La gallina de los huevos de cemento, reloaded

Estas Navidades, como casi todo el mundo, he tenido una ajetreada vida social. Muchas comidas y cenas, reuniones y encuentros, con familiares, amigos y viejos compañeros de estudios. Me ha impactado hasta qué punto muchos de los que se han dedicado en años pasado, o todavía se dedican en la actualidad, al urbanismo, contaban una misma historia: la de la aristocracia jurídica del ladrillo que tanto pinta y ha pintado en nuestra querida Comunidad valenciana que lleva desde el verano haciendo lobby a cuenta del proyecto de reforma y refundición de las leyes que regulan el urbanismo en este País Valenciano nuestro. Por lo visto, dado el parón en la reclasificación de suelo de los últimos años (y que se espera que éste continúe al menos otros tantos), hay un esfuerzo brutal de muchos por «vender» al Gobierno valenciano las bondades de un nuevo urbanismo que superara una visión pacata y ambientalista que, por increíble que parezca, es la que se juzga ahora que cristalizó en las normas actualmente vigentes que han regulado la orgía burbujística comenzada simbólicamente con la aprobación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994.

De esto, precisamente, he hablado en términos muy generales en mi primera columna de El País de este año, dando cuenta de los argumentos que se están empleando entre bambalinas, lejos de la luz y taquígrafos deseables en una democracia. Unas razones que son viejas y fallidas y nos devuelven al maravilloso concepto con el que Ramón Martín Mateo tituló su último libro (que luego no era tan agudo como el título, aunque probablemente, claro, algo así era imposible) sobre urbanismo valenciano, esto es, la gallina de los huevos de cemento:

Vuelve la gallina de los huevos de cemento

La manera en que hemos gestionado nuestro urbanismo no ha sido, la verdad, demasiado satisfactoria. La crisis, al menos, ha acabado por convencer a la práctica totalidad de la población de ello. Visto en retrospectiva, ha quedado totalmente validado el juicio de quienes alertaron de que esa vía no era la adecuada porque ni creaba tanto bienestar como nos decían, ni distribuía adecuadamente las rentas generadas, ni era (por descontado) sostenible y porque, además, acabó drenando numerosos recursos que habrían sido muy importantes y habrían generado mejores frutos a medio y largo plazo en otros sectores.

Sin embargo, y por increíble que parezca, la mítica gallina de los huevos de cemento, en afortunada expresión del profesor de la Universitat de Alicante Martín Mateo, parece que está de vuelta. Este sistema nuestro, que como es sabido tantas alegrías nos ha deparado, de gestión de los intereses públicos entre bambalinas, a base de reuniones semiclandestinas de diversos grupos de interés y supuestos expertos que luego entregan bien cocinadito un texto legal a nuestras disciplinadas Cortes Valencianas, vuelve a la carga. Y lo hace con un diagnóstico de cuáles son los problemas de nuestro urbanismo que si no fuera terrible porque uno ya se espera que nuestras castas extractivas puedan plantear en serio cualquier salvajada sería hasta divertido por directamente delirante.

Así, los expertos, que tras haber asesorado a la Administración en el pasado y haber construido (y cobrado con huevos de oro y no de cemento) nuestro fallido sistema de expolio ambiental y territorial ahora se presentan como “técnicos independientes” que nos han de rescatar de nuestros terribles políticos, ya han empezado a insinuar por dónde irán los tiros. Según su criterio, el problema del urbanismo valenciano es, pásmense, que resulta demasiado complejo, largo y caro urbanizar. Sobre todo, según explican a solícitos consellers y a sus asesores, hay que asumir que hemos impuesto unas exigencias ambientales excesivas y unas restricciones que, sencillamente, son desproporcionadas y que no nos podemos permitir. Al parecer, haber hormigonado en una década y media más de lo que habíamos construido en toda nuestra historia como pueblo ha sido una titánica tarea de héroes enfrentados a una regulación soñada por ecologistas y antisistemas. Para rematar el cuadro del esperpento, se alerta sobre el rigor empleado contra las edificaciones ilegales, esas decenas de miles de chalets y casetes que la generación del culto al ladrillo ha erigido por doquier (suponemos que por patriotismo). Que la LUV amnistiara todas las viviendas ilegales previas no es prueba de laxitud sino de lo contrario, dado que cometió el pecado de leso hormigón de establecer, a su vez, que en ningún caso se legalizarían futuras viviendas ilegales (aunque, eso sí, solo si construidas en suelo protegido).

