Algunas reflexiones sobre el Decreto-ley de la TDT de pago

La actualidad en España pasa sorprendentemente desde hace unas semanas por un atento análisis a un aparentemente abstruso Decreto-ley aprobado por el Gobierno español en pleno mes de agosto (con el bonito elemento exótico, por ello, de que esté firmado en Palma de Mallorca, lo cual siempre da un tono sandunguero, entre regata y copichuela agostí, a la cosa que se agradece) y convalidado por una amplia mayoría en el Parlamento hace unos días.

La norma en cuestión se ha dictado al amparo del artículo 86 de la Constitución que, como es sabido, concede en España al Gobierno la posibilidad, excepcional en el Derecho comparado (prácticamente, en nuestro entorno, sólo en Italia el Gobierno cuenta con una habilitación comparable), de dictar disposiciones con fuerza de ley que tendrán una validez provisional (de un máximo de 30 días), hasta su convalidación por el Congreso. Ahora bien, el apartado primero de ese precepto señala que tal posibilidad queda restringida únicamente a los casos «de extraordinaria y urgente necesidad».

Como se puede ver, eso de «extraordinaria y urgente necesidad» queda bastante dramático y hace pensar que sólo muy excepcionalmente estará justificado el recuros a tal medida. Pero dada la que se ha montado con el decretazo de marras, da la sensación de que, en efecto, estamos enfrentados en este caso a una situación realmente fuera de lo ordinario y grave, gravísima, para el país. Porque, en efecto, el contenido de la norma aprobada por el Gobierno ha generado tal polémica que ha provocado un ataque sin precedentes por parte de Juan Luis Cebrián, alma mater del diario El País y de todo el entramado editorial de PRISA, quien ha considerado que estamos ante una gresión inusitada al Estado de Derecho, propio de un Gobierno dictatorial y que supone el más claro ejemplo de corrupción y autoritarismo que en España ha habido y que pueda recordar el empresario (es de suponer, además, que eso incluye todo lo que ha vivido Cebrián a lo largo de su ya dilatada carrera profesional, incluyendo su actividad directiva en la televisión pública de la dictadura franquista, lo que dota de un especial dramatismo a la denuncia). Como es sabido, al jefe le han seguido en la pataleta todos los medios y periodistas del grupo, que han dedicado desde entonces, con unos aires de vendetta imposibles de ocultar, una enorme atención a la incapacidad del Gobierno para afrontar la crisis y a supuestas desafecciones masivas por parte de amplios sectores del propio PSOE. De los múltiples análisis de la reacción, valgan los publicados en La Página Definitiva como muestra de la valoración más o menos unánime que está mereciendo el show.

Más allá del ridículo, este sí sin precedentes, que supone leer el artículo de Cebrián o escuchar sus declaraciones de esos días (porque viniendo de quien vienen, producen vergüenza ajena cuando no, directamente, una carcajada) y de la obscenidad que supone que todo un grupo mediático monte tal escandalera, una vez más, para defender sus intereses empresariales (aunque se intente argumentar de forma alambicadísima que la situación afecta a los derechos de los ciudadanos y su bienestar), la cuestión que me interesa tratar es si, jurídicamente, la cosa es para tanto. Esto es, ¿de verdad supone una anomalía o un abuso, aunque no sea necesariamente como para poner en riesgo la democracia española, la aprobación de un Real-decreto como el que analizamos? O dicho de otra manera, aunque sea obsceno que precisamente Cebrián se queje, ¿tienen algo de fundamento sus quejas?

Un primer elemento al que habría que atender es al contenido en sí del Decreto-ley. Desde este punto de vista, parece evidente que no hay para tanto. La norma, simplemente, establece la posibilidad de que los operadores que disfrutan de concesiones de TDT puedan ofrecer el servicio televisivo en acceso condicionado en uno, como máximo de sus canales. Condicionado, evidentemente, quiere decir condicionado al pago por parte del usuario. Esta norma en sí misma, por supuesto, no es discriminatoria. Como es obvio, el permiso es para todos los operadores, sin distinciones. No hay discriminación alguna, en consecuencia. O al menos, no la hay entre el oligopolio que disfruta de concesiones de TDT, dado que son pocos grupos mediáticos y todos ellos tienen más de un programa en concesión. Todos ellos podrán, en consecuencia, dedicar uno de ellos a emitir codificado.

