No se trata de hacer leer

Desde un punto de vista político o democrático, como ya hemos tenido ocasión de valorar, la sentencia de ayer por la noche es demoledora. El Tribunal Supremo, en resumen, ha ilegalizado las listas de un partido político, Eusko Alkartasuna, que tiene 35 años de trayectoria democrática indudable, que fue fundado por el primer lehendakari de la democracia y cuyos miembros iban hasta hace cuatro días con escolta. Es un partido que tiene listas comunes (últimas elecciones al Parlamento europeo) con partidos como el gallego BNG o con los catalanes de ERC. Así como no pocos lazos con el PNV, del que es una escisión. También quedan fuera los candidatos de Alternatiba, partido que hasta ahora se presentaba con Ezquer Batua, la Izquierda Unida local. La barbaridad de dejar a estas personas sin derecho de sufragio pasivo a partir de la vaporosa doctrina de la «contaminación» porque en las listas van con gente que pertenece al mundo de la izquierda «abertzale» es jurídicamente una salvajada. Porque, de hecho, incluso el hecho de dejar sin el derecho fundamental a los supuestos agentes «contaminadores», también lo es.

El resumen es sencillo: para el Tribunal Supremo todo eso es ETA y a saber qué más cosas pueden acabar siéndolo. Así que leña al mono. Una vez los españoles cometimos el error de aceptar que alguien, por ser etarra, dejara de tener derechos fundamentales de participación política (eso es la ley de partidos) ahora nos estamos enfrentando a los riesgos inherentes a cualquier decisión de esas caracterísitcas. Una vez tienes un instrumento tan poderoso y has ignorado las primeras alertas poniéndote a usarlo, pues te acostumbras. Y si con determinar que alguien es ETA le puedes dejar fuera del juego político, pues basta empezar a jugar con los elementos que nos permiten decidir qué es ETA de manera imaginativa para ir logrando apartar a cualquier agente político molesto de la escena.

La cuestión, políticamente, democráticamente, se resume de manera muy sencilla: no estamos ilegalizando etarras o a quienes usan la violencia. Estamos ilegalizando ideas políticas, a las que impedimos presentarse a las elecciones. Porque si decimos que cualquier idea se puede defender si es sin violencia y por la vía de presentarse a las elecciones pero, a la vez, ilegalizamos sistemáticamente, una y otra vez, las listas de esos colectivos de personas que tienen ciertas ideas y que deciden comprometerse a defenderlas democráticamente y renunciando a la violencia… ¿puede saberse qué se supone que ha de hacer esta gente? ¿No pueden presentarse a las elecciones hagan lo que hagan por su pasado, sus ideas, lo que ha hecho su familia, o las listas en que han ido hace años? ¿Esto qué es?

En todo caso, conviene echar un vistazo también a la fundamentación jurídica de las sentencias hechas públicas por el Supremo ayer:

Básicamente, voy a transcribir la parte que me parece más relevante de las sentencias (dos, una para Bildu y otra para las agrupaciones de electores), en la que el Supremo desarrolla su peculiar teoría de la contaminación. Lo hace después de haber recordado las ilegalizaciones previas de algunos partidos políticos y después de recordar que esas ilegalizaciones han sido aceptadas por el TC y por el TEDH, recordando que es doctrina de éstos que es perfectamente posible hacer lo que se hizo porque no se priva de derechos políticos a nadie por sus ideas sino por la existencia de pruebas de colaboración con acciones violentas. El Fundamento jurídico en cuestión, el verdaderamente clave, es el que a continuación trata de argumentar que en este caso estamos también en esa situación debido a la mencionada «contaminación». Es de una apabullante endeblez jurídica, como simplemente se deduce de su lectura. Lo mejor es, por ello, trasncribirlo íntegramente. Dice así (los resaltados serán míos) la primera de las sentencias, referida a la ilegalización de las agrupaciones de electores (aunque han salvado a algunas):

CUARTO:

 (…)

2. Circunstancias relevantes.

 

Para juzgar sobre la concertación de las Agrupaciones de Electores o su permanencia el artículo 44.4 de la LOREG se refiere de forma expresa a que se tendrán en cuenta:

 

1) La similitud sustancial de sus estructuras;

2) La similitud sustancial de su organización;

3) La similitud sustancial de su funcionamiento;

4) La similitud sustancial de las personas que los componen, rigen, representan, administran o integran cada una de las candidatura; y

5) La procedencia de los medios de financiación o materiales.

 

Ahora bien, como se decía en la sentencia antes mencionada de 5 de mayo de 2007, a los efectos de aplicar el articulo 44.4 de la LOREG lo relevante será determinar si las Agrupaciones de Electores que nos ocupan cumplen la finalidad propia de su naturaleza o si, por el contrario, de hecho y pervirtiendo el sentido de esta figura, han sido utilizadas de forma fraudulenta para conseguir perpetuar la actividad de unos partidos previamente ilegalizados; dicho de otra manera, si se han constituido en mero instrumento de unos partidos ilegalizados y disueltos, desvirtuando la finalidad primigenia que tiene toda agrupación electoral como cauce de participación activa de los ciudadanos en la vida política, para lo que han de observarse los criterios fijados por el legislador en dicho precepto.

 

Sobre estos criterios, esta Sala ha tenido ocasión de declarar (STS de 5 de mayo de 2007, que reitera lo ya dicho en Sentencias de 3 de mayo de 2003 y 21 de mayo de 2004) que los elementos a valorar no se relacionan en el precepto de forma exhaustiva, sino meramente orientativa, como lo pone de manifiesto la referencia que en él se hace a “cualesquiera otras circunstancias relevantes” que, como las expresamente indicadas en el mismo, permitan considerar la continuidad o sucesión del partido político ilegalizado.

 

Este criterio resulta confirmado por la doctrina del Tribunal Constitucional que establece, en su Sentencia 85/2003, de 8 de mayo, y reitera en sus posteriores Sentencias 99/2004, de 27 de mayo, y 68/2005, de 31 de marzo, que “tratándose de la acreditación de una trama defraudatoria, es evidente que la convicción judicial de su existencia deberá conformarse a partir de la concurrencia de elementos probatorios del más diverso cariz y que habrá de estarse a cada caso para precisar si es suficiente con la demostración de un elemento de continuidad financiera o si se impone la concurrencia de un elemento de continuidad personal que, además, debe ser significativa en número o en calidad”.

