La tentación autoritaria

La celebración del aniversario del reférendum por el que el pueblo español votó la Constitución de 1978 ha quedado marcada este año por la muy discutible decisión del Gobierno, que el pasado 4 de diciembre declaró, por primera vez en democracia, el estado excepcional de alarma constitucionalmente previsto para situaciones gravísimas y excepcionalísimas. Como comenté en su momento, muy a vuelapluma, la declaración del estado de alarma es, a mi juicio, un exceso evidente y un error de oportunidad. Convertir un conflicto laboral en un estado de alarma es, en el fondo, una prueba de debilidad por parte del Estado. Tener que sacar a pasear el Ejército (aunque sea de la manera limitada y reducida en que se ha hecho, y entiéndase la figura retórica) para meter en cintura a un colectivo que, con independencia de las dudas jurídicas que puedan generar algunas disposiciones jurídicas que han venido a modificar sus condiciones laborales por intervención directa del legislador (o del Gobierno metido a legislador por la vía del Decreto-ley), actúa de manera impresentable saboteando el tráfico aéreo del país en lugar de optar por la vías legales de conflicto colectivo, no sólo es un exeso: también es muy triste pues se trata de la prueba más clara de que nuestro Gobierno (o nuestro Estado) carece del vigor como para aplicar la ley ordinaria para resolver un conflicto que poco tiene de excepcional.

Más allá de esta consideración, conviene analizar con algo más de calma el Decreto del pasado 4 de diciembre por el que se declaró el estado de alarma desde un punto de vista jurídico. Al aproximarnos con algo de calma al asunto se confirma la intuición inicial de inoportunidad del decreto. Ni la Constitución ni las leyes españolas que regulan la declaración de estados de emergencia permiten muchas de las cosas que se han hecho. Algo plenamente lógico. Si la Constitución sólo prevé este tipo de medidas en situaciones absolutamente excepcionales no es extraño que haya problemas de adecuación si pretendemos utilizar este cañonazo jurídico, muy del gusto de los nuevos tiempos autoritarios, para matar moscas sociales. Vamos a tratar de explicar de forma muy sencilla por qué, a mi juicio, no es correcto, además de inoportuno, lo que ha hecho el Gobierno y, en consecuencia, habría sido mucho mejor afrontar el problema con los instrumentos habituales:

1.  ¿Está justificado declarar un estado de alarma por una huelga ilegal de controladores aéreos, por mucha disrupción que suponga en los aeropuertos españoles en un puente? La Constitución española, en su artículo 116, es parca respecto a qué situaciones permiten la declaración de los diversos estados de emergencia y se limita a consideraciones más formales y de procedimiento:

Artículo 116 de la Constitución española.
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

Es la Ley Orgánica 4/1981, cumpliendo el mandato que hace la Constitución en su art. 116, la que define en qué situaciones es posible para el Gobierno decretar el Estado de alarma. De los tres posibles estados de emergencia es el más leve, el que puede declararse con menos exigencias legales y el que, como consecuencia, tiene menos capacidad de limitación de derechos fundamentales. Pero, aún así, requiere de la existencia de unas circunstancias muy concretas, definidas en la ley, que es dudoso que se den en estos momentos:

Artículo cuarto LO 4/1981.
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar eI estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Como es evidente de la lectura del artículo, la ley vigente permite declarar el estado de alarma con motivo de la paralización de algún servicio público esencial, como podría ser el transporte aéreo. Pero obliga a que, si ése es el motivo que justifica la declaración, vaya acompañado de alguno de los otros motivos (letras a, b y d). Por ese motivo el Decreto de 4 de diciembre de 2010 no invoca únicamente el artículo 4 c) de la LO 4/1981, sino también la letra a) del precepto, argumentando que la interrupción de la actividad de los aeropuertos en una fecha tan comprometida como un puente vacacional es una situación de gran calamidad pública equivalente a las que menciona el precepto legal. En concreto, su exposición de motivos habla de la necesidad de «recuperar la normalidad en la prestación del citado servicio público y restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos, hoy menoscabados, y habiendo fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente,» por lo que sería «indispensable proceder a la declaración del Estado de Alarma en orden a eliminar los obstáculos que impiden su segura y continuada prestación».

A la hora de evaluar la corrección o incorrección de la declaración, en este punto, se mezclan inevitablemente las valoraciones de oportunidad de las que ya nos hemos ocupado. Pero me parece que es importante recordar, a estos efectos, una serie de factores de gran importancia:
– las declaraciones de los estados de emergencia han de ser excepcionales y buscan responder ante situaciones de especial gravedad, por lo que conviene ser muy riguroso y puntilloso a la hora de analizar si una situación concreta entra o no en la noción de «catástrofe» o «calamidad»;
– parece sensato atender a la existencia o no de mecanismos jurídicos ordinarios para hacer frente a la situación;
– es básico entender que no cualquier incomodidad o problema son una catástrofe o calamidad que justifica la invocación de la alarma, de otro modo convertiríamos en normal lo que es un mecanismo de reacción frente a lo excepcional.

Por todo lo cual me reafirmo en mi idea de que no hay base legal para el Decreto del pasado sábado, por mucho que sea ésta una opinión muy minoritaria (incluso las asociaciones de jueces parecen dar por bueno lo hecho por el Gobierno, con loas a lo «bien armado» de la disposición) fuera de la comunidad de los juristas académicos, que somos, por lo visto, de natural pejigueros (¡y menos mal que hay alguien que lo es, que si no tendríamos al Gobierno mandando por Real Decreto-Ley y apoyado en la UME ante cualquier situación, visto lo visto!). Más sobre este tema, sobre la paradoja que supone que casi habría podido ser jurídicamente más encuadrable un estado de excepción (si una circunstancia de esta índole se enquistara tanto como para ser catastrófica a juicio del Congreso) y sobre la adaptación o inadaptación de la LO 4/1981 a las necesidades de una sociedad como la actual en esta interesante reflexión de Miguel Ángel Presno Linera.

