La nueva ley del audiovisual y la censura administrativa

Desde el pasado 1 de mayo de 2010 está en vigor la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (en adelante LGCA), una norma que está destinada a tener una gran incidencia en el audiovisual español, máxime cuando supone un cambio de paradigma radical, al menos en apariencia, respecto de las bases que ordenan y justifican la intervención administrativa en un sector, el del audiovisual, que históricamente venía siendo considerado en todas las normas previas (desde el Estatuto Básico de Radiotelevisión española de 1980 hasta la Ley de Televisión Privada de 1988) como servicio público.

No tiene sentido detenernos en estos momentos en reseñar por extenso las implicaciones de tal apoderamiento y reserva al sector público, que sólo sectorialmente, primero con la televisión por satélite (1995) y después con la televisión por cable (2003), había ido logrando espacios donde la norma pasaba a ser la común en un modelo de economía de mercado, esto es, la libre competencia de los diversos actores privados del sector, por mucho que el mismo pueda estar altamente regulado, administrativamente, según los casos y la aparición de intereses públicos y constitucionales de la suficiente relevancia.

Por este motivo, al menos en apariencia, el artículo 22.1 de la LGCA es absolutamente revolucionario, al cambiar de un plumazo toda la cimentación jurídica del sector, en la medida en que establece que “los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos e interactivos son servicios de interés general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos” (el énfasis es nuestro).

Este precepto supone una radical transformación del paradigma con el que el Estado interviene en el sector. No sólo se realiza un desapoderamiento del poder público de enorme importancia, pues donde antes podía dictar según su mejor criterio y sin otras limitaciones jurídicas que las directrices (que históricamente fueron escasas y poco ambiciosas) contenidas en las leyes las líneas maestras, e incluso de detalle, que ordenarían la prestación del servicio (que, a fin de cuentas, era una prestación administrativa que, ya ofrecida a los consumidores por medio de una articulación administrativa en régimen de prestación directa, ya recurriendo a concesionarios empleando un modelo de gestión indirecta, por medio de contratos con los concesionarios seleccionados, pero a los que se podía, jurídicamente, predeterminar absolutamente en cuanto a cómo y en qué condiciones habían de ofrecer el servicio) ahora se verá obligado a ordenar administrativamente el sector, un sector económico más, como cualquier otro, únicamente a partir de las posibilidades de intervención que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la Administración con base en la existencia de bienes o intereses socialmente relevantes y con un anclaje constitucional mínimo que faculte la restricción de la libertad de empresa que la consiguiente intervención supone. El propio precepto, al remitir a la categoría servicios de interés general está expresamente señalado la existencia de estas posibilidades, y en un grado relativamente amplio, como consecuencia de la existencia de estos intereses y del carácter hasta cierto punto básico e infraestructural de estas prestaciones. Se trata de un concepto que remite a la legislación y jurisprudencia comunitarias, donde se ha desarrollado y perfilado con enorme precisión, así como a las referencias que, en el marco del proceso de liberalización de importantes sectores económicos (telecomunicaciones, energía, servicios postales, transporte ferroviario., etc.), ya ha incorporado nuestro ordenamiento jurídico. No tiene sentido referir aquí extensamente el proceso, que ha sido descrito muy bien en otras ocasiones, ni las concretas implicaciones del mismo, que también han sido objeto de mucho estudio. Pero no podemos dejar de notar que, aun siendo importante la capacidad de ordenación que de esta categoría se deriva, ésta no deja de ser, lógicamente, mucho menor y menos intensa que la que podría emplearse cuando un servicio es, antes que “de interés general”, servicio público tout court.

Con todo y reconociendo estas amplias posibilidades de intervención que subsisten tras el cambio de paradigma, tampoco puede dejar de mencionarse que, como por otro lado deja claro el propio art. 22.1 LGCA transcrito, el mundo de la comunicación de información o entretenimiento por vía audiovisual no es un sector económico cualquiera, sino uno que está íntimamente ligado al efectivo ejercicio de algunos derechos constitucionales tan básicos como el derecho a la libre expresión de ideas y opiniones, el derecho a comunicar y recibir información,  y como correlato inevitable en un sociedad democrática y pluralista de las características de la nuestra el mismo derecho a la participación en la vida política y social, dado que es a través de los medios de comunicación como se articula de modo más importante la participación, en nuestros días, en el espacio público.

