Sobre la aplicación de la Ley de Partidos

Ando algo preocupado con las recientes manifestaciones de lo que podríamos llamar, eufemísticamente, el «exceso de celo» con que los diversos órganos del Estado, empezando por la Abogacía del Estado, siguiendo por la Fiscalía y acabando por el Tribunal Supremo, vienen aplicando la Ley de Partidos. Porque da la sensación de que, de un tiempo a esta parte, el leit motiv que explica el sentido y función de la norma es, sencillamente, excluir de la contienda electoral a todo lo que huela a «soporte ideológico» a las reivindicaciones relacionadas con ETA e, incluso, a toda una serie de posiciones políticas anejas a, pero no constitutivasde, la actividad etarra.

Las sucesivas y extensivas aplicaciones de la norma en las recientes elecciones autonómicas y municipales vascas (y digo extensivas, especialmente, por los motivos imputados y por la debilidad de los argumentos cuando se refieren a las agrupaciones de electores) permitían criticar no pocas cuestiones de procedimiento que cualquier jurista con sentido de Estado tiene el deber de señalar antes que de ocultar (es interesante el ejemplar trabajo que Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín y Xulio Ferreiro Baamonde publicaron recientemente en El Cronista, así como el libro del último de ellos sobre el particular) así como señalar la evidencia de que por la vía de los hechos, estaba ocurriendo lo que era de temer por mucho que el Tribunal Constitucional, en su desafortunada Sentencia 48/2003 se negara a verlo en su análisis abstracto, y a priori, de constitucionalidad: que la norma sólo puede aplicarse a partir de la ecuación de que ciertos actos políticos o de manifestación ideológica de algunas personas, por sí mismos o por situarse en un entorno previamente ilegalizado, pasan a quedar de por vida proscritos de la vida política española, arrastrando con ellos a las personas que los defendieron y, de paso, a todas las que puedan acompañarlos. Todas las cuatelas que jurídicamente contenía el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en su tortuosa argumentación para hacer constitucional la ley, están saltando por los aires, una a una, dando la razón (y yo no era uno de ellos, empeñado en hacer valer la fuerza de esas cautelas y señalando que sin ellas la ley era inconstitucional) a quienes entendieron que, en el fondo, más o menos matizado y argumentado, el TC acababa autorizando, con sus alambicados razonamientos (por la vía de declamar  toda una serie de cortafuegos que luego, una vez declarada constitucional la ley, acabarían siendo olvidados), que se ilegalizara a un partido político por defender las mismas ideas que defiende ETA aunque este partido lo haga sin recurrir a la violencia ni emplear métodos ilegales. Si eso no es una restricción inaceptable de la libertad ideológica de los ciudadanos, que lleva a excluirlos de la vida pública y a impedirles defender ideas que, supuestamente, nuestro ordenamiento constitucional permite defender, que venga Dios y lo vea.

Pero la reciente ilegalización de Iniciativa Internacionalista es un jalón más en esta alocada deriva, especialmente inquietante como consecuencia de la debilidad de las evidencias de que nadie de los pertenecientes a la lista haya tenido nunca nada que ver con ETA, por mucho que sí es evidente que algunas de sus personalidades han circulado por diversos ámbitos de la llamada «izquierda abertzale«. Hasta el punto, conviene recordarlo, que no hace mucho la Fiscalía, frente a las pretensiones de Manos Limpias, estimaba que no había motivos para la ilegalización. Parece, sin embargo, que lo que hace un par de años no bastaba para declarar un partido ilegal, en un proceso de degeneración de garantías inevitables cuando el Derecho empieza a jugar con la excepcionalidad, ya se tiene por suficiente, dado que los resultados, los fines, se entienden ahora de suficiente calado como para realizar algún sacrificio adicional de libertades. ¿Acaso no ha ido más o menos bien el sistema hasta la fecha? Ocurre, sin embargo, que proseguir con la eliminación de barreras jurídicas para declarar proscritos en democracia a ciertos grupos, ideas o personas tiene enormes riesgos. Y empezamos a tener una situación que permite visualizarlos con claridad. Porque, a la luz de las nuevas actuaciones, ¿acaso va a ser suficiente a partir de ahora para poder ilegalizar una lista el simple hecho de que algunas de las personas que la integran hayan pertenecido a organizaciones, movimientos, o simplemente compartido ideas, con quienes formaban parte de listas ilegalizadas en el pasado? Porque no parece, la verdad, algo demasiado «exigente» si de establecer un criterio jurídico se trata. Y tiene el peligro de permitir unas indeseadas multiplicaciones que llevarían al propio sistema político de representación democrática a hacer crisis.

