¿Es necesario el voto electrónico?

Una de las transformaciones derivadas del cambio tecnológico que la digitalización y la implantación de redes de comunicación electrónicas han traído consigo y que más atención ha centrado ha sido la posibilidad de que el voto se emita por vía electrónica. Sin duda, el hecho de que haya surgido una potente industria dedicada al desarrollo y mejora de diversas plataformas capaces de poner en marcha soluciones y alternativas de este tipo no es un factor de importancia menor en que así sea.

Se trata, en no pocos casos, de un sector que ha iniciado su actividad prestando servicios en el ámbito privado, proporcionando sistemas de votación seguros, baratos y eficaces destinados a satisfacer las necesidades operativas en términos de voto en un marco sustancialmente diferente del público, lo que obliga a matizar posibles entusiasmos prematuros y a proponer ciertas cautelas ante las pretensiones de traslado de soluciones que pueden ser eficaces en ciertos contextos pero que no tienen por qué ser óptimas en la esfera de lo público.

Asimismo, conviene siempre tener presente que la existencia de nuevas posibilidades y de avances tecnológicos no son, por sí mismos, condiciones suficientes como para que podamos entender justificado arrumbar métodos tradicionales que, hasta la fecha, parecían plenamente satisfactorios. En el caso de los procesos electorales, como ante cualquier pretensión de sustitución, habremos de analizar si, más allá de la mera novedad, existen ventajas objetivas que justifiquen el cambio e incluso el simple hecho de iniciar pruebas con vistas a una futura adopción de la nueva tecnología. A la hora de ponderar los hipotéticos costes y beneficios, además, ha de quedar claro, por cierto, que también los trastornos provocados por cualquier cambio, los procesos de aprendizaje asociados, las dificultades que pueden surgir, son factores a tener en cuenta que permiten afirmar que, en un entorno de neutralidad, esto es, para no ganar nada (aunque tampoco se pierda nada) no tendría sentido alguno operar una transformación de tanto calado.

Sirvan estas apreciaciones previas para poner de manifiesto las necesarias cautelas con las que, a mi juicio, conviene operar cuando nos enfrentamos a la disyuntiva de poner en marcha sistemas de voto electrónico en procesos electorales. Máxime teniendo en cuenta que cuando hablamos de procesos electorales estamos hablando de una realidad especialmente sensible. Por sus implicaciones políticas, por su estrecho vínculo con la legitimidad de nuestro sistema de convivencia, por su importancia, en suma, en cuanto que vehículo de ejercicio de la democracia.

De modo muy resumido, en cualquier caso, podemos entender que hay dos grandes esferas en las que el voto electrónico y, más en general, las transformaciones derivadas del cambio tecnológico producido en los últimos años, afectan de forma directa (pues de forma indirecta, en la medida en que Internet conforma un espacio público y un modelo de interacción comunicativa distinto, las consecuencias son de mucho más calado) a los procesos de participación ciudadana. Se trata, en primer lugar, de la aplicación del voto electrónico como herramienta que pretende hacer más eficaz el ejercicio del derecho de voto tradicional. Y, en segundo término, de la general afirmación de que el voto electrónico permitiría explorar nuevas vías de participación e incluso, para ciertos planteamientos utópicos, alcanzar el ideal de democracia directa tantas veces acariciado pero descartado por la imposibilidad práctica de llevarlo a cabo. A lo largo de esta modesta reflexión, vamos a tratar de analizar de modo muy somero los efectos de la aplicación de las nuevas posibilidades tecnológicas sobre una y otra esfera, indicando de manera muy superficial, a los meros efectos de incitar al debate sobre estas cuestiones, los problemas y las virtudes que generalmente suelen predicarse de la puesta en marcha del voto electrónico para uno y otro caso, respectivamente.

 

 

1. El voto electrónico como alternativa para ejercer el derecho de sufragio en los procesos electorales tradicionales

Como ya se ha expuesto, un primer ámbito en el que el voto electrónico se ha convertido en una alternativa plenamente viable como consecuencia del perfeccionamiento técnico alcanzado por los diversos sistemas que compiten en el mercado es el del ejercicio del derecho de sufragio en los procesos electorales tradicionales. Esto es, se trataría de sustituir o complementar el proceso de votación tradicional (en que el lector ha de desplazarse a su colegio electoral para votar empleando las tradicionales papeleta y urna, o bien votar por correo en los días previos, para que el recuento se realice después por la mesa electoral conformada por ciudadanos) con un sistema de votación electrónica (ya sea en el colegio electoral, sustituyendo papeleta y urna, ya incluso, de modo complementario, con un sistema de voto electrónico a distancia) al que se le suelen imputar una serie de ventajas que justificarían su conveniencia. A saber, su mayor fiabilidad, rapidez, economía, seguridad y, en algunos casos, su supuesta capacidad de fomentar e incentivar la participación.

Un primer elemento de análisis ante semejantes alegaciones pasa necesariamente por escrutar críticamente si acaso tenemos, en estos momentos, problemas en alguna de esas áreas derivados del modelo actual, presencial, con el que venimos realizando nuestras votaciones desde hace 30 años.

Asimismo, conviene tener en cuenta, a efectos de realizar una reflexión jurídica, cuáles son los objetivos constitucionales en materia de participación, libertades y garantías, a fin de tener siempre presente cuáles hayan de ser los principios o mandatos que, tendencialmente, el sistema tendría que tratar de optimizar siguiendo los dictados de nuestra Constitución, coetánea, por lo demás, del modelo de votación que se ha venido desarrollando en España.

1.1. Fiabilidad

Más allá de las dudas que puedan todavía suscitar las pretensiones de fiabilidad de los sistemas de voto electrónico (es sabido que alguna de las experiencias llevadas a cabo hasta la fecha ha planteado algunos problemas), es obvio que se ha de reconocer que, en estos momentos, la tecnología permitiría, muy probablemente, llevar a cabo con un alto grado de fiabilidad procesos electorales por vía electrónica. Ahora bien, es altamente improbable que el actual modelo presencial merezca demasiadas críticas en este sentido. En España y en Europa contamos con un sistema de voto fiable y reiteradamente probado, lo que aporta un plus innegable de confianza en el procedimiento del que, justo es reconocerlo, carecen todavía los modelos electrónicos. En la medida en que los procesos electorales constituyen una parte esencial del proceso democrático, y una especialmente sensible, las alegaciones que buscan apoyo en consideraciones de fiabilidad son, antes al contrario, una razón de peso para seguir confiando en un modelo que, aunque pueda tener otros inconvenientes, ha demostrado su solidez y genera una enorme confianza entre los ciudadanos, con los consiguientes efectos legitimadores, imprescindibles en una democracia y un Estado de Derecho como el nuestro.

