se tenga en cuenta a la hora de analizar qué pasa con los hipotéticos derechos lesionados de los autores. Porque, se supone, si estamos hablando de cultura y de cómo difundirla, digo yo que los primeros beneficiados de que haya bibliotecas y de que se difundan sus obras serán los propios autores. Si la industria cultural entiende que esta labor de promoción de su negocio, que cuesta una pasta gansa al Estado, no les compensa, no creo que la solución sea pagarles un canon por libro prestado. Lo cierto es que habría que plantearse, en tal caso, responderles de forma coherente a su misma lógica. ¿Son Ustedes un negocio y quieren ser tratados como tal? Perfecto, a partir de este momento el presupuesto público dedicado a compra de libros, a promoción de la literatura, a bibliotecas públicas y a adquisición de sus productos será 0. Como mucho, nos dedicaremos a comprar, prestar y difundir obras que ya pertenezcan al dominio público (clásicos que ya no generan derechos de autor). O bien obras de autores y editoriales que entiendan que no sólo están en un dominio donde han de aplicarse no sólo las normas del mercado sino que entienden que la promoción pública de la cultura beneficia a la colectividad pero también a los autores y editoriales y que por ello están dispuestos a renunciar a su derecho a cambio de la ayuda indudable que reciben por ser adquiridos y puestos a disposición de la población por parte de los poderes públicos.

– Hacía alusión también en la charla a algunos de los desequilibrios que alientan con indudable interés de parte los oligopolios tradicionalmente dominantes en la industria de la comunicación y cultural. Cómo aprovechan el poder que les da su preponderancia en el mercado de la opinión pública para alentar soluciones regulatorias que les favorecen (así, extravagantes pretensiones de trato diferenciado para medios digitales y medios en otros soportes a la hora de delimitar el ámbito de libertades y derechos fundamentales como la libertad de expresión).

Estas ideas y esta aproximación, como es obvio, están también en la obra, pero en ningún caso suponen la apología en favor de un pretendido «derecho a piratear». Sí se analiza la corrección técnica de las actuales soluciones. Sí la conveniencia de proseguir con el actual modelo a la luz de los costes sociales que supone. Sí se propugnan, por ello, ciertos cambios. Pero, aunque las partes más «conflictivas» no las escribí yo, puedo asegurar que no creo que la correcta comprensión de lo que allí se defiende sea entender que se está defendiendo un «derecho a piratear». Y mi opinión al respecto tiene cierto peso, no sólo como coordinador del trabajo junto a Guillermo López sino también, entre otras cosas, porque la reflexión que enhebra todo el libro fue conjunta, a partir de un estudio de los temas que hicimos entre todos los autores, lo que permite declararnos más o menos solidarios en la manera en que hemos entendido las grandes cuestiones (que, por lo demás, habíamos tratado de una manera más superficial con anterioridad quienes hicimos de editores del libro, en dos trabajos que tampoco pueden entenderse rectamente, creo, como loas a pretendidos derechos a piratear: ni el primero de ellos, ni el segundo).

El libro no sostiene, ni yo creo que sea razonable, que los autores de las obras intelectuales o artísticas hayan de regalarlas. Tampoco que los demás tengamos derecho a obtenerlas gratuitamente. Pero sí entiende que el respaldo jurídico que ha de darse a las pretensiones de creadores e industria de rentabilización de sus productos no ha de ir más allá de lo que la lógica regulatoria de cualquier mercado libre impone. Y eso, cuando hablamos de mercado. Porque no podemos olvidar que en muchos casos la producción están en el fondo radicada en el ámbito de lo público, aunque no se entienda así (piénsese en el caso de toda la producción académica y científica que realizamos, por ejemplo, los universitarios, por mucho que el sistema permita su rentabilización privada).

Así, no tiene sentido amparar desde el Derecho, proteger públicamente restricciones a los consumidores de estos bienes que no tienen parangón en ningún mercado libre capitalista (donde quien adquiere un bien puede hacer con él más o menos lo que mejor le parezca) sólo para proteger a la industria de la marcada caída de valor de su producto como consecuencia de la digitalización y de la transformación en los usos sociales y de consumo que trae consigo. Así, no tiene la más mínima lógica que el Estado intervenga en la sana lógica capitalista en la que vivimos instalados con la imposición de cánones que alteran el equilibrio de mercado en favor de unos y en perjuicio de todos los demás.

