Normas de campaña, pluralismo y opciones minoritarias

Esta campaña electoral, poco emocionante políticamente, es interesante porque está aportando novedades muy significativas sobre el momento que vive nuestra democracia. Mientras cada vez más ciudadanos se manifiestan indignados al grito de “no nos representan”en medio de una crisis económica pavorosa, mientras la parálisis en la Unión Europea se hace cada día más patente frente a unas fuerzas económicas por lo visto imposibles de contener, mientras las líneas de fractura de los modelos democráticos saltan por los aires en Grecia (y también en España)… una batería de normas a cual más cuestionable acompañan esta nueva campaña electoral con el objetivo explícito de dificultar la presentación de candidaturas minoritarias y la visibilidad de las opciones diferentes a las mayoritarias y ya asentadas.

Dos de estas reformas son especialmente importantes y merecen un comentario más detallado: la que impone a aquellos partidos sin representación la recolección de avales para poder presentarse y la que obliga a las televisiones privadas a dar unos tiempos de cobertura informativa determinados y prefijados, durante la campaña electoral, a las diversas opciones políticas en liza.

El primero de los preceptos cuestionables es el art. 66.2 de la LOREG, en su redacción actual proveniente de la LO 2/2011. Ese artículo extiende la obligación que ya tenían los medios públicos de repartir el tiempo de antena según un reparto proporcional hecho por las juntas electorales (art. 66.1 LOREG) a las televisiones privadas:

Artículo 66. Garantía de pluralismo político y social.

1. El respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los referidos medios en el indicado periodo electoral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga.

2. Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente.

La medida respecto de los medios públicos es jurídicamente menos conflictiva que la que hace referencia a los medios privados. A los trabajadores de TVE, por ejemplo, no les gusta nada y de elección en elección protestan sobre la limitación que supone para su trabajo tener que seleccionar las noticias no por criterios periodísticos sino a partir de un rígido reparto de tiempos. Sin embargo, el Estado tiene perfecto derecho a decidir de acuerdo a qué criterios se organiza la información y se reparten tiempos en los medios que dependen de las Administraciones Públicas. Las normas que regulan esta materia, al plasmar estos criterios de reparto, pueden ser o no sensatas, gustar más o menos (a mí no me gustan demasiado) pero en ningún caso afectan a la libertad de expresión e información o a la libertad de empresa: las Administraciones Públicas, como es evidente, han de poder determinar las líneas informativas de sus medios.

En cambio, el art. 66.2 LOREG afecta de lleno a la libertad de expresión y de información y a la libertad de empresa. Al imponer esas obligaciones de reparto a los medios privados les condiciona en sus elecciones, tanto en las informativas como en las editoriales. Y eso sí plantea problemas jurídicos notables en una democracia liberal. ¿Hay un valor constitucional tan potente en el reparto esclerotizado y supuestamente equitativo de tiempos de palabra y emisión de las diferentes opciones a partir del reparto en anteriores comicios como para limitar en su defensa derechos constitucionales tan básicos? No, a mi juicio. Una pauta básica de cualquierdemocracia liberal es que la opinión pública libre es básica para la conformación del debate plural y que los medios de comunicación han de ser mediadores libres en este juego de interacciones que componen el debate deliberativo. La gente habla de lo que quiere. Los medios dan importancia a lo que les parece. Ésas debieran ser las reglas del juego.

Una norma como el art. 66.2 LOREG da la sensación de estar pensada más para defender a los partidos ya instalados que a la democracia o al pluralismo. Es, sencillamente, poco defendible. Y plantea enormes problemas de constitucionalidad por cuanto, además, ya ni siquiera se puede apelar (desde la ley 7/2010) a que las televisiones privadas sean formalmente un servicio público. A mi juicio, de hecho, nos encontramos ante una obligación absolutamente inconstitucional, que tarde o temprano acabará generando un conflicto que el Tribunal Constitucional habrá de resolver. Veremos qué dice en ese momento.

Respecto de lo que ya no hay dudas es en torno a la opinión que a este mismo órgano merece la otra novedad de los últimos meses: la obligación de que las formaciones minoritarias hayan de presentar una cantidad notable de avales (el 0’1% del censo electoral en cada provincia) para poder constituirse en candidaturas válidas, introducido en el art. 169.3 de la LOREG:

Artículo ciento sesenta y nueve

1. Para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado la Junta Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Título I, Capítulo VI, Sección II de esta Ley, en relación a la presentación y proclamación de candidatos es la Junta Electoral Provincial.

2. Cada candidatura se presentará mediante listas de candidatos.

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura.

