A propósito de Wikileaks

Esta tarde, a partir de las 19.30, en el Club diario Levante de Valencia, participo en una mesa redonda organizada por la Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM) sobre Wikileaks, el derecho a la información y el Poder, cuyos responsables ha tenido la amabilidad de invitarme. Como el tema es importante, y una de las asignaturas pendientes (una de las muchas asignaturas pendientes) de este blog, a ver si logro grabar mi intervención y, a partir de la misma, hilvanar unas ideas sobre cuáles me parece que son las claves jurídicas de todo lo que está pasando más allá de una serie de consideraciones político-sociales muy obvias, especialmente lacerantes en lo referido a nuestro país que ya puso de manifiesto Guillermo López recientemente.

Muy sintéticamente, a mi juicio, el affaire Wikileaks revela:

1. Importantes tensiones entre los paradigmas clásicos en materia de libertad de expresión y las nuevas tendencias restrictivas amparadas en la idea de seguridad nacional. Idea (o excusa), en el fondo, muy vieja. Pero que parece haber recobrado de unos años a esta parte una inusitada vigencia. Este primer punto no deja de ser, por ello, un clásico.

2. La necesidad de adaptar nuestro esquema de intervención jurídica a una nueva realidad, Internet, y a las actividades que se desarrollan en ella. En concreto, Wikileaks, ¿merece en Estados Unidos y en el resto de países que puedan estar afectados, como España, la consideración y la protección que un medio de comunicación tradicional? ¿Le protege la primera enmienda de la Constitución americana? ¿Se puede amparar en el art. 20 CE  con todas sus consecuencias, incluyendo la invocación del secreto profesional para no revelar fuentes? Resulta obvio que la importancia de la función cívica y social que puedan realizar organizaciones como ésta requiere de un aggiornamiento de lo que consideramos jurídicamente digno de ser protegido por estos instrumentos que tradicionalmente amparaban a periodistas. Para lo que conviene no perder de vista qué es lo que, en el fondo, han tratado siempre de proteger estas normas. Que no era a una profesión. Sino las condiciones sociales que permitían garantizar que la información circularía, que se protegería a quien la suministrara, como condición imprescindible para garantizar el pluralismo en una sociedad democrática.

3. Jurídicamente, por supuesto, algo se ha de decir sobre la necesidad no sólo de proteger las profesiones o actividades que hacen de la cosa pública algo más transparente sino, como es obvio, y también, en un Estado de Derecho avanzado, de las normas públicas que obligan al propio Estado, a las propias Administraciones públicas, a ser más transparentes. Algo en lo que España desempeña desde hace años un tristísimo papel. La pretensión del Gobierno Zapatero, cuando llegó al poder, de aprobar una serie de leyes para mejorar las cosas en este aspecto ha acabado en nada y los anteproyectos que se prepararon duermen el sueño de los justos.

4. Junto a la transparencia pública, hay también que evaluar qué pueden significar Internet y una sociedad, perdonen la cursilada à la mode, 2.0 en esto de lograr una mayor transparencia y participación ciudadana en la cosa pública. En la medida en que, como es obvio, la potencia comunicativa de un instrumento que convierte a todos en potenciales emisores, no sólo receptores, de información, es enorme, conviene estar especialmente vigilantes ante posibles riesgos de cercenación injustificada de esta capacidad. Y es importante, por ello, sospechar de todas aquellas derivas que, con la pretensión aparente de proteger bienes muy preciados por todos (nuestras intimidad, por ejemplo, en forma de datos personales, o a los menores, etc.), desembocan en ejercicios de poder con repercusiones sorpredentes (recuerdo ahora, por ejemplo, a la Agencia de Protección de Datos sancionando a un sindicato por poner en su páginas web una cosa tan pública ¡como una sentencia judicial que condenaba a una empresa por prácticas contra la libertad sindical!).

5. Por último, me parece muy relevante destacar, en un plano quizás ya metajurídico, que con ser cierto que en España falta transparencia pública e información oficial, lo cierto es que hay mucha más de la que creemos y de la que se aprovecha. La gran carencia de este país no es tanto que no haya información o que ésta no se filtre como que no hay cultura de la indagación en los datos que sí se tienen. Una sociedad 2.0 evolucionada, en España, no será tanto la que logre que aparezcan muchos más datos de los que hay ahora en circulación, sino una sociedad civil activa, crítica y consciente, con colectivos y personas que analicen en serio los datos ya públicos que hoy día hay por cientos de miles. Y que logren, a partir de esa información, movilizarnos y hacer que nos demos cuenta de muchas cosas.

Son reflexiones, ya digo, muy sumarias y necesitadas de desarrollo. A ver si esta tarde, entre todos, les vamos dando más cuerpo.