El Estado no tiene que proteger a la industria cultural y las creaciones artísticas. O, al menos, no su modelo de negocio. Y si entiende que ha de protegerlas como «manifestación cultural», entonces ha de hacerlo de un modo radicalmente distinto al que emplea hasta la fecha. Porque si todos aceptamos que estamos hablando de cultura y no de negocio, la pasta y los esfuerzos públicos habrán de orientarse hacia que el que pone la pasta (el Estado, todos los ciudadanos) reciba el bien. No a poner pasta y esfuerzos (del Estado, ergo de los ciudadanos) para poner trabas a la distribución de los bienes culturales.

Si estamos en un mercado (como sostienen desde la industria cultural), por contra, no tendrá sentido que el Estado ampare públicamente que se graven los soportes digitales indiscriminadamente. Si se tratara de un impuesto, que lo recaude el Estado y lo destine a fines de interés general. Si se trata, como se argumenta, de un «recargo» que el legislador entiende justo que se imponga a cambio del derecho de copia privada que tenemos reconocido los consumidores (derecho que, por cierto, no es más que una manifestación más de la lógica capitalista, de libre mercado, que dice que cuando compramos un bien lo normal es que podamos hacer con ese bien más o menos lo que queramos, poniendo el Estado restricciones sólo cuando hay algún interés general que lo justifique), digo yo que como mínimo habrá que exigir que ese «recargo» se imponga sólo a quienes van a hacer uso de ese derecho. Si no, nos encontramos ante una medida que en el fondo es más fiscal que lo que dice ser. Y que, por ello, no tendrían que estar habilitados para recaudar sociedades privadas como son las de gestión de derechos de autor.

No sé si logro hacerme entender. No sé si explico de qué va el asunto. Pero, ejemplificado sencillamente: yo no grabo música, vídeos, pelis ni series. No lo he hecho nunca. No me compro CD o DVDs para ello. Los que me compro son para guardar mis cosas, mis trabajos. Y, sin embargo, al hacerlo he de pagar un canon para contribuir a financiar a los autores y sus empresas. A lo mejor puede ser razonable que así sea, que el Estado entienda que han de gravarse ciertos actos para luego financiar cosas que socialmente son interesantes (pero, ojo, que estamos hablando entonces de financiación pública, con todo lo que eso supone, entre otras cosas de no tener coherencia que luego se exijan sólo reglas de mercado para rentabilizar esos bienes). Pero que sea el Estado quien lo haga. Es absolutamente anómalo y probablemente inconstitucional que se me obligue a pagar un canon a una empresa ajena a mi relación con el fabricante y distribuidor de un producto para financiar el negocio de otro tipo al que nada le afecta mi intercambio mercantil (con el vendedor de un CD, para grabar mis artículos o mis fotos). Y sí, ya sé que el TC nunca se ha manifestado en este sentido. Pero probablemente porque se equivocó en su día. Y probablemente, como la escalada de cánones siga así, estas acciones predatorias le darán una excusa perfecta para rectificar. O eso espero, en buena lógica jurídica, que ocurra. ¿Qué sentido tiene que una ley consagre un enriquecimiento sin causa en favor de agentes privados?
Incluso así, vale que aceptemos el sistema de gestión de derechos de autor tal y como está ahora montado (SGAEs y demás), siquiera sea durante un tiempo hasta que rehagamos todo el modelo. En tal caso, como muy bien estudian Juan Antonio Ureña y Manuel de la Fuente, qué menos que exigir un control público sobre la forma y destino de las actividades de estas entidades. Porque se supone que están recaudando al amparo de una imposición gracias a la interposición del canon por medio de la ley. No olvidemos que sólo con este respaldo público es posible aspirar a lograr algo así. Y se supone que, por ley, han de destinar estos fondos a retribuir con justicia a los artistas y a promover acciones de interés público. ¿De veras lo están haciendo? ¿De veras hay una supervisión pública exigente? Como demuestra el trabajo, no. Pues bien, esto es una verdadera vergüenza. Y así hay que decirlo.

