Del férreo control político sobre el audiovisual

Antesdeayer por la tarde, desde las cinco hasta las ocho y media, en un ininterrumpido tour de force de enorme mérito porque contábamos con varios fumadores entre los ponentes, una serie de profesores e investigadores dedicamos la tarde a reflexionar sobre cuestiones de actualidad respecto a la situación de la radio y televisión digital en la Comunidad valenciana.

Analizar el panorama audiovisual, ya sea el digital o todo el conjunto, y estemos en el ámbito en que estemos (nacional, autonómico), obliga siempre, una y otra vez, en España, a volver a la misma constatación: son los poderes públicos, en un dudoso maridaje con los empresarios del sector (a veces con unos, a veces con otros, casi siempre con la aquiescencia tácita de todos los operadores ya instalados y más o menos dominantes), los que se dedican a perfilar y establecer, Boletín Oficial del Estado mediante, los trazos esenciales de la estructura del sector. Luego, inevitablemente, las consideraciones de tipo económico se imponen a su manera, y son las responsables en gran medida de cómo y de qué manera subsisten los medios, de sus opciones organizativas e incluso del tipo de programación que ofrecen. Pero todo ello se produce en un marco donde, con carácter previo, el Estado o la Comunidad Autonómica de turno ha intervenido desde el principio para dejar claro cuáles han de ser las reglas del juego y, sobre todo, de forma destacadísima, quiénes los participantes.

Esta situación no deja de ser una anomalía. La retención por parte de la Administración del monopolio sobre el audiovisual, con las únicas excepciones de la emisión por satélite (desde 1995) y por cable (desde finales de 2003 y, además, como señaló el Profesor Fernández Salmerón, con un reglamento que merece ser estudiado por la cantidad de trabas e imposiciones que contiene y que contradicen la visión de este mercado como plenamente liberalizado), sigue justificándose en la existencia de motivos para entender que la radiodifusión y la televisión, especialmente la más relevante socialmente (la actual emisión hertziana en analógico y su próxima sustitución total por la TDT -televisión digital terrestre- y la radio digital), han de ser un servicio público. De forma que, cuando se analizan los problemas del sector, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, a la luz del panorama creado por el Gobierno autonómico y sus medidas de control, así como la concesión de licencias realizada, inevitablemente ha de volverse constantemente la vista atrás, y analizar hasta qué punto algunas cuestiones fundamentales no han de ser sometidas definitivamente a un replanteamiento en profundidad.

1. El servicio público televisivo en la actualidad

Las razones que justifican la monopolización del audiovisual (con las exclusiones mencionadas) por el sector público han de ser revisadas, así como, con ello, tienen que ser repensadas muchas de las normas que regulan el sector y que no son sino consecuencia de este hecho. Por ejemplo, el tipo de control que se ejerce sobre los concesionarios de la Administración encargados de prestar el servicio público mediante una gestión indirecta (las comúnmente llamadas televisiones privadas), cuyas características tienen mucho que ver con el hecho de que se trata, precisamente, de controlar a concesionarios de la Administración. Y con que se trata de velar porque los mismos lleven a cabo la misión de servicio público que es la causa última (jurídicamente, al menos) de que se les deje participar en el mercado.

Sobre la vigencia de la publificación del sector, es evidente que el franco retroceso que en diversos ámbitos se ha producido al respecto no puede sino continuar en los próximos años. Tuviera de verdad sentido o no el argumento de la escasez de frecuencias para justificar el monopolio público y su posterior control sobre la limitadísima competencia, es bastante complicado continuar en esta línea con los avances habidos en compresión y digitalización. Asimismo, la propia dinámica de mercado de los operadores que han gestionado en España (y en otros países europeos) el servicio público de manera indirecta, e incluso el hecho de que los operadores públicos que lo gestionan de manera directa se hayan dejado arrastrar por esa política de búsqueda de audiencias masivas con productos baratos, complica enormemente justificar la inexistencia de libre competencia y libre acceso al mercado a partir de razones basadas en la búsqueda y control de unos determinados contenidos, con calidad y preocupaciones propias de un, valga el empleo con otras intenciones del término, servicio público.