2. La Constitución, en el mencionado artículo 116., establece que la declaración de la alarma por parte del Gobierno tendrá validez por un plazo máximo de quince días. Pero hay que retener que se trata de un plazo máximo por defecto. Como es obvio, desaparecida la circunstancia que da pie a la alarma desaparece también la validez legal y constitucional de la misma. Se trata de otra idea importante que ha de ser retenida. Pasados los 15 días, si se quiere prolongar el estado de emergencia, ha de ser el Congreso de los Diputados quién lo prorrogue. Congreso de los Diputados, por cierto, que dice la Constitución habrá de ser reunido inmediatamente para analizar la declaración realizada por el Gobierno. Son todas ellas cuestiones formales, pero de gran importancia en una democracia y un Estado de Derecho pues es la manera de garantizar los debidos controles y barreras ante la acción de los poderes públicos.

Pues bien, la situación actual tampoco es demasiado satisfactoria en este sentido. Al menos por tres motivos:
– El Parlamento español no se ha reunido inmediatamente, sino 5 días después de decretado el Estado de alarma. Eso no es, ni de lejos, «inmediatez». Se trata de una anomalía grave, por mucho que haya factores que han provocado que nadie atienda en demasía a esta cuestión. El primero de ellos, como se ha puesto de manifiesto esta mañana, que apenas ningún partido político comparte mi opinión de que la declaración del Gobierno carece de base (sólo han expresado dudas, con diversa fuerza, ERC y IU, así como algunos miembros del Grupo Mixto como el BNG), lo que resta dramatismo a la intervención del Congreso. El segundo, que estábamos casi todos de puente y que ni los diputados, ni la prensa, ni la opinión pública tampoco tenían prisa por acortarlo. Pero el tercero de ellos, bastante evidente en el fondo pero que casi nadie ha resaltado de puro obvio, refuerza los argumentos aquí ya dados: nadie ha sentido que fuera urgente que se reuniera el Congreso porque, en el fondo, la situación ni era ni es tan grave.
– La medida, incluso si hubiera podido ser adoptada de modo legal, debería haber acabado ya porque el plazo máximo de vigencia de la alarma no son 15 días, sino el tiempo que dura la situación que justifica la tal declaración. El art. 1.2 de la  LO 4/1981 exige que no sólo las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, sino también la duración de los mismos, sean «en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad» y que «su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias». Resulta obvio, por ello que, en estos momentos, restablecida la normalidad, hay que liquidar el estado de alarma. Salvo que haya pruebas, fehacientes, exhibidas y argumentadas, de que sin la declaración el problema se reproduciría. Algo que, de momento, brilla por su ausencia.
– Por último, el Gobierno ya ha anunciado su intención de pedir al Congreso de los Diputados que prorrogue el Estado de alarma más allá de los 15 días. La situación, si esta hipótesis se confirma, y por mucho que pueda recibir amplio apoyo en la Cámara, empezará a adquirir ribetes de patente surrealismo jurídico. Pues si la «alarma» es ya mínima y la «catástrofe» inexistente, imaginen lo que puede ser el tema dentro de unas semanas.

3. El tercer elemento jurídicamente más conflictivo de toda la declaración de alarma se refiere a las medidas concretas que el Gobierno ha articulado en su Decreto. Y, en concreto, la «movilización» bajo mando militar de los controladores aéreos y, sobre todo, la pretensión de que como resultas de la misma los controladores movilizados pasen a estar sometidos a disciplina militar, incluyendo el Código penal militar.

Más allá de las dudas que pueda generar el tema de la posibilidad de movilización (dudosa a juicio de muchos especialistas como consecuencia del actual régimen jurídico vigente, derogada la ley franquista de movilización), sobre el que no me voy a pronunciar por no ser experto (es decir, no tener ni idea más allá de alguna intuición) y porque prometí tratar de hacer esta explicación sencilla (para quien quiera aclaraciones sobre el tema es interesante la columa de Gimbernat ya enlazada en este blog, que parece bien armada jurídicamente), hay una cuestión constitucional muy evidente. Porque la Constitución no sólo se refiere a los estados de alarma, excepción y sitio en su art. 116. También, a la hora de hablar de qué tribunales han de juzgar a los ciudadanos, hay una referencia en el art. 117.5 CE:

Artículo 117 de la Constitución española.
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Parece evidente que la Constitución tiene el expreso deseo de evitar tribunales de excepción y el recurso a que la jurisdicción militar, como fue tristemente común en la dictadura, acabara abarcando ámbitos más allá de lo «estrictamente castrense». De manera que el art. 117.5 CE dirá que la jurisdicción militar, sólo excepcionalmente en los casos de estado de sitio, podrá actuar en el ámbito civil. Parecer que, sin embargo, el Gobierno, en su decreto de estado de alarma, lleva a esta jurisdicción a controlar la legalidad de actuaciones ajenas al mismo. El argumento del Gobierno es que, lejos de ser una cuestión fuera del ámbito militar, la referida «movilización» de los controladores los convertiría en militares y, por ello, la competencia de la jurisdicción militar no sería obscena sino plenamente lógico por tratarse de un ámbito castrense, aunque fuera excepcionalmente castrense.

Como es obvio, el argumento es muy cuestionable. En primer lugar, por las dudas ya reseñadas sobre la propia movilización. Pero, en segundo lugar, porque incluso aceptándola como posible, ¿significa eso necesariamente que los controladores pasan a ser «militares»? Parece una interpretación simplona, simplista y, además, poco garantista. Entre otras cosas porque vacía de sentido el art. 117.5 CE. Si cualquier estado de emergencia puede militarizar a ciudadanos y ponerlos bajo régimen militar, ¿qué sentido tiene que la Constitución se refiera sólo al estado de sitio? ¿Acaso es que hay quien piensa que en caso de Estado de sitio la Constitución permitiría que se juzgara por un tribunal militar cualquier delito y no sólo, excepcionalmente, los que hayan afectado o se hayan acercado al ámbito de lo castrense como consecuencia de la declaración del estado de sitio?