¿Supone eso estar loando y defendiendo un «derecho al pirateo»? Pues no, evidentemente. O eso creo (que no, y que es evidente que no). Y me gustaría que quedara claro. Porque todo el mundo tiene derecho a poder vivir de sus creaciones si éstas tienen valor y un mercado. Pero una cosa es eso y otra bien distinta que el Estado haya de amparar un sistema abusivo de protección de un modelo de negocio decadente que nos hace sufragar a todos de forma indiscriminada y sin ningún tipo de control sobre la justicia y adecuación del reparto de los ingresos. Porque una cosa es eso y otra bien distinta que se consienta a ciertas personas y empresas aprovecharse de la cultura y saber acumulados por muchos a lo largo del tiempo, de forma cooperativa, para después patrimonializarlo. Porque una cosas es eso y otra bien distinta recoger subvenciones con una mano para «la cultura, que es tan importante para la sociedad» mientras con la otra se exige cobrar hasta el último céntimo a partir de una lógica estricta de mercado porque «oiga, es que esto es nuestro medio de vida y esto es un producto como un coche o una tostadora por el que Usted ha de pagar según yo determine».

Tampoco el libro, cuando analiza las consecuencias penales del P2P, se acerca a postular la existencia de un «derecho a la piratería». Clara Viana analiza, y lo hace muy bien, el estado de la cuestión, denunciando las incoherencias intrínsecas de la respuesta punitiva que el Estado ha montado (para satisfacción de los intereses de la industria) frente a ciertas conductas, analizando minuciosamente la sostenibilidad jurídica del entramado de respuestas penales que pretenden oponerse al fenómeno de la descarga de archivos. Sus conclusiones, nada radicales y sí muy ponderadas, demuestran con claridad que la ilicitud (civil) de ciertas conductas no es necesariamente base suficiente, a la luz de cómo funciona nuestro sistema penal con la legislación actual, para entender como delictivas esas acciones. No supone eso, ni mucho menos, el reconocimiento de un «derecho al pirateo». Implica únicamente poner en su sitio algo muy sencillo: para que algo sea delito no ha de ser sólo ilegal sino especialmente grave y así sentido por la sociedad que, por eso, lo configura como delito de forma expresa. Lo que se expresan, pues, y de manera a mi entender difícilmente cuestionable a la luz del actual texto del Código penal, son las dudas respecto de su perseguibilidad en sede penal, dado el complejo equilibrio que supone el Dereho penal, donde, recordemos, se ventilan las agresiones más graves a los bienes jurídicos protegidos. Las conclusiones del trabajo, por lo demás, son tan sensatas y poco radicales como que coinciden con la posición de la Fiscalía, en su Instrucción de 2006 que, como consecuencia del retraso en la publicación del libro para que recogiera la nueva LPI, fue posible introducir en las últimas pruebas.

En el fondo nos encontramos ante respuestas sobredimensionadas (y que a pesar de ello siguen siendo socialmente improductivas, lo que debiera hacer reflexionar sobre la conveniencia de seguir por este camino) de una industria que es defendida hasta extremos desequilibrados por el Estado. Que, por lo demás, es consciente de su propia incapacidad para hacer defender un Derecho que, obsesionado por defender estos intereses, pierde efectividad a marchas forzadas. Porque ni responde a un correcto equilibrio de los intereses ni es socialmente justo ni está adaptado al nuevo marco tecnológico y a las transformaciones que ha supuesto en el valor de ciertos bienes. La hipertrofia de algunas respuestas sólo es muestra de cómo se pretende solucionar el problema de la falta de efectividad por la vía de ampliar el ámbito de sometimiento de los ciudadanos a ciertas medidas (el canon es un excelente ejemplo), conscientes los poderes públicos y las empresas de que dado que no pueden ya aspirar a cobrar un canon cuando eso pudiera llegar a aceptarse que tiene alguna justificación (cuando se va a emplear el soporte para hacer una copia privada), pues mejor apurar, mientras se pueda, por la vía de cobrarlo indiscriminadamente a cualquier soporte con independencia del uso que se vaya a hacer. No se dan cuenta de que es hambre para mañana a pesar del pan que puedan obtener hoy con una medida así. Porque de alguna manera «legitima» a ojos de muchos el P2P (a fin de cuentas, ¿no me lo están cobrando ya, y de manera masiva?), que no será eficaz, que impone a muchos ciudadanos el pago de una tasa sin justificación alguna y que conlleva un evidente enriquecimiento injusto de quienes la detraen. Que pone en el ojo del huracán a las sociedades de gestión, con lo que empiezan a aflorar sus oscuras e incontroladas maneras de actuar y de repartir beneficios…