Pueden quedar, a partir de la asunción de la importancia de la televisión y de la radiodifusión para la conformación de la opinión pública libre en las sociedades democráticas y para canalizar la discusión y el debate públicos, restos del único argumento que (a medias, y siempre y cuando no nos pongamos demasiado rigurosos) se sostiene en pie: la idea de que los poderes públicos han de intervenir profundamente el sector para garantizar un suficiente pluralismo, con posibilidades de acceso a los medios públicos y a los operadores privados concesionarios de la Administración para todos los sectores sociales representativos, por la vía de velar por una competencia controlada que permita tanto el pluralismo como la estabilidad económica de los agentes del mercado y, así, su fortalecimiento y aseguramiento. Sin embargo, como es evidente, estas razones palidecen frente a la evidencia de que, por una parte, no acaba de entenderse el motivo, por muy importante que sea el audiovisual, de que este argumento se le aplique si no se siguen las mismas consecuencias respecto de otros sectores igualmente básicos para nuestra vida y para la convivencia, cuando no mucho más, como puede ser el de la distribución de servicios infraestructurales esenciales (electricidad, gas, agua, telecomunicaciones…). Y, por otra, como señaló Juan Antonio Ureña Salcedo en el curso del debate, al reflexionar en torno a las posibilidades, como queda demostrado precisamente en estos grandes sectores, de una intervención pública de tipo administrativo, en ocasiones muy intensa, sin recurrir a la vieja doctrina del servicio público.

Contra viento y marea, contra la tendencia de la historia, contra la evolución marcada por el Derecho comunitario (que, por lo demás, a pesar de alguna sentencia metiendo en vereda a los operadores públicos por algunos excesos, esencialmente respecto de su financiación, no ha limitado la posibilidad de declarar el audiovisual como servicio público en contra de lo que ha sido la tendencia de su política en otras materias) y cada vez más contra la propia naturaleza de las cosas (esto es, del actual mercado audiovisual y de sus dinámicas propias), el Estado español sigue aferrado a la declaración de servicio público de las más importantes parcelas del mercado de la televisión y la radiodifusión. Revela esta situación la decidida voluntad de controlar en la medida de lo posible la estructura del sector, siquiera sea a partir de la determinación de sus participantes. Pero es evidente que en los tiempos que corren la intervención pública, caso de se desee conservarla, habrá de orientarse de otra manera y buscar otro fundamento.

2. Intervención reguladora sobre el audiovisual y libertad de expresión

A los juristas nos ha resultado cómoda y cara la doctrina del servicio público porque ha permitido regular y controlar un sector que, de otra manera, en ausencia de esta publificación, habría debido ser tratado con gran deferencia (al menos, en tanto que actuación jurídica de regulación) por los poderes públicos tal y como ocurre con la prensa escrita. Porque si bien la Administración, como es conocido, puede intervenir profundamente no pocos sectores de la actividad social y económica sin necesidad alguna de que exista una reserva de la misma en su favor, también lo es que la interposición, en el caso concreto de los medios de comunicación, de un derecho fundamental como es la libertad de expresión en lo que se refiere a su actividad, vendrá a dificultar ciertos controles y limitaciones.

Como Lorenzo Cotino explicó durante su intervención inicial, la lógica de que quienes dan la concesión puedan también, por la misma regla de tres, retirarla, no ha de plantear en Derecho excesivos problemas. Por mucho que pueda llegar a suponerlos de tipo político y social (recuérdese el escándalo que produjo la intención de la Generalitat de Catalunya, hace ya unos años, de no renovar a la cadena COPE una de sus concesiones, expirado el período de disfrute de la misma y cuando llegó el momento de realizar un nuevo concurso). El Señor te lo dio, el Señor te lo quitó. No existe en tales casos un derecho a la permanencia en el sector, a consolidar por medio de la presencia durante unos años una expectativa de eternidad como operador. Y, paralelamente, sobre los concesionarios, estará plenamente justificado un exhaustivo control para verificar que, en el desarrollo de su actividad, cumplen con los objetivos y fines que les son marcados por la Administración: en materia de contenidos y respeto a ciertos valores, especialmente.