Frente a una gerontocracia ladrillil que, sencillamente, no quiere que se le acabe el chollo va a ser necesario recordar que el urbanismo valenciano ha sido desastroso por otras razones, que afortunadamente esta crisis permite a todos tener claras. Deberíamos ser los valencianos, y no supuestos expertos interesados, los que tomáramos decisiones al respecto. Preferiblemente, por favor, no demasiado insensatas.

Sin embargo, no es verdad que este debate esté ocurriendo en su integridad fuera del conocimiento de la ciudadanía. Hace unas semanas Mariano Ayuso publicó un texto en el diario digital Valencia Plaza titulado «Las siete claves del urbanismo valenciano» que es extraordinariamente interesante y democráticamente impecable en la medida en que plantea las cuestiones que otros tratan sólo en privado a todos los ciudadanos. Que es de lo que se trata. Así que me parece que es esencial hacer el esfuerzo de relatar y tomar en cuenta las razones de quienes sí hacen el esfuerzo de darlas en público y a todos. Porque por mucho que podamos estar en desacuerdo a veces, es de lo que se trata, de construir un debate donde muchas veces no tendremos razón, o estaremos muy solos, pero del que toda la sociedad debe conocer y participar. Especialmente cuando hablamos del destino que damos a nuestro territorio, por cuanto es algo que nos incumbe muy directamente a todos a corto, medio y largo plazo.

Las razones de Ayuso van en la línea de las que muy brevemente he criticado en el texto publicado en El País. Otras, no tanto. Repasemos brevemente todas ellas siguiendo la numeración que él mismo les da:

1. Un marco normativo estable.
Una de las premisas el desarrollo ordenado de cualquier actividad, ya sea personal o colectiva, pública o privada -y no digamos la empresarial- es un marco normativo estable en el que fundar las expectativas y conforme al que poder diseñar la planificación de las actuaciones futuras…

Nada que añadir en este punto. Que las leyes tengan un mínimo de estabilidad es, en efecto, importante para la seguridad jurídica. No sólo eso, también es, normalmente, un indicio de que la norma en cuestión funciona bien y con poca conflictividad social. De manera que no conviene perder de vista que para tener ese marco normativo estable habría que hacer un esfuerzo para dotarnos de leyes que fueran buenas, no sólo técnicamente, sino satisfactorias socialmente. Ello eliminaría conflictividad y haría más estable el marco jurídico. En todo caso, esto no es sino un pequeño matiz a lo señalado por Ayuso, con quien no se puede sino coincidir aquí.

2. Agilidad y celeridad en la tramitación administrativa.
Esta es una cuestión en la que las reformas legislativas pueden ayudar -unificando unos trámites, suprimiendo otros y reduciendo plazos-, pero lo esencial es una reforma -o una reasignación- en la dotación de elementos personales y materiales de las Administraciones y en la mentalidad y forma de trabajar de los servidores públicos. De nada sirve poner normativamente un plazo de seis meses para la tramitación de un procedimiento administrativo, si luego en la realidad son dos años.
Probablemente, en algunas materias urbanísticas, fuera necesario abrir la ventana a los organismos de control privados y que -manteniendo la decisión pública última sobre el planeamiento del territorio y del urbanismo- la verificación de los impactos paisajísticos y ambientales, en sentido amplio, fuera contratable con empresas privadas homologadas, distintas en su caso de las que hubieran realizado la proyección del planeamiento y la evaluación de esos mismos aspectos…