Por supuesto, y como es evidente, están todos Ustedes invitados a pasarse esta tarde, en apenas dos horitas, por el Club Diario Levante.

wikileaks



7 comentarios en A propósito de Wikileaks
  1. 1

    Assange és un lladre. Informacions interessants, però, respecte a la guerra d’Irak. Les altres coses, tonteries.

    http://blogs.uab.cat/actualitatjuridicaamenos/2010/12/14/wikileaks-i-les-miseries-del-periodisme-juridic/

    Comentario escrito por Joan Amenós — 18 de enero de 2011 a las 8:52 pm

  2. 2

    Al hilo del punto 2. Leo con sorpresa en El País que la Agencia de Protección de Datos estimó una reclamación contra Google presentada por un señor que «al tecelar en el buscador de internet su nombre aparecía un artículo de El País… que perjudicaba su buen nombre personal y profesional y a [sic] la intimidad y confidencialidad de sus datos». En cambio, la Agencia desestimó la reclamación interpuesta por este mismo señor contra el periódico «por estar amparada por el derecho a la libertad de expresión». Que me lo expliquen. ¿Es que Google, a diferencia de El País, no tiene derecho a la libertad de expresión? ¿Cuál de las dos empresas difunde información más valiosa para la ciudadanía? ¿Acaso es conveniente para el conjunto de los ciudadanos que desaparezca de google cualquier información referida a una persona que lícitamente pueda aparecer en el BOE o en la página web de un periódico? Esperemos que la Audiencia Nacional o, en su defecto, el Tribunal Supremo, el Constitucional o el Europeo de Derechos Humanos pongan las cosas en su sitio.

    Comentario escrito por Gabriel Doménech — 18 de enero de 2011 a las 9:22 pm

  3. 3

    La entrada tiene su interés, pero lo de la sociedad 2.0 es, efectivamente, de una cursilería sonrojante. La tentación de adornarse suele acabar resultando contraproducente, me temo. Conque menos inventiva y más sobriedad, Andrés. Lo bueno, si austero, dos veces bueno.

    Comentario escrito por Antonio López-Peláez — 19 de enero de 2011 a las 9:49 am

  4. 4

    Los kikileaks empiezan a proliferar. Estos días apareció Kanarileaks. Con un par.

    Comentario escrito por gus — 19 de enero de 2011 a las 11:47 am

  5. 5

    Joan, per què dius que Assange és un lladre?

    Antonio, totalmente de acuerdo con lo de que es una cursilada. ¡Si yo mismo lo decía y pedía perdón! Pero, como ahora todo el mundo se refiere al tema en esos términos… (y yo quería ser sintético). Disculpas, en cualquier caso. Ya sé que lo peor que puede ser un español es cursi.

    Respecto de kikileaks varios, aquí uno valenciano:

    http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=315

    Por último, Gabriel, totalmente de acuerdo contigo. Ya sabes que una de mis obsesiones es la increíble extralimitación de la AEPD. De hecho, hace unos días estaba acabando una cosa para Lorenzo Cotino sobre este tema y me dio tiempo a meter in extremis una referencia a este nuevo exotismo. ¿Cómo es posible que algo sea información de interés, y por ello publicable, pero que luego Google no lo pueda enlazar? A mí que me lo expliquen. Y bueno, joder, si nos parece que puede tener sentido eso del «derecho al olvido» y tal /y que el interés público iría decayendo con el tiempo, con lo que la intimidad tendría más fuerza y vedaría la publicación pasado unos años o, en este caso, su accesibilidad via Google), ¿qué carajo hace la AEPD decidiendo sobre l particular? Que lo haga el legislador, caray. Y no una agencia que se dedica a extralimitarse y a interpretar expansivamente qué son datos de carácter personal para, por esta vía, eregirse en decisora, en pseudo-legislador, tomando la última decisión sobre cómo resolver conflcitos entre derechos. Porque no le corresponde.

    Por cierto, he publicado la intervención en este acto en este mismo blog. Está aquí:

    http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=315

    (en lengua no castellana, aviso)

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 20 de enero de 2011 a las 1:46 pm

  6. 6

    Bueno, Wikileaks ha demostrado lo que más o menos todos suponíamos: Maquiavelo tenía razón, la política y la moral no van juntas. Además, ha servido para dejar en ridículo a buena parte de nuestros periodistas, que vienen a funcionar como otra casta más de apparatchiks.

    Sólo por eso ha valido la pena. Aunque, siendo realistas, no va a cambiar nada, y en un par de años todo estará olvidado.

    Comentario escrito por Eye — 20 de enero de 2011 a las 10:17 pm

  7. 7

    Perdón por el Off-Topic que no tiene nada que ver con el tema, pero habida cuenta de que este es un blog de derecho igual estaría bien hacer una entradilla sobre el derecho fiscal español y los pichichis en la materia. Ya saben, la diferencia entre el «podríamos acogernos a tal ley» y el «podríamos cambiar tal ley».

    A continuación sigo con algo que no tiene nada que ver con el tema. Me refiero al tema del primer párrafo, pero sí guarda relación con la entrada. Se trata de uno de los cables que tengo entre mis favoritos, y que se puede consultar aquí:

    http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10MADRID154.html

    «Grinda also addressed the challenges of combating OC when it enjoys political, economic, social and – especially – legal protection. Grinda applauded a document provided by the U.S. delegation which addressed the important role the media can play in warning the public of OC’s activities and the threat that OC poses. The media can create an environment in which politicians would be reluctant to be friends with and do favors for mafia leaders, whom Grinda argued need to be seen as shady figures to be feared. Regarding legal protection, Grinda stated that a key factor in a government’s ability to combat OC depends on the extent to which the country’s best attorneys and law firms represent the mafia. In this regard, he asked rhetorically, “Why is Cuatrecases constantly defending Russian mafia members?” (COMMENT: Cuatrecases is one of Spain’s leading law firms. Its website, available in English, is http://www.cuatrecasas.com.)»

    Notas:
    – OC significa Organized crime
    – Grinda es fiscal anti-corrupción del Reino

    Y un último link:
    http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&biw=1024&bih=417&q=premio+cuatrecasas&aq=f&aqi=&aql=&oq=

    Comentario escrito por popota — 25 de enero de 2011 a las 2:46 pm

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