La especial relevancia constitucional de estos derechos, que no es preciso detenernos en justificar en estos momentos, en la medida en que son fundamento del propio orden social democrático, y las consecuencias jurídico-constitucionales que se deducen de la misma, con una serie de salvaguardas constitucionales expresamente contenidas en el texto del art. 20 CE, así como reafirmadas por una reiterada jurisprudencia constitucional que las ha interpretado, como es la norma en materia de derechos fundamentales, de forma generosa y entendiendo que las restricciones a las mismas han de ser excepcionales, obliga a indicar desde un primer momento, matizando lo anteriormente dicho, que en este entorno no nos encontramos únicamente en el terreno de juego definido, como es la norma para el resto de servicios de interés general, por la intersección de la posibilidad de existencia de esa capacidad del poder público para ordenar sectores de actividad cuando haya intereses sociales de relevancia constitucional en juego en una medida suficiente y de la doctrina constitucional que avala o no según qué restricciones a la libertad.

En este caso, superponiéndose a este marco general, aparece un derecho fundamental, el derecho del art. 20 CE a la libre expresión de ideas y opiniones y a la emisión y recepción de información, más protegido y más exigente. De modo que, frente a lo que es el campo de juego habitual en la ordenación de cualquier sector económico, no podemos dejar de atender a la existencia de esferas particularmente protegidas por nuestro ordenamiento, cuando entra en juego un derecho fundamental como éste, que incidirá notablemente en las posibilidades reales de actuación pública.

Refiriendo el problema a una situación muy concreta, resulta evidente que la Administración, como prestadora directa de un servicio público, tiene total capacidad para determinar los contenidos que emite, por ejemplo, a través de una televisión pública. Así, si considera que ciertos mensajes o imágenes pueden tener un efecto sexista y ser por ellos lesivos para ciertos intereses sociales y tenidos por indeseables, no supone problema jurídico alguno el eliminarlos. Podría generarse una discusión política y ética, respecto de la conveniencia o no de la supresión, o referida a cuál deba ser el umbral de tolerancia. Pero, en términos jurídicos, la intervención es perfectamente posible y depende únicamente de la efectiva voluntad de la Administración. Se trata de una cuestión interna, referida a cómo haya de prestar el servicio y en qué términos considera ésta que es mejor, u óptimo, hacerlo. Y, simplemente, lo pone en práctica.

Idénticas consideraciones, o muy parecidas, merece este mismo caso si nos encontramos con una concesión del servicio público como las que hasta hace poco eran, según nuestro ordenamiento jurídico, las televisiones que emitían por ondas hertzianas (ya fuera en analógico o en digital). Estas televisiones, comúnmente llamadas “privadas” (de hecho, la propia norma reguladora también empleaba el término), eran en realidad las adjudicatarias de una concesión otorgada por el Estado, que habían ganado por un plazo de tiempo (10 años) y que pasaban a gestionar por ello, de forma indirecta, un servicio que seguía siendo público. Podían emplear esta actividad para ganar, legítimamente, dinero con ello. Pero no dejaban de ser, por expresarlo de manera sencilla, agentes a los que la Administración encargaba la realización de una labor que le correspondía a esta última. Y, como consecuencia de ello, el poder público, sin ninguna duda, estaba perfectamente legitimado para imponer las condiciones de prestación del servicio. Con todo el detalle que estimara conveniente. Para eso estaban, entre otras cosas, las cláusulas del pliego de condiciones. De nuevo, en un caso como el señalado, hay pocas dudas sobre las posibilidades jurídicas que tiene la Administración, ya que no de decidir directamente qué emite o deja de emitir, sí de establecer normas, pautas, criterios y controles, todos aquellos que estime pertinentes, para controlar la programación. De manera que, en un marco jurídico como aquél es perfectamente posible que la Administración prohíba la emisión de contenidos sexistas, establezca todo tipo de órganos para controlarlos y determinar cuáles entran dentro de esa categoría y lleve a cabo toda la fiscalización sobre el particular que le parezca más oportuna.

En cambio, si nos encontramos en un contexto en el que la norma es la libre competencia y los servicios audiovisuales dejan de ser tenidos como públicos, el haz de facultades de la Administración varía radicalmente y se ve empequeñecido. Sólo las limitaciones que obedezcan a la protección evidente de bienes constitucionales pueden limitar la libertad de empresa. De manera que, por ejemplo, es posible introducir normar de ordenación de un mercado que prohíba la comercialización de productos peligrosos o lesivos para la salud (por ejemplo, hay numerosos juguetes que no se autorizan por este tipo de razones). O que dificulte en algunos casos su comercio y venta (piénsese en la venta de labores de tabaco y sus diversas modalidades comerciales, por mencionar un único caso). Los ejemplos podrían ser múltiples. Aún así, en todos y cada uno de estos casos, ha de justificarse muy cuidadosamente la existencia de estos riesgos y su carácter cierto y efectivo. En ausencia de una mínima base, y por mucho que el Tribunal Constitucional ha sido tradicionalmente deferente respecto de las apreciaciones del legislador a a la hora de establecer restricciones, tal medida sería inconstitucional por suponer una cercenación de una libertad constitucional, la de empresa en este caso, no suficientemente justificada.

