Es gibt noch Richter in Berlin

Dice el mito que así le repuso gallardamente un molinero de Postdam al mismísimo rey de Prusia, Federico II, allá en las postrimerías del siglo XVIII. Que se cuidara muy mucho de dejarle sin su molino, por mucho que el monarca creyera que podía hacerlo sin mayores problemas. Que se podía encontrar con que, en realidad, no podía hacerlo a su antojo, tal y como el creía, por mucho rey de Prusia que fuera. El caso es que, lindante con el palacio de Sans-souci y su jardín, el molino y su actividad alteraba el descanso Federico II el Grande, o simplemente le impedía ampliar el recinto, y éste manifestó su intención de hacerse con él para tirarlo abajo o, sencillamente, de demolerlo por las buenas si su propietario no se avenía a los deseos reales.

Señor, todavía hay jueces en Berlín.

La historia, en sus múltiples versiones, es muy conocida por los juristas. Ilustra diversas explicaciones míticas sobre la naturaleza de la autoridad en Prusia y su sometimiento a Derecho (por autoritario que fuera el régimen) pero, sobre todo, permite dar colorido a la exposición sobre la base del funcionamiento de todo sistema de control de las decisiones administrativas, ese milagroso (que dice certeramente P. Weil) alumbramiento que empieza a intuirse a finales del siglo XVIII. Como suele ocurrir con los mitos, la historia que le da origen es falsa. Pero también es hermosa, confrontando la terca confianza de un ciudadano que con su esfuerzo y tesón ha enriquecido su hacienda con la posibilidad de que de forma arbitraria e incontrolable se le pueda privar de ella y cómo una autoridad judicial independiente permite evitar tal riesgo. Incluso hay unos versos de Andrieux que, según múltiples referencias de Google (todas sospechosamente clónicas), describen el episodio de forma notable. Lamentablemente no he podido acceder a ellos ni leerlos (como, me temo, es el caso de muchos de los que los citan con entusiasmo).

El mito se suele completar con la afirmación de que Federico el Grande acabó encantado de que el molinero confiara tan ciegamente en su justicia, hasta el punto de que incluso se enfrentaba al mismo monarca creyendo que obtendría razón de los jueces. ¡Qué grandeza de espíritu la del rey de Prusia! Pues bien, ante ciertas decisiones judiciales, es habitual que algunos de nuestros responsables políticos reaccionen con idéntica y admirable entereza. El último supuesto que me ha recordado el episodio del molinero ha sido la respuesta del Ayuntamiento de Valencia a la enésima condena que ha recibido por cuestiones de contaminación acústica.

Todavía hay jueces. O, más bien, al fin tenemos jueces. Porque ha costado años que los jueces empiecen a tomarse en serio el derecho al descanso de los ciudadanos. Y algunos más costará que sea algo totalmente asentado. Además, la transformación que se ha detectado en el poder judicial, que al fin tiene a bien de forma más o menos estable enmendar la plana a la inacción administrativa en estas esferas, no es sino trasunto de una reacción social y ciudadana que la ha precedido y que ya hace años que viene esperando de las instituciones (y también del poder judicial) un mínimo de rigor. Aunque, a pesar de todo, hemos de felicitarnos de que haya jueces. En Berlín y, en este caso, en Valencia. Dado que, de otra forma, los desmanes serían enormes. Porque si los jueces llegan tarde, muy por detrás de la toma de conciencia cívica, en la manera en que se entiende desde hace años en la Europa civilizada, mejor no hablar de los estándares africanos en que siguen anclados muchos ayuntamientos.

El Ayuntamiento de Valencia tiene en estos momentos una especie de récord en España: por su inactividad en materia de ruido ya ha sido llamado a capítulo por tribunales de todo orden, desde el Tribunal Constitucional español hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasando por la propia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y acabando, apenas antesdeayer, por el Tribunal Supremo español. En todos y cada uno de los casos, nos encontramos ante el mismo esquema: la manifiesta dejadez de la administración local valenciana en velar por el cumplimiento, como es su obligación, de la normativa en materia de ruido estatal, autonómica y del propio ayuntamiento, que obliga a los ciudadanos a impetrar el auxilio judicial para que, constatadas las infracciones y el sobrado conocimiento de las mismas por parte de la administración local, le sea afeada su inactividad.