En este segundo punto ya no puedo estar de acuerdo con Ayuso. No parece que hayamos tenido un problema, precisamente, de rigidez y falta de rapidez a la hora de urbanizar. Los resultados que logró el «modelo LRAU» iniciado en 1994 está claro que fueron un éxito a la hora de «desatascar» la gestión del suelo. Que las normas urbanísticas que se han sucedido desde entonces tienen muchos problemas es algo indudable. Pero que uno de ellos, y de los más importantes, sea precisamente la rigidez y lentitud del modelo es bastante dudoso. Los datos, de hecho, dicen que desde 1994 a la actualidad, rigiendo ese modelo, en apenas 15 años de orgía y casi un lustro de resaca, hemos urbanizado (y hormigonado) más que en toda nuestra historia, transformando hectáreas y hectáreas de suelo. Pedir más fexibilidad siempre es posible, pero, sinceramente, llega el momento de plantear hasta qué punto renunciar a controles públicos y de legalidad (que la realidad ha demostrado que, más que sobrar, faltan) es adecuado en aras a lograr esa mayor rapidez. Por no mencionar los innumerables riesgos que conlleva, además, meter gestión privada en el control de este tipo de operaciones, algo extraordinariamente peligroso si aplicamos la lógica ciudadana más elemental (por eso de poner a la loba a defender las gallinas) y con muchos problemas jurídicos (pues hay ejercicios de competencias públicas ablativas que precisamente por serlo no debieran poder ser delegadas en manos privadas, ni siquiera aunque formalmente las retenga la Administración como a veces se pretende). Y es que, a estas alturas, habría que empezar a decir que tampoco pasa nada, por mucha crisis que haya, porque esto de hormigonar sea un poco lento. A fin de cuentas, es un proceso difícilmente reversible y con consecuencias sociales y económicas muy profundas. Bien está que el proceso sea un poco lento, si con ello conseguimos que sea algo más cuidadoso, reflexionado y consensuado.

3. Mayor atribución de derechos y protagonismo a los propietarios del suelo.
En el sistema valenciano de programación y gestión urbanística implantado en 1994 por la llamada la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) -sistema vigente desde entonces, aunque fuera mejorada la posición de los propietarios por la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de 2005- la posición de los propietarios es meramente pasiva y todo el protagonismo lo asumen el Ayuntamiento y -en el caso de que el Programa de Actuación Integrada (PAI) se gestione indirectamente- la figura empresarial del Urbanizador, que actúa siempre como un agente o delegado del Ayuntamiento.
(…)
Se trataría, en suma, de posibilitar la ideación de un programa de iniciativa y gestión de los propietarios, y en el que el Urbanizador es un contratista de estos, y no del Ayuntamiento, con lo que podría facilitarse la financiación, suprimirse suspicacias y resistencias de propietarios afectados y responsabilidades administrativas. En otras Comunidades Autónomas ha funcionado.

Aparentemente, ningún problema en que los propietarios puedan gestionar la transformación del suelo. La cuestión es que con el actual modelo urbanístico valenciano ya lo pueden hacer, siempre y cuando la oferta que realicen al sector público, que es quien ha de controlar y autorizar el proceso de urbanización, sea suficientemente buena. En todo caso, no parece que este sea, a estas alturas, un gran problema. Con lo que se puede estar de acuerdo con Ayuso, siempre y cuando esto no sea un sistema para permitir al propietario o propietarios que no igualen la mejor alternativa presentada a la colectividad ser los que finalmente se lleven el gato al agua. En tal caso lo que estaríamos es aceptando que se transfirieran rentas públicas a unas manos privadas, las de los propietarios, que en todo caso, y por el hecho de serlo, van a ser siempre parte de los que recibirán beneficios (y no pequeños) con el proceso de urbanización (como a estas alturas, creo, no se le escapa a nadie, tras tanto años de aprendizaje social sobre lo que es, significa y supone un PAI).

4. Resolución de los problemas legales urbanísticos creados por el «pinchazo» de la burbuja inmobiliaria.
El «pinchazo» de la burbuja inmobiliaria ha generado una serie de problemas legales -programas aprobados sin terminar de ejecutar o sin comenzar a ejecutar, programas en tramitación sin posibilidades de ejecución y otras patologías- que difícilmente pueden ser resueltos con una normativa pensada desde la opulencia.
Análoga razón hace inoperantes numerosas instituciones pensadas y reguladas en momentos de una expansión reclasificatoria y urbanizadora, en la que toda exigencia ambiental era económicamente razonable: cesiones desproporcionadas, estándares muy elevados de reservas de suelo y otras cargas a costa -en definitiva- de los propietarios del suelo, de los Administraciones y de los urbanizadores.
Realmente hace falta ponerse en razón y tomar medidas -al menos transitorias- que permitan la solución de estos problemas.
Para los del primer grupo haría falta un paquete de medidas de desprogramación total o parcial al menor coste posible para todos los implicados, o un paquete de medidas de reducción de los ámbitos de programación o de los costes de urbanización, y todo ello aunque supusiera una quiebra transitoria de algunos principios hasta ahora considerados esenciales.
Para el segundo supuesto, habría que reducir las exigencias en cesiones, reservas, etcétera, y dejar esos elevadísimos estándares para tiempos de más bonanza. Realismo puro y duro, en suma.

