Una democracia menor de edad

Una democracia menor de edad, por Miguel Ángel Presno Linera y Andrés Boix Palop

El último libro del conocido jurista Bruce Ackerman, siempre dispuesto a bajar a la arena y participar en el debate público en defensa de las libertades y las garantías, lleva por título The Decline and Fall of the American Republic (La decadencia y caída de la República americana). Es un alegato a favor de la recuperación de espacios participativos y una beligerante muestra de preocupación respecto del retroceso que detecta su autor en cuanto a la efectiva capacidad de los estadounidenses para controlar a su gobierno y determinar sus políticas. ¿Les suena de algo?

Resulta particularmente revelador, a la luz de los acontecimientos en forma de protestas públicas y concentraciones que se vienen produciendo en España desde el pasado domingo, comprobar cuáles son algunas de las soluciones que esboza Ackerman para tratar de revertir poco a poco esta situación. Una de ellas es el establecimiento de un Deliberation Day, una jornada festiva previa a cualquier cita electoral que serviría para organizar reuniones de ciudadanos donde éstos pudieran debatir sobre cuestiones políticas, intercambiar puntos de vista y, en definitiva, conformar mejor su posición como paso previo a un ejercicio más responsable y por ello más eficaz del derecho al voto. Cualquiera que haya estado siquiera unas horas en las concentraciones que espontáneamente se han ido diseminando por la geografía española no puede evitar asociar inmediatamente esta propuesta con el debate cívico y los intercambios de información y opinión que se vienen produciendo en las acampadas ciudadanas. ¡Los españoles hemos montado el Deliberation Day antes que nadie y sin ser muy conscientes de ello!

En este contexto de repentina modernidad aparecen, sin embargo, decisiones de órganos como la Junta Electoral Central que nos hacen retroceder en el tiempo, al afirmar que las concentraciones “son contrarias a la legislación electoral (…) y en consecuencia no podrán celebrarse” porque en su interpretación la legislación vigente que prohíbe actos de campaña electoral el día de reflexión y el de las elecciones, así como la formación de grupos de personas que impidan el ejercicio del sufragio, serían aplicables al caso. Se trata de una decisión equivocada, que interpreta mal nuestro ordenamiento jurídico. Si el marco legal ya peca de paternalista, la exacerbación de las cautelas, concibiendo nuestra jornada de reflexión no como un momento apto para la celebración de un Deliberation Day sino como un día en el que el Estado ha de proteger a los ciudadanos de sí mismos construyendo una suerte de burbuja protectora constituye una prueba más de hasta qué punto la mayor parte de las reivindicaciones de estos días tienen mucho sentido.

En democracia el debate político no se reduce a la contienda electoral ni los partidos tienen el monopolio de la libertad de expresión. La visión que transmite la Junta Electoral es la de un modelo que entiende la participación ciudadana no como algo deseable sino, al revés, como un elemento disruptivo. Un Estado de Derecho plural y participativo no suspende en días como estos los derechos de reunión ni limita los de expresión más allá de lo que sea la regla ordinaria. ¿Dónde está la incompatibilidad entre votar y ejercer otros derechos?

En la mayoría de los países de nuestro entorno el debate en tiempos de elecciones y la búsqueda del voto prosiguen hasta el momento de la votación porque se presume que los ciudadanos son libres y ejercen sus derechos sin miedo. Por mucho que analizamos la situación de nuestro país no vemos dónde puedan estar las diferencias que nos hacen incapaces de comportarnos como una democracia mayor de edad ni cuáles pueden ser las razones por las que ciertas autoridades entienden que nos han de tutelar y proteger de nosotros mismos y del libre flujo de ideas que pueda surgir de un debate libre. No vemos tampoco dónde están en las concentraciones esos “grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales electorales” de los que habla la Junta. ¿Es que la Junta Electoral Central considera que los ciudadanos no son libres y necesitan preventivamente ser protegidos de sí mismos o de otros conciudadanos?

Conviene recordar de nuevo que el voto no suspende los derechos fundamentales y que una interpretación en este sentido de nuestra ley electoral es constitucionalmente más que dudosa. Pero también habrá que reconocer que probablemente tengamos una mala ley electoral, dado que permite que muchos la interpreten en este sentido. Hemos de acometer cuanto antes una modificación de esta norma y de todas cuantas conforman un modelo de democracia controlada, poco participativa y temerosa de que los ciudadanos asumamos más protagonismo. Una democracia tutelada por cortapisas como obligar a las televisiones, públicas y privadas, a asignar unos tiempos prefijados a cada partido político o que impide la difusión libre de encuestas en los últimos días de campaña revela una vocación dirigista y paternalista impropia del siglo XXI. Aunque el Preámbulo de nuestra Constitución proclama el deseo de establecer una sociedad democrática avanzada, son este tipo de estructuras las que, multiplicadas en nuestra cultura jurídica, impregnan nuestra vida política y hacen la toma de decisiones poco participativa y de escasa calidad. Ya sabemos que en democracia todo el poder emana del pueblo pero la clave, como se preguntaba Bertold Brecht, es ¿adónde va? Esa pregunta es un clamor estos días en las manifestaciones de protesta.