No está de más apuntar que esta mayor fiabilidad depende en gran medida de, o al menos está altamente relacionada con, la extrema sencillez del sistema de papeleta-urna. Los grandes escándalos asociados a recuentos poco fiables (sin necesidad de que haya intervenido fraude en los mismos), como el conocido resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos en 2000 en Florida entre Bush y Gore, tienen siempre mucho que ver con la introducción de elementos adicionales de complejidad en el sistema. No está de más, por ello, reivindicar la extrema fiabilidad de nuestro procedimiento y las ventajas derivadas de su sencillez. Y, sobre todo, conviene tener muy presente que cualquier cambio, cualquier innovación que se introduzca es muy probable que vaya inevitablemente asociada a la aparición de un grado mayor de complejidad, y por ello supone potencialmente un riesgo. Lo cual no quiere decir que no pueda tener sentido asumirlo, pero conviene, en todo caso, tener bien presente este coste y asumirlo sólo a cambio de ventajas que lo compensen.

1.2. Rapidez

Suele expresarse como innegable ventaja de los modelos de voto electrónico su mayor rapidez, tanto a la hora de emitir el voto como a la hora de realizar el recuento. El proceso de votación sería más cómodo o, al menos, lo sería para aquellos que estuvieran relativamente familiarizados con el empleo de medios electrónicos. Incluso, en los sistemas de voto a distancia, no requeriría de desplazamiento (a condición de disponer de un equipo informático capaz de interoperar con el modelo de voto electrónico puesto en marcha) y se podría por ello solventar, incluso, con menos restricciones temporales y horarias. Por su parte, el recuento, en la medida en que no sería manual sino automático y digitalizado, también permitiría la obtención de resultados con mucha celeridad.

Conviene oponer a estos supuestos beneficios del modelo de voto electrónico la realidad de la votación tradicional tal y como se realiza en España. La experiencia demuestra que nuestro sistema y la organización de mesas electorales en España garantiza una relativa comodidad y rapidez en el ejercicio del derecho al voto. Las colas en España no son frecuentes ni excesivas. Los colegios electorales no suelen estar excesivamente lejos del domicilio de los ciudadanos. Así pues, la ventaja asociada a la mayor rapidez del modelo electrónico, indudable para aquellos alfabetizados digitalmente y correctamente equipados, queda matizada por el hecho de que el modelo de votación presencial no es desproporcionadamente más lento o incómodo. Por otra parte, y como resulta evidente, estos beneficios no son tales, sino que pueden tornarse, antes al contrario, en desventajas, para aquellas personas que no están totalmente adaptadas al empleo de nuevas tecnologías o que no disponen de los equipos aptos para poder votar electrónicamente. Para estos segmentos de la población la introducción de un voto electrónico como alternativa al sistema actual no redundaría en ganancia de tiempo o comodidad alguna sino, más bien, en lo contrario (habrían de buscar ayuda para ejercer el derecho al voto, lo que plantea, por cierto, problemas adicionales relativos a su carácter secreto y a la necesaria independencia a la hora de ejercer el derecho de sufragio; así como, en su caso, acudir a los centros públicos en los que se hubiera dispuesto el material necesario para ejercer el derecho al voto para aquellos que carezcan de medios técnicos apropiados).

Por último, en relación a la rapidez en el recuento y la obtención de resultados, conviene recordar, de nuevo, que la fórmula en vigor en España es moderada y satisfactoriamente rápida. Como consecuencia, en parte, del modelo electoral vigente y su extremada sencillez y rigidez (las listas cerradas y bloqueadas, por ejemplo, aun suponiendo una indudable pérdida de libertad al ciudadano a la hora de ejercer su derecho de participación, ayudan mucho a la rapidez del recuento). Pero también del despliegue humano y ciudadano, desconcentrado, que colabora en el recuento. Únicamente en las elecciones al Senado los resultados suelen tardar un poco más en obtenerse. Y, aún en ese caso, estamos hablando de un proceso que lleva, como mucho, cuatro o cinco horas hasta la obtención de unos resultados si no todavía absolutamente definitivos, sí muy fiables y, aun provisionales, referidos a la práctica totalidad de los votos emitidos.

1.3. Economía

Suele aducirse que la implantación del voto electrónico redundaría en un importante ahorro para el Estado a la hora de organizar elecciones. Para el Estado o para las Comunidades Autónomas (en un contexto, como el español, en que cada vez va a ser más frecuente la realización de elecciones en una sola autonomía como consecuencia de la libertad de disolución que los nuevos Estatutos de Autonomía suelen conceder a sus respectivos Presidentes) sería mucho más barato poner en marcha un sistema de voto electrónico que sufragar la movilización masiva, basada en un grado de participación ciudadana muy importante, que requiere en la actualidad un proceso electoral.

Con todo, hay que dejar constancia desde un primer momento que esta ventaja comparativa del voto electrónico frente al modelo tradicional se produce sólo si se pone en marcha un sistema de sustitución absoluta de un modelo por el otro. En otro caso, mientras el voto electrónico sea una mera alternativa adicional, o en la medida en que su implantación sea únicamente, como hasta la fecha, voto electrónico realizado en el colegio electoral y con máquinas allí instaladas, pero no voto electrónico a distancia, la supuesta ventaja económica desaparece. Es más, como resulta obvio, el voto electrónico, en tal caso, supondría un mayor nivel de gasto pues por económico que fuera el sistema implementado sus costes, simplemente, se añadirían a los que ya conlleva cualquier proceso electoral.

Asimismo, es preciso dejar claro que el actual sistema de voto implantado en España no es excesivamente caro. Los costes más importantes no son económicos, sino que se derivan en términos de tiempo y esfuerzo dedicado por los ciudadanos, que son testimonialmente retribuidos por ello y que, salvo que concurran causas justificadas, no pueden negarse a prestar su colaboración, instituida como deber ciudadano por parte de nuestro ordenamiento jurídico. Los mayores costes serían, pues, de oportunidad, derivados de las pérdidas generadas por que los ciudadanos no hayan podido dedicar esas horas a otras actividades social o económicamente más rentables. Desde un punto de vista puramente económico, por lo demás, los costes se minimizan de modo muy importante como consecuencia de que las elecciones, tradicionalmente, se celebren en días festivos. De modo que las pérdidas de oportunidad afectan, sustancialmente, al valor que pueda derivarse del tiempo dedicado al ocio más que de pérdidas deducidas de la sustracción de horas laborables, que son las menos. Como es obvio, este tipo de costes se reducirían enormemente en un modelo de votación electrónica a distancia que no requiriera de un empleo masivo de capital humano en forma de horas de dedicación por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, mientras la alfabetización digital no sea sustancial y el equipamiento informático en los hogares suficiente, no es realista plantear un modelo de estas características. O, al menos, no lo sería a nuestro juicio, pues las desventajas sobrepasarían notablemente los beneficios. De modo que cualquier modelo de voto electrónico viable a corto plazo, en la medida en que tendría que establecer numerosas medidas paliativas del estilo descrito y funcionar más bien como modelo alternativo que como sustitutivo, no sería más económico sino, antes al contrario, más caro que el sistema actual.