Tampoco afecta ni perjudica en exceso a los consumidores, frente a las ridículas alegaciones basadas en el drama que supone que quienes deseen ver los nuevos canales deberán comprar un nuevo decodificador o un nuevo adaptador de TDT en la mayor parte de los casos. ¿Acaso esto es un problema? Porque en realidad se trata de una barrera de entrada para el negocio de quienes quieran aprovechar la nueva TDT de pago, un problema, en consecuencia del empresario y de su modelo de negocio, y hasta la fecha nadie ha pretendido que los gobiernos tengan que velar porque los ciudadanos puedan acceder a todo tipo de emisiones y contenidos sin hacer desembolsos adicionales en descodificadores (o bueno, sí, lo intentó, hasta cierto punto, el Gobierno Aznar cuando quiso imponer a los operadores un modelo de descodificador, el famoso multicrypt, pretensión absurda contra la que luchó con denuedo PRISA alegando que dificultaba la libre competencia y que allá ellos si su modelo de negocio requería de un descodificar adicional, diferente, más caro o de otras características a los propugnados por el Gobierno; asunto éste en el que, por cierto, el TJCE acabó dando la razón a Sogecable frente al Reino de España tras muchos años de pleito, por lo que el Reino de España hubo de indemnizar a la operadora con una cantidad de dinero considerable por los daños causados). Es ciertamente ridículo pretender que el Gobierno haya de prohibir un negocio porque su desarrollo obliga a los ciudadanos a cambiar de tele, incluso en el caso de que así fuere. Sería un problema, en todo caso, de cada consumidor y del modelo de negocio de la empresa.

Las únicas críticas fundamentadas al contenido material de la regulación pueden venir de tomar en consideración que esta norma es un jalón más en un marco normativo hecho a la medida de un grupo de oligopolistas del sector, a los que han concedido licencias de TDT a pares (de hecho, a dos pares por barba), y a los que se permite su rentabilización por todo tipo de vías, incluyendo desde ahora también el acceso condicional, mientras que el resto de operadores o agentes sociales excluidos en el reparto siguen sin tener la posibilidad de emplear la TDT en abierto como medio de comunicación o difusión. En la medida en que la regulación consagra este desigual y asimétrico reparto, genera no pocas dudas. Pero este permiso para que los operadores, si lo desean, emitan en acceso condicionado no aporta demasiado al escándalo en cuestión, que es un hecho consumado. Y, por cierto, perfectamente asumido y aceptado por PRISA, así como por el resto de grandes conglomerados mediático. Algo plenamente lógico en un país como España, donde se ve normal que los medios de comunicación sean, ante todo, agentes para la defensa de sus intereses.

Conviene recordar, además, que este reparto se impuso, por parte del Gobierno, aunque eso sí, sin necesidad de recurrir al Decreto-ley (¿o sí?, la verdad es que estaría bien que PRISA indagara en el asunto) y con profuso desarrollo reglamentario, hace unos años, contentando a todos con el reparto del pastel. Pastel que incluía la nueva concesión a La Sexta y el permiso a Canal Plus para pasar a emitir en abierto, autorización que PRISA utilizó para convertir su licencia de pago en una en abierto que dio lugar a Cuatro. En ese momento, se calló a los competidores (Veo-El Mundo; Net-Abc; especialmente, entre los nuevos llegados, así como a las teles ya presentes) con una espectacular pedrea en forma de canales de TDT para todos que cerraba definitivamente el mercado de la tele en abierto a nuevos llegados y que hizo que todos y cada uno, dentro de lo que cabe, aceptaran el acuerdo. A fin de cuenta los grandes medios del sector se garantizaban el reparto entre ellos de todos los canales e impedían la llegada de nuevos grupos o de alternativas de base ciudadana. Consagrado el oligopolio, y con permiso para que Cuatro, además, emitiera en abierto con su licencia tradicional hertziana, Juan Luis Cebrián no consideró que tal apaño fuera un desatino ni un peligro para la democracia.