He copiado en su integridad lo que propone Ayuso porque es extremadamente importante lo que escribe y la defensa de la propuesta que hace, en la línea de lo que se viene escuchando cada vez más en cada vez más foros. Y en este punto no se puede estar más en desacuerdo con lo planteado. Porque estamos hablando, pura y llanamente, una vez más, de pretender que la colectividad «rescate» a emprendedores privados a los que, sencillamente, por su mala cabeza y previsiones carentes de toda base, no les salen las cuentas. De manera que lo que habría que plantearse, dado que estamos hablando de que la colectividad, todos, asumamos unos costes en beneficio de unos pocos, es qué beneficios saca la sociedad en su conjunto de todo ello y a cambio de qué cargas. Los beneficios, a la vista está tras la experiencia de los últimos años, no serán demasiados: algo de empleo poco cualificado y una artificial subsistencia de un sector ladrillero burbujístico que ha hecho ya mucho daño y que tanto más hará cuanta más asistencia pública reciba. La evaluación correcta, pues, debería pasar por analizar si las medidas de estímulo público tiene sentido que sigan en esa dirección y seguir permitiendo que se drenen esfuerzos, inversiones y capital de otros sectores productivos en beneficio de hacer más y más grande el altar del Dios ladrillo, de quien se beneficia mucho una casta de sacerdotes urbanistas pero que, la verdad, ha dejado más bien poca riqueza al país. Es más, lo ha dejado destrozado.

Respecto de la propuesta de aligerar las exigencias ambientales o en materia de cesiones, se trata de nuevo de lo mismo: de aligerar cargas y beneficiar unas actividades económicas por su supuesta importancia económica. Se olvida Ayuso, sin embargo, de las tremendas externalidades que tiene esta actividad, su carácter muy difícilmente reversible y el hecho de que normalmente supone traer riqueza del futuro al presente, para su uso, disfrute y gasto aquí, pero dejando vacías las arcas de futuras generaciones, de cuyo patrimonio territorial hacemos uso intensivo nosotros, extrayendo la parte del león de los beneficios. Una política sensata al respecto, pues, sería, al contrario, incrementar las exigencias para encarecer y dificultar urbanizar y transformar más suelo. Máxime en un contexto en el que, como todos sabemos, ni faltan viviendas vacías, ni suelo programado en nuestras ciudades ni decenas de miles de segundas residencias fantasmagóricamente vacías. Frente a tal panorama, ¿de veras tiene sentido favorecer que se urbanice todavía más, que se construya aún más?

5. Una actividad de planeamiento sostenible y sencilla.
La actividad de planeamiento urbanístico ha llegado a ser una pesadilla. La cantidad de estudios diversos y la complejidad de los instrumentos complican terriblemente la elaboración y aprobación del planeamiento, además de hacerlo muy costoso.
(…)
Por cierto, que una buena solución a muchos problemas sería el ejercicio real de las competencias de la Generalitat -de la Conselleria competente- en materia de planeamiento territorial. Hay varios Planes de Acción Territorial -por ejemplo el futuro Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje o, en un ámbito concreto, el de Protección de la Huerta que podrían simplificar y mejorar, si abordan las determinaciones precisas, el ámbito municipal.
Este aspecto de la potenciación del planeamiento territorial -y el desarrollo del magnífico instrumento indicativo que es la Estrategia Territorial Valenciana- puede generar unos efectos realmente positivos en la calidad del planeamiento municipal y en su facilitación.

Personalmente me parece un error entender como un problema que el urbanismo sea complejo y su tramitación multinivel. No creo que sea malo que haya una intervención y, por ello, un control, tanto en sede autonómica como municipal. Pretender dinamitar esta última (que, en rigor, es la primera) o reducirla a al mínima expresión presenta muchos riesgos: se pierde un control y, además, se aleja democráticamente la decisión sobre qué hacer con el suelo de sus más directos usuarios e interesados: los vecinos de un municipio. Es más, a mi juicio lo que sería interesante es poder aprovechar este parón para «complicar» más si cabe el sistema y empezar a atrevernos a obligar a que la planificación urbana sea más «incómoda» su cabe: con más participación ciudadana, alegaciones, exposiciones públicas, fases de consulta abiertas… e incluso con consultas y referéndums entre los vecinos para la aprobación de las modificaciones mayores. Porque la democracia podría ser el más eficaz control (y más todavía en una sociedad como la valenciana, que debiera haber aprendido la lección de estos años) para evitar excesos y recaer en las masivas recalificaciones que sólo aportan miseria, desigualdad y destrozo ambiental.