En conclusión, que también en este punto estoy de acuerdo con lo expresado por Roberto Blanco Valdés, que además cita argumentos de autoridad dignos de tener en cuenta, pues no son tantos en España los que han estudiado estos temas desde un punto de vista teórico.

4. En definitiva, estamos ante una situación jurídicamente triste. No ya tanto por la evidente desproporcionalidad entre la situación y la medida adoptada. No por el ridículo clima social que provoca que un conflicto que altera las vacaciones de mucha gente sea lo que más reacción entre al ciudadanía provoque, amparando medidas populistas por parte del Gobierno. Lo es, sobre todo, porque estamos ante un ejemplo evidente, de libro, de cómo los diques ante las tentaciones autoritarias que construimos en su día y que están constitucionalizados, han dejado de importar y se muestran incapaces de resistir la marea reaccionaria, cortoplacista y demagógica que nos invade. Además de orgullosamente ignorante del Derecho, de sus normas, de sus procedimientos, de la seguridad jurídica y de lo que significa un Estado de Derecho. Está claro que gobernar por decreto es cómodo. E, incluso, a corto plazo, eficaz. Es obvio que militarizar una sociedad acaba con los problemas que la disidencia o tendencia respondona de ciertos sectores pueda generar. Pero debiera serlo también, para todos, que el fin no justifica el empleo de cualquier medio. Que los Estados de Derecho han de protegerse frente a las tentaciones autoritarias. Y que los ciudadanos debiéramos estar en primera línea de frente, especialmiento críticos y exigentes con nuestros gobernantes cuando se arrogan poderes extraordinarios. ¡Aunque nuestras vacaciones en alguna capital europea o unos cuantos días esquiando puedan estar en juego! Porque, aunque parezca increíble para muchos, hay cosas mucho más importantes.

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P.S.: Hay también cierto revuelo y cierta discusión jurídica sobre el régimen laboral de los controladores y la legalidad de las acciones del Gobierno previas al masivo abandono por parte de éstos de sus puestos de trabajo. Aunque el tema me parece interesante, sobre todo, en la vertiente de si puede o no puede el legislador regular las condiciones de trabajo de un colectivo (de mayor a menor facilidad para hacerlo: de un colectivo de funcionarios, de un colectivo de trabajadores públicos como los controladores o de un colectivo de trabajadores privados) sustituyéndose al convenio colectivo o a la capacidad negocial de los agentes sociales implicados (de nuevo, con más facilidad si no hay convenio o ha expirado como ocurría con los controladores que si éste está vigente), pues está íntimamente relacionado con los límites a la capacidad de un legislador democrático, me permitirán que no me ocupe del tema. Básicamente porque, aquí y ahora, carece de importancia. Tengan o no tengan razón en sus quejas los controladores (está claro que materialmente les acompañan pocos argumentos y por eso ocultan y tergiversan los datos esenciales sobre horarios y retribuciones; formalmentees otro tema) la cuestión laboral del tema es sencilla. Ante una medida injusta o tenida por tal  por un colectivo de trabajadores hay vías jurídicas legítimas de reivindicación y otras que te colocan en situación delicada, pues pasas a cometer faltas y la empresa puede aprovecharlas para despedirte. Si son tan graves que, además, pueden suponer delitos, pues peor: encima te puede empurar el Estado. Lo sorprendente en todo el asunto laboral es la salvajada de los controladores, que debilita su posición jurídica (y que probablemente revela que, como ya apuntó la Audiencia Nacional, lo que hizo el legislador no era imposible jurídicamente y está llamado a ser declarado constitucional). Y el hecho de que, ante semejantes acciones, el Gobierno y la empresa (es decir, de nuevo el Gobierno) no hayan optado por utilizar los múltiples mecanismos de Derecho penal y de Derecho laboral a su alcance para zanjar el tema de modo jurídicamente más regular. O bueno, sí lo han hecho. O eso dicen y eso parece. Pero después de la declaración de alarma y convenientemente «amparados» en el poderoso fuego de artillería y la consiguiente cobertura que supone.



14 comentarios en La tentación autoritaria
  1. 1

    En cuanto a la interpretación de los requisitos para la declaración del estado de alarma creo que es importante tener en cuenta el debate que suscitó en la aprobación del apartado c del artículo 4 de LO 4/1981. Deja claro que en situaciones de catástrofe, crisis sanitaria y desabastecimiento de bienes de primera necesidad deben funcionar los servicios esenciales. ¿Dichas situaciones deben ser previas o pueden ser consecuencia del no funcionamiento de los servicios esenciales?

    Debate parlamentario sobre los requisitos para declarar el estado de alarma de la Ley Orgánica 4/1981 sobre estado de alarma, sitio y excepción (congreso de los diputados, 21 de abril de 1981, diario de sesiones páginas 9894-9990).

    http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_160.PDF

    Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista sobre supresión del apartado c) de este artículo 4.c. Tiene la palabra el señor Sartorius.

    El señor SARTORIUS ALVAREZ DE BOHORQUEZ: (…) (Página 9895) Creemos que si se mantuviera en la forma en que está sería gravísimo, señorías, dejar a la discrecionalidad del Gobierno, a través de decretos (con la confianza que nos puede merecer un Gobierno u otro, siempre puede resultar, al fin y a la postre, un caldo de cultivo a posibles arbitrariedades), determinar cuáles son servicios esenciales, cuándo esos servicios esenciales se han paralizado de manera grave. Por lo tanto, esa facultad la tendría en exclusiva el Gobierno durante un período de quince días.

    Además, en el caso de que fuera el ejercicio del derecho de huelga el que diera lugar a esta declaración del estado de alarma, si lo relacionamos con los artículos 11 y 12, se agrava la situación, porque ahí se contemplan otros supuestos, una vez declarado el estado de alarma, por ejemplo, por una huelga importante en la RENFE, en Correos, en la Telefónica o en un servicio público esencial para la comunidad. Una vez que se ha declarado el estado de alarma por el Gobierno, lleva otra serie de circunstancias, otra serie de consecuencias que son gravísimas, como es, por ejemplo, la intervención de talleres, de empresas, para que funcione la producción, etcétera, que ya no tiene nada que ver con los servicios esenciales para la comunidad, y que dieron motivo a la declaración del estado de alarma; es decir que si relacionamos aquí las dos cosas se agravaría o se podría agravar esa situación.