El punto más conflictivo de ese acuerdo era, precisamente, la conversión de Canal Plus en Cuatro, por cuanto la concesión que obtuvo PRISA, en su día, lo fue en unas condiciones (justamente, ser un canal de pago, hecho que pesó en que PRISA resultara la adjudicataria, al menos según la motivación del acto administrativo que resolvió el concurso) y las dudas respecto de que, modificada esa condición, la concesión fuera irreconocible y en aplicación de la Ley de Contratos hubiera que sacarla a concurso de nuevo eran muchas. El Profesor Muñoz Machado, en este sentido, publicó un artículo muy contundente y bien argumentado al respecto.

Pues bien, respecto del contenido del actual Decreto-ley, éste podría ser, también, el único punto verdaderamente conflictivo en relación al Derecho vigente analizado desde un punto de vista atento a la letra de la ley. Y, a mi juicio, tiene su peso el argumento de que, si cambian las condiciones en que el concesionario va a prestar el servicio de una manera tan sustancial, quizás lo que sería pertinente es que se sacara de nuevo a concurso la concesión, porque es posible que haya algún operador dispuesto a hacer una oferta en condiciones de mejorar el servicio público ofrecido tras la alteración que, aun habiendo sido descartado en su día, a lo mejor ahora sí resulta que su oferta es mejor de lo que en la práctica se ofrecerá tras el cambio (con un contenido del servicio público sin duda alterado hacia abajo por el hecho de que requiera, a partir de ahora, pago). Ahora bien, como el cambio de Canal Plus a Cuatro pasó sin pena ni gloria y parece jurídicamente consolidado (de hecho, la verdad, tampoco recuerdo que Juan Luis Cebrián lo criticara en su día en exceso), ¿acaso se puede aplicar el argumento ahora de modo diferente a una situación exactamente igual, sólo que en sentido contrario -pasar de ser gratis a ser de pago en lugar de abandonar el acceso condicionado para emitir en abierto-?

Todo lo cual deja la crítica al Decreto radicada en una única cuestión. Que ha de reconocerse, con todo, que no es moco de pavo. La formal, esto es, que se emplee un Decreto-ley para regular una cuestión como esta y, especialmente, que se entienda que concurren en un caso como el de autos esas circunstancias de especial urgencia y necesidad que justificarían el recurso al instrumento por parte del Gobierno.

Y, en efecto, hay que decir que pocas dudas pueden albergarse respecto de que se trata de un abuso evidente. Porque es difícil entender que haya una urgente y extraordinaria necesidad relacionada con el interés público (como es obvio, urgencia sí había, dado que empezaba la Liga, en el operador que deseaba rentabilizar su inversión, pero esta necesidad no es a la que debe atender el Gobierno). El argumento que trata de cubrir el expediente apela a que la ordenación del sector de la TDT y en concreto de la emisión de pago del fútbol requería de un estímulo urgente y que, para ello, era necesario habilitar la posibilidad de emitir bajo pago. Como es obvio, no se trata de una razón de demasiado peso y la prolija argumentación del texto aprobado (cuatro páginas de exposición sobre las razones para apenas 10 línea de regulación son buena muestra de lo difícil que es justificar de forma presentable el asunto). El Decreto-ley es un instrumento excepcional que altera el reparto normal de funciones entre Gobierno y Parlamento cuyo uso debiera ser muy restringido y, si el Gobierno entendía que la regulación más adecuada era la que ha aprobado, debería haber enviado un proyecto de ley al Congreso tratando de que se aprobara por vía de urgencia. Si, mientras tanto, algunas empresas perdían algo de dinero tampoco pasaba nada. Así es la vida y nadie puede aspirar a que el Gobierno salga al quite aprobando normas a la carrera para facilitar que se pueda hacer frente a cada nueva oportunidad de negocio que aparezca porque las circunstancias de un sector, de repente, lo permitan.