1.4. Seguridad

Otro factor que suele predicarse del voto electrónico que haría atractiva su implantación es la mayor seguridad del mismo. El hecho de que, una vez emitido el voto, su gestión y recuento dependa de un sistema técnicamente neutro y previamente definido, que opera sin intervención humana, permitiría, supuestamente, garantizar una mayor seguridad.

Como es sabido, esta alegación es una de las más cuestionadas y de las que más controversia ha causado aunque, por lo general, los defensores del voto electrónico (y, por supuesto, los responsables de las diversas alternativas presentes en el mercado), insisten en defenderla. Más allá de las dudas técnicas que pueda suscitar el hecho de que un sistema sea capaz, a la vez, de salvaguardar el carácter secreto del voto y de asegurar la imposibilidad de una manipulación (esto es, que el sistema, a la vez, no guarde rastro del sentido de cada uno de los votos emitidos pero, sin embargo, permita garantizar que los votos computados han sido los efectivamente emitidos), hay un elemento adicional evidente que conviene tener en cuenta. Las alegaciones de una mayor seguridad de los sistemas de voto electrónico se basan en comparar posibles situaciones de fallo en una votación presencial con el funcionamiento ideal del sistema electrónico. Es evidente que las posibles quiebras de seguridad de una elección presencial son muchas. También lo es, sin embargo, que el sistema descentrado y desconcentrado de votación, recuento y control dificulta enormemente, al menos en un contexto como el español, un fraude masivo. La participación de miles de ciudadanos como agentes de control y fiscalización del sistema probablemente conduce, inevitablemente, a la existencia de numerosos pequeños errores en procesos y recuentos. Pero la ley de los grandes números permite confiar en que la incidencia global de los mismos sea más bien limitada. Mientras que, en sentido inverso, este efecto dispersión dificulta notablemente actuar sobre la elección, manipulándola o desviándola, en lo que se refiere a sus resultados globales. Así, los riesgos de seguridad se concentran, precisamente, en los procesos (ya informatizados en nuestro sistema) de recuento final y asignación de escaños (donde, por cierto, ya se ha producido algún error en el pasado). Esto es, en la fase centralizada. Aun así, de nuevo, la participación masiva y descentralizada de ciudadanos, cada uno de los cuales es conocedor del resultado de su mesa electoral, impediría, o dificultaría al menos de modo importante, un proceso de fraude masivo y general.

En materia de seguridad lo cierto es que no parece, tampoco, que las ventajas del voto electrónico sean demasiadas. Como dista de ser evidente cualquier afirmación que pretenda convencernos de que las elecciones en España, celebradas en su formato tradicional, no ha sido hasta la fecha suficientemente seguras en cuanto a la corrección de sus datos y resultados. Y que no lo han sido porque las votaciones y recuentos se han realizado como se han realizado.

1.5. Participación

Por último, suele argumentarse que la implementación de modelos electrónicos de voto supondría un estímulo a la participación. Siendo dudoso que así fuere si se operara una sustitución, pues como se ha dicho la falta de formación y de disponibilidad de medios técnicos supondría la creación de indudables barreras de entrada, al menos a día de hoy, para buena parte de la población, no deja de ser cierto, por el contrario, que el establecimiento de sistemas de voto electrónico como alternativa a los actuales, en la medida en que abriría nuevas posibilidades, sin duda podría estimular la participación.

Esencialmente, el ejercicio de voto electrónico para complementar o como alternativa a los sistemas de voto por correo podría ser extraordinariamente interesante. Abriría la puerta al ejercicio del derecho de voto a muchos ciudadanos que están fuera del país o que tienen problemas de movilidad y permitiría a la población más alfabetizada digitalmente votar de una forma rápida, cómoda y a la que están habituados. En concreto, de la misma forma en que muchos “nativos digitales” se relacionan con sus amigos, juegan, ligan, estudian o incluso trabajan.

Igualmente, en la medida en que ello podría ir de la mano de incrementos de los tiempos en los que el voto fuera posible, ello podría redundar también en una mayor participación.

1.6. Fuerza y pervivencia de los sistemas tradicionales de voto habituales en Europa

Sin embargo, de todo lo expuesto hasta el momento, la conclusión que se deduce con más claridad es más bien la extraordinaria fortaleza y eficacia del modelo de votación presencial tradicional. Es sencillo, lo que permite su comprensión por todos y facilita la participación, sin importar el nivel de formación (basta tener capacidad para leer para poder estar en igualdad de condiciones a la hora de ejercer el derecho de sufragio, sin que a partir de ese punto haya demasiadas diferencias, ni siquiera si comparamos con el ciudadano más formado y con más recursos económicos). No genera discriminación alguna, tampoco, por factores de renta, en la medida en que todos los medios los pone el Estado y en nada depende el ejercicio del derecho de los recursos de que disponga el ciudadano, o no, en su casa o en su patrimonio.

La experiencia nos demuestra, además, que en España los resultados obtenidos lo vienen siendo, elección tras elección, de modo fiable, rápido y seguro, sin que haya habido nunca sospechas de manipulación a una escala relevante. Entre otras cosas, porque lograrla a esa escala en que empezara a ser importante sería enormemente complicado. Es más, la participación de miles de ciudadanos, obligados por el tipo de organización que se pone en marcha, dificultaría mucho cualquier intento de manipulación que, por el contrario, sería mucho más sencillo en modelos centralizados sin control ciudadano en instancias intermedias.

Tiene además el voto tradicional, a mi juicio, un elemento adicional que, lejos de ser una carga, entiendo beneficioso. El hecho de que obligue a acudir al colegio electoral, a seguir una cierta rutina colectiva, a hacerlo en un espacio público, contribuye a situar el ejercicio de un derecho ciudadano básico como es el voto en el contexto que le es propio: el de una actividad cívica compartida e íntima e inevitablemente relacionada con la que realizan los demás. Y, hasta cierto punto, incluso, de carácter festivo. Aun reconociendo las evidentes ventajas pragmáticas que, en una sociedad digitalizada, y para quienes estén plenamente adaptados a la misma, pueda tener el ejercicio del voto electrónico y a distancia, es importante tener en cuenta este factor simbólico, con importantes consecuencias legitimadoras y que, muy probablemente, también puede tener repercusiones, positivas, referidas a la participación.