Surgen las dudas cuando este tipo de controles, muy profundos al menos en teoría, se aplican sobre unos operadores que, como demuestra el caso de la COPE señalado, ni se sienten concesionarios, ni son tenidos así socialmente, ni el mercado los conceptúa como tales. Y más todavía si, como hacen la legislación española, todas las autonómicas y las normas europeas que han de aplicarse obligatoriamente, las imposiciones y controles (en publicidad, contenidos, producción nacional y europea, protección de la infancia, respeto a ciertos valores…) abarcan a todos los medios. Incluso a los que no son servicio público. En tal caso, entre que unos, por mucho que formalmente lo sean, no son percibidos como tales (y es previsible que dejen de serlo en un futuro), y que otros, directamente, no lo son, estamos en vías de perder la coartada que aporta el servicio público para intervenir el sector. Y por ello conviene comenzar a entender estas normas como puras manifestaciones administrativas de ordenación de un sector económico y de la actividad que en el mismo desarrollan sus actores. Con el problema, como ya he apuntado, de que ésta se encuentra indisociablemente ligada al ejercicio de la libertad de expresión.

La doctrina del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión, al igual que la de sus homólogos europeos o la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América, se ha caracterizado por una enorme preocupación por proteger cualquier manifestación expresiva, en la medida en que no afectara a bienes o valores constitucionales y, muy significadamente, por tratar de salvaguardar la existencia de un entorno y unas condiciones en las que el ejercicio de la libertad de expresión no se vea sometido a cortapisas o restricciones. De ahí la tendencia a entender ciertas regulaciones como medidas de efecto equivalente a la censura y, por tanto, proscritas (depósito de ejemplares, por ejemplo) y de ahí que haya acogido la doctrina del Tribunal Supremo Federal (que, cabe recordar, fue reiterada para anular ciertas restricciones a la libertad de expresión en Internet que pretendía incorporar una norma legal estadounidense) del chilling effect: a saber, que no sólo han de proscribirse aquellas medidas directamente enervadoras de la libertad de expresión sino también todas aquellas que conformen un marco propicio a la autocontención y a la autocensura por miedo a posibles consecuencias desproporcionadas. Este efecto silenciador que pueden tener algunas previsiones represoras de excesos sobre el discurso plenamente admisible las convierte en inconstitucionales.

Semejantes postulados constitucionales son difícilmente compatibles con un entorno donde las Administraciones públicas competentes, sean tradicionales o independientes a la manera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (las hay en diversas Comunidades Autónomas, entre ellas Valencia y ha sido habitual escuchar la petición de que un tal Consejo debiera existir para España, a la manera de los prestigiosos CSA francés o la Offcom inglesa), cuentan con un abundante aparato de control, intervención e incluso sanción. Y no sólo retirando licencias a los concesionarios, sino también respecto de los operadores en aquellos ámbitos ya totalmente liberalizados. E, incluso, respecto de los contenidos audiovisuales en Internet, como ya ha declarado el CAC catalán que es su intención llevar a cabo. En la medida en que estas actuaciones afectan al ejercicio de la libertad de expresión, en tanto que continúe vigente la referida doctrina del Tribunal Constitucional, creemos muy difícil entender posible su compatibilización. Por no mencionar, para más inri, los problemas que plantea la imposición de sanciones por un órgano administrativo cuando es también jurisprudencia reiterada del TC que, en cuestiones de libertad de expresión, tal competencia fiscalizadora reside únicamente en el poder judicial.

Las pretensiones de controlar y sancionar por parte de los poderes públicos, caída ya en algunos ámbitos y desplazada de facto en el resto la doctrina del servicio público audiovisual, se enfrentan a evidentes problemas de constitucionalidad. Máxime cuando se articulan a partir de la interpretación de tipos abiertos y basados en una serie de valores cuando menos etéreos (así, la definición de obligaciones de los operadores, por remisión al ya derogado Estatuto de RTVE de 1980; por otra parte, como señaló Lorenzo Cotino, si en el futuro la remisión pasa a ser a la carta de valores, si cabe más amplia y etérea, de la norma reguladora de la tele pública de 2006, el problema no hará sino agravarse), que las normas europeas no hacen sino reforzar. Y, dada la línea seguida por las leyes autonómicas, como recordó durante la discusión Juan Antonio Ureña respecto de la valenciana, parece que podemos presumir que la dinámica actual tiende más bien a perpetuar la indefinición y las posibilidades de un amplísimo arbitrio por parte de los poderes públicos a la hora de controlar.