 

No puede ser de otra forma, en la medida en que así lo exige la propia naturaleza mutable de las circunstancias que determinan el fraude de ley -constatada en todas las resoluciones que esta Sala ha dictado en el ámbito electoral-, cuya evolución las lleva a renovarse progresivamente con el objeto de refinar, frente a precedentes jurisprudenciales que impidan su eficacia defraudatoria, los mecanismos de actuación.

 

De todo ello deriva la necesidad de tener en consideración un amplio elenco de variables, que no se limitan a las expresamente citadas por el precepto legal, ni a las ya analizadas jurisprudencialmente, que, apreciadas en su conjunto, han de servir para llevar al Tribunal al convencimiento de la existencia de la trama defraudatoria que constituye el fundamento de las pretensiones impugnatorias del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal. También ha de resaltarse que la finalidad defraudatoria dirigida a través de la agrupación electoral como continuadora de la actividad del partido político disuelto puede revelarse únicamente a través de elementos objetivos, no siendo imprescindible la presencia de elementos de naturaleza subjetiva que pongan de manifiesto aquella continuidad, tal y como afirma la STC 99/2004 y reiteran las Sentencias de esta Sala de 26 de marzo de 2005 y de 5 de mayo de 2007.

 

3. Relatividad del elemento subjetivo.

 

No obstante, hemos de dejar constancia de que el Tribunal Constitucional ha relativizado el valor que se pueda dar a los elementos de naturaleza subjetiva para determinar el ánimo defraudatorio y su materialización, cuando existen otros elementos de carácter objetivo que así lo acreditan.

 

La STC 110/2007, que reitera lo señalado en la STC 68/2005, indica al respecto:

 

«En virtud de lo expuesto debemos concluir, como ya sucediera en la STC 68/2005, que “los elementos objetivos considerados por el Tribunal Supremo, en un examen de conjunto, conforme a criterios de valoración razonable y no arbitraria, desde el debido respeto a los derechos fundamentales puestos en riesgo y con ajuste a nuestra doctrina sobre estos particulares, son por sí suficientes para fundamentar la convicción judicial que ahora se combate en amparo” (FJ 14). Y al igual que entonces hemos de añadir que “dicha convicción se refuerza, para el Tribunal Supremo, con una serie de elementos subjetivos que, por el contrario, no podemos aceptar, sin que por ello padezcan en su consistencia los juicios de valor deducidos de las pruebas de naturaleza objetiva” (FJ 14)».

 

 

QUINTO: PREMISAS PARA LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS SUBJETIVOS.

 

1. Trascendencia de los elementos subjetivos.

 

Como ya hemos indicado, a la hora de establecer el vínculo necesario entre el partido disuelto y la agrupación de electores pueden utilizarse criterios de índole objetiva y subjetiva de manera que, no obstante la posible suficiencia de los primeros, éstos últimos adquieren una relevancia indudable.

 

Como pone de manifiesto esta Sala en la Sentencia de 8 de febrero de 2009, dictada en los Autos acumulados 1/2009 y 2/2009, la voluntad de dar continuidad a los partidos ilegalizados a través de las Agrupaciones de Electores solo puede acreditarse mediante un juicio de inferencia a partir de datos probados y de significación indiscutible que evidencien la conexión entre estas y aquellos.

 

Esta premisa aplicada a la apreciación de los elementos subjetivos de conexión supone que, entre las magnitudes que debemos considerar, se halla:

 

1) El porcentaje de candidatos vinculados específicamente a las formaciones ilegalizadas.

 

2) La naturaleza y relevancia de esa vinculación.

 

3) La importancia del papel desempeñado por cada uno de aquellos candidatos en las distintas agrupaciones analizadas -uno de cuyos datos expresivos es, por lo general, su posición en la lista electoral-.

 

4) El desempeño de cargos públicos relacionados con los partidos disueltos.

 

5) La existencia de condenas penales, siempre que no comporten una extensión de los efectos punitivos de las sentencias condenatorias.

 

De manera que la conjugación de todos estos factores ha de ser de tal naturaleza que permita inferir, de modo razonable y no arbitrario, que la agrupación electoral ha actuado, de hecho, como continuadora de la actividad de los partidos ilegalizados.

 

La necesidad de abordar la problemática que plantea la anulación de 21 candidaturas de otras tantas Agrupaciones de Electores hace conveniente fijar algunas de las premisas de las que deberán partir nuestros razonamientos.

 

 

 

2. Ilegalización de partidos políticos versus derecho de sufragio pasivo individual.

 

La primera de las premisas de la que debemos partir es que la disolución de un partido político no comporta la privación de derecho de sufragio de sus promotores, dirigentes o afiliados.

 

Así resulta de las sentencias del Tribunal Constitucional 85/2003, de 8 de mayo, 99/2004, de 27 de mayo y 126/2009, de 21 de mayo, en las que se afirma que “como tenemos dicho desde la STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 23, “la disolución de un partido político no comporta la privación del derecho de sufragio, activo o pasivo, de quienes fueron sus promotores, dirigentes o afiliados. Semejante consecuencia sólo puede traer causa de un procedimiento judicial específicamente centrado en la conducta o en las circunstancias de personas físicas, quienes, en los términos previstos por la Ley, únicamente pueden verse privadas del ejercicio del derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 CE si concurren las causas también taxativamente fijadas por el art. 6 de la Ley electoral, entre las que no figura la vinculación con un partido disuelto en aplicación de la Ley Orgánica 6/2002”, incorporados por esta Sala en la sentencia de 26 de marzo de 2005.