La norma es, de nuevo, muy beneficiosa para los partidos ya instalados. Por ejemplo, el hecho de haber obtenido representación en una sola circunscripción en el pasado (como ha ocurrido con algunas opciones políticas) les exime de tener que buscar avales en todas las circunscripciones. Así, puede darse el caso de que se presenten por ciertas provincias donde su peso electoral en pasadas convocatorias haya sido sensiblemente inferior al de otras opciones que, en cambio, se verán obligadas a recoger avales e incluso pueden llegar a no presentarse.

Además, el nivel de exigencia (1% para agrupaciones de electores, que ya existía; 0’1% para partidos políticos), sin ser quizás inasumible sí es suficientemente alto como para que no sea testimonial. De hecho, en estas elecciones hemos visto cómo muchas formaciones han quedado fuera. Parece, eso sí, que todas aquellas con mínimas opciones de obtener representación, en cambio, han recogido los suficientes avales sin problemas (o, al menos, los han logrado, auqnue los costes económicos y organizativos quizás hayan sido tenidos por considerables para estas pequeñas organizaciones).

En todo caso, la regla, que permite “despejar” el panorama al elector (y un ínfimo ahorro económico en la gestión de papeletas y demás) al dejar fuera a aquellos partidos sin una organización de mínimos y sin un músculo asociativo de base como para constituir una opción, ¿qué objetivo constitucional persigue que justifique esta restricción en el derecho de sufragio pasivo y de participación política?

El Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse con motivo de las reclamaciones presentadas por diversos partidos que han sido excluidos en estas elecciones. Aquí se puede consultar la lista de sentencias y autos, que en todos los casos niegan la razón a los recurrentes, con la excepción del supuesto del Partido Humanista en Cantabria (donde es atendida por otros motivos). La razón recurrente que da el Tribunal Constitucional para entender admisible la restricción es siempre la misma:

“El hecho de que el requisito del art. 169.3 LOREG no esté previsto en la Constitución y que haya sido establecido, en consecuencia, por el legislador no convierte en sí mismas la decisión de éste y la exigencia de aquél en inconstitucionales y, más concretamente, en lesivas del derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE). Ya antes se ha dejado constancia de la amplia libertad de configuración normativa que reconoce al legislador el art. 23.2 CE, que puede establecer libremente las condiciones que estime más adecuadas para el ejercicio del derecho, si bien su libertad tiene limitaciones que son, de una parte, las generales que imponen el principio de igualdad y los derechos fundamentales que la Constitución garantiza y, de otra, cuando se trata de cargos públicos  representativos, la necesidad de salvaguardar su naturaleza [por todas, STC 135/2004, de 5 de agosto, FJ 4 a)]. De modo que será la transgresión o no por el legislador de las limitaciones señaladas la determinante de la constitucionalidad o no del requisito, no la circunstancia de que no esté previsto expresamente en la Constitución.

(…)

De otra parte, el hecho de que, en opinión del partido recurrente, el legislador no haya explicado de manera  suficiente y convincente las razones de la decisión legislativa plasmada en el art. 169.3 LOREG no convierte tampoco en inconstitucional por arbitrario el requisito que este precepto legal impone a los partidos políticos que no hubieran obtenido previamente representación parlamentaria para la presentación de candidaturas en elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. 

(…)

De otra parte, dados los valores y bienes constitucionales a los que obedece el requisito de la acreditación de firmas para la presentación de candidaturas, la situación de desigualdad que se denuncia en la demanda de amparo y que resulta del precepto legal entre partidos políticos que hubieran obtenido en la anterior convocatoria electoral representación parlamentaria en cualesquiera de las Cámaras de las Cortes Generales y los que no la hubieran obtenido, no está desprovista desde la perspectiva del art. 23.2 CE de una justificación objetiva y razonable, ya que  la obtención de representación parlamentaria en la última convocatoria electoral acredita que los partidos políticos que la han alcanzado gozan o, al menos, han gozado, de un respaldo o arraigo en el cuerpo electoral con ocasión de la celebración de un proceso electoral del que carecen los partidos políticos que, habiéndose presentado al mismo proceso electoral, no han tenido representación y que se desconoce que tengan o puedan tener aquellos partidos políticos que no han concurrido a la anterior convocatoria electoral. Entre unos partidos políticos y otros existe, por tanto, un elemento diferenciador (haber obtenido o no representación en cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales) que, en atención a las finalidades legítimas a las que sirve el requisito del art. 169.3 LOREG, constituye una justificación objetiva y razonable del distinto trato que el legislador dispensa a uno y a otros en relación con dicho requisito.