    (…)

    (Página 9896) nosotros comprendemos lo que el Gobierno y la UCD quieren conservar o quieren mantener de este apartado c) del articulo 4.0 -que compartimos en su intención de fondo-, y es que cuando se dé una situación de emergencia por catástrofe, calamidad, situación de desabastecimiento, crisis sanitarias, es decir, cuando se den los supuestos contemplados en este artículo, entonces sí que podría funcionar el apartado c) del artículo 4.”; o sea, que dentro del contexto de los supuestos que se contemplan para poder declarar el estado de alarma, que son tres concretamente, aparte de este apartado c) que estamos contemplando, que es de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, en ese contexto es evidente que los servicios públicos tienen que funcionar por encima de todo, y evidentemente, tiene que existir esa posibilidad. De ahí que nosotros propongamos una enmienda “in voce” al artículo 4.”, letra c), que diría lo siguiente, añadiendo un inciso final a continuación del párrafo c) de dicho artículo 4.”: Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en &te artículo». Eso nos parece que garantizaría lo que se pretende por parte del legislador, porque lo que no queremos pensar es que lo que se pretende es limitar el derecho de huelga a partir del derecho de huelga, sino de situaciones de excepcionalidad de otro tipo, porque -repita- estas garantías las contempla nuestra Constitución cansinamente en los artículos 28.2 y 37.2 referidos a los conflictos colectivos.

    Esta es la solución que el Grupo Parlamentario Comunista ve a este apartado c), porque tal y como está no nos parecería aceptable, y la propuesta que hacemos sería esta enmienda “in voce”.

    Muchas gracias, señoras y señores diputados.

    El señor PRESIDENTE: Turno de defensa del dictamen de la Comisión. Tiene la palabra el señor Tomé.

    El señor TOME ROBLA: (…) (Página 9898) En este sentido, nos parece adecuada la enmienda que ha formulado «in voce», que condiciona la paralización de estos servicios y deja a salvo, en consecuencia, cualquier implicación de la huelga en la declaración del estado de alarma y que se produzca también alguno de los otros supuestos contenidos en el propio artículo, al pedir que se añada el texto que figura en el dictamen de la Comisión, y cuando concurra también alguna de las situaciones o circunstancias a que se refiere este artículo. El Grupo Centrista entiende que viene a precisar la situación que quiere contemplar para los estados de alarma, que contempla también el Gobierno en su proyecto, y por esto anunciamos que apoyaremos esta enmienda «in voce» que ha presentado el Grupo Parlamentario Comunista.

    (Página 9899)

    El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sartorius

    El señor SARTORIUS Y ALVAREZ DE BOHORQUEZ: Señor Presidente, yo me congratulo de que el representante del partido del Gobierno acepte la enmienda transaccional. Yo creo que de sabios es rectificar y, en el fondo, todo acuerdo es una mutua rectificación. Por lo tanto, en este caso, nosotros hemos aproximado algunas posiciones, el partido del Gobierno también, y hemos llegado a un texto que nos satisface a todos.

    El señor CARRO MARTINEZ Queremos que se dé lectura a toda la enmienda.

    El señor PRESIDENTE: Bien. El párrafo inicial del artículo 4.” quedaría así: «El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el articulo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad».

    El Grupo Parlamentario Comunista, por su parte, ha presentado una enmienda de transacción respecto de la que tenía de supresión del apartado c), que supone adicionar a dicho apartado c) la siguiente frase: «y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo».

    (Página 9990) ¿Hay objeción por parte de algún grupo parlamentario para la admisión a trámite de esta enmienda? (Pausa.) Queda admitida a trámite, y será sometida a votación.

    Sometemos ahora a votación la enmienda, también de transacción, del Grupo Parlamentario Comunista al párrafo c) del articulo 4.0 Comienza la votación. (Pausa.)

    Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 276 votos: 267 favorables: seis negativos; tres abstenciones.

    Comentario escrito por menipo — 09 de diciembre de 2010 a las 2:35 pm

  2. 2

    Muchas gracias, menipo, por la transcripción. Es, en efecto, interesante.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 09 de diciembre de 2010 a las 2:42 pm

  3. 3

    A mi, personalmente, y aunque mis conocimientos de Derecho Constitucional estén ya un tanto añejos, lo que más escalofríos me da es la intención que se puede colegir de las declaraciones de algunos miembros del gobierno de que se podría prorrogar el estado de alarma durante las Navidades «por si acaso». Es decir, un estado de alarma preventivo, lo que llevaría la sinrazón jurídica a límites nunca vistos en Democracia.

    Comentario escrito por Behan — 09 de diciembre de 2010 a las 5:01 pm

  4. 4

    Después de leer varias veces las diversas intervenciones en el debate creo que cuando la paralización de los servicios esenciales tienen como consecuencia la creación de una situación catastrófica, de crisis sanitaria o de desabastecimiento de bienes de primera necesidad el gobierno podrá decretar el estado de alarma.

    En relación al Real Decreto que estableció el estado de alarma, en su artículo 1 declara el estado de alarma porque se ha producido una situación de paralización del servicio esencial de transporte aéreo conjuntamente con el desabastecimiento de bienes de primera necesidad y con una situación de catástrofe, calamidad o desgracia pública.

    En la exposición de motivos intenta meter con calzador la situación de esos día dentro del concepto de calamidad pública; a pesar de afirmar la existencia del desabastecimiento de bienes de primera necesidad en ningún momento aporta argumentación alguna para sostener esta clasificación.

    Creo que para ser la primera declaración de estado de alarma de la democracia deberían haber fundamentado y explicado un poco mejor las razones que les llevaron a tomar dicha decisión.

    Si basta con aludir a un mero precepto legal para declarar el estado de alarma veo a todos los ayuntamientos de España pidiendo la declaración del estado de alarma en sus localidades cada vez que los servicios de recogidas de basuras se declaren en huelga y dejen durante varias semanas la basura en la calle argumentado crisis sanitaria y calamidad pública.