Gracias a esta actuación del Ayuntamiento de Valencia, que no es el único exponente de vergüenza municipal y mentalidad preconciliar en el tratamiento de la cuestión del ruido que tenemos en España pero sí, como luce resolución judicial tras resolución judicial, su más señero representante, contamos ya con un arsenal de pronunciamientos jurídicos que nos permiten establecer hitos jurisprudenciales en la lucha contra la contaminación acústica:

– El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 16 de noviembre de 2004 (asunto Moreno Gómez contra España), condena al Estado español por la dejación del Ayuntamiento de Valencia al consentir sistemáticamente inmisiones que afectaban a la salud y bienestar de unos vecinos (de una de las conocidas zonas de marcha nocturna). De esta forma el Tribunal tuvo ocasión de reiterar su doctrina, fijada en la conocidísima Sentencia López Ostra, respecto de la consideración de ciertas inmisiones como atentatorias a derechos fundamentales tradicionalmente plasmados en las declaraciones de derechos (intimidad e inviolabilidad del domicilio, por muy traído por los pelos que pueda parecer). Dejando claro, eso sí, que a partir de ese momento se podía entender aplicable también a ruidos derivados de actividades de ocio en zonas típicamente urbanas, lo que de cierta manera constituía una novedad. El Ayuntamiento de Valencia, como Federico el Grande, saludó con alborozo el hecho de que todavía haya jueces en Berlín y manifestó su satisfacción por el hecho de que una vecina de la ciudad hubiera logrado protección en tan noble instancia judicial, al tiempo que instaba al Estado a pagar la indemnización fijada por el tribunal con el argumento de que, a fin de cuentas, ¿no era el Reino de España el condenado? Asimismo, garantizó a los recurrentes todo su apoyo para poder cobrar del Estado la indemnización (consecuencia del incumplimiento por parte de una administración pública del Reino de España, por lo que éste ha de responder ante el TEDH, pero con la simpática gracia de que la administración que da origen a que se monte el pollo y con ello engendra la responsabilidad estatal, recordemos, era el propio Ayuntamiento).

– El Tribunal Constitucional, en Sentencia 119/2001, reconoció por primera vez, fruto de un recurso interpuesto, también, por Pilar Moreno Gómez la aplicación en el ordenamiento español de la doctrina Gómez Ostra de forma explícita. Si bien era evidente, dado el tenor del art. 10.2 CE, que no cabía otra solución interpretativa a la luz de la jurisprudencia del TEDH, la legendaria pasividad del Ayuntamiento de Valencia permitió que, de nuevo, sea un caso respecto de su indolencia a la hora de actuar contra el ruido el que diera ocasión de fijar doctrina al respecto de forma definitiva. El Ayuntamiento de Valencia, a buen seguro orgulloso de ser la causa mediata de que los tribunales españoles puedan dedicarse a clarificar doctrina sobre contaminación acústica, reaccionó en su momento mostrando su satisfacción por el hecho de que los ciudadanos españoles y por ende también los valencianos vieran visto reconocido su derecho fundamental a no padecer ciertas agresiones acústicas. Sin duda, fue una buena noticia que así lo sentenciara el Tribunal Constitucional. Es por eso una alegría, sí, que haya jueces. Tiene razón el Ayuntamiento. Mejor todavía habría sido, eso sí, que los jueces ni hubieran tenido que intervenir porque la administración local hubiera actuado diligentemente.

– Recientemente, hace apenas unos meses, era el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que condenaba al Ayuntamiento de Valencia en Sentencia de 7 de abril de 2006. Obligaba a la Administración a cumplir con sus propias normas e interpretaba que la situación fáctica existente en un barrio de la ciudad le obligaba a declarar la zona como acústicamente saturada (una declaración administrativa que conlleva la adopción de ciertas medidas restrictivas, de reducción de horarios de locales y suspensión de nuevas licencias, por ejemplo, que se ha demostrado muy eficaz para combatir el fenómeno), en lo que era una relativa novedad, dado que incluso le indicaba al Ayuntamiento el exacto contenido de algunas de las medidas que debía adoptar. Los vecinos impulsores de la medida, que llegó por medio de la sentencia tras años de baldías reivindicaciones al Ayuntamiento no fueron los únicos en celebrarla. Es gibt noch Richter in Berlin! ¿Lo adivinan? Pues sí, también el propio Ayuntamiento manifestó y sigue manifestando su agrado porque los jueces medien en los conflictos entre vecinos y empresarios del sector del ocio, dado que así se logra ordenar la convivencia.