 

Además, el Tribunal Constitucional continúa recordando, con referencia a las SSTC 5/2004 y 48/2003, que “la ilegalización y disolución de un partido político es, desde luego, una consecuencia jurídica gravosa para el partido mismo, para sus afiliados y, por extensión, también para sus simpatizantes y votantes; pero ello no convierte tales medidas, sin más, en medidas punitivas, pues en otro caso habría que conceder (…) que toda consecuencia jurídica desfavorable o la simple denegación de un beneficio encerraría un componente sancionador. En definitiva, la LOPP no instaura un procedimiento penal o sancionador referido a conductas individuales y del que se deriven consecuencias punitivas para sus autores, sino un procedimiento de verificación de la concurrencia en una asociación de las características que —presumidas en origen y sólo verificables tras la inscripción— hacen de ella un partido político, resultando de un eventual juicio negativo la consecuencia de su disolución, sin mayor perjuicio para los actores de las conductas examinadas y reconducidas al partido que el propio de quien se ve perjudicado por la imposibilidad de continuar en el disfrute de beneficios y ventajas, que sólo se disfrutan legítimamente en el marco normativo que el partido disuelto, justamente, no ha querido respetar”.

 

3. La naturaleza del vínculo.

 

No todos los vínculos son susceptibles de servir como indicio de continuación de la actividad de los partidos políticos ilegalizados, afirmando la STC 112/2007, de 10 de mayo, dictada en el recurso de amparo promovido en relación con el Auto dictado en autos acumulados 3/2007 y 4/2007, sobre impugnación de candidaturas del partido político ANV, seguidos en el seno de la ejecución 1/2003, que “en cuanto a los elementos subjetivos, este Tribunal no puede admitir, como ya ha declarado en la STC 68/2005, de 31 de marzo, que pueda constituir un indicio a tal fin la condición de avalista de las agrupaciones constituidas en distintos procesos electorales para sustituir o dar continuidad a los partidos ilegalizados y disueltos”.

 

4. La proximidad del vínculo en el tiempo.

 

La citada STC 112/2007, de 10 de mayo, señala que “asimismo, dada su lejanía tampoco puede reconocerse en principio relevancia al hecho de haber concurrido por los partidos ilegalizados en procesos electorales anteriores al año 1999, conforme al criterio mantenido desde la STC 85/2003 (que considera, en su F. 26, que la participación de quienes no fueron miembros del partido ilegalizado como dato relevante de la instrumentalización fraudulenta de una candidatura supondría una restricción excesiva del derecho de sufragio pasivo), ni tampoco a ningún tipo de vínculos familiares o personales con aquellos candidatos”.

 

En este caso además, en el propio recurso del Abogado del Estado se solicita que se tome en consideración únicamente la participación en los procesos electorales habidos a partir del año 2003.

 

Esta fecha es coherente con la doctrina sostenida por el Tribunal Constitucional en las STC 112/2007, y es determinante de que solo valoraremos la actividad desplegada a partir del año 2003 y, tratándose de procesos electorales, la desarrollada en las elecciones municipales, autonómicas en Navarra y forales de 2003 y 2007, europeas de 2004 y 2009, autonómicas vascas de 2005 y 2009, y ello en aplicación del principio dispositivo y de congruencia.

 

5. La “contaminación sobrevenida”.

 

Finalmente, hemos de referirnos a la llamada “contaminación sobrevenida”, criterio de conexión que la STC 126/2009, de 21 de mayo, señala que no sería constitucionalmente aceptable. En tal sentido, afirma que “muy en particular, no es constitucionalmente aceptable la tesis de la denominada “contaminación sobrevenida” que, en el parecer del Tribunal Supremo, padecerían cuantos, sin ser ellos mismos motivo para la ilegalización de una candidatura, figuraron como candidatos en una lista ilegalizada (fundamento jurídico Octavo), pues el efecto jurídico que ello implica no puede ser en ningún caso consecuencia de la disolución de un partido que, según tenemos repetido, no supone la privación del derecho de sufragio de sus dirigentes, afiliados, simpatizantes o votantes”.

 

6. Intensidad.

 

Como ha señalado esta Sala en la Sentencia referida de 8 de febrero de 2009, “respecto a las Agrupaciones de Electores, es menester, dado el carácter autónomo de las candidaturas demostrar, junto con la vinculación objetiva, una vinculación subjetiva intensa desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, como ha declarado el Tribunal Constitucional”.

Uno de los factores apuntados por el Tribunal Constitucional como indicio relevante de la intensidad, refiriéndose precisamente a las Agrupaciones Electorales, es el hecho de que éstas cuenten con una presencia de candidatos que muestran una relación con los partidos ilegalizados igual o superior al 20 por ciento, siempre que su ubicación en las citadas listas lo sea en puestos relevantes, al tiempo que se ha negado relevancia probatoria acerca de la integración en la trama defraudatoria de una concreta agrupación electoral al hecho de que, de forma aislada, alguno de los integrantes de la candidatura por ella presentada se encuentre relacionado organizativamente con los partidos políticos disueltos, cuando los restantes, en una proporción de 20 a 1, carecen de tal relación (STC 85/2003).

 

7. Proporcionalidad.

 

Es decir, solo cuando la vinculación de los candidatos con el partido disuelto es un dato relevante, ya sea en términos cuantitativos o cualitativos, es posible apreciar la concertación defraudatoria; en caso contrario, no puede perjudicar el derecho de quienes con él o ellos participan de consuno en un proceso electoral, pues, tal y como señala la STC 85/2003, “tal perjuicio sólo puede justificarse, en términos constitucionales que pasan por un ponderado juicio de proporcionalidad entre el fin perseguido y el derecho sacrificado como medio, si se acredita una voluntad cierta de desnaturalización de las agrupaciones electorales mediante su conversión en elementos constitutivos de un partido de facto que dé continuidad a otro disuelto. Y tal extremo no puede desprenderse, razonablemente, del solo dato de la presencia de un candidato relacionado con el partido ilegalizado. Evidentemente, también este tipo de agrupaciones pudieran estar concertadas en la estrategia de continuidad probada por la Sala, como también pueden estarlo otras que ni siquiera ofrezcan ese mínimo indicio. Sin embargo, lo determinante es que esa concertación quede razonablemente probada, lo que no puede ser el caso sin la presencia de algún elemento añadido”.  

En definitiva, la inclusión en las agrupaciones electorales de un cierto número de candidatos que a su vez pertenezcan al entorno de los partidos políticos ilegalizados presenta un claro valor indiciario, en cuanto revela que aquellas sean continuadoras de la asignación funcional de tareas de la banda terrorista ETA y del mantenimiento de las intensísimas relaciones de jerarquía que la banda terrorista ETA mantiene tanto con sus organizaciones satélites como, de modo directo, sobre sus respectivos militantes o miembros, a los que incluso ha venido sometiendo al dictado de dobles o múltiples militancias simultáneas a fin de poder utilizarlos como factor de control y de dinamización de todo su “entramado”.