    Comentario escrito por menipo — 09 de diciembre de 2010 a las 5:14 pm

  5. 5

    Estoy esencialmente de acuerdo con el comentario de Andrés. En particular, me llamó la atención que el art. 3 del Decreto que declara el estado de alarma contemple algo que no está previsto en la LO 4/1981: la militarización («pasan a tener la consideración de personal militar») de un cuerpo civil como los controladores aéreos. Creo que no hay una correlación entre lo dispuesto en el artículo 9.1 de la LO 4/1981 («Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza») y el art. 10.1 de la misma LO («el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el Estado de Alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes») y la necesidad de asimilar a personal militar a los controladores aéreos.
    Se les puede subordinar y someter a responsabilidad conforme al Código Penal y la Ley de Navegación aérea 48/1960 sin necesidad de militarizarlos. Militarizar al que presta un servicio público es una medida de suma injerencia en los derechos fundamentales de aquél, que de ser posible, debería estar prevista en la LO 4/1981 como una potestad en manos del gobierno y, si no está prevista expresamente, no parece que pueda deducirse tal poder implícitamente pues la propia LO 4/1981 obliga en su art. 1.2 a una aplicación restrictiva de los poderes en ella previstos («las medidas….serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad»).

    Comentario escrito por Miguel Presno — 09 de diciembre de 2010 a las 6:55 pm

  6. 6

    Para mí, es evidente que el presupuesto habilitante del estado de alarma, sencillamente, con la letra de la Ley en la mano, no concurre. No hay que darle muchas más vueltas: basta leer el artículo en cuestión, y ver que nos falta «un trozo». Literalmente, es así.
    Pero esto tampoco sorprende a nadie, ¿no? Por ir aun ejemplo cercano y relacionado con el tema: ¿acaso concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad cuando se dictó el RD-Ley relativo a los controladores…? O por ir a ejemplos más lejanos (Rumasas aparte, que también): la propia Constitución, ¿surgió de unas Cámaras constituyentes, o simplemente legislativas?
    Creo recordar que Sartorius, precisamente, en un debate de la tele (La clave, o algo así: qué viejo soy) dijo, interpelado acerca de esto, que bueno, había que hacerlo, y había que hacerlo: la cosa, con asonadas militares, vieja guardia, etc, no estaba como para andarse con sutilezas).
    Y ese, creo, es el meollo: con el que puede estarse dogmáticamente de acuerdo, o no…pero ese es el toro al que los señores que se reunieron el día D en el lugar X tuvieron que enfrentarse. Y el objetivo que ellos perseguían no era que se hiciera justicia, ni que se sancionara a los culpables (que, para mí, fuera de cuatro cabezas de turco, será lo de menos), ni nada de eso…la cuestión, sencillamente, es que querían que se sentarán ya, y punto. Que se sentaran a controlar otra vez. Y eso, a mí, no se me ocurre otra forma de lograrlo que haciendo lo que hicieron.
    En el hotel en que estaban reunidos, los ánimos estaban encrespadísimos: la mayoría de ellos, hubiera seguido adelante. ¿Cómo les hubierais hecho volver vosotros al trabajo? Pero, con eficacia práctica, nada de retórica. ¿Cómo?
    Andrés, me sorprende que te sorprenda el recurso a la autoridad, siendo tú administrativista: ¿qué es la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva de la Administración, sino un recurso diario, pero extremo, apabullante, brutal, del poder a la fuerza sobre el ciudadano? Todo se presume válido, todo surte efectos, todo es ejecutivo…si eso no es autoridad. Todo está construido sobre eso.
    Pues ese era su objetivo ese día, y, la verdad, es que lo alcanzaron muy eficazmente. Dejemos la retórica de militares, militarización, etc… Los controladores, no son militares, obvio; los controladores, ni siquiera están asimilados, equiparados, etc…a militares (como puede ser un capellán castrense de los de ahora, contratado, con asimilación de una graduación…) ¿Qué graduación tienen?, es imprescindible saber eso para situarte en una jerarquía militar. Es evidente: sólo, exclusivamente, lo único que interesa es aplicarles un tipo del CPM: la desobediencia. Ya está. Lo demás da igual.
    EL RD del otro día habla de sujeción a leyes penales y disciplinarias militares: un lugar común, un modo de hablar: ¿se les va a aplicar el Régimen Disciplinario de las FAS? ¿Si no me saludan – soy militar, claro -, cometen una infracción disciplinaria? No, evidentemente: sólo hay que leer el art. 3 de la LO 8/1998 para ver que no están, no pueden estar «ahí». Pero sí están en el art. 8 del CPM. ¿Se les va a aplicar el tipo de abandono de lugar de residencia..? No. Se les amenazó con aplicarles el art. 102, punto. Y, con eso, fue suficiente, volvieron. Todos, no ha desobedecido ni uno.
    ¿Que la solución no ha sido la más escrupulosa desde el punto de vista dogmático? Ha sido matar mosquitos a cañonazos. pero es que ninguna solución a un problema realmente serio lo es del todo. El Derecho no tiene respuesta para las situaciones realmente anormales, por mucho que lo intente (el Penal, por ejemplo, no lo tiene para el caso Alcasser, por ejemplo, porque los actos no humanos no son tipificables). Había un problema, había que solucionarlo, y se buscó la solución más aceptable desde el punto de vista jurídico (el propio Jefe de Estado Mayor del Aire, dicen los periódicos, se negó a aceptar que podía dar órdenes a civiles, si no se producía la movilización, aunque tuviera el control de la circulación aérea general: o sea, que tampoco se querían hacer las cosas a lo bruto, sin buscar una solución admisible jurídicamente).
    De acuerdo, criticadlo, pero decidme: ¿cómo lo hubierais solucionado vosotros, con la Ley en la mano – que, más o menos discutiblemente, pero es lo que hicieron ellos – para lograr que volvieran el sábado al trabajo? No, nada de derecho laboral, aplicarles algún día el tipo de la LPPNA, el del CP común….ese sábado, a las veinte horas: ¿cómo les hubierais hecho volver? Porque lo que les hizo volver, lo que les acojonó de verdad, lo único, fue el anuncio de que estaban militarizados, de las consecuencias, y la presencia de representantes de Defensa en Fomento.
    Lo de la Jurisdicción militar, el estado de sitio, etc… La Jurisdicción militar conoce de lo que dice el CPM, subjetiva y objetivamente (y, por eso, también de cosas fuera del CPM): sólo hay que leerlo. Y subjetivamente, ahora ellos están dentro, con el ordenamiento en la mano, en tanto quien tiene competencia para decir lo contrario no lo diga. ¿En el estado de sitio todo lo conoce la Jurisdicción militar….? No, hombre, todo no, claro….pero casi: echa un vistazo al art. 63 del CPM, y dime qué quedará fuera… En un estado de sitio, en una guerra, ¿qué no va a ser militar?
    La situación es jurídicamente triste, no te digo que no, pero…¿en qué situación en la que se está jugando la partida en serio, el Derecho, con mayúsculas, como supongo que nos gustaría que se aplicara (sí, a mí también, pero también me gustaría tener pelo), tiene alguna posibilidad real de triunfar?
    Alguna vez lo he hablado con algún colega tuyo, y creo que es un problema de los juristas que sólo os dedicáis al Derecho desde un punto de vista teórico…pero, es fácil entenderlo si a lo mejor, como le decía a este colega tuyo, miras un ejemplo alrededor: en una Universidad, todos sois juristas teóricos…escrupulosos, pulcros, garantistas…cuando llega la hora de lanzarse al barro, de obtener complementos, ventajas, etc…¿qué tal responde la gente? ¿Busca la solución teórica, escrupulosa y digna, la que defiende en clases y artículos doctrinales, o la más práctica (para él, normalmente)?