La conclusión inevitable es que no aparece ningún argumento de peso para plantear la sustitución del actual sistema de votación por otros modelos con mayor peso electrónico, ya sea sólo en el recuento de cada urna, o en la votación y el recuento o, incluso, en todo el proceso, realizado a distancia y desde casa. No aparece en todo este proceso de sustitución ninguna ventaja pública, así como resulta ciertamente costoso justificar la existencia de beneficios a la luz de los objetivos que jurídicamente despliega la Constitución en materia de participación política y procesos electorales.

Los actuales procesos de prueba y sustitución experimental que ya se vienen produciendo en España y países de nuestro entorno tienen más que ver con la tendencia humana a aplicar tecnologías nuevas a poco que sea posible (por curiosidad, por ganas de innovar, por poner en marcha lo que tecnológicamente ya somos capaces de usar…) que con ventajas inherentes a las misma que las hagan superiores para este concreto objetivo. Asimismo, resulta indudable la existencia de una crecientemente potente industria, que está desarrollando aplicaciones de gran utilidad para el ámbito de las votaciones privadas, y que lógicamente presiona en el sentido de tratar de aplicar sus desarrollos también en ámbitos públicos. Sin embargo, parece sensato esperar a que haya ventajas comparativas evidentes en la aplicación de métodos alternativos antes de abandonar los que llevan décadas testados satisfactoriamente y convalidados por su satisfactorio uso.

Por último, debiera quedar claro que, a efectos de garantizar la equidad social y económica, cualquier novedad debiera ser, en primera instancia, mera alternativa al modelo tradicional, mera opción adicional ofrecida a los ciudadanos y no una sustitución que incrementara la exigencias para los ciudadanos, con los problemas que de ello se podrían derivar. Problemas que se refieren tanto al riesgo de marginalización de los sectores sociales menos formados y con menos acceso a la tecnología o incluso al peligro de pérdida de independencia (y riesgos de manipulación acentuados, por ello) para aquellos a los que un incremento de la complejidad del proceso obligara a requerir de ayuda para poder votar (sectores que en la actualidad son los menos, debido a la extrema sencillez del proceso, aunque también existen, como también es sabido –ciegos, por ejemplo, antes de la puesta en marcha de papeletas en braille).

En definitiva, respecto de nuestro actual sistema electoral, no parece que los mayores problemas e inadecuaciones entre los objetivos constitucionales y sus resultados se encuentren en la manera en que votamos, por lo que cualquier sustitución vendría a operar sobre un no-problema o problema inexistente. Y, para no lograr mejoras, lo cierto es que suele ser lo más sensato no hacer nada. Más importante y urgente es actuar sobre las graves quiebras al principio de representación proporcional de los votos emitidos que nuestro sistema electoral provoca, por ejemplo, que sobre unos inexistentes problemas que no lograrían, en el mejor de los casos, más que mejoras esencialmente estéticas o de tipo publicitario que otra cosa. En cambio, la modificación de la ley electoral para asignar escaños de modo más proporcional sí supondría un importantísimo cambio de calado democrático y en al línea de lo que nuestra Constitución pretenden cuando establece la participación política de los ciudadanos a través del voto como un mecanismo para trasladar a la representación política de la manera más eficaz posible las ideas de los ciudadanos.

 

2. El voto electrónico en los procesos de participación democrática ajenos a los procesos electorales

Si bien, como hemos expresado, la aplicación del voto electrónico a los procesos electorales tradicionales nos parece, en la línea de lo ya argumentado, jurídicamente innecesaria y difícilmente justificable, al menos a día de hoy, desde la perspectiva de dar prioridad y fomentar los intereses públicos a los que ha de tender nuestro modelo de participación electoral, este juicio ha de quedar matizado si lo referimos a aquellos procesos de participación democrática diferentes a, ajenos a, los procesos electorales en sentido estricto.

En efecto, otro de los habituales argumentos a favor del voto electrónico suele poner de manifiesto su capacidad para extender la democracia a un modelo de participación más activo y profundo que el que habitualmente se ha configurado en nuestras democracias occidentales, que se limitaría, prácticamente, a votar ritualmente cada equis años (cuatro, en nuestro sistema, aunque la sucesión de diferentes convocatorias permite que las citas electorales se sucedan cada menos tiempo, con los efectos de control político que ello supone) y poco más, lo que sería dudosamente democrático. Las nuevas tecnologías harían posible la participación política en un plano diferente, más constante, e, incluso, llevado el argumento a su extremo, permitirían una especie de democracia directa digital, con todos los ciudadanos potencialmente partícipes, gracias a la votación electrónica, de las decisiones públicas, de la conformación de una suerte de e-volonté générale.

Conviene, sin embargo, plantear algunas objeciones de principio a este paradigma supuestamente libertario e igualitario que no por obvias dejan de ser de recuerdo necesario.

2.1. El sentido político de la representación

Una primera y muy importante cautela se refiere a la propia crítica a la idea de representación. Lejos de ser entendida política, jurídica y constitucionalmente como un “mal menor” al que recurrir cuando no hubiera más remedio, cuando no existiera forma humana o tecnológica de poner en contacto a los ciudadanos de modo directo, la representación política tiene un sentido adicional y presenta ventajas añadidas nada desdeñables.

En primer lugar, como en todos los órdenes de la vida (piénsese en la organización económica dominante en el planeta), la división del trabajo aporta ventajas competitivas en cada actividad a quienes se especializan en ella y, como resultado de ello, genera una mayor eficacia general. Es dudoso, por ello, que, incluso en el caso de que los medios electrónicos lo hicieran posible, un proceso de conformación de la toma de decisiones públicas en todos sus niveles, extensión y profundidad, fuera profundamente desaconsejable. Y no tanto por cuestiones de preparación técnica, pues como es obvio la mayor parte de las decisiones políticas, a partir de un determinado punto, tienen un componente no necesariamente predeterminado por el grado de conocimiento del tema sino por consideraciones de tipo ético o valorativo, sino de simple especialización en la dedicación. El tiempo que habría de ser dedicado a estas cuestiones sería tanto que no permitiría adoptar decisiones de modo razonable y aceptablemente eficaz a los ciudadanos que hubieran de compatibilizarlas con otras tareas.