Por su parte (de nuevo los resaltados serán míos) la sentencia de ilegalización de Bildu argumenta las posibilidades de acción judicial contra las listas así en los Fundamentos Jurídicos Octavo y Noveno:

Pues bien, este litigio que ahora resolvemos se sitúa en línea de continuidad con los que acabamos de reseñar, desde el momento que lo realmente controvertido es si, como afirman el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, las candidaturas de la Coalición de partidos objeto de su impugnación  no son más que una  sucesión o continuación fraudulenta -y por ende ilícita y prohibida- del complejo ETA/Batasuna, o si, por el contrario, dichas candidaturas constituyen, como ella misma alega, un  legítimo cauce de participación política de un sector  social del País Vasco independentista y de izquierdas pero desligado por completo de cualquier relación de  subordinación o connivencia  con los partidos ilegalizados, y sin vinculación alguna, subjetiva ni objetiva, con el grupo terrorista ETA.
Situados en esta perspectiva, y antes de pasar al examen circunstanciado del acervo probatorio suministrado por las partes contendientes junto con sus respectivas alegaciones, hemos de referirnos  una vez más a las peculiaridades que reviste el análisis en casos como este,  en que se plantea  el control judicial de los actos de la Administración electoral  concernientes a actuaciones e iniciativas políticas que atañen al ejercicio de un derecho fundamental como es el de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 23 CE), pero son denunciadas justamente por pretender de forma simulada y fraudulenta (esto es, ocultas subrepticiamente bajo una vestidura de legalidad jurídica) un resultado prohibido por el Ordenamiento Jurídico (la persistencia en el tiempo de la actividad de un partido ilegalizado).
En este proceso de razonamiento,  es necesario partir de la base de que la Ley Orgánica de Partidos Políticos  6/2002 (LOPP)  tiene como uno de sus principales objetivos, a tenor de su exposición de motivos, “garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. Especialmente si se tiene en cuenta que, por razón de la actividad del terrorismo, resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que éstas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades”.
Profundizando en estos principios, la STC 48/2003 determinó los  parámetros de enjuiciamiento de la ilegalidad de los partidos políticos, insistiendo en que la Constitución no impone una “democracia militante”. Al contrario, partiendo de la distinción, resaltada en la exposición de motivos de la Ley, entre ideas o fines proclamados por un partido, por un lado, y sus actividades, por otro,  resalta esta sentencia que la Ley contempla como causas de ilegalización, precisamente «conductas», es decir, supuestos de actuación de partidos políticos que vulneran con su actividad, y no con los fines últimos recogidos en sus programas, las exigencias del artículo 6 de la Constitución, que la Ley viene a concretar.

 

 

En esta línea, tanto la referida Ley Orgánica como la jurisprudencia constante han resaltado la incompatibilidad de las conductas consistentes en el apoyo político a la violencia y a las actividades de bandas terroristas. El artículo 9 LOPP, tras apuntar que los partidos políticos deberán  respetar en  sus actividades los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos, añade que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos y los derechos humanos mediante conductas como el ejercicio, fomento, apoyo o legitimación  de la violencia como medio para conseguir objetivo políticos, o el apoyo o complemento de organizaciones terroristas; especificando el apartado 4º de este artículo 9º que “para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”.
Este  último apartado que acabamos de transcribir introduce una precisión de especial relevancia en el sistema de la LOPP , al puntualizar que la trayectoria vital de un  partido político puede plasmarse en una línea de continuidad a lo largo del tiempo por más que dicho partido  se revista de ropajes formales diferentes, mediante cambio de siglas o signos distintivos o cualesquiera otros artificios que busquen precisamente camuflar esa continuidad bajo la vestidura aparente de  organizaciones diferenciadas

Previendo precisamente esta hipótesis, la LOPP ha contemplado la  posibilidad de que un partido político ilegalizado  conforme a lo dispuesto en el artículo 9 pueda tratar de sortear esa ilegalización mediante la creación, usurpación o apropiación  fraudulenta de otros partidos políticos aparente o formalmente desligados del partido ilegalizado pero realmente unidos en una línea de continuidad o, en palabras de la jurisprudencia, “sucesión operativa”, esto es, de unidad y permanencia de designio, propósitos y actividad. Sucesión que puede darse asimismo mediante  otros cauces de acceso a los cargos públicos como las agrupaciones de electores, cfr. disp. adic. 2ª,  habiendo matizado en este sentido la STC 85/2003, FJ  26º, que “Partido político y agrupación electoral son términos tan heterogéneos que no cabe la continuidad, salvo, justamente, si la agrupación deja de ser propiamente tal, instrumentalizándose al servicio de la reactivación o continuidad de un partido disuelto”. Ha matizado incluso el Tribunal Constitucional que la  apropiación o colonización de un partido preexistente, para dar continuidad al ilegalizado, puede hacerse en bloque o bien mediante la infiltración en candidaturas concretas sin llegar a dominar la dirección unitaria del Partido: “así como puede darse el caso de que el partido disuelto intente acceder a las instituciones representativas por medio de agrupaciones electorales, o continuarse en un partido de nueva creación, puede también suceder que procure hacerse con la estructura de otro partido de manera gradual y, sin llegar a hacerlo suyo por completo, adquirir en él una posición dominante o, cuando menos, significativa. En tal supuesto, la inexistencia de una dirección unitaria en el partido podría tener su consecuencia en la autonomía de las candidaturas por él formalizadas, reducidas respectivamente a unidad en centros directivos diferenciados” (STC 112/2007, FJ 6º)
Para evitar que tal posibilidad se materialice, el artículo 5.6 establece que “cuando se persiguiese la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta Ley Orgánica”, y este último precepto dispone, por su parte, en su apartado 1.b),  que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto”. A tal efecto, en el apartado 3º de este artículo 12 se puntualiza que se tendrá en cuenta, para determinar la conexión, “la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución”
Y este artículo 12 LOPP ha de ponerse necesariamente en relación con el artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que en este caso resulta de directa aplicación (atendido el concreto objeto de este litigio), y que en su redacción vigente y aplicable al caso (según la Ley Orgánica 3/2011) establece, en su apartado 3º, que “en todo caso, los partidos políticos, las federaciones o coaliciones de partidos, y las agrupaciones de electores no podrán presentar candidaturas que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen, representan, administran o integran cada una de las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión”
De este modo, podemos sistematizar los criterios que apuntan coincidentemente la LOPP y la LOREG para constatar la “sucesión operativa” fraudulenta, y por ende prohibida, en torno a cuatro notas:

 

 

 

 

 

1º) La similitud sustancial de la estructura, organización y funcionamiento de  los partidos políticos concernidos.