No ha de extrañar por ello que las contadas medidas que hasta la fecha se han adoptado hayan generado no poca polémica. Porque a estas amplísimas e incontrolables facultades de intervención se ha unido en la práctica una patente desidia de los poderes públicos para actuar, por ejemplo, reclamando a los operadores el efectivo cumplimiento de sus obligaciones como un concesionario de un servicio público. De forma que, cuando alguna actuación, aislada, se ha producido, inevitablemente ha caído sobre ella la sospecha de la arbitrariedad y el empleo de una suerte de espada de Damocles que permanentemente pende sobre todos los actores del sector con fines cuando menos desviados. Así, de forma que no puede sorprender, la deslegitimación de las actuaciones sancionadores (de nuevo, por ejemplo, la reciente actuación del CAC contra la cadena COPE) no proviene tanto de su posible endeblez jurídica a raíz del panorama que venimos describiendo en el que se mueven, como del hecho de que, al margen de la mayor o menor solidez de su trabazón jurídica, las sospechas respecto de las verdaderas motivaciones y objetivos perseguidos por las mismas acaba desproveyéndolas de toda credibilidad.

3. Una vuelta de tuerca más a la injerencia política: los concesionarios de televisión digital local y autonómica

Dada la dinámica global del sector no sorprende que las licencias de televisión digital local y autonómica que los gobiernos autonómicos están otorgando (deudor el esquema, como puede verse, todavía, de la idea de que estamos ante un servicio público) consoliden dinámicas tales como:

– conformación de un panorama mediático real que nada tiene que ver con el diseño normativo teórico previsto

– afirmación de grupos mediáticos potentes, multimedia, de ámbito mayor al de la demarcación, con la idea de potenciarlos a partir de la espuria pretensión de fortalecer aquellos actores del sector que se entiende que contribuyen a afianzar las posiciones que se sienten por la Administración de turno como más cercanas.

Respecto de la primera cuestión, las concesiones de TDT de ámbito local y autonómico están, en todas y cada una de las Comunidades Autónomas en que se han realizado, han acabado dibujando un panorama mediático radicalmente diferente al que se deducía de la legislación estatal encargada de enmarcar el proceso. Quizás con la única excepción, por haberse producido la actuación en un grado de desvergüenza algo menor -según sus defensores, como resultado de que ha sido una Administración independiente la encargada de resolver los concursos-, de Cataluña. Lo cierto es que, constatada esta radical discordancia entre los objetivos de la norma y la realidad de las adjudicaciones, sería deseable que se asumiera de una vez por todos en qué terreo de juego nos encontramos y bien el Estado modificara la norma dando por bueno la que ha sido su generalizada aplicación, bien tratara de hacerla valer en Derecho. Porque, en la actualidad, la lectura de las previsiones sobre televisión local terrestre no lleva sino a la confusión y a una radical desinformación respecto del cuál es el panorama real que se está configurado en el sector.

Frente a la potenciación en la norma de las emisiones locales, de proximidad, por medio de previsiones tales cuales la prohibición de emisión en cadena de las televisiones locales-comarcales de un mismo propietario o la exigencia de pluralismo externo impidiendo que un mismo concesionario concentre licencias en varias demarcaciones, la realidad es que contamos con licencias autonómicas que previsiblemente pueden convertirse en el germen de cadenas de ámbito nacional y con licencias locales-comarcales que previsiblemente pueden convertirse en el germen de cadenas de ámbito autonómico o, incluso, nacional. La aberrante resolución de los concursos, primando sistemáticamente a grandes grupos mediáticos de ámbito nacional o en su defecto favoreciendo la creación de nuevos entramados empresariales de diverso cuño pero ámbito mayor al de la concesión, junto a la preterición de las iniciativas más arraigadas en el territorio, han santificado la torcida aplicación de una norma que aspiraba justamente a lograr el efecto contrario. Como señaló José Vicente Gámir respecto de la Comunidad Valenciana (pero la situación, ya se ha dicho, no difiere en las restantes seis comunidades que han adjudicado ya las licencias), los concursos han beneficiado sistemáticamente a los grandes grupos nacionales y a nuevos conglomerados de ámbito supra-comarcal (puede consultarse desde aquí el texto del trabajo «Las concesiones de TDT local: cambios en la estructura mediática del sistema mediático español», de José Vicente Gámir, publicado en XIII Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comunicación,  Zaragoza, octubre de 2006 [PDF]).

