Fiscales instructores: realidad y ficción constitucional

La Cadena SER ha desvelado hoy que el Gobierno tiene muy avanzado un proyecto para otorgar definitivamente al Ministerio Fiscal la dirección de la instrucción penal, dejando al juez como un tercero imparcial entre los abogados de los investigados y los fiscales, encargado de velar por el respeto a las garantías y derechos constitucionales. El tema es importante, porque supone cambiar después de casi 150 años la manera en que hemos tratado en España de dar garantías a los ciudadanos frente a una investigación penal que podía acabar por hacer caer el peso del poder punitivo del Estado sobre ellos: encargando  tal función a un juez, más o menos independiente del poder, como responsable de las averiguaciones que deben ser llevadas  a cabo para preparar un proceso penal. La importancia de la cuestión no significa, sin embargo, necesariamente que la propuesta del Gobierno merezca en sí misma demasiada atención. Básicamente porque no es la primera vez que se lanza un globo sonda en esta misma dirección y, sobre todo, porque tampoco parece que esta vez vaya a ir en serio, ante la inminencia del fin de la legislatura. Conviene, no obstante, señalar alguna cuestión que llama la atención respecto del borrador adelantado por los medios de comunicación.

En primer lugar, es llamativo que el hecho de trasladar las funciones instructoras a los fiscales se haga sin que el Gobierno estime oportuno, de la mano, variar el estatuto del Ministerio Fiscal. Porque hay que recordar que el Ministerio Fiscal funciona de manera fuertamente jerárquica, y es lógico y razonable que así sea a partir de las funciones que hoy tiene asignadas, respondiendo en última instancia ante el Fiscal General del Estado, a quien nombra y destituye libremente, como a cualquier otro alto cargo de confianza, el Consejo de Ministros. El Fiscal es un defensor de la legalidad y de los derechos de personas que no los pueden garantizar por sí mismas que trata de realizar la política criminal del ejecutivo, por lo que es coherente que dependa en última instancia del mismo. Por mucha autonomía funcional de que pueda gozar en su acción concreta y cotidiana, a nadie se le escapa la importancia de este cordón umbilical con el Gobierno y sus profundas implicaciones.

Resulta evidente que, en un contexto como el actual, el problema no es excesivo (al menos, no formalmente; otra cosa es lo que podría decirse de ciertos «excesos» de celo por parte de la Fiscalía a la hora de seguir a jueces instructores estrella y su tendencia a convertirse en correas de transmisión de un engranaje muy lubricado que convertiría a ciertos órganos judiciales en ejecutores de decisiones más políticas que jurídicas).No obstante, debiera resultar también obvio que un modelo de Fiscalía como el que tenemos en España, en cambio, es radicalmente incompatible con la asignación a este órgano de la instrucción penal. Las primeras críticas de la oposición han ido, precisamente, en esta dirección y tienen todo el sentido.

Junto a estas consideraciones, llaman también la atención del borrador filtrado algunos excesos represivos. Da la sensación de que la norma se pretende aprovechar para aumentar las posibilidades de que un juez autorice a petición del fiscal una incomunicació muy larga, de dos semanas de duración, que va en la línea del agravamiento que otros Derechos ya han puesto en marcha a partir de consideraciones de pragmatismo procedimental imperantes en el Derecho anglosajón que es, a la postre, de donde viene la moda del Fiscal como instructor (como cualquier que haya visto películas o series americanas ya sabe).

Pues bien, cualquier atento espectador de la filmografía estadounidense sobre el tema sabrá que uno de los conflictos constantes que genera ese modelo está en relación con los equilibrios entre Policía y Fiscalía, hasta el punto de que el grueso de la investigación específicamente destinada a instruir el procedimiento penal no se realiza tanto por las fuerzas de orden público sino por el propio personal de la Fiscalía. En España, como resulta evidente, no tenemos tradición alguna en este tipo de equilibrios y nuestra Policía Judicial ha sido siempre un agente a las órdenes del instructor. Llama la atención que el borrador tampoco afronte ni siquiera sea mínimamente cómo se relacionarían fuerzas de orden público dedicadas a la investigación y averiguación de delitos y fiscales.

En definitiva, que todo esto parece más un globo sonda, de momento, que un proyecto acabado con posibilidades de llegar a buen puerto. Aunque también da la sensación de que, sea por modas, sea porque de verdad hay ventajas, esto acabará llegando, tarde o temprano. Yo no soy un fundamentalista de la instrucción judicial, aunque no puedo dejar de pensar que es más sencillo hacerla garantista que una instrucción con un juez que, si sabemos cómo funcionan las cosas en España, podría tender a ser en exceso deferente con el Ministerio Fiscal.  En todo caso, la cuestión no es tanto optar por un sistema u otro (uno el tradicional español y europeo, aunque en retroceso; otro, el más a la moda en estos momentos), como diseñar, tanto en un caso como en otro, un proceso garantista y que dificulte la aparición de espacios de inmunidad por parte del instructor y que obligue a que sus decisiones estén argumentadas, motivadas y ponderadas, respondiendo a un criterio de razonabilidad y de respeto a los principios de presunción de inocencia. A la vista de la facilidad con la que los shows que de ordinario se orquestan en la Audiencia Nacional, con gran éxito de público y crítica y normalmente siempre realizados en colaboración con esas Fiscalías especializadas tan de moda, parece claro quetambién un modelo de instrucción a cargo del juez puede acabar enormemente pervertido, lo que refuerza esta idea.



Aguien ha comentado algo en Fiscales instructores: realidad y ficción constitucional
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    Al margen de cuestiones disquisitivas sobre la operatividad o no de que el fiscal dirija la instrucción en el procedimiento penal , en la práctica , juez de instrucción y fiscal forman un tandem respecto al tercer elemento coadyuvante de la actividad jurisdccional cual es el abogado . La percepción desde el punto de vista del letrado es la existencia de esa «conexión funcional» que hace que lo que pida el fiscal ,normalmente , es concedido y lo que pide el letrado , normalmente , es denegado y , aunque fiscal y letrado , en teoría disponen de las mismas armas va a tenerse en cuenta más la posición del Fiscal que la del letrado . Si se produce la reseñada modificación es de esperar que el juez se situe en medio de los igualemente intereses legítimos que tanto defienden el Fiscal como el letrado . Que la instrucción , tambien sea el lugar de confrontación de los intereses que se dilucidan bajo el arbitrio del juez de instrucción penal

    Comentario escrito por JOSEJUANLOPEZ — 16 de agosto de 2011 a las 5:24 pm

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