En segundo lugar, porque la representación permite una mayor calidad y profundidad del debate político, así como flexibilidad y adaptabilidad. Se convierte en un elemento moderador, lo que siempre es necesario a la hora de establecer modelos de toma de decisiones.

Pero al margen de las ventajas asociadas a los modelos representativos, no podemos perder de vista la existencia de riesgos añadidos asociados a modelos de democracia directa a partir, precisamente, de la propia defensa de los ideales democráticos.

2.2. La brecha digital, la cultural y la participación en los asuntos públicos

Por supuesto, e incluso en el caso de que todas o, al menos, una parte de las decisiones públicas fueran derivadas a la formación de una voluntad popular común expresada por vía electrónica, habría que poner de manifiesto otros riesgos asociados. A saber, que las decisiones así adoptadas lo serían por un cuerpo social, por un sector de la población, que no se correspondería con el que es responsable de las elecciones directas concretadas en los procesos electorales y el control indirecto de las decisiones de los responsables así elegidos.

Como es sabido, en España la participación electoral ordinaria excluye de suyo, ya en estos momentos, a entre un 50 y un 20% del cuerpo electoral según los procesos y convocatorias (con mínimos de participación para las elecciones europeas y, según regiones, para las autonómicas y máximos en las elecciones generales más competidas y juzgadas como más importantes). Los estudios menos alarmistas destacan que, como mínimo, el modelo de participación y representación política vigente excluye al menos a un 15% de la población de forma constante y continuada. Se trata de un grupo social que no vota nunca ni participa de los medios de conformación de la voluntad popular, grupo habitualmente asociado a ciertos niveles de renta y con más preponderancia de opciones u orientaciones políticas con un determinado sesgo, por cierto.

Un modelo de participación ciudadana basado en el voto electrónico, que exigiría de más tiempo, compromiso, preparación, interés y medios técnicos en casa para participar efectivamente restringiría aún más el cuerpo electoral, con los correspondientes sesgos inducidos. En concreto, fomentaría más su cabe actuales tendencias tales como:

– correlación positiva entre niveles de estudios y participación electoral,

– correlación positiva entre niveles de renta y participación electoral,

Y afectaría, sin duda, a las actuales tendencias en materia de participación dependiendo de grupos de edad. Como es obvio, además, los grupos con más tiempo disponible, lo que no equivale necesariamente a la parte del cuerpo social más preparada y competente, dispondrían de más ocasiones de participar activamente. Algo que, con independencia de la preparación (porque también merecería un juicio negativo si primara a los más aptos), por cierto, no es de ningún modo ni muy justo ni muy democrático.

En cualquier caso, se juzguen como se juzguen estos efectos, lo que es claro es que resulta dudoso que la puesta en marcha de un sistema que restringe el cuerpo electoral que efectivamente participa en la toma de decisiones sea más democrático. Frente a la afirmación clásica (que se emplea para eliminar los reparos a los sesgos que puedan derivarse de la asimétrica participación en los procesos electorales de los diferentes grupos sociales) de que el principio democrático es escrupulosamente respetado por disponer todos de idénticas opciones y posibilidades, resulta evidente, sin embargo, que no podemos obviar el hecho de que las condiciones de existencia y situación personal predeterminan de modo notable las efectivas posibilidades, obligando, dependiendo de los casos, a mayores o menores esfuerzos. Esta realidad no puede ser desatendida. Porque podríamos llegar al paradójico resultado de, por la vía de estar formalmente expandiendo el principio democrático, acabar excluyendo del sistema a amplias capas de la población.

2.3. Ámbitos de aplicación del voto electrónico a la dinamización de procesos de participación

Si bien las razones apuntadas permiten mantener cierto distante escepticismo con las afirmaciones que pretenden ver en el voto electrónico y sus posibilidades un paradigma de renovación democrática por medio de la instauración de medios de representación directa sí es cierto que, a una escala bien diferente, el voto electrónico puede resultar una herramienta extraordinariamente interesante para fomentar procesos de participación que tendrían una gran capacidad de incidir en una mayor democratización  y en una profundización de la implicación ciudadana en la toma de decisiones.

En concreto, es evidente que los mecanismos de voto electrónico, ya sea en un espacio público, ya sea a distancia, ya sea combinando ambas modalidades, pueden simplificar enormemente procedimientos de consulta y participación que tienen un componente de renovación democrática importantísimo. En concreto, y en España, estas alternativas podrían alentar la organización y gestión, de modo relativamente sencillo y barato, de todo tipo de consultas que las autoridades, municipales, por ejemplo, puedan querer desarrollar a fin de dar voz a los vecinos sobre decisiones que puedan afectar a su pueblo o ciudad. A partir de la instrumentación de iniciativas de este tipo sí se puede concretar el sueño liberador, o al menos una importante parte del mismo, asociado tradicionalmente a las posibilidades liberadoras inherentes al voto electrónico.

Con todo, debe ser señalado que, en España al menos, los motivos de que este tipo de posibilidades de participación ciudadana hayan sido poco exploradas tienen poco que ver (o, al menos, no sólo que ver) con las dificultades materiales de desarrollo de la consulta. Los problemas han aparecido, más bien, tradicionalmente, en la propia arquitectura jurídica del sistema, que los desincentiva de modo claro. Así, respecto de las Comunidades Autónomas y sus competencias, los problemas para su puesta en marcha son enormes, habiendo cierto consenso, incluso, en la actual imposibilidad legal de que se lleven a cabo a falta de una habilitación expresa para ello. En cuanto a los ayuntamientos, la ley de bases del régimen local permite consultas, pero sólo sobre asuntos estrictamente locales (lo que una delirante jurisprudencia del Tribunal Supremo ha llevado a entender que no incluiría al urbanismo, por la participación autonómica en la aprobación definitiva de los planes, en lo que constituye un buen ejemplo del muy restrictivo juego que se ha querido dar a la figura) y previa autorización estatal. Por último, y como es más conocido, el referéndum estatal no es una figura ni usual ni habitual en nuestra cultura jurídica. Pero, además, está sometida a grandes restricciones en la Constitución, que lo categoriza con carácter general (hay algunas excepciones) como meramente consultivo, desactivando de este modo, desde su mismo reconocimiento, sus posibilidades como instrumento participativo y político.