6. La apuesta por la rehabilitación urbana.
Ésta es una apuesta muy interesante tanto para mejorar el parque de viviendas y otros edificios urbanos con relativamente escasos recursos, como para evitar el consumo de suelo no urbanizado y optimizar las zonas ya urbanizadas…

Nada que objetar a esta propuesta de Ayuso. Es más, todo lo contrario. Ahora bien, hay que decir que «apostar por la rehabilitación», si se hace de verdad, sólo puede pasar por un camino: que rehabilitar sea más barato que transformar suelo nuevo. Algo que debiera ser a lo que tendieran nuestras normas, pues es mucho mejor que se rehabilite antes todo lo ya edificado si con ello se puede hacer frente a la demanda sin necesidad de usar más suelo. Pero, desgraciadamente, ello no es posible si, a la vez, estás «flexibilizando», «dinamizando» y «aligerando» el régimen jurídico de la transformación de suelo. Porque en tal caso los seres humanos, que somos como somos, nos vamos a lo más barato. Y seguimos hormigonando más terreno… mientras los centros urbanos valencianos (véase el caso de la ciudad de Valencia) tienen más solares que Sarajevo o Alepo. Vamos, exactamente lo que ha pasado en estos últimos años.

7. Solucionar el problema de los miles de edificaciones ilegales.
Es un hecho grave que en nuestra Comunidad hay miles de edificaciones ilegales. Hay que poner remedio en dos sentidos: evitar que se siga edificando ilegalmente y resolver de alguna manera la situación de las edificaciones ya existentes.
Para evitar nuevas edificaciones hay que utilizar nuevos recursos -ya que los tradicionales, de encomendar a los Ayuntamientos la tutela y protección de la legalidad, han fracasado en muchos lugares-, que probablemente pasen por la ampliación de las competencias de la Generalitat en esta materia, incluso la creación de una Agencia específica, la vigilancia aérea y semejantes.
Es necesario actuar preventivamente y proceder a paralizar las obras antes de su conclusión. Mejor esta solución que generar inseguridad jurídica -que nos desfavorece mucho, incluso en la opinión pública internacional- dejando abierta muchos años la posibilidad legal de proceder a la demolición de la edificación ilegal.
Pero para estas miles de edificaciones ilegales es necesario alcanzar una solución que otorgue seguridad jurídica a lo ya edificado y calidad urbanística a sus entornos. Probablemente sea necesaria una actuación urbanizadora, o reurbanizadora, adecuada a los distintos tipos de edificaciones ilegales y su forma de generación.

En este punto la retórica de Ayuso plantea de forma civilizada (en plan «amnistía fiscal», que combina decir que a partir de ahora seremos muy serios con pedir una regularización a cambio de algún pequeño sacrificio) lo que se escucha cada vez más en plan más salvaje: que hay que legalizar todas las viviendas. Algo sumamente curioso, dado que nuestro ordenamiento jurídico ya ha «legalizado» casi todas. La amnistía como tal tuvo lugar con la Ley del Suelo estatal de 1990 (“Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de conformidad con la ordenación urbanística aplicable o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio de su titular”). En clave valenciana nuestra querida LUV, sucesora de la LRAU, a efectos de la restauración de la legalidad urbanística, declaró la imprescriptibilidad de esta acción respecto al suelo protegido y con destino dotacional mientras que la legislación estatal sólo daba este tratamiento al suelo con destino dotacional. Como puede verse, y más allá de que eso implique patrimonializar o no la edificación (que es la madre del cordero cuando te pilla un PAI y se tiene que calcular lo que aportas a la causa y si tu maravillosa casita ilegal se tiene que contar como un haber o no), la LUV no es que se caracterice por un exceso de rigor ambiental (aunque sí eleve algo más el listón que la ley estatal). Y tampoco, basta mirar a nuestro alrededor, Administraciones o jueces y tribunales se han lucido demasiado controlando esta cuestión o «restaurando la legalidad urbanística» en tiempo y forma. Decenas de miles de edificaciones ilegales así lo atestiguan. De manera que menos lobos. Tenemos un problema, sí. Pero si queremos solucionarlo lo mejor es asumir, de una vez, que hay que ser serios y no plantear parches que convaliden, más si cabe, actuaciones pasadas impresentables que, caso de resultar legalizadas no están sino confirmando al español medio en lo que ya sospecha: que conviene seguir con estas trampas y haciendo todo tipo de barbaridades, a la espera de que la nueva aministía urbanística llegue y recompense de nuevo a quien se pasó la ley por el forro.