Nuestra democracia, en definitiva, necesita de un lifting urgente porque las reglas que nos dimos en su momento se han quedado viejísimas y chirrían con la realidad de un país moderno y con ciudadanos formados y acostumbrados a vivir en libertad. Tras casi cuarenta años desde la muerte de Francisco Franco ha llegado probablemente el momento de decidir que queremos ser de una vez una democracia madura de ciudadanos mayores de edad. Y empezar a actuar como tales.

Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y Miguel Ángel Presno Linera es Profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Oviedo.



15 comentarios en Una democracia menor de edad
  1. 1

    Completamente de acuerdo, ya va siendo hora de que se acabe la Transición y empiece la Democracia.

    Comentario escrito por emigrante — 25 de mayo de 2011 a las 5:15 pm

  2. 2

    Cuando comentas lo del cambio de la LOREG recuerdo a un profesor de la facultad que nos señalaba el abuso que se practicaba con el concepto “Ley Orgánica”; nos indicaba que no era necesario que por Ley Orgánica se regulase hasta el tamaño de las papeletas y los horarios de apertura de los Colegios electorales… esto sirve como ejemplo para comentar que quizás, en esa reforma constitucional de la que de vez en cuando se habla, y para reforzar la discusión, el cambio y no petrificar determinadas situaciones, quizás habría que plantearse eliminar el concepto “Ley Orgánica”, ya que no tiene mucho sentido, tras 30 y pico años de este sistema de fuentes, seguir manteniendo obligatoriamente que tiene que existir un consenso reforzado para legislar sobre determinados asuntos y que esos asuntos merezcan un tratamiento especial a la hora de legislar sobre ellos, cuando ya tenemos un límite, que es la Constitución; una democracia representativa madura implica también aceptar que sobre asuntos graves puede decidir quien tenga en el momento la mayoría simple y sin tener que contar contigo, en cuatro años decidirás tú, luego otro y ya… sin que sea necesario “una mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto”; así eliminábamos de un plumazo aquellas viejas discusiones que todavía perviven sobre jerarquía-competencia entre la ley orgánica y la ley no orgánica, y desterramos esa fórmula ritual que como disposición final de muchas leyes señala “…la presente ley tiene carácter de orgánica en sus artículos tal y cual, allí donde dice x, pero no donde dice z…”; además, que el adjetivo “orgánica” se las trae…

    Comentario escrito por Abogangster — 25 de mayo de 2011 a las 7:45 pm

  3. 3

    Estoy casi completamente de acuerdo.

    El problema es que, en el fondo (muy en el fondo) esas leyes sirven para proteger a los votantes

    Ya es con ellas y pasan cosas como las que comentan vuestros compañeros de la paella http://www.lapaginadefinitiva.com/weblogs/paellarusa/2011/05/25/vivencias-en-una-mesa-electoral/123

    Imaginaos que pasaría sin esas reglas. Yo sé de un caso en un pueblo de Cataluña donde unos cuantos votantes que no salían en el censo se presentaron con un certificado de empadronamiento el último día que la ley les daba derecho a voto (y por lo tanto se les tuvo que dejar votar). Cuando digo varios me refiero a cuatro o cinco decenas.

    En cuanto a lo de los abuelos que van a votar acompañados por gente que les ayuda (como el caso del mismo vídeo que menciono más arriba)… pues no sé que decir. Al final, si un partido pone un autocar para ir a buscar a los abuelos a una residencia (como he oído que pasó en una ciudad de Cataluña) pues te da que pensar que no es por amor al arte (independientemente de si hace alguna presión extra o no, sobretodo si el partido en cuestión tiene en la gente mayor una importante bolsa de voto).

    Al final es que, independientemente de si nuestra sociedad es mayor de edad y democrática o no, nuestros políticos no lo son.

    Comentario escrito por Veps — 25 de mayo de 2011 a las 10:35 pm

  4. 4

    La transición no acaba por dos motivos principales entre nuestros mayores (yo estoy en cierto modo en el límite entre ambos) existe todavía un miedo hacia el poder que se traduce en votos al mayoritario, falta de capacidad de protesta e ir a votar masivamente, y un sector joven de la población sin estos vicios, pero también con un porcentaje de abstención muy alto y unos referentes confusos.