En definitiva, se pretende poner de manifiesto con este aceleradísimo repaso que si bien el voto electrónico está llamado inevitablemente a dinamizar este tipo de modelos de participación y consulta, lo que sin duda será una muy buena noticia, dado que su escasa práctica en España es una de las más notorias carencias de nuestro modelo de participación democrática, las más importantes restricciones tienen que ver con elementos estructurales de nuestra cultura jurídica antes que con las facilidades o dificultades de la instrumentación técnica del proceso. Bienvenidas sena las posibilidades técnicas, sobre todo en la medida en que pueden ayudar a poner de manifiesto que las restricciones nada tienen que ver con supuestas dificultades para desarrollar estos mecanismos de participación. Porque la realidad es que lo que hace falta en nuestro país para lograr importantes mejoras en este campo no es otra cosa que la voluntad de iniciar la vía.

 

3. La participación democrática en la sociedad digital

La conclusión más clara que se deriva de cuanto se viene diciendo es que los importantes cambios que para la democracia y participación ciudadana se derivarán necesariamente de los cambios tecnológicos asociados a la digitalización y las comunicaciones electrónicas no han de pasar necesariamente por la puesta en marcha de sistemas de voto electrónico. No es objeto de este breve comentario, pero resulta indudable que los medios y formas de participar en el debate público y de conformarse la opinión pública libre en una sociedad democrática cambiarán radicalmente, lo están haciendo ya, como consecuencia de los importantísimos avances que las tecnologías de la información y de la comunicación han vivido y seguirán viviendo. De la mano de estos cambios, la manera en que nuestras democracias funcionarán y sus pautas de participación política se verán enormemente modificadas. Pero para garantizar que los ideales de democracia, libertad e igualdad asociados a la capacidad expansiva inherente a estos cambios, a la potencia liberadora que tiene la revolución tecnológica en marcha, es evidente que la batalla jurídica clave no reside tanto en los mecanismos de votación y su concreta instrumentación sino, más bien, en la defensa de las libertades y garantías constitucionales, ejercidas también (aunque no sólo) a través de la Red, y cuya importancia y carácter expansivo, así como la necesidad de defenderlas de manera militante,  no parecen, a veces, del todo asumidas. Todavía.



18 comentarios en ¿Es necesario el voto electrónico?
  1. 1

    Yo veo también impracticable su implantación inmediata.
    Como dices se podría plantear como experiencia piloto, tipo TDT, en algunas mesas pero no como método sustitutivo sino como alternativa.

    Y si no funciona al menos nos echaríamos unas risas con las entrevistas a los abuelos y paisanos o con las incidencias porque se cuelgue el sistema o peten las mesas electrónicas.

    Por otra parte, puestos a pedir yo pondría en marcha la posibilidad de solicitar y emitir electrónicamente las certificaciones censales específicas.

    Se podrían decir más cosas pero vista, por ejemplo, la marcha de la implantación de la Ley 11/2007, de 22 de junio y ya no te digo las nuevos fascículos de «Historias de Ciencia Ficción» que nos depara el IMI y la Ventanilla Única Electrónica de la Ley 17/2009, mejor parar aqui.

    Por cierto, puestos a pedir ( aunque no sea el tema en cuestión), ¿qué opinión te merece la última modificación de la Ley de Tráfico?. Creo que tiene cosas curiosísimas, pero por plantear alguna desde la ignorancia se me ocurre preguntar que opinión te merece el art. 80.

    PS: ¿Existen actos administrativos ( vamos, Resoluciones) que no sean susceptibles de recurso en via administrativa?. Ni alzada, ni reposición (dependiendo si definitivo o firme). ( A mi en alguna ocasión me ha llegado alguna, en materia de subvenciones, y me he quedado patidifuso).
    ¿Pueden actos administrativos idénticos ( vamos, las multas de tráfico) ser o no recurribles en via administrativa dependiendo si se opta por el «prontopago»?.
    ¿ Insistimos en que Prontopago= renuncia a formular alegaciones y terminación del procedimiento sin necesidad de dictar Resolución expresa?.

    Give me the money!!

    PS: Al loro Vivar, al loro ( » pa qué garantías»)

    …. ( igual soy yo y es que «nunca me entero de nada» como dirían Los Planetas»).

    Comentario escrito por josé luis — 29 de noviembre de 2009 a las 9:35 pm

  2. 2

    Respecto al PS dejo fuera claro a los actos de trámite no cualificados

    Comentario escrito por josé luis — 29 de noviembre de 2009 a las 9:47 pm

  3. 3

    Ahmm ahora. Bueno Vivar no, Divar… el Cid poco tiene que ver aquí.

    Perdón por las molestias

    Comentario escrito por josé luis — 30 de noviembre de 2009 a las 1:40 pm

  4. 4

    Todo lo que afecte a avances de la sociedad de la tecnología puede estar disponible en poco tiempo, antes de lo que imaginemos. Todo lo que dependa del Derecho estará disponible vete tú a saber cuándo. A mí esto me lleva a la reflexión de que lleva demasiado tiempo ponerse de acuerdo sobre las garantías necesarias para disfrutar de unas posibilidades sobre las que estuvimos de acuerdo todos desde el principio.

    Por cierto, la dura realidad del día a día se empeña en demostrar por qué en el ámbito jurídico hay determinadas inquietudes que después termina lamentando toda la sociedad. Lo digo a cuenta de lo que se ha criticado por aquí la proyección pública de los sumarios y la figura del imputado, y el reciente caso del chico canario y la muerte de la niña pequeña. Qué país, por Dios!

    Comentario escrito por piterino — 01 de diciembre de 2009 a las 1:23 pm

  5. 5

    Pues sí, piterino, lo del chico canario es espectacular. Y un muy buen ejemplo de hasta dónde pueden llegar los excesos aquí criticados como pillen por banda a alguien claramente inocente: 3 días enteritos en comisaría sin ninguna justificación, siendo torturado por medio de coacciones psicológicas de todo tipo, exposición pública con fotos humillantes, filtraciones de la poli a los medios de comunicación sobre lo que había hecho o dejado de hacer el acusado…

    Respecto de lo que comenta José Luis, no me consta que haya actos administrativos que no puedan ser recurridos. Pero todo podría ser. Lo que hay, y ha habido siempre, es una imposibilidad de recurrir el llamado «acto consentido». Es decir, que si el ciudadano realiza algún tipo de acto del que se pueda deducir su aceptación del acto administrativo en cuestión, no podrá recurrirlo (lo cual no significa, por lo demás, que el acto no pueda ser recurrido, ya que cualquier otro interesado que no hubiera hecho actos de aceptación sí podría todavía hacerlo).