Ahora bien, ponerse excesivamente melindroso con apoyo en este argumento se compadece, desgracidamente, mal con la historia española en materia de uso por parte de los sucesivos Gobiernos de la figura del Decreto-ley, que ha sido frecuente y abusivo. Incluyendo, por cierto, decretos-leyes en el ámbito audivisual. Lo cual ha incluido, además, normas de todo tipo, en ocasiones incluso con previsión de desplegar efectos en unos meses. ¿Dónde estaba allí la urgencia? En ninguno de esos casos ha habido excesivas críticas, sorprendentemente, a esta práctica, por una incomprensible complacencia en España hacia la figura. Con tan buenos ojos se suele analizar la institución del Decreto-ley en España que incluso se ha extendido recientemente su reconocimiento, en una lectura sin duda muy criticable de la Constitución (que lo permite como medida estrictamente excepcional y sólo para el Gobierno central) a los gobiernos autonómicos en todos y cada uno de los nuevos estatutos que se van aprobando (incluyendo el catalán, y curiosamente, oigan, esto nadie lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional). Son contadísimos los casos en la doctrina que se han preocupado o siquiera ocupado de ello. Y  ello incluso después de que se haya podido comprobar, como por lo demás era de prever, que su utilización está siendo, como en el caso del Gobierno de España, muy cuestionable (el primer Decreto-ley valenciano se usó para aprobar una adaptación «urgente» de una ley valenciana a una ley estatal que llevaba un año en vigor, tiempo de sobra para hacer la modificación legal por vía parlamentaria). De modo que sí, es un escándalo que se apruebe un Decreto-ley como el que nos ocupa, pero en realidad eso me lo parece a mí y a cuatro más en España, porque el resto de la doctrina y la totalidad de medios de comunicación, tradicionalmente complacientes con la institución, no se entiende muy bien a santo de qué en este caso concreto pudieran entender que concurren circunstancias adicionales que permitan la crítica cuando en otros no.

En resumen, dado el laxismo con el que los Gobiernos (y muchos juristas) han empleado y entendido la figura del Decreto-ley, no se entiende muy bien la razón de que, en este caso concreto, la ausencia de urgencia haya de suscitar un gran escándalo. A mí me lo suscita que un instrumento excepcional y peligroso se haya generalizado y que su uso sea el que ha sido y sigue siendo. Pero en todos los supuestos, siendo el Decreto-ley de la TDT de pago un ejemplo más de esta nefasta práctica. Y un ejemplo, además, no excesivamente relevante en sí mismo. Ha habido y sin duda habrá otros Decreto-leyes más dudosos y que han regulado cuestiones que suponen una afección mayor al ordenamiento jurídico (en materias fiscales o urbanísticas, por ejemplo).

Por último, y para completar el cuadro, hay que recordar que, hasta la fecha, el Tribunal Constitucional había venido manteniendo una doctrina alucinante sobre cuándo concurría o no una «urgente y extraordinaria necesidad». Así, si en una primera época entendió que no le competía valorar si este factor se daba o no (esto es, aceptaba sin más lo que el Gobierno decía), luego pasó a afirmar teóricamente su competencia para analizarlo, pero concediendo al Gobierno tanta discreción a la hora de estimar o no su concurrencia que, en la práctica, no realizaba un control eficaz. Hasta la fecha, sólo en una ocasión, en la Sentencia sobre el Decretazo del Gobierno Aznar, como ya tuvimos ocasión de comentar en este blog, se ha atrevido el Tribunal Constitucional a anular un Decreto-ley (por lo demás, ya convalidado, por definición y, además, en el caso que nos ocupa, con los puntos conflictivos, de hecho, rectificados por una norma posterior) tras analizar si podía entender que existía o no una situación de urgente y extraordinaria necesidad. Como una golondrina no hace verano, habrá que esperar a ver si, en el futuro, se sigue por esa vía o si, por el contrario, la tónica vuelve a ser el laxismo que ha conducido a que los Gobiernos entiendan (y actúen en consecuencia) que el Decreto-ley es una opción normativa más que tienen a mano para cuando les venga bien emplearla o les resulte cómodo.