– Rematando la faena, antesdeayer se conoció que ha sido ahora el Tribunal Supremo quien condena, de nuevo, al Ayuntamiento de Valencia en lo que se refiere a otra zona de la ciudad que, también, habrá de ser declarada como acústicamente saturada. De nuevo, la historia de siempre: ruido masivo y descontrolado, manifiesta infracción reiterada de las ordenanzas municipales y de los umbrales máximos que permiten las leyes estatal y autonómica, renuncias reiteradas, inacción municipal y condena, tras años de lucha, al Ayuntamiento, que se ve ahora obligado a poner en marcha las medidas correctoras que desde hace años le solicitaban los vecinos. Pero que sólo tras la condena en sede judicial reacciona. Y porque no tiene más remedio. O no. Porque, de nuevo, el Ayuntamiento y sus responsables consideran que es una excelente noticia la sentencia, dado que los jueces se están «mojando» y eso les legitima como corporación municipal para imponer las medidas restrictivas.

Si bien la actitud de Federico II de Prusia suele estar asociada a un noble fair play (ya se sabe, los mitos), la reacción del Ayuntamiento de Valencia es más bien de un escandaloso cinismo. Una tomadura de pelo. Porque no son los jueces los que han de tomar estas decisiones. La jurisdicción contencioso-administrativa se ve obligada a actuar sólo tras haberse constatado la manifiesta dejación de funciones municipales, la inacción inaceptable (y contraria a la ley y a la previsión como indeclinables de sus competencias) del Ayuntamiento y de sus responsables. No necesita el Ayuntamiento legitimidad adicional alguna a la que ya tiene de por sí y que le hace competente para regular estas cuestiones. Máxime cuando, además, tampoco se le está pidiendo nada más que cumplir con su obligación de hacer respetar sus propias normas y los límites y umbrales fijados en leyes estatales y autonómicas. ¿Acaso se necesita más «legitimidad» para actuar?

Cuando el Ayuntamiento de Valencia habla de ese plus de legitimidad que parece necesitar está en el fondo reconociendo que vive instalado en una mentalidad pre-europea en materia de ocio ciudadano y su conciliación con los derechos de los vecinos. Ya sea por vivir atrapado en un complejo entramado de intereses económicos que lo anudan a los empresarios del sector, ya por la legítima preocupación de afectar a un sector que, obvio es, mueve mucho dinero, ya por simple incapacidad para detectar que los tiempos han cambiado y que ni el carácter mediterráneo de la ciudad, ni la abierta mentalidad de sus gentes, ni el gusto latino por la juerga, ni la afición de todo el mundo por la diversión son ya, a día de hoy, argumentos socialmente presentables para condenar a nadie a padecer ruidos molestos que le impidan descansar.

La sociedad les ha pasado por delante. Los jueces les han adelantado por la derecha. Y ellos siguen anclados en otros tiempos, defendiendo intereses económicos de una minoría y cumpliendo a rajatabla un ideario ciudadano que creen mayoritario (ese de que todos tenemos derechos y apenas obligaciones y que «todo vale» si se trata de divertirse, máxime si con eso se deja dinero en la economía local) y que hace años que caducó.  Por eso, ni siquiera ahora, tras haber padecido un nuevo revolcón judicial, se dan cuenta. El Ayuntamiento de Valencia ya ha anunciado que la otra gran zona conflictiva de la ciudad, el centro histórico, no va a merecer su atención hasta que los tribunales, de nuevo, actúen. Afortunadamente, a estas alturas, ya nadie, ni ellos mismos siquiera, dudan de que así será. Tamaño es el desafuero de la tolerancia hacia todo tipo de desmanes en materia de ocio que rige en la ciudad.