    En cuanto a la ley de tráfico, la verdad, es una prueba de cómo está cambiando el Derecho sancionador. No tengo una opinión, lo reconozco, definitiva sobre el tema. Pero lo que está claro es que los perfiles, fines y concepción del poder punitivo del Estado en su versión administrativa están cambiando de forma radical, probablemente por presiones derivadas de exigencias de eficacia y de capacidad de intervención social. Aun reservándome, como ya digo, mi opinión, toda esta «economización» del asunto me inquieta de modo difuso. Ya digo que no me atrevo a emitir una opinión tajante, pero en general me preocupan los efectos que se puedan derivar de todo esto en términos de igualdad. Me da la sensación de que cada vez más vamos a un mundo donde el nivel de renta tendrá mucho que ver con hasta qué punto las multas pueden llegar a «doler» y ser efectivas o no. (o, más bien, a un mundo donde eso se aceptará con total naturalidad)

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 02 de diciembre de 2009 a las 8:29 am

  6. 6

    Gracias por la contestación.

    Solo una cuestión previo respecto a un error mio ( mea culpa). Cuando dije definitivos o firmes quería decir definitivos o fin a la via administrativa. ( No se como llamaran los psicólogos a esta mania que tenemos los hombres de tropezar miles de veces con la misma piedra).

    Comparto totalmente vuestra opinión sobre lo del chico canario. La portada del ABC de «la mirada de un asesino» lo dice todo. Por otra parte últimamente ya hemos visto señales de estas cosas. En cualquier caso la reacción de la prensa no se ha hecho esperar y como yo caen una y otra vez en el mismo error, pero el suyo es más grave: Ahora le echan toda la culpa a los médicos. Hasta ayer en la radio oí a una conocida contertulia pidiendo sangre contra los médicos, conocer sus nombres para publicarlos a ser posible con sus fotos.

    Una cosa es que yo sea estúpido, otra que todos seamos imbéciles, pero que encima tengan tanta cara dura es el no va más.

    Comentario escrito por josé luis — 02 de diciembre de 2009 a las 8:56 am

  7. 7

    «En cualquier caso, se juzguen como se juzguen estos efectos, lo que es claro es que resulta dudoso que la puesta en marcha de un sistema que restringe el cuerpo electoral que efectivamente participa en la toma de decisiones sea más democrático. Frente a la afirmación clásica (que se emplea para eliminar los reparos a los sesgos que puedan derivarse de la asimétrica participación en los procesos electorales de los diferentes grupos sociales) de que el principio democrático es escrupulosamente respetado por disponer todos de idénticas opciones y posibilidades, resulta evidente, sin embargo, que no podemos obviar el hecho de que las condiciones de existencia y situación personal predeterminan de modo notable las efectivas posibilidades, obligando, dependiendo de los casos, a mayores o menores esfuerzos. Esta realidad no puede ser desatendida. Porque podríamos llegar al paradójico resultado de, por la vía de estar formalmente expandiendo el principio democrático, acabar excluyendo del sistema a amplias capas de la población.»

    A mí este punto me parece fundamental y además me trae a la cabeza ecos del pasado reciente de las democracias liberales. El voto censitario, la restricción de las condiciones a cumplir para ejercer la ciudadanía y toda una serie de regulaciones excluyentes en nombre del, manda huevos, universalismo han sido prácticas habituales en el mundo occidental post-antiguo régimen hasta no hace tanto, y cabe preguntarse cuánto de eso queda en la práctica habitual de nuestros días, aún sin voto electrónico, pero el jurista no soy yo.

    Es por esto creo que la cosa tiene visos de prosperar, me temo. Tendrá la ventaja de que el voto de los pensionistas dejará de ser determinante, eso sí. Pero lo cierto es que podría ocasionarse un problema similar al ocasionado por las altas tasas de analfabetismo en los dos últimos siglos, en este caso analfabetismo digital, y personalmente considero que el ejercicio del voto debería exigir al ciudadano las mínimas competencias posibles si de lo que se trata es de que la participación sea realmente universal.

    En todo caso esto es un apunte a vuelapluma, que aún no he leído el texto con la atención que merece.

    Un saludo.

    Comentario escrito por Bah — 02 de diciembre de 2009 a las 2:17 pm

  8. 8

    Aunque ignoro si se hace me pregunto: ¿ No estaría bien una experiencia piloto de voto electrónico en las elecciones que hay en las Universidades?.

    Dos ideas:

    1)Me da la impresión de que en las Administraciones Públicas la mayor parte de la gente anda muy perdida en los nuevos temas de la Administración Electrónica. Es más, hay infinidad de Administraciones Públicas para las que este tema de «informáticos» se ubica más o menos en Alfa Centauro.

    Pensemos sin ir más lejos un tema tan común como el de la gestión electrónica de facturas. A ver quién es el guapo que lo tiene implantado. Por otra parte la inmensa mayoría del sector privado en nuestro país lo constituyen pequeñas empresas y autónomos que tampoco lo llevan al día.

    2) Por lo que respecta a lo comentado sobre las multas de tráfico y el » pronto pago» creo que hubiera sido mejor una actitud más prudente del legislador, y es que los actos consentidos creo que deben interpretarse restrictivamente e igual es mejor caso por caso y no, » plantificarlo» en la Ley. Entre otras razones porque la casuística es numerosísima y variada.

    Pero como bien dice Andrés el rio que suena es el de la eficacia y el del dinero.

    A mi la reducción de 50 % por pagar rápido y callar me suena a «chantaje emocional». Por otra parte difusamente también me hace tambalear en mi creencia en el principio de proporcionalidad.

    Comentario escrito por josé luis — 02 de diciembre de 2009 a las 7:22 pm

  9. 9

    http://www.contencioso.es/?p=3551

    Sobre el tema del tráfico

    Comentario escrito por josé luis — 03 de diciembre de 2009 a las 12:29 am

  10. 10

    Celebro tu opinión ponderada sobre el voto electrónico. La opción fácil sería «subirse al carro» digital y aceptarlo sin más sobre la base de un supuesto progreso.
    El actual sistema, con todas las imperfecciones que quieran, tiene la gran ventaja que hay muchos ojos mirando un recuento de manera que se dificulta gravemente un pucherazo.
    En cambio, en el caso del voto electrónico, no sé…Tal vez sea el pertenecer a la última generación de la era Gutemberg, pero no acabo de fiarme de los resultados que salen del aparatito. Pueden parecerse demasiado a las papeletas mariposa de Florida del año 2000.

    Comentario escrito por Ramon López — 05 de diciembre de 2009 a las 2:50 am

  11. 11

    ¡Ya era hora de que alguien criticara las tonterías del voto electrónico!