13 comentarios en La gallina de los huevos de cemento, reloaded
  1. 1

    Gran análisis. Evidentemente, no se puede solucionar un problema utilizando la misma lógica que lo creó.

    Comentario escrito por desempleado — 08 de enero de 2013 a las 9:41 am

  2. 2

    Andrés, desengañate, de esto no nos salvan las leyes, hechas para violarlas- según un político del partido que nos gobierna- sinó la quiebra.
    La quiebra de la Generalitat, que ya no podrá financiar carreteras, depuradoras y traidas de agua ad-hoc, ni hacerse cargo de las que le cedan amablemente los constructores ( salvo algún recorte que otro, en plan portugués, que todo es posible)
    La quiebra de los Ayuntamientos, que ya no van a poder financiar con deuda la seguridad y sanidad pública, y que puede acabar mal el día que los urbanitas nos amotinemos.
    El mal no se puede atajar con leyes, leyes tenemos de sobra, pero mientras Iberdrola pueda recurrir a dar corriente de obra- eterna- a cualquier cosa y los Ayuntamientos y Diputaciones presten servicios para afianzar los nuevos asentamientos, todo se queda en agua de borrajas. Es un mal muy extendido en la sociedad valenciana y cada cual lo tiene asumido a su manera, sin verguenza y sin complejos, como Ayuso demuestra. Los cabezas de león a hacer PAIs y que las Administraciones les pongan la cama y los cabezas de león a hacer casetes para una paella y una torrá en cualquier paraje protegido, luego ponerle un salón y dos habitaciones, levantar una planta y acabar haciendo un «barrio maritimo» y pedir recogida de basuras, poliseros y fumigación para los mosquitos.

    Comentario escrito por galaico 67 — 08 de enero de 2013 a las 10:48 am

  3. 3

    » y los cabezas de ratón a hacer casetes para una paella….»

    Comentario escrito por galaico 67 — 08 de enero de 2013 a las 10:49 am

  4. 4

    Y, muy importante, a quejarse amargamente de que se quemen los bosques que rodean la caseta, incendiados por esa presión urbanizadora, y que los cabrones de los bomberos no se jueguen la vida para salvarles el paisaje de la paellita de los domingos.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 08 de enero de 2013 a las 11:07 am

  5. 5

    Pues no se, una reforma para hacer los procesos mas sencillos me parece apropiada.

    Sencillamente un NO NO VAMOS A SEGUIR EDIFICANDO JODER QUE TENEMOS LA DE DIOS POR VENDER TODAVIA MAMONES y santas pascuas.

    Comentario escrito por Latro — 08 de enero de 2013 a las 1:48 pm

  6. 6

    Y que sacar al mercado otro ofertón de viviendas en condiciones mucho mejores – menos costes de mano de obra, los pocos terrenos virgenes que se habían conservado para saber como era el Pais Valencià antes de Franco- va a suponer que miles de ciudadanos se queden pagando un activo amortizado por invendible, al menos hasta dentro de 20 años…

    Comentario escrito por galaico 67 — 08 de enero de 2013 a las 4:47 pm

  7. 7

    Sin ánimo de molestar, me parece muy ingenuo entender que complicar aún más el procedimiento urbanístico contribuiría de alguna manera a evitar el desarrollo indiscriminado del mismo. Ya se encargan las «élites extractivas» de sortear sin escrúpulos cuantos obstáculos encuentran en la gestión de sus carteras.
    Las normas si son sencillas mejor. Otra cosa es desear que se apliquen de forma sensata. La práctica totalidad de los municipios españoles, responsables en última instancia del desarrollo urbanístico, ha utilizado las distintas posibilidades que le daba la ley para FINANCIARSE y difícilmente se puede hacer un urbanismo sensato si este es el fin.