    Comentario escrito por Mycroft — 10 de diciembre de 2010 a las 1:26 am

  7. 7

    Pues sí, Mycroft, tienes razón en casi todo. Aquí la clave es una cuestión de enfoque, de óptica, de cómo nos aproximamos a los problemas. Personalmente creo que el Derecho, y más el de una sociedad democrática, no aspira a controlar todo ni pretende poder arreglar todo. Y mucho menos hacerlo rápido, a priori y sin costes. Del mismo modo que un Derecho penal democrático acepta los «costes» que supone que pasen cosas como las de Alcàsser a cambio de intervenir menos y únicamente ex post facto (y ello porque aunque se podrían disponer muchas medidas represivas que sin duda duficultarian que pasaran esas cosas ni siquiera así se lograría nunca por completo y, además, nos llevaríamos por delante otras muchas esferas de libertad) pues en ciertas situaciones se asumen los costes del conflicto, que son el reflejo de una sociedad sana y libre y luego se determina quién y cómo se hace cargo de ellos.

    En concreto, ¿qué habría hecho yo el sábado? Dejar que no volvieran si no querían. Aplicar medidas disciplinarias. El Código penal «normal», incluso, em su caso, si la cosa iba a más. Y ya veríamos qué hacíamos si la cosa se prolongaba. Precisamente gracias a la autotutela h al resto de poderes exorbitantes de la Admjnistracion todo lo que hicieran los controladores los iría colocando en situación de patente y abierta infracción a sus deberes jurídicos (al menos los que, en ausencia de decisión judicial sobre el fondo del asunto se dimanan del ejercicio de la autotutela). Eso es suficiente presión jurídica para aspirar a que la cosa se normalice. Por no hablar, dada la clara ilegalidad de la actuación de los controladores, de las responsabilidades civiles, tanto la derivada de delito como la ordinaria. Y sin olvidar la acción de regreso que tiene AENA contra ellos por cualquier indemnización que haya de pagar como consecuencia de este caos. Com eso habría de bastar. No para conseguir que el mismo sábado la cosa se normalizara, claro. Pero una sociedad se puedepermitir eso y no pasa nada. Varias decenas de miles de ciudadanos pierden sus vacaciones. Es una putada pero el Derecho ya arbitrará mecanismos para compensar. Una sociedad sana y democrática, al menos vista desde mi «torre de marfil» ha de saber que en la vida hay que contar con eso y que no se puede pretender (y además es peligrosísimo, y peor el remedio que la enfermedad, intentarlo) que nunca haya problemas. Éstos se dan y se resuelven y arbitran después, compensando, pagando, etc.

    Gracias a todos por los comentarios.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 10 de diciembre de 2010 a las 6:23 am

  8. 8

    Andrés

    Comprendo el punto de vista de la «torre de marfil», pero ¿cómo le explicamos a un matrimonio de Cuenca que se va con los niñ@s a Mallorca o a París y se ha quedado colgado en Barajas que «el Derecho ya arbitrará mecanismos para compensar»?

    Por ello considero que Mycroft ha acertado plenamente en su planteamiento.

    Estimo tu opinión, yo también tengo dudas sobre la validez jurídica de la declaración del estado de alarma en estas circunstancias concretas, sobre la movilización previa, considero que ya ha pasado la circunstancia que sirvió de base para declarar el estado de alarma y que éste ya debería haber sido levantado, también alucino con la ausencia de firma del Presidente de Gobierno y con la «inmediata convocatoria del Congreso» (por cierto, han sido jornadas de puestas abiertas, podía haberse reunido el Congreso con más público del habitual y hubiera sido mucho más divertido) pero el objetivo no era «aspirar a que la cosa se normalice» sino normalizar en el menor tiempo posible y no se me ocurre otro mecanismo jurídico rápido y certero como el que se utilizó, que se limita territorialmente a los centros de control, como fija el Decreto (no hay estado de alarma en todo el aeropuerto ni en los autopistas de acceso al aeropuerto ni en las calles, sólo en las torres de control)

    Era necesario que estos trabajadores volviesen a su puesto en cuanto antes; aplicar medidas disciplinarias extremas (despidos laborales inmediatos, si quieres nos vemos en el SMAC y después en el Juzgado de lo Social..) implicaba quedarse sin personal y eso ya hubiera sido un horror (¿contratar y preparar nuevos empleados en dos días? ¿paralizar el tráfico áereo hasta volver a tener una nueva y completa plantilla laboral?); otras medidas disciplinarias y la responsabilidad civil permanecen, no han quedado inutilizados por la declaración, y supongo que se utilizarán. Con todo lo que llevan de procedimiento, alegaciones, resolución, posterior recurso…

    (Otra cuestión que habría que analizar, pero ya en otro foro, no jurídico sino sociológico, es el asunto de los puentes y la locura generalizada por «viajar dónde sea»; parece una competición; mucha crisis, mucho desempleo y no hay un duro, pero en cuanto hay dos días todo el mundo se va de viaje, y no precisamente al pueblo de al lado.)