Los problemas son si cabe mayores cuando los “productos” que puedan ser peligrosos son contenidos informativos, ideas, opiniones, imágenes, mensajes comerciales, obras audiovisuales…, todos ellos protegidos especialmente por un derecho, la libertad de expresión, respecto del que hay que extremar precauciones y con el que, además, la Constitución establece precauciones adicionales (prohibición de la censura previa o secuestro de publicaciones por vía administrativa, obligación de que sea una autoridad judicial la que conozca de aquellos contenidos que no se consideran ajustados a Derecho antes de proceder a su retirada). De modo que es dudoso que, respecto de este tipo de bienes constitucionales, la Administración tenga ámbito de juego. Las restricciones, que habrán de buscar la conciliación de los derechos y las garantías referidas con el resto de derechos constitucionales (y especialmente con los que protegen la intimidad, la propia imagen o a la juventud y a la infancia, como declara el propio precepto constitucional), deberán ser establecidas por el legislador y la concreta apreciación de si un concreto contenido cumple o no con esos criterios no es una cuestión que competa a la Administración sino al poder judicial.

Son reglas aparentemente claras y consolidadas, que llevan años funcionando en el mundo de la prensa escrita, un entorno donde opera el principio de libertad de empresa, sin plantear demasiados problemas. A nadie se le ocurre que sea un órgano administrativo el que haya de velar por la corrección de los contenidos de que publican editoriales o periódicos. Se asemejaría demasiado a los entes dedicados a la censura constitucionalmente vedados. El depósito de ejemplares con carácter previo a la publicación está prohibido y a nadie se le ocurre poner en marcha mecanismos semejantes. Y, respecto de lo publicado por prensa o por editoriales, los contenidos se ajustan o no a lo que establece la Constitución según determinan, siempre a posteriori, los tribunales. Pero nadie consideraría normal que hubiera un órgano administrativo que velara, de la manera que fuera, por la inexistencia de referencias sexistas en la prensa y novelas que leemos. Y mucho menos que tuviera capacidad para retirar del mercado las mismas. En entornos de libre competencia, si además estamos afectando a un derecho como la libertad de expresión, la intervención administrativa es mera ejecutora de la ley y de las restricciones que pueda establecer, constitucionalmente válidas, que le asigne controlar. Pero no puede enjuiciar la corrección constitucional de contenidos. Esa tarea corresponde a un juez.

Trasladadas estas reflexiones del marco habitual en casos de libre competencia, respecto del que tenemos amplia experiencia por ser el que impera desde hace años en materia de prensa escrita, uno esperaría que la profunda transformación que la nueva LGCA supone conllevara un importante retraímiento de la acción administrativa en la materia. Sin embargo, y sorprendentemente, la nueva norma es manifestación de todo lo contrario. Aprovechando la intensa regulación europea el legislador español ha optado por establecer en la norma toda tipo de controles, algunos que afectan a los contenidos, que bordean peligrosamente la pretensión de moralizar a la sociedad a partir de criterios éticos y valorativos que exceden los limitados mandatos constitucionales que permiten limitar la libertad de expresión. Pero, y lo que es más cuestionable, crea nuevos instrumentos de control administrativo, así como órganos públicos encargados de ponerlos en marcha, que desconocen radicalmente las barreras jurídicas que, como hemos comentado, a nuestro juicio contiene nuestra Constitución y que la acción respecto de la presa escrita permite comparar fácilmente.

Por continuar con nuestro ejemplo, los contenidos sexistas en las novelas que se publican en España son numerosos y a juicio de algunos sectores de la sociedad, excesivos y oprobiosos, incluso. Es algo hasta cierto punto lógico, en la medida en que las novelas son reflejo de la sociedad y el machismo no ha desaparecido de ella. De manera que, ya sea como denuncia o como simple manifestación latente de ese propio sexismo, hay muchos contenidos novelísticos de esa índole. También los periódicos pueden contener en muchas ocasiones derivas de este estilo. Por no mencionar la abundante publicidad de servicios de contactos y prostitución que incluyen. Nadie, sin embargo, entiende que este tipo de manifestaciones deban prohibirse. Cada novelista, cada editorial, cada periódico, decide en un marco de libre competencia qué contenidos publicar con la esperanza de rentabilizar al máximo su esfuerzo. Ciertos contenidos pueden ser castigados por el mercado y por la presión de la opinión pública, en su caso. Pero, fuera de ello, la única sanción posible sería en caso de que estuviéramos ante un contenido que fuera más allá de lo permitido constitucionalmente a nuestra libertad de expresión. Es decir, cuando hay una afección al honor, a la intimidad o propia imagen de una persona, o se puede entender que los contenidos afectan y perjudican a la infancia. Pero, en estos casos, siempre, se ha de actuar a posteriori, previa denuncia, nunca preventivamente. Y serán los jueces los que se encargarán de analizar si los contenidos en cuestión infringen o no la Constitución.