Todo lo cual, por supuesto, no quita para que el actual Decreto-ley sea muy criticable. Por todos los motivos señalados. Pero tampoco para que, en el fondo, la cosa no suponga nada, desgraciadamente, excepcional. Como tampoco lo supone, por cierto, la existencia de cierta generosidad de los Gobiernos hacia grupos mediáticos, ya sean amigos o no tan amigos. Respecto de esta realidad, en efecto muy criticable, pero no sólo en algunos casos, sino siempre, Juan Luis Cebrián debería saber algo, dado que, sin hacer demasiada memoria, en los últimos años sucesivos Gobiernos le han permitido hacer la conversión de Canal Plus a Cuatro ya mencionada, le han bajado el IVA al 7% (IVA reducido, como si la tele de pago fuera un producto de primera necesidad) permitiéndole así aumentar el margen empresarial de manera notable o le han convalidado legislativamente la anómala y declarada judicialmente ilegal absorción de Antena 3 de Radio por la Cadena Ser. Que un Gobierno permita ahora a un competidor emitir por TDT fútbol de pago, aunque ello sin duda afecte al negocio de su plataforma por satélite, que ha gestionado la mayor parte del fútbol de pago en España desde hace años sin demasiada competencia por falta de canales de distribución de la competencia, puede ser fastidioso para su empresa, puede incluso cabrear cuando se intuye que el rival ha contado con mucha comprensión en las altas esferas, pero no parece que deba ser calificado como el mayor escándalo de la democracia y una prueba fehaciente de que el Gobierno nos lleva a la destrucción del Estado de Derecho.



14 comentarios en Algunas reflexiones sobre el Decreto-ley de la TDT de pago
  1. 1

    Una cosa que a mí me llama mucho la atención de este tipo de «Prisazos» es la absoluta falta de sentido del ridículo (o de vergüenza) a la hora de vender la cabra. Un periódico supuestamente serio editorializando sobre cómo Gol TV poco menos que va a destruir la democracia y todo aquello en lo que creemos. Les pierde, además de la cara dura, el exceso.

    Un cordial saludo

    Comentario escrito por Guillermo (LPD) — 23 de septiembre de 2009 a las 9:27 am

  2. 2

    Hola jefe,

    Apunto un dato -si bien hay que cogerlo con pinzas, ya que es del confidencial-: en lo que llevamos de segunda legislatura del talante, se han aprobado 14 leyes por 22 decretos-ley.

    Saludos,

    Comentario escrito por popota — 23 de septiembre de 2009 a las 9:27 am

  3. 3

    No tengo los datos, pero no creo que la cifra sea muy diferente. Y ojo a la generalización del empleo del Decreto-ley por parte de los Gobiernos autonómicos.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 23 de septiembre de 2009 a las 11:29 am

  4. 4

    Veamos.

    Decretos Leyes del Gobierno de la Nación:

    http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/search.php?coleccion=iberlex&frases=no&sort_field%5B0%5D=fpu&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&operador%5B0%5D=and&campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=1320&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B4%5D=MAT&dato%5B4%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B5%5D=TEXTO&dato%5B5%5D=&operador%5B6%5D=and&campo%5B6%5D=NBO&dato%5B6%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B7%5D=NOF&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=REF&dato%5B8%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=TEXTO&dato%5B9%5D=&operador%5B10%5D=and&campo%5B10%5D=FPU&dato%5B10%5D%5B0%5D=&dato%5B10%5D%5B1%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FAP&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=DEROG&dato%5B12%5D=&page_hits=40&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&OK=Buscar♠

    Decretos Leyes autonómicos:

    http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/search.php?coleccion=iberlex&frases=no&sort_field%5B0%5D=fpu&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&operador%5B0%5D=and&campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=1500&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=&operador%5B4%5D=and&campo%5B4%5D=MAT&dato%5B4%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B5%5D=TEXTO&dato%5B5%5D=&operador%5B6%5D=and&campo%5B6%5D=NBO&dato%5B6%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B7%5D=NOF&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=REF&dato%5B8%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=TEXTO&dato%5B9%5D=&operador%5B10%5D=and&campo%5B10%5D=FPU&dato%5B10%5D%5B0%5D=01%2F01%2F2006&dato%5B10%5D%5B1%5D=22%2F09%2F2009&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FAP&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=DEROG&dato%5B12%5D=&page_hits=40&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&OK=Buscar