(…)

Tampoco puede estimarse que este requisito legal sea lesivo del derecho al acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE) por desproporcionado, toda vez que no cabe entender como desproporcionado o excesivo el número de firmas requerido para la presentación de candidaturas (0,1 por 100 de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que se pretenda la elección), que es un porcentaje notablemente inferior al  exigido a las agrupaciones electorales para presentar candidaturas en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado (art. 169.3 LOREG), así como en las elecciones municipales (art. 187.3 LOREG)”.

Las razones del Tribunal Constitucional son atendibles. Sin embargo, que una norma sea constitucional no significa que sea necesariamente acertada. En el caso español, reglas como ésta, aunque no parece que se haya convertido en una barrera insalvable, plantean dudas, sobre todo, por el diferente trato entre los ya instalados y los recién llegados. Un trato que, combinado con otras muchas trabas a los nuevos actores, como las señaladas arriba, dibujan un cuadro general de agresiones al pluralismo y de democracia esclerotizada muy poco satisfactorio.

De esto hablaba ayer mismo en mi columna quincenal en El País Comunidad Valenciana. Para acabar por hoy, la copio a continuación:

 ANDRÉS BOIX 07/11/2011

LAS TELES DE LOS POLÍTICOS

Desde el viernes pasado las televisiones públicas, e incluso hasta cierto punto las privadas, son un poquito más de los políticos que de costumbre. ¿De todos? No, claro. De los que ya están instalados. De los que tienen representación parlamentaria. De los que pertenecen a los grandes partidos.

La democracia española tiene muchos problemas, como cada vez resulta más evidente. No sólo económicos y de productividad. La esclerotizada representatividad de que nos hemos dotado empieza a demostrar signos de evidente fatiga, agravados por una rigidez excluyente que se hace cada vez más opresiva. Como ocurre en cualquier sistema decadente, se intentan tapar las primeras grietas apuntalando el modelo. Así, unos partidos políticos que se saben con cada vez menos crédito han optado por poner la quinta marcha y nos vienen deparando un espectáculo de apalancamiento político, que no económico, fuera de toda magnitud.

En estas elecciones hemos visto a pequeños partidos excluidos por primera vez desde la instauración de la democracia. La razón es una reforma legislativa, validada por el Tribunal Constitucional la semana pasada, que obliga a recoger avales para presentarse a las elecciones, pero que exime de esta exigencia a los partidos ya instalados. Y vamos a presenciar también, por primera vez en unas elecciones generales, cómo se obliga a medios de comunicación privados a repartir sus tiempos informativos a partir de un criterio predeterminado que prima a los grandes partidos y condena a pasar inadvertida, lo merezca o no, a cualquier iniciativa política de quienes no estén ya instalados en el Congreso. Una ley mordaza en toda regla que cuestiona la línea de flotación de cualquier democracia representativa, basada en una opinión pública libre que pueda discutir sin ataduras de aquello que considere más interesante. Sin cuotas. La norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Veremos qué decide éste en el futuro, pero no es fácil ser optimista.

En los medios públicos la prima al que ya está tiene más tiempo y es norma de conducta que se justifica para alejar toda sospecha de manipulación. Los periodistas de TVE llevan criticando las cuotas de pantalla por partido desde hace años. Pero no parece que las cosas vayan a cambiar en un futuro próximo. Es más, como hemos visto, la tendencia es la contraria. Se levantan cada vez más barreras. En los informativos y en los debates se introducen todo tipo de reglas que buscan, sencillamente, excluir a quienes no están ya dentro. A fin de cuentas, parecen decirnos nuestros representantes, las teles son suyas.

Esta noche Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy ocuparán varios canales, públicos y privados, con una sucesión de monólogos que, sobre todo, y en ausencia de debate real sobre ninguna de las cuestiones verdaderamente esenciales para el país, tienen como misión demostrar que la elección se reduce a optar por uno u otro. La televisión pública valenciana, asimismo, ha programado tanto los debates como el seguimiento informativo de esta campaña con una vocación muy parecida: tratar de conseguir la invisibilidad de cualquier alternativa.

Aquí, de momento, no empleamos procedimientos tan salvajes para impedir que la gente pueda decidir como los que han padecido los griegos hace no mucho. Pero no queda tanto.

 



8 comentarios en Normas de campaña, pluralismo y opciones minoritarias
  1. 1

    Y todo esto.. ¿Por la mierda de Equo? Venga ya!!!

    Comentario escrito por Intelestual — 08 de Noviembre de 2011 a las 7:27 am

  2. 2

    No, por la libertad de votar al Partido del Cannabis, o a opciones más estrambóticas. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran aplicado esta ley a UPyD recién fundada? ¿Y si no consigue los avales? ¿Y a Ciudadanos, o a cualquier partido nuevo que se forme, que se yo, Solidaridad esa del Laporta? Pues eso.