A nadie se le ha ocurrido prohibir el porno en España, entendiéndose que es una manifestación expresiva amparada por la Constitución. Todo lo más, la protección de los menores y la infancia ha permitido medidas de “alejamiento” que tratan de dificultar el acceso a esos contenidos (revistas envueltas en plástico y no exhibidas en escaparates, prohibiciones de venta a menores, restricciones en la libre difusión). El contenido puede ser, y de hecho suele ser, profundamente sexista, pero la libertad de expresión lo protege. El legislador, conciliando este derecho con el de los menores, pues llegar en este caso a establecer restricciones como las señaladas, pero no su total prohibición.

Del control frente a posibles excesos se encargan, como decíamos, los jueces. Llama la atención enormemente, por ello, que la norma en materia audiovisual, que por suponer un cambio de paradigma en la línea de privatizar y liberalizar debiera suponer una reducción el control público sobre el sector, lejos de ir en esa dirección, vaya justamente en la contraria. Y que establezca muchos mecanismos, algunos de ellos a medio camino entre la voluntariedad y la obligatoriedad, pero siempre en última instancia respaldados por la autoridad pública y, de facto, imperativos, por muy participativos que sean, para controlar contenidos de todo tipo. Incluso, que establezca un órgano como el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, con amplias competencias para su fiscalización.  Como es obvio, en un entorno de servicio público, la Administración tiene perfecto derecho a controlar los contenidos audiovisuales. Por supuesto. Para algo es un servicio que presta ella. Pero es muy cuestionable que, por mucho que se residencie esta facultad en el citado Consejo, el análisis del cumplimiento de la ley en esta materia, así como la decisión sobre la viabilidad y corrección de contenidos, pudiendo llegar incluso a su retirada, sea competencia de un órgano administrativo. Porque, sencillamente, la libertad de expresión amparada en el art. 20 CE no lo consiente.

Pudiera ser, no digo que no, que de esa actividad de control resultara una excelente y muy edificante política de contenidos. Pero, aún así, no es deseable. Porque no corresponde a las Admisnitraciones Públicas determinar qué es lo que los ciudadanos, en uso y ejercicio de su libertad, dicen, emiten, idean… cuáles de entre esos contenidos sean adecuados y admisibles y cuáles no, cuáles hayan de ser potenciados y cuáles silenciados. El espacio de las ideas, yde la creación y de la información, así como el espacio audiovisual una vez totalmente liberalizado, no funciona mejor a partir de la determinación política y ejecutiva respecto de qué cosas sean buenas y qué cosas sean malas. Bien está, por ello, que la Constitución así lo entienda. Y no deja de ser preocupante, en cambio, la falta de crítica y complacencia con la que nos hemos adaptado a la aparición de una estructura burocrática que, en colaboración con los operadores, controlará la idoneidad de los contenidos emitidos. Es por nuestro bien. Pero como no confío en las estructuras benéficas de ese estilo, la verdad, preferiría un régimen jurídico más parecido al de la prensa escrita. O al de las novelas de ficción. Que cada cual haga lo que quiera, que el mercado decida, que unos contenidos sean más marginales que otros, que entre todos luchemos por tratar de lograr que los mejores y más dignos tengan más repercusión, y que los excesos se controlen a posteriori y por jueces. No es un programa demasiado ambicioso. Refleja el consenso democrático de hace años donde todos confluimos.

Ah, y si hay que eliminar los anuncios de prostitución de la prensa, que sea porque la presión en ese sentido de la opinión pública es tal que publicarlos supone costes que hace que no compense. Pero nunca porque un órgano adminsitrativo decida que «no nos conviene» encontrarnos con eso en medio del periódico y nos cuide hasta el extremo de decidir por nosotros sobre su eliminación.