    Saludos

    Comentario escrito por Gabriel — 23 de septiembre de 2009 a las 11:39 am

  5. 5

    Comparad los datos anteriores con éstos:

    http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/search.php?coleccion=iberlex&frases=no&sort_field%5B0%5D=fpu&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&operador%5B0%5D=and&campo%5B0%5D=ID_SRC&dato%5B0%5D=&operador%5B1%5D=and&campo%5B1%5D=TIT&dato%5B1%5D=&operador%5B2%5D=and&campo%5B2%5D=ID_RNG&dato%5B2%5D=1300&operador%5B3%5D=and&campo%5B3%5D=ID_DEM&dato%5B3%5D=7723&operador%5B4%5D=and&campo%5B4%5D=MAT&dato%5B4%5D=&operador%5B5%5D=and&campo%5B5%5D=TEXTO&dato%5B5%5D=&operador%5B6%5D=and&campo%5B6%5D=NBO&dato%5B6%5D=&operador%5B7%5D=and&campo%5B7%5D=NOF&dato%5B7%5D=&operador%5B8%5D=and&campo%5B8%5D=REF&dato%5B8%5D=&operador%5B9%5D=and&campo%5B9%5D=TEXTO&dato%5B9%5D=&operador%5B10%5D=and&campo%5B10%5D=FPU&dato%5B10%5D%5B0%5D=&dato%5B10%5D%5B1%5D=&operador%5B11%5D=and&campo%5B11%5D=FAP&dato%5B11%5D%5B0%5D=&dato%5B11%5D%5B1%5D=&operador%5B12%5D=and&campo%5B12%5D=DEROG&dato%5B12%5D=&page_hits=40&sort_field%5B0%5D=FPU&sort_order%5B0%5D=desc&sort_field%5B1%5D=ref&sort_order%5B1%5D=asc&OK=Buscar

    Resulta inquietante que durante los años 2008 y 2009 el Estado haya dictado muchos más Decretos-Leyes que Leyes. El Decreto-Ley es ahora mismo el instrumento ordinario de legislación. Esto no debería pasar en un país democrático. De hecho, y hasta donde yo sé, no pasa en ningún otro país de la Unión Europea. Cebrián lleva razón en un punto: los españoles nos acostumbramos durante la Dictadura a ser gobernados mediante Decreto. Y algunas costumbres cuesta mucho cambiarlas.
    Saludos

    Comentario escrito por Gabriel — 23 de septiembre de 2009 a las 11:52 am

  6. 6

    Gabriel, manejas la base de datos del BOE de manera de lo más eficiente.

    Salen 18 Decretos-ley desde las elecciones de 2008. Vamos, que la cifra, en efecto, no se iba demasiado. Y una docena de Decretos-ley autonómicos, la mayor parte con pinta de no ser demasiado urgentes, la verdad.

    Por supuesto, tienes razón en que esto se debe a la alucinante complacencia con la que en España consideramos que legisle el Gobierno y no el Parlamento. Y aunque el hecho de que aceptara la figura del Decreto-ley en la Constitución tiene mucho que ver, en efecto, con la visión de cómo se legislaba propia del franquismo, también es cierto que, durante la Dictadura, tampoco era demasiado relevante que una norma fuera ley o decreto. Dependía, básicamente, de si al Caudillo (simplificando mucho) le apetecía que su voluntad saliera en un formato u otro.

    Eso sí, el caldo de cultivo del franquismo es responsable de no pocos tics autoritarios de nuestro Derecho. Y los Decretos-ley son uno más. Pero es que, conviene recordarlo, los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico siguen estando en la legalidad franquista en no pocas materias. Y eso se nota.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 23 de septiembre de 2009 a las 11:55 am

  7. 7

    Queria solamente felicitar otra vez a Andrés por este magnifico articulo y espero que sigas escribiendo asi, para un público no iniciado en leyes.

    Comentario escrito por domingo — 23 de septiembre de 2009 a las 12:21 pm

  8. 8

    Gracias gabriel,

    Comprando lo que señalas del uso de los decretos-ley, cada vez que releo el artículo de Cebrián no puedo sino pensar en heces en forma de melena.

    Un cordial saludo,

    Comentario escrito por popota — 23 de septiembre de 2009 a las 1:15 pm

  9. 9

    El problema no es el fondo, si no la forma. El que el poder ejecutivo entre a regular por la vía urgente, mediante Decreto Ley, una materia que puede tramitarse por vía normal (mediante ley) es lo que es verdaderamente insultante para la separación de poderes (que en España cada vez se va dando menos).