    Comentario escrito por Jordi P. — 25 de mayo de 2011 a las 10:36 pm

  5. 5

    No comenta nadie, quizás porque no hay polémica. Es algo de cajón, elemental, incontestable. Hay que cambiar la ley electoral para que cosas como las del 22M no vuelvan a repetirse. Amén de muchas otras.

    Otra cosa es que alguien plantee la posibilidad de una III República. Lo digo por los numerosos comentarios aludiendo a recortes. De hecho esa posiblidad tendría bastante atractivo en las comunidades periféricas.

    Comentario escrito por Gekokujo — 25 de mayo de 2011 a las 11:19 pm

  6. 6

    Propones reformar la ley electoral. A eso podemos contribuir recogiendo 500.000 firmas y llevando a cabo una iniciativa legislativa popular. Y luego ellos podrán discutirla, votarla o pasar tranquilamente de ella como han hecho con otras 55 anteriormente.
    Esto me parece bien y creo que deberíamos iniciar la recogida de firmas ya. Gente como tú, que conoce la ley, podría contribuir a redactar la propuesta de ley.

    ¿Pero que hacemos con el factor que más ultraja la proporcionalidad del voto, que es la circunscripcion provincial, y que está en la Constitución?

    No seré yo quién diga que no se haga algo, por pequeño que sea siempre que suponga un avance, aunque lo ideal serían cambios mayores. Desmotiva un poco.

    Entonces, Andrés, ¿tú te encargas de redactar la propuesta y yo organizo la recogida de firmas?

    Un saludo!

    Comentario escrito por orayo — 26 de mayo de 2011 a las 12:07 am

  7. 7

    Una democracia tutelada por cortapisas como obligar a las televisiones, públicas y privadas, a asignar unos tiempos prefijados a cada partido político…

    Imagino que te refieres a los tiempos en los que se hacen las mejores jugadas de los distintos mítines. Porque si es a los espacios de propaganda electoral, no acabo de ver el problema.
    Me explico. Cambiar la relación entre partidos y televisiones tiene a mi entender dos vías posibles. Uno, que no haya ningún tipo de presencia política en televisión (ni mítines ni espacios gratuitos de propaganda) y que, imagino, los ciudadanos sean los encargados de enterarse de qué va el programa de cada partido (risas). Dos, que se liberalice la presencia de partidos políticos en medios televisivos (y básicamente esto se convierta, en este sentido, en los Estados Unidos) con las consecuencias que todos conocemos.
    Obviamente, entre las dos, yo me quedo con la primera. Pero me gustaría saber tu opinión.

    Comentario escrito por lingüista — 26 de mayo de 2011 a las 2:50 am

  8. 8

    Primero tengo que decir que me parece que todos estamos teniendo una visión de la sociedad española un poco errónea. La sociedad española en su conjunto no me parece madura para afrontar una democracia participativa. Ese Deliberation Day se me antoja con unos porcentajes de asistencia ridículos.
    En cuanto a la reforma de la ley electoral, que me parece una de las propuestas más realistas y realizables, no creeis que podría ser un lastre para los partidos nacionalistas?
    Si eliminamos el porcentaje de corte os parece que cambiaría algo? Me parece que el bipartidismo español está muy arraigado, no creo que nos lo impongan.

    Comentario escrito por quévaapasar — 26 de mayo de 2011 a las 10:14 am

  9. 9

    Creo que la propuesta de lingüista se queda corta, lo que hay que hacer es cerrar todas las televisiones públicas (total, para lo que sirven) y controlar en plan «puño de hierro en guante de seda» a las privadas.

    Comentario escrito por desempleado — 26 de mayo de 2011 a las 10:14 am

  10. 10

    Lingüista,

    La opción uno, a estas alturas, la veo inviable en este mundo mezquino y vil, cuando un simple telediario se convierte en

    “El Sr.X del grupo XXX inaugura un nuevo hospital una semana más tarde de bajar el impuesto del choped con aceitunas para todos los ciudadanos, y siguiendo con las noticias de locales, seguimos con la trama de corrupción del grupo YYY, donde el Sr.Y ha denegado hacer aclaración ninguna”

    Y otras tantas formas de hacer propaganda, pero sin que sea un espacio de propaganda. Que en los media son unos pilluelos. Lo mejor es ver televisión lo justo y necesario, o menos aún.

    Comentario escrito por Bunnymen — 26 de mayo de 2011 a las 10:26 am

  11. 11

    #6 Si les interesan la iniciativas legislativas populares ya hay quien propone el uso del DNI electrónico para la recogida de firmas por internet

    http://mifirma.com/

    Comentario escrito por emigrante — 26 de mayo de 2011 a las 1:44 pm

  12. 12

    Cojonudo blog. A ver si nos comentas la sentencia de la LRAU de hoy

    Comentario escrito por Pere f. — 26 de mayo de 2011 a las 5:29 pm

  13. 13

    #9. lo de controlar con puño de hierro y guante de seda a las privadas no me cuadra, porque al fin y al cabo son televisiones privadas y pueden (o deberían poder) lo que les rote con su línea editorial, por muy absurda que nos parezca.