10 comentarios en La nueva ley del audiovisual y la censura administrativa
  1. 1

    Andrés, ya estamos con los excesos misóginos otra vez… Parece mentira que no sepas que ahora el feminismo moderno y progresista lo que hace es tratar de convencernos de que el porno no es en sí sexista, como afirmas con tanta despreocupación. ¡Se supone que para ser una mujer moderna he de adaptarme a que me guste el porno! Yo sigo esforzándome, aunque los progresos no llegan. Pero persevero. Si tantas antes que yo han llegado, según afirmar, a disfrutarlo incluso más que los varones, por algo será.

    Por lo demás, me ha parecido un comentario muy instructivo e interesante, de los que una disfruta leyendo. Y sí tiene toda la pinta de que, en efecto, nos la han metido doblada. ¡Pero no estamos en tiempos en que las protestas porque las Administraciones «nos ciuden» y velen obsesivamente por nosotros, aunque ello suponga que nos tutoricen como a infantes incluyendo cuestiones referidas a cómo pensamos, importen demasiado a la gente!

    ¿Por qué los medios de comunicación, que debieran estar preocupados por un sistema como ése, no se han quejado?

    Comentario escrito por Clara M. — 28 de mayo de 2010 a las 3:59 pm

  2. 2

    Sí, a mí también me ha sorprendido que todo se centre prácticamente en el tema machista, sexista o como se quiera. Últimamente andamos un poco obsesionados… El caso es que, como es lógico, no se trata de protegernos como espectadores, en este grupo de supuestos, sino lógicamente de velar por una idea de igualdad que quizás no nos guste, pero que es por la que los poderes públicos, al menos de momento, han de velar, en el audiovisual, en la universidad, o donde sea (lógicamente la alusión viene a posts previos). Y lo de la prostitución pues más de lo mismo. Que sería estupendo que la opinión públicara clamara a favor de una sociedad más igualitaria, que obligara a los medios a retirar esos contenidos porque no interesan, pues dónde hay qué firmar.
    Y en cuanto al porno, hombre, un poco abandonaíllo sí que anda. Y, déjemonos de gaitas, pero algo de juicio de contenidos sí que hay, cuando, por ejemplo, las pelis porno no pueden optar a subvenciones públicas. Bueno, pues así son más caseras, que es lo que le gusta a la gente. Pero no parece que detrás de esa medida se trate proteger a la infancia (sí en otras, claro).
    Centrándonos ya en otras cuestiones, está por ver en la práctica cómo funciona la transformación de servicio público en sentido estricto o a la francesa en un modelo de servicio económico de interés general. Por un lado, sabemos que esta última expresión esconde un último reducto del concepto de servicio en Europa. Por otro lado, la multitud de salvaguardas que se han establecido al régimen jurídico, que tú apuntas, y que guardan relación con bienes constitucionales, hacen pensar que muchas cosas seguirán igual.
    Curiosas esas concesiones tan a largo plazo de renovación automática.
    Y en cuanto a la diferencia de los distintos medios de comunicación o expresión y de por qué no se controlan los contenidos en las novelas, por ejemplo, ¿qué más da? si nadie lee.

    Comentario escrito por Susana — 28 de mayo de 2010 a las 9:15 pm

  3. 3

    Una pregunta un poco tonta.

    ¿ Si algún día llega a desarrollarse la televisión por internet como lo ha hecho por ejemplo la prensa escrita a dónde van a ir a parar esos mecanismos de control?.

    Bueno que igual estoy dando ideas y nos ponen un canon más en la compra de ordenadores por si nos da por utilizar esos servicios de interés general.

    Comentario escrito por josé luis — 29 de mayo de 2010 a las 9:57 am

  4. 4

    Se supone que también se controla la televisión por internet (al menos así lo entiendo del art. 31 de la Ley, en especial del apartado 4). En cualquier caso, como regular internet es como poner puertas al campo, pues veremos en qué queda. Porque en la medida en que la IP no esté en España, supongo que ya se la habrán colado. A no ser que aquí rija el art. 39 (sería interesante estudiarlo, aunque la verdad es que cubre poco): «La autoridad competente estatal podrá adoptar medidas de salvaguarda de la legislación española, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo anterior, cuando el prestador de un servicio de comunicación audiovisual establecido en otros Estado de la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español».

    Comentario escrito por Susana — 30 de mayo de 2010 a las 9:18 pm

  5. 5

    Por partes:

    – Sobre la obsesión con las cuestiones sexistas, hay una pequeña explicación. Lo arriba publicado son unas reflexiones escritas a partir de una participación en una mesa redonda sobre la nueva LGCA (http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=257) a la que me invitó la Prof. Beatriz Belando. Como la organización vinculaba el tema a consideraciones de género traté de ejemplificar el asunto con cuestiones referidas a la violencia de género y el sexismo. Luego, cuando me he puesto a escribir esto para el blog, inevitablemente, me han venido a la mente ejemplos de ese mismo ámbito.