2º) La misma similitud en cuanto a las personas que los componen, rigen, representan o administran.

3º) Igual similitud sustancial en lo concerniente a la procedencia de los medios de financiación o materiales.

4º) Cualesquiera otras circunstancias relevantes, como singularmente  su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo.

Notas, estas, que pueden reducirse más aún, en torno a dos grandes criterios: los subjetivos, referidos a las personas que componen el  partido político ilegalizado y el que pretende sucederle  en su actividad; y los objetivos,  relativos a la organización, diseño estratégico, medios  materiales de actuación y circunstancias concurrentes en su actividad; debiendo hacerse aquí un matiz relevante: que cuando, como en este caso acaece, se contempla la posible declaración de sucesión o continuidad ilegítima respecto de partidos políticos o coaliciones de ellos, no es preciso para llegar a esta conclusión que concurran simultáneamente los elementos subjetivos junto con los objetivos, pues una adecuada prueba centrada en los elementos o aspectos objetivos puede  resultar suficiente a estos efectos. Así se dice con claridad en el auto de esta Sala especial de 8 de febrero de 2009: “En definitiva, mientras que para estimar la concurrencia de sucesión fraudulenta en las agrupaciones electorales, dado el carácter autónomo de los candidatos, de apreciarse junto con la vinculación objetiva una vinculación subjetiva, ésta debe ser intensa, en el caso de tratarse de partidos políticos el grado de implicación subjetiva necesario para acreditar la sucesión fraudulenta es menor, adquiriendo por ello en relación con estos últimos mayor trascendencia la vinculación objetiva que muestre tal propósito defraudatorio, pudiendo incluso bastar para alcanzar la convicción de la existencia de sucesión fraudulenta datos reveladores de carácter meramente objetivo”.

 

Y en el bien entendido de que aun cuando, ciertamente, el artículo 12.3 LOPP y el art. 44.3 LOREG  tratan de objetivar las circunstancias que tienen que concurrir para dar lugar a la anulación de las candidaturas de un partido político, la enunciación de criterios que contiene no se realiza con pretensiones de exhaustividad, sino de forma orientativa. Así lo ha  precisado el Auto de esta Sala especial del artículo 61 LOPJ de 5 de mayo de 2007,  que proporciona unas pautas útiles para indagar la efectiva concurrencia de  las circunstancias que permiten detectar la sucesión o continuidad (FJ 3º):

 

 

“[…] tales criterios no se relacionan «de forma exhaustiva o agotadora, sino orientativa, como se acredita por la referencia que el precepto hace a «cualesquiera otras circunstancias relevantes» que, como (…) las manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos de los promotores de la agrupación o de los candidatos y la posible participación o contribución de los partidos políticos disueltos en la promoción de la agrupación de electores, permitan considerar dicha continuidad o sucesión», tal y como ya dijimos en las Sentencias de 3 de mayo de 2003 y 21 de mayo de 2004, aunque en interpretación del artículo 44.4 de la LOREG  , y se reitera en la de 26 de marzo de 2005 en interpretación de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica 6/2002.
La necesidad de tomar en consideración un amplio elenco de circunstancias, no expresamente citadas por el precepto legal, ni analizadas específicamente en los antecedentes jurisprudenciales existentes hasta la fecha, y que apreciadas en su conjunto sirvan para llevar a la convicción del Tribunal la existencia de una estrategia defraudatoria, resulta una consecuencia obligada de la propia naturaleza mutable y adaptable a las circunstancias del fraude de Ley, de forma que esa estrategia defraudatoria, conocedora de las pautas que fija el ordenamiento jurídico, se va acomodando y actualizando de manera permanente con el reprochable objetivo de continuar dando vida, de manera cada vez más opaca y depurada, a los objetivos que persigue.
Lo verdaderamente relevante a los efectos de apreciar la continuidad defraudatoria no es la repetición de las mismas circunstancias o la conjugación de distintas de ellas, que fueran apreciadas en ocasiones anteriores, sino que ante el amplio número de posibilidades que pueden ser utilizadas, su apreciación conjunta nos permita llegar a idéntica conclusión –la instrumentalización en su provecho de las candidaturas del partido político ANV por el complejo Batasuna– cuando los actos y manifestaciones de esta continuidad fraudulenta hayan variado. En el mismo sentido se pronuncia la STC 99/2004 (F. 16).

A tal efecto, resulta sumamente esclarecedor el razonamiento empleado por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 85/2003, de 8 de mayo, reiterado en las posteriores Sentencias 99/2004, de 27 de mayo, y 68/2005, de 31 de marzo, del mismo Tribunal, en la que pone de manifiesto, aunque refiriéndose a agrupaciones electorales, que «tratándose de la acreditación de una trama defraudatoria, es evidente que la convicción judicial de su existencia deberá conformarse a partir de la concurrencia de elementos probatorios del más diverso cariz y que habrá de estarse a cada caso para precisar si es suficiente con la demostración de un elemento de continuidad financiera o si se impone la concurrencia de un elemento de continuidad personal que, además, debe ser significativa en número o en calidad».