    Todo ello no hace mas que profundizar en la crisis democrática que actualmente estamos viendo en nuestro país, donde tanto la juricatura (a traves del CGPJ como de los organos judiciales) como los pseudopoderes que sirven para el control de los verdaderos poderes (principalmente lo sindicatos) están vendidos al politiqueo.

    Comentario escrito por Jordi — 23 de septiembre de 2009 a las 1:50 pm

  10. 10

    A mí todo esto, además de destacar como jurista el abuso reprochable de legislar mediante decreto-ley (común a todos los Gobiernos, del color que sean) y como ciudadano la pésima altura moral e intelectual de nuestros medios de comunicación, me enlaza en cierta manera con otro brillante artículo que un día publicó el Prof. Boix Palop sobre la corrupción de baja intensidad.

    O al menos de baja notoriedad. Porque si me parece inadmisible que Bermejo y Garzón se vayan de caza invitados por empresarios, que a Camps le pague los trajes una trama corrupta que se adjudica los contratos en Valencia o que Barberá tenga bolsos de Vuitton como quien colecciona sujetadores, igual de mal me parece que el Gobierno utilice los medios a su alcance para favorecer a un grupo mediático u otro. ¿De verdad es gratuito todo esto? Y no hablo de soborno, cohecho o dinero. Hablo de intereses, económicos y de poder, espurios en todo caso.

    Comentario escrito por piterino — 23 de septiembre de 2009 a las 3:22 pm

  11. 11

    Ah, o sea, que era eso. Como lector de El País y escuchando a De la morena en la Ser, la verdad es que pensaba que el Gobierno había quitado los derechos del fútbol a Canal Plus y se los había dado a la Sexta y, la verdad, sí me parecía un poco alucinante. No parece serio que una democracia permita algo así. Se agradece la explicación. En todo caso tiente razón también piterino en que estos apaños también son corrupción. Gracias por explicar la cosa jurídica a los que no la conocemos. Que ya podría esforzarse alguien en hacerlo por ahí, cuando nos lo explican se entiende, creo.

    Comentario escrito por Juancho — 23 de septiembre de 2009 a las 3:32 pm

  12. 12

    Maldita sea, eres brillante.
    Es una pena comprobar como El País no sólo pierde lectores jóvenes con motivo de la gratuidad de la información que ha impuesto internet, sino también por el tufo que desprenden últimamente sus editoriales. Recientemente he propuesto replantearme, por poner un ejemplo, mi opinión acerca del chavismmo; opinión que fundamentalmente me ha sido «impuesta», de un lado, por Prisa y, de otro, por mi propia dejadez al ignorar otros medios.
    También fue una pena -inmensa- escuchar la editorial en Cuatro de Iñaki Gabilondo de hace un par de semanas (¿la vio alguien?). Iñaki no, por Dios, Iñaki no.
    Un saludo.

    Comentario escrito por Wellington Receso — 24 de septiembre de 2009 a las 12:20 pm

  13. 13

    Yo veo dos problemas graves.El primero es el abuso que esta haciendo el Gobierno de la via excepcional del Decreto Ley.
    El segundo es el mas que evidente trato de favor que se da a un grupo de empresas con un vinculo claro y notorio de amistad con el Presidente del Gobierno.
    Se me olvidaba un tercer problema, la incapacidad de la sociedad civil española y de sus instituciones (el moribundo TC) para hacer frente a los problemas anteriores.

    Comentario escrito por Macanaz — 28 de septiembre de 2009 a las 3:52 pm

  14. 14

    Macanaz, tienes razón. Y pocas dudas hay sobre eso. Pero resumiendo, también se podría añadir:
    – que los últimos que pueden quejarse de 1 y de 2 son PRISA y Cebrián.

    Y, por lo demás, en este caso, ¿se está favoreciendo descaradamente a Mediapro? ¿O, por el contrario, la nueva regulación es neutra para la competencia y las empresas del sector. Planteado de otro modo, si se hubiera aprobado por medio de una ley, con calma y por un gobierno con menos lazos con Mediapro, ¿pensaríamos que la ley no es justa?

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 30 de septiembre de 2009 a las 6:50 pm

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