Aprovechando los intersticios que permite la propia normativa o, directamente, de forma flagrantemente ilegal, también en Murcia (como recordaba Fernández Salmerón), o en Baleares, o en Madrid, el panorama final es semejante: concesionarios supuestamente locales o comarcales que acaban disponiendo de una licencia en todas las demarcaciones de la Comunidad Autónoma (así ocurre en dos casos en Murcia), algunos que incluso disponen de más licencias que demarcaciones tiene la isla (Baleares) o con situaciones en la práctica sustancialmente idénticas (en Valencia una empresa de nuevo cuño, Mediamed, controla licencias en todas las demarcaciones a excepción de una).

Si a ellos añadimos que previsiblemente la emisión en cadena acabará siendo consentida y, como segundo factor, que es evidente el empleo por parte de los poderes públicos de las adjudicaciones con la intención de primar a conglomerados audiovisuales «afines», el panorama global es más bien desolador. Se ha perdido una oportunidad histórica para lograr la consolidación de una comunicación de proximidad, de base local, apta para servir a las necesidades informativas que le son propias, y se ha puesto de manifiesto una vez más el nulo compromiso de los poderes públicos con la consecución de un marco de pluralismo: ya sea por medio de la no intervención (que no es el caso, de momento, dado nuestro marco jurídico), ya sea empleando de manera no torticera la capacidad de conformación del espacio audiovisual que todavía retienen.

4. Pluralismo e intervención pública

Es posible que las propias exigencias del mercado, de su madurez (o, si es el caso, inmadurez) y de la necesidad de rentabilización, obliguen a la búsqueda de economías de escala y acaben propiciando la concentración y la emisión en cadena. Así ha ocurrido de hecho en la radiodifusión, a pesar de que el esquema legal ordenador no es, en principio, lo que tenía en mente. Sin embargo, nos encontramos en España, y el ejemplo de la TDT local y autonómica es un excelente reflejo de ello, con una dirección política que impide que las dinámicas propias del libre mercado se manifiesten: en la duda sobre qué habría de ocurrir, y contrariando los deseos expresados en las leyes reguladoras, las propias administraciones autonómicas ya se encargan de concentrar las concesiones para asegurarles a sus beneficiarios las necesarias economías de escala y, de paso, excluir cualquier posible factor llamado a inquietar el predominio de los grandes operadores.

En términos de pluralismo, las concesiones de TDT local y autonómica han consolidado aún más la presencia de los grandes grupos mediáticos de ámbito nacional (Vocento, Recoletos, Prisa, Unidesa, Conferencia Episcopal), han propiciado la aparición de un entramado de signo conservador que hasta ahora carecía de licencias (Libertad Digital – Intereconomía) y por último han creado algún grupo de nuevo cuño en cada Comunidad Autónoma (el caso de Mediamed en Valencia). Al menos, podría decirse, se ha consolidado a los operadores existentes en el mercado (si bien, hay que decirlo también, de manera poco homogénea, pues la facilidad con la que PRISA-Localia ha obteniendo licencias en algunas regiones controladas por el PSOE contrasta con su exclusión de otras y viceversa, si analizamos lo ocurrido con la COPE, LD TV o los medios habitualmente tenidos por afines a la derecha) y se ha permitido incluso la aparición de algún otro actor. Siendo ello cierto, lo es sobre todo que este tipo de actuación pública no es de recibo como también que no se compadece con los objetivos que perseguía la implantación de la TDT local y autonómica.

Probablemente el propio recurso al concurso, el sistema de pliegos empleado, ha fomentado una prima a los grupos ya existentes, más potentes, con mayor músculo financiero y más experiencia. Lo que ocurre es que, en tal caso, estamos ante unos pliegos mal diseñados por no decir, en algunos casos, francamente ilegales: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reiterado que la experiencia puede ser, como mucho, una exigencia para acudir a la licitación pero nunca un criterio para decidir la misma o un mérito que deba ser computado, so pena de introducir elementos que impiden la libre competencia.

La situación de llegada refleja a la perfección las dinámicas que dominan la regulación e intervención pública sobre el sector del audiovisual en nuestro país desde la aprobación de la Constitución de 1978: contamos con un sistema normativo de aluvión (Fernández Salmerón), poco o nada sistemático, masivamente incumplido y que ha impedido la realización efectiva de un pluralismo recio y fuerte más allá del afianzamiento, con los años, de un cómodo (sobre todo para sus integrantes) oligopolio moderadamente variado.