    Comentario escrito por Rejota — 08 de Noviembre de 2011 a las 6:26 pm

  3. 3

    ¿El partido del Cannabis se ha quedado fuera? ¡¡Nooooooooooo!!

    Comentario escrito por Nacho Pepe — 09 de Noviembre de 2011 a las 4:10 pm

  4. 4

    Als die Nazis die Kommunisten holten,
    habe ich geschwiegen;
    ich war ja kein Kommunist.

    Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
    habe ich geschwiegen;
    ich war ja kein Sozialdemokrat.

    Als sie die Gewerkschafter holten,
    habe ich nicht protestiert;
    ich war ja kein Gewerkschafter.

    Als sie die Juden holten,
    habe ich nicht protestiert;
    ich war ja kein Jude.

    Als sie mich holten,
    gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

    Comentario escrito por Dr. Gregorio de la Casa — 10 de Noviembre de 2011 a las 10:20 pm

  5. 5

    Se están atreviendo. A blindar el sistema de una democracia ‘a la turca’ (las comillas podrían ir en democracia). A poner barreras, mecanismos de bloqueo, cláusulas leoninas.
    Rajoy dice que la prioridad es mejorar la economía, no la ley electoral. Pero la ley del tabaco, si hace falta, se toca.
    Con un potente paro juvenil y con una elite dirigente insensible a abrir la participación a las instituciones (válvula de escape de los conflictos en cualquier democracia), la democracia, o al menos una demoracia sana, está en peligro.
    Bastante han metido ya la mano con las licencias de televisiones y radios, y con la politización de los altos tribunales y consjeos. Aprendamos del ejemplo italiano para ver qué ocurre cuando se concentra todo el poder económico y mediático y político en pocas manos. Aplicado a un país con una sociedad desvertebrada e infantilizada, en el que cualquiera que utilice un par de frases de relativo o se atreva a pensar más allá de los mantras oficiales es mirado con reproche y sospecha, podemos temernos lo peor.
    El Prof. Boix apunta con acierto a un problema estructural, el de la negación de la pluralidad. Y pronto nos enfrentaremos a un nuevo autoritarismo, cuando se desautoricen manifestaciones y huelgas y entremos en una espiral de violencia callejera, y la gente pida mano dura para defender la paz. En esa situación, la reclamación de participación democrática parecerá una bizantina discusión académica y minoritaria, cuando es algo muy serio.
    Hasta que la gente esté como en EEUU, completamente desmovilizada y exhausta para salir a flote pagando sus facturas médicas, lejos del acceso a la educación, con el agua al cuello para afrontar el alquiler, a merced de abogados y lobbies, con los universitarios ‘profesionalizados’ para pagar los créditos afrontados para cubrir las leoninas tasas universitarias y así ‘desactivados’ para la reflexión o la crítica, aún queda. Pero ese es el camino que nos apuntan. Consolidado por un fraude democrático, desde el principio.

    Comentario escrito por Baturrico — 11 de Noviembre de 2011 a las 1:00 pm

  6. 6

    Suscribo totalmente. Aunque sea desde la ignorancia jurídica.

    Comentario escrito por Solidamente — 12 de Noviembre de 2011 a las 3:17 am

  7. 7

    Apuntaba hoy Manolo Rivas en El País al PRI mexicano… ciertamente. Con estas leyes de retroalimentación, que anulan a las minorías, podemos encontrarnos que con la amplificación propia acabemos por tener un partido único, el PP como el PRI. Con un 90% de votos, de espacios electorales, de financiación electoral, de miembros en consejos de cualquier tipo y especialmente los judiciales, de cadenas de televisión, de control de presupuestos… y un 10% para los demás. Viva el ‘monopolio’ consitucional.
    Como díría Eduardo Haro Tecglen en el mismo diario: ¡Qué estafa!

    Comentario escrito por Baturrico — 13 de Noviembre de 2011 a las 6:23 am

  8. 8

    Y conste, porque eso creo que también hay que resaltarlo, que en la práctica la barrera del 0’1% tampoco ha impedido a los partidos con un mínimo músculo organizarse y poder presentarse. Pero subsiste el tema de los desequilibrios y agravios comparativos. A mí me parece que o todos han de pedir los avales o, al menos, la exención debiera hacerse por circunscripción y a partir, si no de los escaños, sí de un mínimo nivel de voto. Por ejemplo, que todo el que ha logrado más de un 1% en las elecciones anteriores en una circunscripción no necesite de avales para presentarse en las siguientes. Algo así.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 15 de Noviembre de 2011 a las 10:08 am

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