    – Dicho lo cual, Clara, lamento que te sientas presionada con el tema del porno, porque entiendo perfectamente que debe de ser un rollo que, encima, ahora se suponga que para ser «guay», moderna y feminista enrollada haya que defender algo así como el «a nosotras también nos mola y nos pone la pornografía». Susana, no sabía que no lo subvencionaban. ¡Me parece fatal! Para una parte de la industria española del cine que tiene su éxito, que genera empleo, que gana dinero… Fuera de coñas, creo que es evidente que las implicaciones jurídicas de proscribir contenidos son muy distintas a las de ayudarlos o no, a las de privar de subvenciones. Las garantías constitucionales no moldean por igual la manera en que la Administración ejerce sus funciones de fomento que las de policía. Y si, a la hora de hacer de «policía», estamos hablando de «policía de contenidos», la aparición de un derecho como la libertad de expresión plantea muchas diferencias.

    – Lo de las concesiones tan largas, con renovación prácticamente automática (por mucho que no sea sino perpetuar lo que de facto ya ocurría) es una vergüenza más en conexión con la entrega total y absoluta del sector a los 5 ó 6 grupos que oligopolizan el sector. ¡¡Si aquí se ha entendido que fomentar el «pluralismo» es darles a ellos todas las licencias, habiendo como había posibilidades de conceder una treintena de canales!! Total, para que repitan programas, para eso mejor haber concedido las autorizaciones de emisión a grupos pequeños, aunque fueran menos profesionales. Es complicado hacer algo de menos calidad de lo que se está viendo. Habría la misma poca calidad pero al menos la cutrez sería más variadita.

    – En cuanto a lo que pregunta José Luis, Susana te lo ha respondido perfectamente. Es una de las cosas surrealistas de la nueva ley. No sólo es que quieren ponerse a controlar también la tele por cable o la tele por Internet. ¡Es que creen que pueden hacerlo con una intensidad homologable a la tele hertziana! Tratándose del satélite y, sobre todo, de Internet, tal ambición no deja de ser de una ingenuidad entrañable. Pero conviene recordar que órganos como el CAC catalán llevan reclamando esta posibilidad desde hace tiempo. Y que los homólogos europeos en el sector también se reclaman competentes para todo esto. ¡Otra cosa es que la cosa pase de ser una proclamación más simbólica que con contenido real! Lo cual no deja de ser criticable. Y, además, abre la puerta a que nunca se haga nada hasta que, de repente, al CEMA o a quien sea le entre la locurita y vaya a por una vez, en plan excepcional, sí, pero que fastidiará muy mucho al «afortunado» al que le toque la china.

    – Por último, respondiendo a Clara, hay una razón por la que los medios de comunicación no se quejan de que, potencialmente, la Administración pueda en el futuro hacer todas estas cosas: porque saben que, en lo que realmente les importa, y como ha venido ocurriendo hasta la fecha, seguirán tomando por sí mismos las decisiones regulativas importantes. Y eso es lo que les importa. Como comenté en la jornada, ¿cómo se van a quejar? ¡Si la nueva LGCA es como si los Reyes Magos, transmutados de legislador, les hubieran traído todas y cada una de sus peticiones! Con el regalito adicional de que TVE renuncie a la publicidad, además.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 03 de junio de 2010 a las 5:06 pm

  6. 6

    Je,je… no sé si es apropiado o no en este contexto, pero es que estoy, tan, tan hartita de lo que podríamos llamar las «feministas del porno». Yo creo que las mujeres llevamos demostrando siglos y siglos que a capacidad de alienación no nos gana nadie (quizás nos igualen, pero en otros ámbitos, los hombres). Es lo que tiene vivir sometida. Que si te lavan el cerebro y tú colaboras de buena gana llega un momento en que hasta eres feliz. Y va y resulta que te tienes que correr cuando un tío te la mete, porque así es como funciona, y que el centro del placer es el «punto G», bien vaginal, eso que no no falte, en vez del clítoris. Pos fale. Lo del porno es lo mismo, pero en vez de ser el credo con el que se alienan las chicas sin cultura de la España de los años 50, en su reja bien monas ellas, casándose vírgenes y por la Iglesia, al servicio del varón, pues es el credo que conviene a los varones de ahora. Como tienen ecuatorianas para hacer la casa la tipa de la reja y el clavel ya no les sirve. Ellos quieren una mujer moderna y que gane pasta, pero sumisa y lo más guarrilla posible (sólo con ellos, por supuesto, que para algo son los más machos y atractivos). Que les va el porno, pues a ti te tiene que ir. ¡Y hay muchas que se ponen a ello! ¡Como las de la reja! Lo mejor de todo es que, encima, si no tragas, eres una «estrecha» y una «rancia». Que es lo peor que te pueden decir ahora. Igual que a las de la reja de antes lo peor que les podían decir es que eran una guarras.