    Comentario escrito por Abogangster — 10 de diciembre de 2010 a las 12:46 pm

  9. 9

    La opinión pública (el pueblo soberano) le da la razón mayoritariamente al gobierno en torno a las cuestiones que tienen que ver con el contenido material del conflicto.Pero el presidente del gobierno ya dijo claramente en el Congreso, que lo que allí se estaba juzgando no tenía nada que ver con la materia del conflicto (un conflicto de contenido laboral que involucra al derecho de huelga), sino con su forma «puramente» jurídica (no olviden que Zapatero es del gremio). Zapatero quiso llevar el debate allí donde él sabe que es imposible entrar a discutir siquiera si tiene o no tiene razón (la tiene y punto, y por eso se la da el PP): al terreno de los fundamentos formales del estado de derecho; se trata, según el presidente, de un problema de desobediencia civil contrario al orden público constitucional. Los controladores han desobedecido al gobierno, y desobedecer al gobierno es imposible si éste lo es de un estado democrático de derecho. Lean a Kant («De la relación entre teoría y práctica en el derecho político. Contra Hobbes) y comprenderán por qué catedráticos de filosofía del derecho como Peces Barba apoyan al gobierno.

    Con Hobbes hemos topado. O mejor aún: Con Hobbes justificado (por Kant) contra Hobbes con argumentos de Rousseau.

    La opinión pública no es que no quiera, es que no puede entrar en estos asuntos. El gobierno lo sabe y sigue proporcionándole apariencias falsas sobre el contenido material del conflicto.

    El pueblo le da la razón. Y muchos especialistas (kantianos) en Derecho también.

    Esto, a mi entender, proporciona mucho valor a las reflexiones que he podido leer en ente blog.

    Gracias y mucho ánimo para seguir adelante.

    Comentario escrito por Andrés — 11 de diciembre de 2010 a las 12:53 am

  10. 10

    El 18.11.2010 el Correo Gallego se hacía eco de un comunicado de Aena respecto de la forma de interpretar las jornadas laborales de los controladores y qué conceptos se incluían en las mismas.

    AENA atribuye «alto absentismo» a los controladores de Santiago
    18.11.2010 Niega que superen el límite de horas //Considera que la advertencia de cese de actividad antes de final de año es «una amenaza» de cara al Puente de la Constitución

    E.P. SANTIAGO

    Aena ha negado este jueves que los controladores aéreos del Centro de Control de Santiago hayan superado el límite anual de jornada fijado en 1.670 horas y ha achacado sus problemas con los horarios al «alto absentismo» de los trabajadores, que «supera el 25 por ciento».

    Así lo ha explicado Aena en respuesta a un comunicado emitido por el sindicato USCA en el que alertaba de posibles cierres parciales en el espacio aéreo antes de fin de año ante el exceso de horas trabajadas por el colectivo en el Centro de Control del área terminal de Santiago de Compostela, el que da servicio de aproximación a los tres aeropuertos gallegos y a algunas llegadas al aeropuerto de Oporto.

    En esta línea, Aena ha asegurado que, para su argumentación, el sindicato «no ha tenido en cuenta lo establecido en el Real Decreto de tiempos de actividad y descanso», por lo que ha «desmentido» que superen el límite de horas.

    «El problema en el Centro de Control de Santiago no es otro que el alto absentismo, que alcanzó el 25 por ciento en el mes de octubre; el 29,7 por ciento en septiembre; el 28,4 por ciento en agosto y el 23,3 por ciento en julio», ha explicado Aena, que ha recordado que los servicios no realizados por los controladores de baja «deben ser cubiertos por otros controladores que realizan más horas de lo habitual, aunque siempre sin superar los límites establecidos en la Ley 9/2010 y los decretos posteriores».

    Amenazas. En este sentido, Aena ha «lamentado» que los controladores «amenacen» a los pasajeros y a las compañías aéreas «con dejar de trabajar», y les ha acusado de «sembrar dudas sobre la continuidad del tráfico aéreo coincidiendo con un periodo de fuerte demanda turística» como será el Puente de la Constitución.

    El cómputo de la jornada anual, ha explicado la entidad, es un asunto que «se está tratando en la mesa de negociación del convenio colectivo» y «sobre el que Aena ha ofrecido al sindicato de controladores las explicaciones oportunas de cómo se realiza el cálculo de horas anuales». «Según el artículo 5 del Real Decreto de tiempos de actividad y descanso el límite de las 1.670 horas anuales se refiere al tiempo de actividad aeronáutica, en el que se incluyen las horas en frecuencia, los tiempos de descanso, las imaginarias y la formación», ha sentenciado Aena.

    http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/aena-atribuye-alto-absentismo-controladores-santiago/idEdicion-2010-11-18/idNoticia-612108/

    El día 20.11.2010 dos controladores denuncian a Aena ante los tribunales debido a que van a superar las horas de trabajo que les permite la ley

    Controladores aéreos de Santiago llevan a AENA a los tribunales

    AENA reconoce que una parte de la plantilla de Santiago está trabajando más para cubrir las carencias de personal, pero lo atribuye al «alto absentismo»

    M. V. SANTIAGO El conflicto laboral que amenaza con obligar a cerrar parcialmente el espacio aéreo gallego se dirimirá en los tribunales. Un día después de que el sindicato de controladores USCA denunciase que la falta de personal en Lavacolla podría obligar a suspender durante horas los aterrizajes y despegues de los tres aeropuertos gallegos, dos trabajadores del Centro de Control de Santiago formalizaron una denuncia contra AENA por incumplir sus condiciones laborales.

