Huelga de jueces (2)

Hoy se ha producido una segunda huelga de jueces y magistrados, convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria del colectivo, pero que ha resultado menos apoyada que el paro del pasado enero.

No tiene sentido reproducir aquí los argumentos que en su momento, con motivo de las primeras movilizaciones, ya dejamos apuntadas. En resumen, que nos parece obvio que los jueces y magistrados, como otros colectivos podrían perfectamente (y sería plenamente constitucional) ver restringido su derecho de huelga si el Parlamento así lo aprobara por medio de una ley, pero que, en ausencia de una norma limitadora, es también muy complicado entender que un derecho constitucional como es el de huelga pueda quedar por vía interpretativa excluido para los jueces.

Ahora bien, esta segunda huelga sí permite apuntar una consideración adicional. Y es que, frente a los argumentos defendidos en este blog, así como por muchas otras personas, la versión más «oficial» y «oficialista» sigue sosteniendo que los jueces no tienen derecho de huelga porque «son un poder del Estado», porque «no son empleados», porque «nadie puede hacer huelga contra sí mismo» y porque «no lo tienen reconocido». Esta doctrina es reiterada desde medios de comunicación, desde el Gobierno, desde buena parte de la doctrina y, sobre todo, desde el Consejo General del Poder Judicial.

La postura del CGPJ es especialmente interesante, porque tienen la oportunidad de demostrar que no es una posición meramente retórica. Si tienen de verdad claro que los jueces no tienen derecho de huelga, los paros de hoy debieran suponer la inmediata apertura de expedientes disciplinarios. Con la movilización de enero, dado que las normas disciplinarias de los jueces entienden que sólo comete una falta el juez o magistrado que sin justificación abandona 2 días el puesto de trabajo. Esto es, que sólo con la primera huelga, en el caso de jueces que no hubieran faltado antes al trabajo, no podían sancionar. Pero, dado que desde enero hasta hoy todavía no ha prescrito la primera ausencia, una segunda, en el caso de los jueces que hayan seguido las dos huelgas, sí habría de comportar sanción caso de que, efectivamente, los jnueces no tengan derecho de huelga en nuestro ordenamiento jurídico.

El CGPJ, si efectivamente así lo entiende, debería sancionar las ausencias. Y si no lo hace está demostrando de manera mucho más reveladora que todas las declaraciones que puedan hacer en el sentido de afirmar su convicción de que la Constitución no contemploa el derecho de huelga de jueces y magistrados que, en contra del sentido de éstas, en realidad sí creen que, en ausencia de limitación contenida expresamente en una ley, no se puede pretender que los jueces carezcan de este derecho fundamental.



3 comentarios en Huelga de jueces (2)
  1. 1

    De todos los órganos superfetatorios e inútiles creados al amparo de la CE de 1978, el CGPJ se lleva la palma. Es insuficiente decir que está politizado: la realidad de este engendro se describe mejor como sucursal o terminal de los partidos, mero «mandatarario» de estos (como lo ha definidio Alejandro Nieto).

    El CGPJ no ha dicho exactamente que los jueces no tengan derecho a hacer huelga, ni tampoco lo contrario. Lo que ha hecho, siendo fiel a su histórica línea de actuación, es lavarse las manos y no darse por enterado, como si la cosa no fuera con ellos. La verdad es que tal derecho no está expresamente restringido, pero tampoco acabo de ver claro que los jueces hagan dos huelgas en tan poco tiempo. Acabarán conviertiéndolo en algo trivial y sin ninguna relevancia.

    Creo que esta segunda huelga se debe más a líos asociativos y corporativos (elecciones el mes que viene a las Salas de Gobierno) que a una verdadera oposición a las reformas en curso. Y no es que falten razones para oponerse, porque la nueva oficina judicial -y es sorprendente que los jueces no se den cuenta- supone, sin ninguna exageración, el fin del modelo constitucional que garantiza un Poder Judicial independiente. Si a la reforma se le suma el proceso de transferencia a las Comunidades Autónomas de parte de las competencias sobre medios materiales y personales de la justicia, el golpe es completo y perfecto: siglos de lucha por la separación de poderes van a quedar definitivamente arrumbados, reapoderando al ejecutivo y arrinconando a los jueces al final de un procedimiento dirigido y controlado por el Gobierno, que decidirá -sin posibilidad de oposición eficaz- qué procesos se tramitan, cuándo y contra quién. La puntilla vendrá después, atribuyendo la instrucción penal a los Fiscales, es decir, al Gobierno. Esto es lo verdaderamente importante, me parece.

    Comentario escrito por Luisa — 09 de octubre de 2009 a las 11:32 am

  2. 2

    ¿Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, no hizo unas declaraciones diciendo que los jueces no tenían derecho a la huelga? La verdad es que me suena que sí, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Y, en cualquier caso, siempre es difícil con esta mujer saber cuándo habla en su nombre y cuándo en nombre del Consejo. Porque, como le gusta tanto salir en los medios de comunicación a a contar cositas sobre esto y aquéllo, y siempre lo hace (y, de hecho, por eso la entrevistan) como «portavoz del CGPJ».

    En cualquier caso, la inactividad del CGPJ frente a un par de jornadas de huelga realizadas con luz y taquígrafos tiene un claro significado jurídico: si no actúan contra los jueces es porque les reconocen el derecho a hacerlo.

    Tienes, por lo demás, toda la razón, Luisa, en que otra cosa es si tiene sentido ir a la huelga por lo que ha ido la APM. Y en que, con estas cosas, ojito. Porque usar en demasía el derecho de huelga conduce a que pierda parte de su poder de intimidación. Baste señalar que la primera, es obvio, debilitó la posición del Ministerio en los temas en conflicto y, con la impagable ayuda de las correrías cinegéticas de Bermejo, condujo a cobrarse una pieza de caza mayor. No parece que esta segunda haya debilitado demasiado a Caamaño, la verdad.

    Coincido contigo en las críticas a la pretensión de quitar ciertas funciones, indudablemente unidas a la función jurisdiccional, a los jueces. Publicamos en «El Cronista» hace bien poco un trabajo de De la Oliva sobre esta cuestión que creo está muy bien argumentado. También estoy de acuerdo contigo en tus recelos hacia la instrucción por parte de los fiscales. Prometo que me he leído siempre con mucho interés las disquisiciones de eminentes juristas, muy progresistas por lo general, sobre la cuestión y que sus razones para propugnar el cambio siguen sin convencerme. Hay un debate interesante en el nº 0 de «Teoría y Derecho», de hace un par de años, con un trabajo del ahora famoso Juan Montero que, la verdad, creo que tiene toda la razón. Me da la sensación de que todo es un intento bienintencionado pero que puede tener consecuencias peligrosísimas en materia de garantías, propugnado por quienes ven las virtudes de otros modelos y tratan de trasladarlas al nuestro sin darse cuenta de que estructuralmente es tan diferente que lo que probablemente obtendríamos serían más bien vicios y una inquietante pérdida de imparcialidad en la dirección de la investigación criminal.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 10 de octubre de 2009 a las 5:58 pm

  3. 3

    Entiendo que los jueces y magistrados estan mal pagados en relación a la responsabilidad que soportan unido a la presion. Pero en ocasiones estan siendo conocedores del poder que ostentan que no deja de ser publico y emanado del pueblo. Es decir no es algo suyo sino delegado.

    Comentario escrito por rinberabogados — 16 de octubre de 2009 a las 12:26 pm

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