    ¡Lo último ya es que, después del porno (y por su influencioa directa) ahora no sólo hay que practicar sexo anal sino disfrutarlo! Y venga, como gilipollas a cumplir. Y encima, los tíos, que son subnormales, no sólo quieren que lo hagas. ¡Quieren que lo disfrutes! A mí también me gustarían muchas cosas, como tener un novio con más cerebro ý me aguanto. No todo se puede conseguir, nene. ¿Que lo disfrute? ¿Que me guste? ¿Que si no soy una rancia? Lo peor de todo es que mayoritariamente, en nuestro rol sumiso y complaciente, acabremos convencidad de que sí, de que nos gusta. ¡Es acojonante lo de la alienación! ¡Los tíos pueden decir tranquilamente que no les gusta que les den por el culo y nadie les tacha de rancios por ello! ¡Nadie pretende que sea su deber como modernitos y progresistas que les guste! Pero aquí es al revés. Y para más inri, joder, las feministas apoyando. Que a mí no es que me joda por tener que ver porno o tener que aguantar caprichitos sexuales de los inmaduros con los que, para mi desgracia, voy topando por ahí. Me jode porque, como mujer, me diho, ¿CÓMO ES POSIBLE QUE SEAMOS TAN GILIPOLLAS?

    Perdón por el desahogo. Por volver al tema, gracias por las aclaraciones. ¡Y es que de la misma manera que no me gusta que me digan lo que me tiene que excitar y cómo tengo que desfrutar sexualmente tampoco me gusta que me digan lo que es bueno o malo, decente o inmoral… y que me prohíban pensarlo por mí misma!

    O bueno, en realidad no pasa nada porque me lo digan. Lo que pasa es que yo quiero poder verlo por mí misma y poder juzgar, en su caso, si de verdad me parece decente o indecente la cosa. Creo que, con todo lo de antes, no me estoy explicando muy bien. Disculpad.

    Comentario escrito por Clara M. — 03 de junio de 2010 a las 5:46 pm

  7. 7

    Caray, Clara. ¡No sé si después de ese speech será fácil que volvamos al tema!

    De todos modos, los hombres, como bien dices, también ponemos de nuestra parte, cuando no hay más remedio, para alienarnos lo nuestro. Es una cuestión humana, de supervivencia psicológica. ¡Yo conozco a más de uno, en mi gremio, que lleva una vida tan miserable que sólo se resiste si uno vive internamente convencido de lo importante que es! Y hacen tal esfuerzo por creérselo que, al final, pues más o menos viven convencidos de ello. Cuando no llama Zapatero, ni Obama, ni el Papa… se enfadan. Pero como tienen claro que en realidad es culpa de alguien que les boicotea, porque ellos lo merecen, su psique sigue sana. Y, si gracias a ello sobreviven y soportan una existencia miserable, ¿acaso se lo podemos reprochar?

    La cuestión es si, por ejemplo, y aceptado tu cabreo con la complacencia femenina para con supuestos instrumentos de dominación machista como el porno o el sexo anal, ¿debe el Estado imponer esa visión, que quizás pùeda ser cuestionada y permita legítimas expresiones de puntos de vista diferentes, como un dogma a partir del cual poder limitar la emisión de contenidos, literarios o audiovisuales, que de una manera directa o indirecta preconicen el sexo anal y el porno?

    Y la clave es que a mi juicio la Constitución, y bien que hace, opta por un modelo liberal donde es el debate plural y social el que ha de llegar a los consensos atinentes, en cada caso. Sin que quepan restricciones en la emisión de ideas u opiniones salvo que éstas sean efectiva, indubitada y directamente lesivas. Por este motivo, aunque Susana manifestaba sus dudas respecto de la eficacia de estos procesos sociales, me parece más eficaz y mejor solución ésta.

    Por supuesto, y más dado el tipo de opiniones que suelo tener sobre muchos temas, ello condena a mis posiciones no pocas veces a la marginalidad. Y se ponen en práctica, casi siempre, políticas con las que no comulgo. Pero, en el fondo, ¿tan seguro estoy de que es indudable que tengo razón yo, contra la dinámica social dominante, como para pensar que mejor nos iría si se impusiera lo que yo pienso?