    Comentario escrito por Karasur — 08 de enero de 2013 a las 11:25 pm

  8. 8

    Karasur, me refiero a «complicarlo» en el sentido de «democratizarlo» (por eso entrecomillaba lo de complicarlo, dado que en este país se tiene una gran alergia a empoderar a los ciudadanos y se suele decir que eso es un lío, que es poco eficiente, que no funciona…). Coincido contigo en que es muy complicado parar con normas y reglas a nuestras castas extractivas. De manera que sólo se me ocurre que se les pare democráticamente. Y mira, si ni siquiera así hay manera, pues al menos la culpa será toda nuestra, ¿no?

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 09 de enero de 2013 a las 10:44 am

  9. 9

    Seguro que ya lo sabes, pero para los que no siguen el tema de cerca
    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/08/valencia/1357673696_918089.html

    ¿Más leyes? ¿Más duras? Si se redujeran a la mitad y esta mitad se cumpliera sin aplicar la ley del embudo podriamos hablar de que se avanza.

    Comentario escrito por galaico 67 — 09 de enero de 2013 a las 10:07 am

  10. 10

    Tan bueno como siempre pero cuidado con las erratas. ¡Hay muchas en el texto!

    Lo más claro de todo es que tenías razón cuando hace tiempo decías que los jerarcas que nos han llevado aquí no se iban a cortar un pelo ni siquiera en medio de una crisis pavorosa sino que irían a por más. Yo reconozco que no lo veía posible pero a la vista está que me equivoqué.

    Siempre un placer leerte en el blog.

    Feliz 2013!

    Comentario escrito por Marta Signes — 09 de enero de 2013 a las 2:46 pm

  11. 11

    Me temo Andrés que eso no funcionaría. No existe una cultura urbanística en este país y me temo que los resultados serían tan catastróficos como los que hay ahora. Tenemos que tender a no equivocarnos, no a tener justificación para nuestras equivocaciones. Todo debería ser más sencillo, pero con unos controles mucho más rigurosos y completamente independientes de las «castas extractivas». Coincido contigo en que se debería de habilitar la participación ciudadana de alguna manera, pero sin dejar de tener en cuenta que el desarrollo del planeamiento es algo muy delicado que deben tejer manos expertas. Naturalmente no han sido esas manos las que lo han llevado a cabo en las dos últimas décadas.
    Quisera señalar algo. Tendemos a pensar que la hipertrofia del urbanismo en este país ha sido consecuencia de una ambición lujuriosa de esas «élites extractivas». Es cierto que muchos encontraron el campo abonado para sus fechorías, pero este festín ha sido consentido, cuando no fomentado por las distintas administraciones. A mi entender todo ha sido fruto de una perversión. Cuando se desarrolló la ley estatal del 92 (el famoso texto refundido, madre de todas las tormentas a mi entender), se justificó la participación de la sociedad en las plusvalías que generaba la entonces llamada «lotería del planeamiento». Dicho de otro modo, la reclasificación de unos terrenos, otorgaba unas plusvalías muy grandes a sus propietarios, de forma que se empezó a hablar de la «función social de la propiedad» para justificar que el 15% (posteriormente sería el 10%) del aprovechamiento patrimonializable fuese para la administración (local en este caso). Dicho de otro modo, tras la reclasificiación, después de llevar a cabo las cesiones de viales, parques, suelo dotacional… y urbanizado el sector, la administración local se queda con el 10% del suelo edificable. Ese suelo serviría para hacer vivienda social y así contener el precio de la vivienda. Esa era la justificación de lo que se convirtió en una máquina perfecta para la financiación de la administración. De esta forma, se pasó de un planeamiento urbanístico a un «planeamiento económico». Un disparate que nos ha llevado a donde estamos.

    Comentario escrito por Karasur — 09 de enero de 2013 a las 9:37 pm

  12. 12

    Con solo cumplir las penas impuestas muchos de los problemas actuales serian resultos. Una vez más gran exposicion.

    Comentario escrito por Abogado Madrid — 17 de enero de 2013 a las 12:38 pm

  13. 13

    Buen análisis, como casi siempre.

    Comentario escrito por Mihi — 21 de enero de 2013 a las 5:33 pm

Comentarios cerrados para esta entrada.

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