Vamos, que no es que defendamos el derecho a piratear. Que yo, por ejemplo, no lo defiendo. Es que, simplemente, pienso que es difícil encontrar un caso donde veamos en nuestro ordenamiento tan patente el efecto de no asumir que las cosas han cambiado. Los nuevos equilibrios sociales y económicos que impone el cambio social y tecnológico, que habrán de buscarse necesariamente, sí o sí, por otras vías, es lamentable que traten de ser impedidos a toda costa (y creando más problemas de los que resuelve), por el legislador. Pero todo esto tiene la ventaja de permitir visualizar con gran claridad la profunda injusticia e inadecuación de una regulación tan desequilibrada. Lo cual es el primer paso para que su modificación acabe siendo ineluctable.

Ocurre, sin embargo, que muchos saben que el discurso en torno al «derecho a piratear» es el único campo donde pueden ganar la batalla. Por eso les conviene tanto llevarla ahí. Y por eso hacen tan flaco favor a la sociedad quienes siguen obsesionados con defender este presunto derecho, por mucho que la técnica lo haya puesto tan fácil.



14 comentarios en Derecho a piratear
  1. 1

    Una coda a lo escrito, y perdonadme esta costumbre mía de «contaminar» los comentarios con cosillas adicionales:

    Parte de la responsabilidad en que ciertas cosas pasen es de los juristas y, en concreto, de los que nos dedicamos a la Universidad. Porque es demasiado común que los que se estudian estas cosas (pasa también en otros ámbitos) lo hagan para actividades de mercado anejas a su condición universitaria o que, directamente, sean juristas de mercado y no juristas de Estado (en la terminología de Capella) por lo que defienden intereses de parte. Como es obvio, respecto de esta polémica, las fuerzas de una y otra parte son bastante disímiles. Los esfuerzos jurídicos que pueden contratar y la calidad de los mismos, también. Es lógico. Que desde las Universidades se ayude tan poco en estas batallas, que sean las propias editoriales universitarias, por ejemplo, las que se asocian con Cedro para hacer barrabasadas varias, es algo que clama al cielo.

    Las cosas van avanzando, sin embargo, a partir de que la contienda se privatiza cuando son llevadas a ciertos extremos. Es lo que provoca la obsesión de la SGAE por ordeñar a la vaca mientras siga con vida. Y el asesoramiento jurídico a afectados por salvajadas varias mejora a medida que el mercado se ensancha. Los jueces actúan. Sectores industriales importantes se ven afectados (ahora la industria informática en pleno le ve las orejas al lobo) y las cosas se reequilibran.

    Pero es cierto que he echado de menos, desde hace tiempo, una exposición informada y neutral. No basta con los esfuerzos de abogados de parte, a veces tan buenos como Sánchez Almeida o Maestre (y tan formados). Porque, la verdad, no ha sido lo habitual en esa trinchera. Pero también porque lo cierto es que no hace falta sólo participar en esa batalla. Los juristas, al menos los que estamos en la Universidad, hemos pasado sobre este asunto, como sobre tantos otros, de puntillas.

    Es la consecuencia de una de las perversiones del sistema, que suele conminar a los que más saben a buscarse la vida y a arrendar por ahí su conocimiento jurídico, dado que el mercado lo paga bien, consecuencia de los pocos alicientes que ofrece la otra posición.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 05 de abril de 2007 a las 5:23 pm

  2. 2

    Comparto plenamente su exposición Sr.Boix, además, como prueba de la ineptitud del legislador en este campo y de la ineficacia de las leyes que propugnan lo que usted decía; si me están cobrando un canon de copia, pues eso, canon pagado, copia ¿legal?, parece incongruente; es como si nos cobraran X por cada folio porque con él se pueden hacer fotocopias…yo, como por ahora no tengo derechos de autor que proteger (y como no haga un libro de chistes, creo que así va a seguir), descargo, copio, crackeo, paso, subo, etc, etc, etc. Que nos ponen cánones…pues a comprar cd’s y material informático de Asia por Internet (ni cánon, ni impuestos aduaneros, ni na de na). Sí, lo admito, soy de ese ‘lado oscuro’ de la sociedad que se aprovecha de la digitalización, ¿pero como sino iba a tener música de 100 grupos distintos? Si el bien jurídico a proteger es la cultura ¿qué mayor difusión de la cultura que esto? Si quieren que suban los gravámenes, pero que no sea RAMONCÍN el que lo redistribuya…

    Entrad, y vereis donde acaban ¿nuestros? cánones…

    http://www.escolar.net/MT/archives/2006/06/lo_que_cobra_ra_1.html

    Comentario escrito por ADE-Dret — 06 de abril de 2007 a las 1:30 am

  3. 3

    Curiosas siglas las de la SGAE…
    Sociedad
    General de
    Autores y
    Editores

    ¿Cómo puede ser que estén los Editores en la misma Sociedad que los artistas?