    Pues sí, pienso que nos iría mejor, claro. A corto plazo. Pues creo que tengo razón en esto, en aquello, en lo de más allá… Pero creo también a que a medio y largo plazo nos iría peor. Porque no hay que confiar en que un iluminado, por sensato y listo que sea, por acertado que esté, haya de tomar las decisiones que nos corresponden a los demás.

    Por eso pienso que es una suerte que la Constitución, en el fondo, piense más o menos así. Me parece un valladar básico contra el totalitarismo. De cualquier signo. Tanto el pro-porno como el anti-porno. Por mucho que mi opinión pueda apoyar uno de los dos.

    Y por eso me preocupa que el clima social y legislativo vaya radicalmente en otra dirección. Como demuestra esta ley.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 03 de junio de 2010 a las 6:55 pm

  8. 8

    ¿El sexo anal y el porno son instrumentos de sumisión femenina? ¿También el femdom y el porno gay? En mi infinita inocencia pensaba que dos (o más) adultos eran perfectamente capaces de decidir por sí mismos qué clase de prácticas sexuales eran de su gusto sin necesidad de hacer de ello un asunto de calado social y alcance político. Que digo yo que habrá mujeres que disfruten de la pornografía y el sexo anal sin estar alienadas y sometidas por un macho corruptor. Aunque con estos sodomitas nunca se sabe.

    Comentario escrito por Psicopanadero — 04 de junio de 2010 a las 1:41 am

  9. 9

    Ya te digo, psicopanadero. Que, como he explicado, a mí no me parece bien que se prohíban contenidos. Pero sí creo que podemos ponerlos a parir y debatir entre todos sobre sus efectos y carácter. Y, de hecho, aspiro a convencerte. Pero no en primer término. Mi lucha es antes convencer a las mujeres de que NO tienen que practicar sexo por complacer al varón sino por disfrutar ellas. Y que NO tienen que autoconvencerse de que les gustan cosas que en realidad no les gustan.

    Y, por supuesto, que el porno da una visión del sexo asquerosa, violenta, que convierte a las mujeres en meros objetos de placer, que necesitan que venga un hombre a manipularlas como sólo ellos saben, pero con un profundo desprecio por la persona, fisicalizando todo a saco, para que se descontrolen delante del macho.

    Lo acojonante es lo que os cuesta a los tíos daros cuenta de que vuestras fantasias de domunación (y las cosas, películas o lo que sean que las multiplican) tienen poco que ver con la realidad. O nada. Aunque, desgraciadamente, a lo mejor en esto me equivoco. Porque con tanta propaganda a favor de que las mujeres disfrutemos así, pues claro, cada vez hay más gente «educada» en eso.

    Y es una pena. Porque es «educar» en la desigualdad, la violencia y el empleo del sexo no como algo para expresar afecto, para divertirte, para compartir o para amar sino como algo para dominar.

    Comentario escrito por Clara M. — 04 de junio de 2010 a las 1:30 pm

  10. 10

    Haces asertos pero no explicas de dónde sale tanta afirmación que a mí me parece absolutamente gratuita. Así de mala manera podrás convencerme.
    El porno es asqueroso, degradante y promueve una cultura de dominación y violencia contra la mujer. Las mujeres que disfrutan de determinadas prácticas sexuales están en realidad alienadas y han sido manipuladas por la propaganda. Los hombres somos incapaces de disociar la plasmación fílmica de un acto exclusivamente físico (que, digo yo, no tiene que estar unívocamente ligado a expresar afecto, diversión o amor, aunque estas puedan ser características de una relación sexual habitual) del propio acto real en sí. Tomo nota. Ahora sólo falta que me expliques la génesis de todo esto, de dónde sale tanta conclusión sobre qué es el porno y qué efectos tiene sobre esos machos tiránicos y dominadores.

    Como dije en mi anterior mensaje, yo soy muy inocente. Y, como tal, siempre he pensado que en el sexo debía imperar la reciprocidad, el goce de ambas partes, pero no buscado de forma egoísta por cada miembro sino en conjunto; lo cual inevitablemente implicaba una cierta preocupación del uno por la satisfacción del otro y, en cierto sentido, un pliegue de los deseos propios ante los ajenos. Complacer al varón, quiero decir, es una meta, no única, del acto sexual; como lo es, igualmente, complacer a la mujer. Y, por supuesto, no es excluyente con la propia autosatisfacción y autocomplacencia sino complementario con ellos. ¿Qué tiene esto que ver con el porno? Pues nada. Si tú misma lo has dicho. ¿Por qué tiene el porno que mostrar cómo acontece una relación sexual normal cuando en ningún momento su función es didáctica?

    Comentario escrito por Psicopanadero — 04 de junio de 2010 a las 4:43 pm

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