Hace años, quizás, poca gente habría entendido que habláramos en estos términos de estas cuestiones. Eran tiempos en que, por ejemplo desde el mundo del Derecho, apenas si Lorenzo Martín-Retortillo llamaba la atención sobre estas cuestiones. Hubo quien en esa época planteó la necesidad de renunciar a algún derecho fundamental de los de viejo cuño para introducir el derecho al descanso, con irreverente sorna, porque de otra forma no habría manera. Pero la ha habido. Y sin necesidad de renunciar a otros derechos fundamentales, gracias a la evolución de nuestra conciencia cívica y su reflejo judicial. A día de hoy, y es una gran victoria, a nadie se le esconde que la conciliación del ocio de unos pocos con el descanso de todos no sólo es posible sino una incontrovertible exigencia. Por la que han de velar, en primer lugar, las Administraciones públicas competentes, aunque, en su cortedad de miras, ni los empresarios del sector y su legendaria incapacidad para mirar a medio plazo ni los ayuntamientos que como el de Valencia más los han amparado, se hayan dado cuenta. Pero, a estas alturas, ya da un poco igual. Porque si no se comportan de manera presentable motu proprio las consecuencias, aunque tarde, acabarán llegando a golpe de sentencia.

Así que, ante la alegre y desenvuelta afirmación de mi alcaldesa de que sigue sin estar dispuesta a regular mínimamente la actividad de los miles de bares y pubs que rodean mi casa, de que sigue sin creer necesario vigilar si cumplen las normas, de que todavía no entiende oportuno poner coto a las libertades que estos empresarios se toman y a la manera en que rapiñan beneficios exorbitantes a costa del descanso de los demás, me puedo permitir por una vez responder con la brava confianza del molinero de Postdam a quien representa a la autoridad en mi ciudad:

«Señora Alcaldesa, hay jueces en esta ciudad»



2 comentarios en Es gibt noch Richter in Berlin
  1. 1

    Hola¡ dos cosillas y una llamada:
    1º El TSJ de la C. Valenciana aplicó en sonido la doctrina López Ostra ya en 1997, doy fe. De hecho, creo que fue la primera vez que se aplicó en España (o «Aquí» como decía Forges.
    2º No jurídico: del otro lado no sólo hay una minoría que hace negocio, sino decenas de miles que salen-salimos por la noche y que el puñetero horario de cenas no europeo español y la presión del horario europeo de cierre nos deja a medias continuamente. Ello no obsta a que ciertamente el descanso de los vecinos, así lo creo, debe primar.
    Una llamada: existe el Derecho para las fallas¡¡¡ lo del auto judicial que suspendió los carnavales tinerfeños se quedaría muy corto si el Derecho sirviera para algo en algunos espacios.
    Bona nit (II).

    Comentario escrito por zulik — 24 de marzo de 2007 a las 2:25 am

  2. 2

    Eso confirma lo que venía diciendo en el texto, ¿no? ¡La Comunidad Valenciana a la cabeza de la reacción judicial contra el ruido!

    Lamentablemente, intuyo, habrá sido porque los ayuntamientos habrán dado motivos para ello.

    Creo, además, que también fue el TSJ uno de los primeros en imputar la responsabilidad de la Administración por el incumplimiento de sus obligaciones, por inactividad, respecto del control y sanción de los excesos de ruido. Hay una Sentencia de 1998, si no recuerdo mal, referida al Ayuntamiento de Ontinyent muy clara sobre esta técnica y no creo que en ese momento hubiera muchos precedentes.

    Respecto de las Fallas, como la gente empiece a defenderse de los excesos y de la patrimonialización de bienes y espacios públicos que hacen unos pocos a costa de infligir brutales penalidades a otros empleando medios jurídicos, está claro que tendremos un show muy espectacular. Y que, como les ocurre a los dueños de locales de ocio, se habrán buscado quienes se han aprovechado del exagerado laxismo hasta llevar las cosas a una situación donde nadie sensato duda que hay que aplicar mano dura y rigor.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 26 de marzo de 2007 a las 1:16 pm

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