Para concluir el examen de los criterios que cabe considerar para apreciar la voluntad de suceder a un partido ilegalizado conviene precisar que, con independencia de cuál sea el fundamento teórico más adecuado para averiguar la verdad real que se oculta tras una apariencia jurídica– el fraude de Ley, el abuso de derecho o la infracción de las reglas de la buena fe (artículos 6.1 y 4, 7.1 y 2 del Código Civil [ RTC 2005\68] )– la técnica del levantamiento del velo constituye, al igual que acontece en el presente caso, un instrumento idóneo para constatar la auténtica realidad que subyace bajo una apariencia formal”

 

Sin perder de vista que como ocurre habitualmente con los comportamientos fraudulentos o simulados, que, como antes apuntamos, buscan eludir su propósito antijurídico bajo un ropaje de legalidad,  la constatación de la existencia de esa “sucesión operativa” tendrá que  basarse en la contemplación conjunta de un complejo material probatorio constituido tanto por pruebas directas como  indiciarias, que sólo desde una valoración global adquirirá sentido, por encima de la perspectiva limitada y parcial de los diferentes elementos de prueba, que si aisladamente pudieran no tener relevancia, la adquieren cuando se ponen en relación unos con otros. Obvio es que en esa labor de apreciación resultará inevitable el análisis casuístico.

 

Hagamos, en este punto introductorio del debate procesal en que nos hallamos, una última puntualización. No ignora esta Sala las peculiaridades del caso al que ahora nos enfrentamos. La tesis de las partes demandantes (en particular es el Fiscal quien incide expresamente en ella), es que en el presente caso nos encontramos ante un mecanismo defraudatorio de la sentencia de ilegalización similar al que analizó esta Sala en los Autos de 5 de mayo de 2007 recursos 3 y 4 de 2007 en el caso ANV (con ocasión de  aquel proceso electoral el Fiscal instó la anulación de parte, no todas, de las candidaturas presentadas por el partido político ANV, sin ejercitar una acción declarativa de ilegalización de aquel partido). Argumenta el Fiscal que tanto esta Sala como posteriormente el Tribunal Constitucional en la sentencia 112/2007, de 10 de mayo, tuvieron por acreditada una trama defraudatoria en la que se concertaron “determinadas candidaturas que, dotadas de autonomía frente al partido recurrente”, se habían constituido “materialmente en sujetos electorales separados, esto es, en equivalentes de agrupaciones de electores sintonizadas bajo un designio común o, sencillamente, en un nuevo partido de facto, cuya suerte no ha de correr pareja con la del partido al que sólo les une una relación puramente formal”.

 

El Tribunal Constitucional  (FJ 6º) realizó las siguientes afirmaciones al respecto:

 

– 1ª) Que buena parte de las candidaturas presentadas por el partido recurrente respondían “al designio de una maniobra defraudatoria”.

 

– 2ª) Que dicha maniobra defraudatoria había “quedado acreditada con la identificación de una trama conformada por un conjunto de candidaturas articuladas alrededor de una dirección separada de la oficial de aquel partido, a la que sólo cabe imputar las listas que, también presentadas en su nombre, no presentan indicios de conexión material con aquélla”.

 

– 3ª) Que, sin embargo, la trama defraudatoria no llegó al punto de confundirse con la dirección formal del partido, por lo que “la disolución de éste pudiera haber resultado desproporcionada, pero la indemnidad de las candidaturas que se han demostrado utilizadas al servicio de un fraude de la legalidad supondría una inaceptable infracción de la obligación de asegurar que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político (art. 12.2 LOPP)”.

 

Este planteamiento fue corroborado por la STEDH de 7 de diciembre de 2010 (caso EAE/ANV contra España) en la que se afirma “las jurisdicciones internas españolas acreditaron suficientemente que las candidaturas en litigio del partido demandante perseguían asegurar la continuidad de las actividades de Batasuna y Herri Batasuna, partidos que habían sido ilegalizados debido a su apoyo a la violencia y a las actividades de la organización terrorista ETA”, agregando a lo expuesto que “… del contexto político existente en España, marcado por la presencia de partidos políticos independentistas en los Parlamentos de ciertas comunidades autónomas y especialmente en el País Vasco, se desprende que la medida enjuiciada no respondía a una intención de prohibir cualquier manifestación de ideas separatistas. En consecuencia, estima que se cumplió su propia jurisprudencia, según la cual la expresión de puntos de vista separatistas no implica per se una amenaza contra la integridad territorial del Estado y la seguridad nacional”. El Alto Tribunal concluye, a continuación, afirmando que “… la restricción en litigio es proporcionada con el fin legítimo perseguido y que, en ausencia de arbitrariedad, no atenta contra la libre expresión de la opinión del pueblo. Por tanto, no ha habido violación del artículo 3 del Protocolo núm. 1” (aps. 56 a 58).

 

Entiende por ello el Fiscal que dicha tesis es plenamente aplicable para impugnar las candidaturas de BILDU que pretenden concurrir a los comicios convocados.

 

Existen sin embargo diferencias que no podemos dejar de anotar, y aunque alguna no deja de tener mero alcance formal, otras revisten notable trascendencia.

 

En el caso de ANV el procedimiento se tramitó por la vía del incidente de ejecución previsto en el art. 12 de la LOPP si bien aplicando los plazos y trámites del recurso contencioso electoral. Sin embargo, la impugnación de las candidaturas de BILDU se ha llevado a cabo a través del recurso contencioso electoral al permitirlo así la nueva redacción dada al  apartado 4 del artículo 44 por la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

 

ANV, es un partido político que posteriormente fue ilegalizado por sentencia de esta Sala  de 22 de septiembre de 2008 rec. 5 y 6/2008    mientras que BILDU es una coalición electoral y, aunque, esa circunstancia no es impedimento para la aplicación del procedimiento empleado a la vista de la modificación legal citada sí presenta dificultades que el propio Fiscal reconoce. Mientras que en un caso se trataba de la instrumentalización fraudulenta de parte de las candidaturas de un partido político, BILDU es una coalición electoral integrada por Eusko Alkartasuna y Alternatiba, dos partidos de trayectoria democrática, y una serie de candidatos sedicentemente  “independientes”, que, en la tesis de los demandantes, vendrían a ocupar el espacio electoral de BATASUNA supliendo la imposibilidad legal de esta de presentarse a las elecciones.

 

Por otra parte, como el propio Fiscal reconoce, en el caso ANV había un importante grado de contaminación subjetiva al ser ocupados los puestos más relevantes de las candidaturas del partido que fueron anuladas por personas que habían formado parte en su día de formaciones políticas ilegalizadas, mientras que en el presente las propias partes demandantes admiten que no existen vínculos relevantes de naturaleza subjetiva que afecten a los candidatos independientes.