    Los Editores no fabrican también CDs vírgenes ?? (x.ej: SONY)

    Les pagamos: La música que editan + El soporte para grabárnosla + El cánon para proteger la música que editan de los que aprovechan los cd’s que fabrican para grabarsela

    ¿Curioso esto de los cedeses no?

    Comentario escrito por ADE-Dret — 06 de abril de 2007 a las 1:54 am

  4. 4

    ¡Pues vaya novedad que los abogados estáis vendidos a los que tienen pasta!

    ¡Si fuera sólo en el caso que comentas ya sería una suerte!

    Comentario escrito por Anna — 06 de abril de 2007 a las 1:03 pm

  5. 5

    creo haber entendido todo,pero me parece no aportan posible solucion alguna. entendería tener que pagar algo por los préstamos de la biblioteca ( a pròposito, cuánto sería:cinco céntimos, diez, quince? por obra prestada… me parecería razonable pues en este caso sí se gravaría un consumo propio cultural y no una mera posibilidad al comprar un dvd virgen)… en total gastaría menos de un euro a la semana, menos de lo que me gasto en café en un dia y tal vez escogería y valoraría más lo tomado en préstamo. cómo destinar lo recaudado en tal tasa, esta ya es una muy otra cuestión…Saludos

    Comentario escrito por carles — 06 de abril de 2007 a las 5:11 pm

  6. 6

    Seguramente es consecuencia de mi analfabetismo jurídico y la densidad y amplitud de tu exposición, pero no veo que propongas soluciones concretas a este problema. Yo pirateo contenidos de todo tipo: juegos, música, video, libros, software… Y no estoy orgulloso de ello en absoluto, me parece un problema para la persona que decide dedicarse a hacer música o escribir libros, y vivir de ello. Y seguramente tampoco es un tema trivial para los fabricantes de software, aunque tal vez lo tengan un poco mejor por las licencias que compran las empresas. Pero a pesar de esto, digamos que la amoralidad de esta actividad de pirateo no me llega a atormentar tanto como para dejar de hacerlo y comprarme las cosas. Independientemente de las situaciones absurdas que se están dando (canon a los préstamos en bibliotecas, canon digital, etc…), y lo mal que me caigan Ramoncín, Ana Belén, Teddy Bautista, Luis Cobos, etc., creo que es un asunto grave, que con razón preocupa a las partes afectadas. Por no enrollarme más todavía, concluiré diciendo que soy optimista sobre el tema, y creo que las ‘victimas’ encontrarán formas de seguir siendo rentables (politonos, merchandising, licencias, recitales, ediciones exclusivas y todo lo que está por venir), y los piratas compulsivos podremos seguir teniendo gratis casi todo lo que pueda guardarse en soporte electrónico.

    Comentario escrito por Guille — 06 de abril de 2007 a las 8:28 pm

  7. 7

    No sè si en el libro ese habláis de Creative Commons, una asociación que promueve, a diferencia del clásico «todos los derechos reservados», un «algunos derechos reservados».

    http://es.creativecommons.org/

    Comentario escrito por Señor de bigote con su señora enjoyada del brazo — 09 de abril de 2007 a las 8:26 pm

  8. 8

    Andrés: la palabra «aberración» te viene a la mente cuando lees esto? :

    http://www.internautas.org/html/4204.html

    Comentario escrito por Anonimus — 10 de abril de 2007 a las 12:58 pm

  9. 9

    ¡Cuántas cosas!

    a) Los juristas no estamos a sueldo de los ricos y de los poderosos. El Derecho es un constructo social que refleja las ideas y maneras de quienes controlan y organizan nuestras sociedades. De los ricos y poderosos, vamos, en gran medida. Los juristas, sin embargo, trabajamos con un instrumento de conciliación de problemas sociales que, por formalizado, tiene un cierto elemento reequilibrador dado que, al menos, aspira a eliminar arbitrariedades por la vía de establecer pautas, principios y a veces reglas con vocación de generalidad.