    La ley aprobada por el Gobierno en abril fijó en un límite de 1.670 horas la jornada laboral de los controladores. La escasa plantilla del Centro de Control Aéreo de Santiago -que actualmente tiene a 28 personas ocupándose de las aproximaciones y el radar- obligó en los últimos meses a que la mayor parte del personal tuviese que trabajar más horas para poder cubrir estas carencias. Eso explica, según USCA, que a estas alturas del año «la mitad» de los controladores hayan agotado ya o estén e punto de hacerlo su cupo.

    AENA reconoce que una parte de la plantilla de Santiago está trabajando más para cubrir las carencias de personal, pero lo atribuye al «alto absentismo», que algún mes rondó el 30%. Desde el sindicato, con todo, dicen que estos cálculos salen de computar como absentismo «bajas, reducciones de jornada y permisos especiales».

    De momento se han formalizado dos denuncias, aunque el sindicato apunta que muchos miembros de la plantilla ya se han contactado con sus abogados para emprender la vía judicial contra AENA y se preguntan cuál será su «situación legal» en caso de que una vez agotadas las horas, la empresa les obligue a seguir trabajando incumpliendo la normativa aprobada en abril.

    http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2010/11/20/controladores-aereos-santiago-llevan-aena-tribunales/440758.html

    información extraída de http://www.rankia.com/blog/nuevasreglaseconomia/626743-nueva-definicion-horas-laborales-otra-batalla-perdida

    En relación a si se trata de una situación de conflicto laboral o una desobediencia civil, entiendo que si no existe una situación de conflicto laboral no se aplicaría el artículo 4.c de la LO 4/1981 (que se remite a los artículos 28.2 y 37.2 de la CE relativos a los derechos de huelga y conflicto colectivo y que motivó el debate parlamentario transcrito anteriormente en el que dejan claro que no quieren que la paralización de servicios esenciales por sí sola sea suficiente para decretar el estado de alarma).

    Situación de conflictividad laboral que motiva que el estado y aena, a tenor de lo manifestado por aena en la primera noticia pegada, cambien su criterio en cuanto a qué conceptos se incluyen en esas 1760 horas anuales de los controladores ante la perspectiva de que la realización de esas horas suponga que en diciembre muchos controladores no trabajen.

    Entonces publican el decreto del viernes, modificando las condiciones laborales de los controladores, y el gobierno habla de desobediencia.

    No debe sorprender este uso del BOE por parte del gobierno, basta recordar como lo utilizaron contra E-ON en la OPA de Endesa para evitar que nos «invadiesen» los alemanes y beneficiar a Gas Natural, con la consecuencia de terminar en manos de Enel. Otra brillantísima gestión del gobierno que se llevó mas de un palo en los tribunales europeos.

    Comentario escrito por menipo — 14 de diciembre de 2010 a las 12:28 pm

  11. 11

    Parece que los controladores sean los matones del patio del colegio y el Estado el primo de Zumosol.

    Por cierto, ¿alguién ha visto Valencia el día 20 de marzo? ¿No podríamos invocar lo de «incendios urbanos» y militarizar a los falleros para que recojan al día siguiente toda la mierda que hay en las calles?

    Lo siento, es lo que me pasa por ponerme en plan demagógico y populista. Lamento no poder mantener el nivel académico de los anteriores comentarios, pero creo que el intento de justificar la juridicidad de la declaración del estado de alarma es banal.

    Andrés: borra este comentario si quieres, lo releo y apesta.

    Comentario escrito por Borde — 14 de diciembre de 2010 a las 11:23 pm

  12. 12

    Gracias otra vez a todos por los comentarios.

    Aboganster, no estoy de acuerdo con lo que comentas. Y respecto de tu pregunta, creo que es muy sencillo lo que habría que decir a los ciudadanos:

    «así es la vida»

    Porque, en efecto, así es la vida. La convivencia provoca que a uno le puedan joder los otros. Robándote el coche. Vendiéndote una casa con vicios ocultos. Estafándote en un negocio. Dejando una maceta mal anclada en el balcón que cae sobre tu coche y te lo destroza… Hay mil y un avatares en la vida donde padecemos daños por la culpa, negligencia o mala leche de otras personas. Y el Derecho reacciona en esos casos, a posterior, dando las vías de reclamación y resarcimiento oportunas. Es lo sensato. No hace falta más. Porque así es la vida. Y no se puede pretender que nadie, nunca, padezca un mínimo inconveniente vital.

    Conviene recordar, además, que quedarse sin vacaciones es una putada, pero que hay cosas más graves en la vida. Y que, como pasa en esos casos, pues lo que hay que hacer es reclamar, exigir responsabilidades y una indemnización por los daños. Y ya está.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 16 de diciembre de 2010 a las 1:14 pm

  13. 13

    Andrés, ¿podrías ampliar lo de Kant? Porque reconozco que lo último que me esperaba era encontrar a alguien que me dijera que la actuación del Gobierno tiene una justificación kantiana. O que, dado que Zapatero es del gremio, es de una gran sutileza jurídica y no el «patadón a seguir» que la cosa parece. Te agradecería mucho alguna explicación adicional, porque me parece una aportación muy interesante.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 16 de diciembre de 2010 a las 1:23 pm

  14. 14

    No hay mucho más que explicar. El propio Zapatero ya dejó el asunto meridianamente claro en su respuesta a Rajoy el pasado día 9 en el Congreso de los Diputados:

    http://www.abc.es/videos-nacional/20101209/zapatero-juzga-conflicto-laboral-703938009001.html

    ¿Y qué filósofo niega la posibilidad de la desobediencia civil en un Estado de Derecho? Pues Kant. Concretamente en la obrita que cité el otro día.

    Un cordial saludo.

    Comentario escrito por Andrés — 16 de diciembre de 2010 a las 4:24 pm

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