 

Otro aspecto relevante y que muestra, una vez más, las diferencias entre uno y otro caso, es el propio alcance de la pretensión que ejercitan las demandantes. Frente al partido político ANV propugnaron la anulación de parte de las candidaturas electorales del partido al entender -y así lo afirmó la STC 112/2007- que la trama defraudatoria se había articulado en torno a “unas candidaturas en realidad ajenas al partido legal que las cobija y que ha sido instrumentalizado con ese objeto desde una trama directiva ilícita que, al menos todavía, es ajena y distinta a la suya legal y propia”. De ahí que, con dicho planteamiento resultase desproporcionada la disolución del partido.

 

Sin embargo, en el caso que enjuiciamos las partes recurrentes consideran que la trama defraudatoria de la ley se extiende a todas las candidaturas de BILDU porque en todas ellas concurre el mismo nexo de unión,  sobre la base de que BATASUNA ha impuesto sus criterios a la hora de confeccionar las listas a todos los integrantes de la coalición y que aquellas aparecen abrumadoramente ocupadas por sus candidatos. La intensidad del fraude es tal que, en su opinión, justifica el sacrificio de los derechos de participación política y derecho de sufragio pasivo al entender que en un juicio de proporcionalidad deben ceder en aras a preservar los valores y principios democráticos.

 

Se impone pues verificar si esa trama defraudatoria se ha producido, tal y como se afirma por los demandantes, y para ello hemos de acudir a las técnicas de fraude de ley, abuso de derecho y levantamiento del velo como hemos hecho en ocasiones anteriores; bien que desde la obligada perspectiva de examen que impone el respeto al principio de proporcionalidad, siempre relevante cuando se trata de establecer límites y restricciones para la operatividad de los derechos fundamentales, y especialmente necesitado de ponderación cuando tal labor se proyecta sobre un derecho fundamental tan importante en una sociedad democrática como el de participación en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 de la Constitución.

 

Es, en efecto, bien sabido que según  jurisprudencia constante no cabe caracterizar como absolutos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, pero tampoco puede atribuirse ese carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse esos derechos y libertades. Tales limitaciones o restricciones han de ser proporcionadas desde el punto de vista de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, habiendo  puntualizado la doctrina constitucional que para que una actuación limitativa de derechos fundamentales pueda reputarse proporcionada han de concurrir los siguientes requisitos: que la medida limitativa del derecho fundamental esté  contemplada en una norma con rango de Ley, que  se adopte mediante resolución judicial debidamente motivada, y que  resulte idónea, adecuada  y ponderada en relación con un fin constitucionalmente legítimo.

 

Pues bien, como acabamos de apuntar,  el principio de proporcionalidad ha de ser forzosamente observado cuando se analiza la legalidad de unas candidaturas electorales y   se valora su posible anulación, dada la potencial afección de ese juicio al referido derecho fundamental ex art. 23 CE.  Lógicamente,  el canon de proporcionalidad en procesos de  esa índole –como es el caso del que ahora nos ocupa-, esto es,  de los procesos concernientes a la sucesión o continuidad en la actividad del partido político ilegalizado,  gira en torno a la idea de que la medida cuya adopción se contempla resulte idónea para, primero,  preservar  la eficacia y operatividad de la sentencia de ilegalización –el cese  real  la de actividad política del partido disuelto, art. 12.1.a) LOPP–, y segundo,  impedir que  el alcance de la decisión judicial que así lo acordó resulte defraudado mediante la actividad continuadora o sucesora de partido disuelto efectuada  mediante otro partido, preexistente o nuevo. En esta línea, la proporcionalidad requerirá que la decisión adoptada sea la necesaria pero solo la necesaria para que esa finalidad se cumpla.

 

OCTAVO.-  Detengámonos en lo que acabamos de  señalar. Hemos dicho que en casos como este, en que se denuncia por los impugnantes la realización de conductas simuladas y fraudulentas,  resulta imprescindible acudir a técnicas  jurídicas que permitan llegar a la verdad de las cosas por encima o al margen de las apariencias preconstituidas para burlar la Ley.

 

A tal efecto, la jurisprudencia ha recordado la utilidad de la doctrina del “levantamiento del velo”, y así lo hizo la primera sentencia dictada en relación con el  complejo ETA/Batasuna, de 27 de marzo de 2003 (ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna), con el siguiente tenor:

 

«Como recuerda la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 782/2002, de 30 de julio, la técnica del levantamiento del velo de las personas jurídicas la inició la jurisprudencia de los Estados Unidos a través de la «disregad of the legal entity» para permitir a los jueces introducirse en los entresijos y entramados de las sociedades, actuando en el ámbito jurídico de nuestro entorno como instrumento eficaz para combatir sociedades ficticias o de sólo fachada que llevan a cabo un ejercicio social no ajustado a la línea de la buena fe comercial a efectos de defraudar a terceros, abusando de una personalidad jurídica formal que puede contar incluso con respaldo legal.

A partir de este planteamiento, el levantamiento del velo se ha revelado como una excelente herramienta para resolver los conflictos que frecuentemente se plantean entre seguridad jurídica y justicia material, haciendo prevalecer a ésta sobre aquélla, fundamentándose su aplicación por nuestros Tribunales indistintamente, según los casos, en el fraude de ley, en el abuso de derecho y en la buena fe (artículos 6.1 y 4, 7.1 y 2 del Código Civil).

Pues bien, con independencia de cuál sea el fundamento teórico más adecuado para averiguar la verdad real que se oculta tras una apariencia jurídica, lo cierto es que el uso de esa técnica está admitido de forma generalizada en la actualidad por nuestros más altos Tribunales (en este sentido, por recordar sólo algunas de las más recientes, pueden citarse las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre, 11 de octubre, 30 de julio y 25 de junio de 2002, así como las sentencias números 162/2002, 125/2001 y 115/2000 dictadas por el Tribunal Constitucional) y constituye en el presente caso un instrumento idóneo para constatar la auténtica realidad que subyace bajo la apariencia de tres partidos políticos legales -las tres formaciones demandadas en este proceso-, así como para determinar si tras esa veste formal se oculta verdaderamente la organización terrorista ETA, esto es, si HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y BATASUNA son sólo artificios legales creados por ETA para lograr el complemento político de su propia actividad terrorista, existiendo, por tanto, un único sujeto real que utiliza múltiples ropajes jurídicos».