Los poderes públicos han acabado por eliminar todas o casi todas las exigencias de pluralismo interno a los medios (los conocidos topes accionariales). Es bastante razonable, dado que nunca se han controlado con rigor, hacer desaparecer letra en la práctica muerta de nuestro ordenamiento. Respecto del pluralismo externo, las contadísimas normas han sido siempre o casi siempre burladas, ignoradas y, llegado el caso, modificadas a gusto de los medios de comunicación dominantes. Se trata de una actuación imputable al legislativo, al ejecutivo e incluso al poder judicial: cuando el Tribunal Supremo anuló la actuación del Gobierno autorizando la concentración de las emisoras de Antena 3 de Radio y la Sociedad Española de Radiodifusión en Unión Radio tampoco demostró nunca demasiado interés en hacer ejecutar la sentencia. Finalmente, como acaba ocurriendo habitualmente, es la norma la que se ha adaptado a la realidad o a los deseos de los operadores del sector. En este caso, dado que se hizo tras una sentencia judicial firme invalidando una actuación administrativa que se declara ilegal, recurriendo a la convalidación por medio de una reforma legislativa posterior de la actuación tachada de ilegal por el expediente de, simplemente, modificar el parámetro de control de la regularidad de la actuación (o sea, la ley). Más allá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta actuación, ésta dice mucho sobre la forma en que se articula la actuación de los poderes públicos sobre el sector.

En España, cada vez que ha existido la posibilidad de incrementar el número de operadores, se ha optado sistemáticamente por aquellas alternativas que más limitaban, en realidad, el pluralismo. Así, se ha mantenido el control sobre el sector con la pervivencia de la declaración de servicio público y se ha elegido siempre (con la lógica aquiescencia de los medios de comunicación y de la opinión publicada) un modelo de competencia controlada entre «los que ya están», dificultando la entrada de nuevos operadores. Las posibilidades de aumento del pluralismo con la arribada de la TDT se liquidaron permitiendo que un solo operador (Quiero TV) se hiciera con una quincena de programas. Tras el fracaso comercial de esta operación los canales y sus correspondientes frecuencias han sido repartidos entre los grandes medios, entre los operadores preexistentes. No es nada sorprendente que no haya habido, por ello, excesiva polémica. A fin de cuentas, quienes disponen del altavoz para hacer oír su voz crítica son los principales beneficiados por la exclusión de todos los demás. Pero no deja de ser una obviedad, y como tal ha de ser afirmado y denunciado, que fomenta más el pluralismo que entren nuevos operadores aprovechando esos programas frente a que los ya instalados repitan en esas frecuencias sus programas a distintas horas o creen nuevos canales de interés dudoso y audiencia ínfima (la rentabilidad de los mismos se halla más bien en que, ocupados, impiden la entrada de más competencia).

Conviven en la actualidad estos últimos coletazos de un modelo que supone un férreo control a través de medidas de tipo jurídico sobre el audiovisual con la aparición de ciertas fisuras fruto de la evolución social y tecnológica. El ecosistema mediático en Internet es en algunos aspectos diferente y más rico que el audiovisual, dado que, como señalaba Guillermo López García en la mesa de debate, la marginación en el entorno analógico tradicional y sus correlatos digitales fuerza a la inventiva y al empleo de otros canales. Ocurre, no obstante, que la potencia de los grande medios que oligopolizan el audiovisual, así como la mayor relevancia pública y visibilidad de las ventanas tradicionales (televisión hertziana y radio), permiten aventurar que la labor pública de diseño de la estructura de medios en España habrá logrado contribuir notablemente a la conformación del sector al menos en la próxima década. Téngase en cuenta que las mayores opciones de rentabilización, así como de influencia política, siguen siendo las que con mano de hierro conservan las Administraciones en la definición de servicio público. Y que, en muchos casos, la traslación a Internet de ciertas modalidades comunicativas no es además nada sencilla (señalaba Manuel de la Fuente Soler, por ejemplo, que el modelo actual de radio español, de gran linealidad, con magazines de más de 6 horas de duración en algunos casos, extraordinariamente eficaz, es muy poco apto para un entorno digital, donde el consumo está más orientado a pautas de consumo fragmentadas).