    Los juristas manejan ese instrumento a partir de su conocimiento técnico. Es una capacidad que tiene valor y que, por eso, se paga. Lógicamente, los juristas que ofrecen sus servicios en el mercado suelen tener más interés y estímulos para ponerse al servicio de quienes más pueden pagar. Sin embargo, ello no quita para que incluso los juristas de mercado hayan desarrollado históricamente una labor social en pos de cierta idea de Justicia y de respeto al Derecho, más allá de sus retribuciones. El nacimiento de todos los servicios de asistencia jurídica gratuita para pobres, obra de la propia profesión, es buena prueba de ello.

    Aun sin contar con ello, ha de tenerse en cuenta que la mera dialéctica entre intereses sociales enfrentados permite cierta defensa de casi cualquier posición y un avance innegable de la justicia social, aunque sea muy lento. Basta analizar la evolución del Derecho desde que axiste como tal en su versión moderna para darse cuenta de ello.

    De forma que, incluso en un caso como éste, con tal descompensación entre ambos contendientes, vemos cómo las cosas se han ido moviendo.

    Por último, y más importante, no todos los juristas son juristas de mercado. No he de reprochar nada a estos últimos, cuya labor me parece legítima y necesaria, amén de dignísima. Mi crítica no iba por ahí, no iba dirigida hacia ellos. Iba hacia el colectivo de juristas que trabajamos al margen del mercado, que somos pagados por hacer otras cosas (normalmente, de forma directa o indirecta, por la colectividad) y que pervertimos nuestra tarea (nosotros sí) cuando nos ponemos al dictado de quien nos paga por tal o cual trabajo con una orientación concreta, por tal o cual dictamen pretendidamente objetivo (porque proviene de la Universidad).

    Como veréis, o al menos así lo creo, es todo algo más complicado que decir que los juristas están al servicio de los poderosos.

    b) ¿Creative Commons? Sí, el asunto se trata. El libro, de hecho, está protegido por una licencia de las de Creative Commons (en concreto, la que permite su libre difusión en naciones desfavorecidas) y tiene tres capítulos totalmente liberados. Por supuesto, además, las referencias a la labor de Lawrence Lessig y a sus obras son habituales: se trata de alguien que está luchando desde el rigor jurídico y con posturas jurídica y socialmente más que sensatas. Nada que ver con los abogados (en todos los sentidos del término) del «derecho a piratear».

    c) Como decía desde un primer momento, no soy un defensor del derecho a piratear. Pero, más allá de exponer cómo creemos que ha de abordarse un análisis cuidado de estos fenómenos, sí que planteamos algunas soluciones (se pueden leer con más detalle en la obra) a algunos de los problemas socialmente más sentidos:
    – Respecto del P2P. El hecho de considerar que cierta puesta a disposición pueda ir más allá del derecho de copia privada no nos hace pensar que eso signifique que hacerlo sea delito. Analizamos con cuidado el caos y razonamos técnicamente la incorrección de perseguir penalmente estas conductas. El retraso en la publicación del libro ha permitido incluir la circular de la fiscalía que concluye en idéntico sentido. ¿Cómo habrían de defenderse la compañías de sus pérdidas? Actuando civilmente contra quienes se las produzcan, lo cual obliga inevitablemente a «moderar» sus acciones (actuando sólo contra quienes de veras les produzcan un lucro cesante cierto e importante, contra quienes hayan obtenido un enriquecimiento injusto a su costa y, ademas, cuando lo puedan probar).
    – Respecto de la SGAE y demás, la obra denuncia el incumplimiento material flagrante de la legislación en materia de control de sus actividades por parte de los poderes públicos. Propone como solución un incremento radical de la intervención pública, al menos como primer paso. En varios niveles: a la hora de recaudar, a la hora de distribuir fondos, a la hora de organizarse internamente y a la hora de determinar qué inversiones son de interés público y cuáles no. A más largo plazo, la obra sugiere, con cierto fundamento, que habría que replantear si este sistema ha de ser público o privado. Y, si privado, eliminarle ciertos privilegios. Y, si se desean mantener o incrementar, que coherentemente quede residenciado en el sector público.
    – Como leit motiv general, el libro denuncia la constante confusión público-privado y promueve una solución sencilla: que el Estado no consienta, ampare, permita o promocione que se beneficien de protecciones «públicas» al amparo de pretendida naturaleza cultural o de servicio de sus productos quienes, a la vez, exigen cuando les conviene un trato estrictamente respetuoso con su derecho a comerciar con bienes que, para eso sí, tachan de «privados».