    Básicamente, a las empresitas del ramo, que les den. Yo me dedico a esto desde la Administración y no podéis imaginar la de mierda que nos venden, cómo intentan colarnos una y otra vez las mismas porquerías. Lo entiendo, es su negocio. Pero los políticos, ¿cómo es posible que no se pregunten si sirve para algo, si resuelve algún problema? Sobre todo, joder, ¿es que tenemos algún problema?

    Un día que tenga tiempo os contaré una historia de terror sobre la asignación de un escaño por León a cargo no de los electores sino de INDRA.

    Si funciona… ¡no lo toques!

    Comentario escrito por El ogro de Bakú — 05 de diciembre de 2009 a las 1:10 pm

  12. 12

    Yo tampoco veo clara su necesidad ni mucho menos. Además tengo muchas dudas de que no fuera aún más fácil la presión y la manipulación sobre determinadas personas para ejercer el derecho al voto en un sentido determinado.

    El sistema actual presencial o por correo para casos especiales me parece que funciona razonablemente bien. Si uno se abstiene porque le da pereza salir de casa, tal vez es mejor que se abstenga.

    Comentario escrito por Jordi P. — 07 de diciembre de 2009 a las 12:37 pm

  13. 13

    Interesante artículo de Jordi Barrat, que este tema se lo controla:

    http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/Els__guardians__de_l_autonomia/Observacio_electoral_i_vot_electronic/ca?set_language=ca&cl=ca

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 17 de diciembre de 2009 a las 6:22 pm

  14. 14

    ¡Hola! ¡¡Feliz año a todos!!

    Estoy de acuerdo con la conclusión del artículo, el voto electrónico no es la mejor apuesta si de aplicar las nuevas tecnologías se trata porque hay otros donde de aplicarse el impacto que se obtendría sería más importante, por ejemplo, el de la información pública.

    ¿Sabéis si se está tramitando algún proyecto de ley de transparencia administrativa? El PSOE creo que lo lleva repetidamente en sus programas electorales y que de vez en cuando sale en los periódicos que es increíble que España aún no tenga una ley que permita acceder a la información de las Administraciones Públicas y es que de verdad lo es. ES INCREÍBLE!

    Debemos poder preguntar cuál es el importe adjudicado por contratación pública y obtenerlo, cuáles son las empresa perceptoras de subvenciones y obtenerlo, cuál es el importe destinado a programas contra el cáncer y obtenerlo, cuántas personas trabajando para un sindicato y cobrando el sueldo de la Administráción hay y obtenerlo, cuánto personal interino hay en la Administración y obtenerlo, el coste de contratar con personal de empresas externas a la Administración y obtenerlo y así un número ilimitado de cuestiones.

    Eso sería importantísimo para el ejercicio del control social ciudadano.
    Ya se puede obtener alguna información si uno se trabaja los boletines oficiales y similares pero esa carga de trabajo no ha de caer en nosostros sino en la Administración, que es la que debe rendirnos cuentas de su gestión y con las webs, las bases de datos, os cruces de datos entre éstas… es fácil.
    Ahí es un muy buen lugar para poner el dinero público

    Comentario escrito por Mar — 15 de enero de 2010 a las 7:56 pm

  15. 15

    Tienes toda la razón. Se supone que el Gobierno lleva un tiempo preparando un proyecto de ley. Me dijeron que hay incluso un borrador de anteproyecto circulando ya por ahí. De todos modos, no creo que sea la panacea, aunque sin duda ayudaría. Entre que no será muy ambicioso y que nuestra cultura jurídica es la que es…

    Una de las prácticas que suelo hacer todos los años con mis alumnos es enviarlos a sus ayuntamientos a que pidan el expediente de algún asunto ya cerrado de tipo local que les interese. Este año, aprovechando el Plan E, tenían que buscar los expediente de alguna obra financiada con ese fondo y, de paso, usarla para hacer un trabajito sobre contratación pública. Los resultados, diversos, han sido, por lo general espectaculares. Ya puedes imaginar en qué sentido.

    En cuanto a contratación, se supone que ya se están aplicando las leyes 11/2007 y 30/2007. Digo yo que todas las Administraciones tendrían que tener ya sus paginillas con toda la información en la materia. Lo que pasa es que una cosa es la obligación legal y otra lo que ocurre en la práctica. Ya digo que, en realidad, además de las normas, hay que cambiar la cultura jurídica del país.

    Poco a poco, esperemos, la cosa irá a mejor. Pero, de momento, sin duda, el resultado es descorazonador.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 21 de enero de 2010 a las 10:11 pm

  16. 16

    Pues aquí creo que no es antes ni el huevo ni la gallina y que ir aumentando la cultura jurídica-política -con a finalidad de ser conscientes de lo que podemos exigir- ha de ir paralelo a la puesta en marcha de esos proyectos.

    Sobre el tema enlazo dos links:
    – uno sobre la puesta en marcha de la apertura de datos en Gobierno Vasco
    http://eadminblog.net/post/2010/01/23/proyecto-apertura-de-los-datos-publicos-open-data-euskadi

    – otro con un enfoque interesante
    http://oikoumene.nireblog.com/post/2009/11/15/governomics

    Comentario escrito por Mar — 25 de enero de 2010 a las 10:11 pm

  17. 17

    Pues sí, la verdad. Es curioso que para muchas de estas cosas en Euskadi hayan ido tradicionalmente por delante del resto de España.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 26 de enero de 2010 a las 8:00 am

  18. 18

    INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)

    Otra iniciativa menos de gestión y más conectada con la aplicación de las nuevas tecnologías a los grandes derechos.
    Sobre qué va antes, el huevo o la gallina, parece que Julián Valero apuesta por que contar con este tipo de herramientas va a estimular el activismo ciudadano:
    «»Pero la gran dificultad para presentar una ILP hasta ahora ha determinado que, pese a existir una legislación desde 1984, hayan sido muy limitados los casos en que se ha hecho uso de esta herramienta, ya que resultaba ciertamente complicado en primer lugar conseguir 500.000 firmas utilizando medios «presenciales»; y, en segundo lugar, gestionar todo el procedimiento de validación de las firmas conseguidas. Por ello, la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar el DNI electrónico para ejercer este esencial derecho debe considerarse un hito de gran trascendencia, ya que se simplificarán enormemente dichos trámites y, en consecuencia, se facilitará la presentación de estas iniciativas» (Julián Valero)

    El huevo, la aplicación. Las gallinas, las ILP que lleguen a ser formalmente planteadas. Y aquí el enlace a su blog y la noticia, http://modernadministracion.blogspot.com/2010/02/por-fin-se-puede-firmar-con-el-dni-e.html

    Comentario escrito por Mar — 05 de febrero de 2010 a las 6:48 pm

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