 

Esta doctrina del levantamiento del velo como medio para la detección del fraude de ley tiene que ponerse, a su vez, en necesaria relación con la perspectiva con que ha de abordarse la valoración de la actividad probatoria en  litigios como este. Ya hemos  anticipado que cuando se trata de buscar la verdad  oculta bajo las apariencias, resulta ineludible efectuar una apreciación conjunta o global de todos los  medios probatorios puestos a disposición de la Sala, pues bien puede ocurrir que cada uno de ellos, por sí solo y al margen de los demás,  parezca irrelevante o inane, y sin embargo  la  contemplación conjunta de todos adquiera trascendencia y unidad de significado, del mismo modo que los fragmentos de un “rompecabezas” adquieren sentido y coherencia lógica  sólo cuando se colocan de forma ordenada.

 

En la misma línea, la jurisprudencia  no ha dejado de resaltar la relevancia de la prueba indiciaria, muchas veces imprescindible a la hora de detectar la simulación. En efecto, el  ánimo de engañar integra el núcleo de la conducta de fraude, y, como se trata de un elemento subjetivo del comportamiento humano, solo cabe constatarlo a través de una prueba de indicios, pues difícilmente puede imaginarse que el defraudador revelará abiertamente el fraude que pretende llevar a cabo. De modo que, el elemento subjetivo final que debe ser objeto de prueba solo puede alcanzarse mediante una prueba de esta índole. Por eso, esta Sala, en las múltiples resoluciones dictadas desde 2003, ha venido apreciando dicha continuidad o sucesión -ante los correspondientes intentos defraudatorios ya reseñados- fundándose en una multiplicidad de indicios objetivos y subjetivos, cuya eficacia probatoria desde la perspectiva del respeto a la protección de los derechos fundamentales ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (baste recordar, a estos efectos, lo señalado por éste en sus sentencias 110/2007 y 44/2009).

  Puede observarse que ambas sentencias aplican una misma lógica. No tratan de ilegalizar ni las agrupaciones ni las listas de la coalición a partir de los parámetros que permitirían una ilegalización «natural», es decir, a partir de los criterios que permitieron ilegalizar Batasuna (por considerar que había pruebas de cierta «connivencia» con ETA, ya fuera en los objetivos, ya en la acción política, ya en las finanzas, pruebas que nunca fueron suficientes para acreditar la colaborción con banda armada pero que, sorprendentemente, el TS sí consideró suficientes para probar esa mínima colaboración que, al aprecer, permitía eliminar un derecho fundamental). No se hace así porque, sencillamente, en estos casos no hay la más mínima posibilidad de lograr pruebas en esa dirección.

De manera que, ¿cómo se actúa? Pues a partir de la doctrina de que hay que velar porque las ilegalizaciones ya hechas no queden en papel mojado. Para lo cual se entiende, sencillamente, que a pesar de que se dice que la ilegalización no comporta pérdida de derechos políticos (algo que repiten enfáticamente TS y luego el TC y el TEDH), eso no obsta para que si todos ellos (o un grupo de ellos) montan un partido no violento o presentan unas listas que renuncian a la violencia se les pueda tener, por defecto, como «sospechosos». Por lo visto sólo renunciando a la ideología compartida con ETA (el independentismo) pasarían a  no ser sospechosos de ser mero instrumento continuador de los partidos ya ilegalizados, por mucho que denuncien el recurso a la violencia y de que no se pueda probar el más mínimo desvío respecto de esa intención. La salvajada jurídica, intuyo, no se le escapa a ningún lector atento. Porque eso significa, sencillamente, negar la propia afirmación de que la ilegalización de partidos no comporta la pérdida de derechos de sufragio pasivo de quienes estaban en esos colectivos.

Pues bien, las doctrina referidas son una vuelta de tuerca más. Porque ahora se justifica que esa verificación de que las nuevas listas no son ilícita y fraudulenta continuación de los partidos ilegalizados se hará a partir de un análisis en el que basta que hay un 20% de personas procedentes de esos mundos como para cargarte las listas. Un criterio cuantitativo sorprendente y sacado de la manga, que por lo demás, cuestiona abiertamente la propia invocación del principio del proporcionalidad que hace el tribunal (un derecho fundamental de muchos debiera interpretarse con más generosidad a la hora de establecer la ponderación, la verdad, ésa es la primera regla de todo juicio de propocionalidad cuando hay derechos fundamentales en juego). Pero es que, además, el Tribunal justifica entre líneas que estos indicios de instrumentalización, de «contaminación» que se dice, pueden venir simplemente de la invocación por parte de la policía de la cercanía personal o incluso familiar de las personas que van en las listas con los partidos o agrupacions ilegalizados. No es de extrañar que la policía haya presnetado «pruebas» de contaminación basada en la situación penal de hijos o familiares de algunos miembros de las listas. O incluso de la asistencia a mítines o reuniones. Pero como el Supremo dice que para determinar si hay continuidad y fraude hay que valorar una «pluralidad de circunstancias» incluso «más allá de lo que dice la ley», pues todo eso vale y en el posterior análisis circusntancial que hace la Sala pues se emplea para dar cuerpo a esta vaporosa doctrina. Jurídicamente esto es todo muy inquietante. Porque el resumen bruto de la cosa es demoledor: con la excusa de evitar «fraudes» se abandonan todos los elementos de prudencia que, al menos, TC y TEDH habían obligado a tener en cuenta a la hora de ilegalizar partidos para evitar que se proscribieran ideologías o que se dejara sin derechos a los ciudadanos de esos entornos y e se acaba produciendo justamente el efecto contrario, ya que para justificar la continuidad, el fraude, la «contaminación»… a lo que se acude es a consideraciones de pertenencia ideológica y de continuidad personal, cada vez más vagas, que acaban resultando en la negación de la garantía que enfáticamente se declara que es un límite imposible de traspasar. Límite que, de facto, ha desaparecido ya con toda claridad en nuestro Estado de Dereho.

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