La evolución futura, dada la actual situación, es previsible que consagre una profundización en los actuales rasgos del sistema, donde en la práctica la noción de servicio público, que ha servido de instrumento para diseñar el sector, está perdiendo fuelle. Los poderes públicos acabarán por desistir y residenciarán sus aspiraciones intervencionistas en la gestión por medio de entes independientes de una política audiovisual que se presentará como neutral y defensora de los valores consagrados en las diversas leyes y cartas. Allí donde la técnica y el mercado han permitido la convivencia de diversas empresas empezará a sentirse con más crudeza el exotismo de la subsistencia de la teórica monopolización del sector por parte de la Administración (así, por ejemplo, en la radio) y es de prever que sea donde primero desaparezca. La propia pérdida de vigencia informativa de la radio, cada vez más tematizada y de opinión, su misma marginación, facilitarán que se produzca el desapoderamiento del Estado en el sector.

A medida que esta situación alcance también a la televisión, algo que inevitablemente llegará también dado que es obvio que vamos hacia un ecosistema mediático mucho más rico, difuso, plural e incontrolable (siquiera sea sólo por la propia evolución técnica, social y económica), la vieja intervención administrativa en el sector con base en su afirmación como servicio público decaerá. Subsistirán otras vías, ya sea la relativa a los contenidos a que nos hemos referido (que habrá de ser confrontada, tarde o temprano, a la concepción constitucional clásica sobre la protección de la libertad de expresión), ya sean formas más o menos evidentes de indirizzo político que, muy previsiblemente, se articularán a partir del control o establecimiento de premios o incentivos económicos sobre los operadores. No será ya un control férreo y jurídico, no contará con la inestimable (y que no ha de ser nunca minusvalorada) ayuda del Boletín Oficial del Estado, pero es razonable pensar que seguirá teniendo una gran importancia, al menos durante un tiempo, en un país como el nuestro, acostumbrado a la interferencia, política más que pública, sobre el panorama audiovisual, así como extraordinariamente tolerante con el maridaje de intereses empresariales y políticos, de forma muy sangrante en el sector de la comunicación.

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ACTUALIZACIÓN FEBRERO DE 2007. Una versión algo más pulida de estas reflexiones ha dado lugar a un artículo publicado recientemente en la Revista General de Derecho Administrativo. Lo cierto es que me ha resultado una interesante experiencia eso de convertir unas reflexiones que fueron tenidas por interesantes y atractivas en esta versión blog en algo más denso y académico. Inicialmente, realicé muchos cambios, añadí innumerables citas y realicé un esfuerzo por «profesionalizar» la pinta del escrito. La pretensión seguida con ello era que el texto transmitiera las mismas ideas fuerza pero que lo hiciera de un modo inobjetable desde la perspectiva tradicional de cómo ha de ser un trabajo universitario: citas, apoyo bibliográfico, vaciado exhaustivo de lo que han dicho los demás sobre el particular… Luego, releyéndolo, llegué a la conclusión de que, en el fondo, todo ese andamiaje era innecesario y, lo que es peor, acababa ocultando gran parte de lo que quería decir, que pasaba casi inadvertido. Vamos, que me dí cuenta de que me pareció mejor, más atractiva, informativa, directa y útil la versión de este bloc que la que había modificado con tanto trabajo. Como resultado de ello acabé decidiendo volver, casi, más o menos, al principio, y el resultado final acabó pareciéndose mucho más a lo aquí publicado inicialmente, como puede comprobarse:

– BOIX PALOP, Andrés, «La traslación de pautas de control público al nuevo audiovisual de proximidad», Revista General de Derecho Administrativo (acceso electrónico en la URL www.iustel.com/revistas), nº 14, febrero 2007. [PDF]



Aguien ha comentado algo en Del férreo control político sobre el audiovisual
  1. 1

    Un dato más sobre el extraño modo en que Derecho y realidad se relacionan en estos asuntos:

    http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=22486&edicion=22/03/2007&pass=

    El caso es que la Generalitat Valenciana le da una licencia de tele local a la misma empresa a la que le concede una de ámbito autonómico. Algo que está expresamente vedado por la norma autonómica y que hace que la empresa que recibe la concesión lo primero que haga sea ponerla a la venta.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 22 de marzo de 2007 a las 5:04 pm

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