    Lo de eliminar las televisiones públicas, no me cuadra. ¿Quizá eliminar la «información»?

    Comentario escrito por lingüista — 26 de mayo de 2011 a las 6:53 pm

  14. 14

    y perdón por las redundancias, pero es lo que tiene escribir a correprisa.

    Comentario escrito por lingüista — 26 de mayo de 2011 a las 6:54 pm

  15. 15

    Queridos profesores Presno y Boix:

    enhorabuena por el artículo, como siempre. Creo que es un ejercicio intelectual honorable, valiente y dedicado. Y como siempre, alucino con el conocimiento de la bibliografía en inglés, con la invitación a leer. En todo caso, me gustaría hacer varios comentarios al texto.

    Me sorprende que sigan pensando que el cambio y la democratización de España pueda venir de un cambio de sistema político. Acaso, olvidados ya del materialismo jurídico y de las escasas referencias a la necesidad de transformar la política a través de la democracia, hemos olvidado también que todo sistema constitucional no es sino el reflejo de las transformaciones en las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado. Sucede que el cambio social, realizado desde arriba, es una mera ensoñación, como se ha demostrado en las últimas legislaturas con las leyes fantasmagóricas del Gobierno socialista, destinadas a ocupar espacio en los medios de comunicación.

    Desde este punto de vista, hacer mención a los sueños deliberativos, en este justo momento, creo que es hacer un brindis al sol. Parece que la democracia española se ha convertido en un triste baile de derechos, que cada día tienen menos contenido y que hay que recordar, provienen de una tradición que no siempre han encontrado acomodo en la democracia. De hecho, todo el mundo sabe que la teoría de los derechos fundamentales fue concebida en su origen como un paradigma destinado a confrontarse con la libertad de los «antiguos», aquellos que se dedicaban a la cosa pública en la antigua Grecia (y Roma).

    Al profesor Presno le he leído también en El Correo (y aquí), que el derecho al voto no cancelaba otros derechos de los manifestantes. Pero también le he leído en este mismo blog, que el derecho fundamental a la participación política tenía una centralidad especial, que hacía muy difícil de aceptar su cancelación por parte del TS y el TC (Bildu y Sortu), en virtud de la LOPP, que si no recuerdo mal, otorga la posibilidad al legislador de desarrollar tanto el art. 6 como el 23 CE. Claro, muchas veces olvidamos que al legislador le corresponde esta función. Desde este punto de vista, la democracia queda al albor de la interpretación interesada que en cada momento se haga del contenido esencial que parece recogerse en la propia Constitución. Los manifestantes del 15 – M ejercen un derecho de manifestación constitucional, y la Junta creo que ejerce una función atribuída en la LOREG (aunque sé que el profesor Presno duda de su legitimidad en el caso concreto) destinada a que no se realicen actuaciones que puedan llegar a incidir en el resultado electoral. En este sentido, me gustaría traer a colación el lamentable espectáculo del 13 M de 2004, donde se organizaron probablemente, desde esferas políticas, manifestaciones creo que contrarias a la Ley. A mí de aquello me quedó un mal sabor de boca, la verdad, y creo que en estas cosas hay que ir a los hechos en concreto, y no escudarse tanto en los derechos.

    Digo esto, porque a mí, sinceramente, me parece que el 15-M no es una cuestión que provenga de partidos, pero sus reivindicaciones favorecían las propuestas, claramente, de partidos como IU y UPyD. Creo que el Gobierno actuó bien, haciendo un correcto uso de la diferencia entre disolución y prohibición. Pero no creo que la jurisprudencia del TC sobre casos anteriores, siente precedentes al ser casos tan distintos, como alguno se apresuró a decir.

    Por último, ¿de verdad creen que la democracia española necesita un mero lifting? Requiere una intervención en profundidad: requiere una toma de conciencia política, en el que se diga a los ciudadanos que el juego del Estado nación y sus instituciones están llegando a su fin, y que da igual el partido que tengamos, nuestra tragedia es que todas las políticas son iguales, y los cambios solo se producirán cuando dominemos democráticamente la esfera continental, que nos tiene intervenidos. Difícil asunto, complejo. Solo quería añadir algo al debate. Como siempre, felicidades por el artículo y gracias por fomentar el debate en la red.

    Saludos

    Josu de Miguel

    Comentario escrito por J. — 26 de mayo de 2011 a las 7:21 pm

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