    Que los autores hayan de cobrar por su trabajo y su obra, algo que nadie discute, nada tiene que ver con:
    – apropiarse del conocimiento de las sociedades, adquirido y decantado por todos, para pretender patrimonializarlo.
    – que el mercado, sus condiciones sociales y tecnológicas, marcan inevitablemente modelos de negocio y rentabilización de los esfuerzos y afanes, al margen de los cuales no se puede vivir (ni siquiera con la respiración asistida que proporciona el legislasdor) mucho tiempo.

    d) Por último, Anonimus, la información que enlazas está, espero, algo sesgada. Lo que no quita para que el fondo del asunto sea, sí, absolutamente aberrante. Insisto: si tantos privilegios «públicos» han de concederse a SGAEs y demás, ¿acaso no estamos ante indicios evidentes de que probablemente, caso de que creamos que estas entidades han de subsistir y que su función es importante y buena para la sociedad, han de ser integradas en el sector público y que sea la Administración la que se encargue de recaudar y repartir conforme a criterios decididos por los representantes de los ciudadanos y no por los directivillos e las «asociaciones» de turno?

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 10 de abril de 2007 a las 2:10 pm

  10. 10

    Tiene Usted una voz bonita.

    Incluso por Internet resulta entretenida la charla… lo cual tiene su mrito!

    Comentario escrito por Mara V. — 10 de abril de 2007 a las 8:05 pm

  11. 11

    Gracias.

    Siguiendo con las aberraciones, me ha comentado un colega que se dedica a esto (en concreto, Juan Antonio Ureña, coautor del capítulo que recomendaba arriba, que me dice haberlo leído ya en el argumentario de los defensores de la industria cultural con los que se empapa últimamente) que las boutades que algunos hemos sostenido en ocasiones están a punto de convertirse en las nuevas reivindicaciones de las entidades gestoras de derechos de autor. A saber, que la idea de que, si a un CD se le pone un canon por si se usa para grabar material protegido por derechos de autor, ¿por qué no ponérselo a los folios, que también pueden servir para fotocopiar libros? va haciendo su camino.

    En este asunto la más mínima parida, cualquier exageración chistosa que uno pretende hacer, acaba convirtiéndose en realidad.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 11 de abril de 2007 a las 9:00 pm

  12. 12

    Por Dios !! Nos van a canonear los bolis, el [COPIA+PEGA] de Windows y hasta nuestra memoria (la poca que tenemos) !!
    La política y los que maman de ella no dejan de sorprenderme…
    Creo recordar (si no es así, corríjanme) que para la aprobación de una ley, dentro de un sistema democrático normal (que quizá el nuestro no lo sea), se necesitaba; o al menos era algo a lo que se debía aspirar, que previamente hubiese cierta ‘conciencia social’, para que el cumplimiento de la ley no se limitase a un temor a las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento.
    Si esto es cierto, ¿existe esta conciencia en nuestra sociedad; más allá de Ramoncines, editores, autores y gentes ‘de bien’? ¿Creen que lo están fomentando con anuncios como ‘Ahora la ley actúa, los delitos en la red quedan registrados’ (uy uy uy que miedo!!)?

    Comentario escrito por Arsiset [A-D] — 12 de abril de 2007 a las 1:09 pm

  13. 13

    Andrés, recuerdo que hace años (cuando empèzó a hablarse de la movida esta del canon) se bromeaba con que si se tomaba en serio todo lo que decían las entidades de gestión, habría que considerar como un daño a la cultura la existencia de bibliotecas públicas. Se decía como una especie de reductio ad absurdum.

    Mira donde estamos ahora con el canon a las bibliotecas…

    Comentario escrito por Anonimus — 12 de abril de 2007 a las 1:30 pm

  14. 14

    Acerca de este tema tan fascinante, he encontrado un libro que me ha gustado mucho y que ha sido escrito por una experta en el tema.

    Se llama Nuevos temas de Derecho de Autor y derechos conexos

    Les envio un link donde lo pueden encontrar

    http://www.libros24h.com/detalle.php?det=49500&mat=

    Gracias

    Comentario escrito por Daniel Andrades — 06 de junio de 2007 a las 10:53 am

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