Lo más grave de todo este asunto es que, además, ni la Ley de Partidos se puede aplicar rectamente de otro modo ni la dinámica política y jurídica que dio lugar a su aprobación permitía otra evolución. Y así quedó dicho, contra el criterio del Tribunal Constitucional, desde el mismo momento en que éste dictó Sentencia. A pesar de todo, llegamos a situaciones grotescas como la que se vive estos días en medio de una sorprendente atonía social y, esencialmente, de los juristas, que estamos aceptando argumentos averiados que llevan a la conclusión, inaceptable democráticamente y en Estado de Derecho como es España, de que aquí nadie puede presentarse a unas elecciones si no condena explícitamente la violencia etarra (sorprendentemente, sólo la violencia etarra ha de ser condenada sí o sí, al parecer) y se ha significado de alguna manera como «cercano» a los apestados políticamente (significación que cada día ha de ser menos activa porque nuestro criterio a la hora de incluir a alguien dentro del famoso «entorno» es cada vez más laxo y generoso). Así, como ha expuesto el Abogado del Estado en este caso en la enumeración de indicios suficientes, a su juicio, para poder entender aplicable la ley de partidos, basta con haber criticado la norma en cuestión, haber participado en manifestaciones a favor de la autodeterminación, haber compartido listas con condenados o haber pedido una amnistía. Y cosas así.

No es de extrañar que ahora se hayan llevado por delante a un partido que empieza a entrar dentro de lo que eran los límites de la antigua respetabilidad política. Una formación que incluía a la hermana de uno de los hombres más importantes del partido que ha gobernado España durante buena parte de las tres últimas décadas, a famosos dramaturgos o a antiguos parlamentarios nacionales de formaciones como Izquierda Unida, de quien sólo los más exaltados ponen en duda su compromiso con la democracia y las reglas del juego. Porque, con criterios tan laxos para estigmatizar como «miembro del entramado de ETA» como venimos usando últimamente, casi cualquiera, de una manera u otra, podemos acabar en ese saco un día de estos.

De hecho, y con semejantes parámetros, creo que puede afirmarse que, aplicada la norma en estos términos, yo no puedo ya formar, tampoco, parte de una lista electoral en España. Y tampoco podría, a su vez, nadie que la formara conmigo hacerlo en el futuro, por haber quedado a su vez «contaminados» de por vida. ¿El motivo? Que, como es evidente (en este mismo texto, por ejemplo, se deja claro), ni me gusta la Ley de Partidos, ni me parece presentable en un Estado democrático, ni creo que sea compatible con la Constitución española. Expresar estas opiniones en público, como estoy haciendo yo en estos momentos, supone en España, a juicio de la Abogacía del Estado (y con la aquiescencia del Tribunal Supremo, por mucho que haya comenzado a haber pequeñas matizaciones y algunas voces críticas en el seno del mismo, quedar fuera del sistema político, perder los derechos de sufragio pasivo y la imposibilidad de participar en la vida pública. Porque éstos son, en esencia, así de pobres, los argumentos que maneja, en estos momentos, la Abogacía del Estado para ilegalizar partidos. Probablemente alguien responderá a esta crítica que, en realidad, tal actuación sólo te condena si, además, no has condenado la violencia etarra. Y quizás tengan razón, es probable que una declaración pública suficientemente convincente bastara para reintegrar en la via política a los ilegalizados (o no porque, a estas alturas, ¿quién sabe?). Pero quienes así opinen tendrían que tener en cuenta que es muy posible que yo, como es el caso, no me haya dedicado nunca a hacerlo públicamente de modo que, de momento, y preventivamente, la ilegalización ya iría haciendo su camino. Los motivos de tal silencio pueden ser muchos y a nadie se le escapa que, en la mayor parte de los casos nada tendrán que ver con la complicidad con ETA. Empezando, se me ocurre, con el más que obvio de que hay cosas que no requieren de demasiada condena o comentario. Se condenan por sí mismas. Pero estos fanáticos de la función fática del lenguaje sospecharían de tal silencio. Y te explicarían que lo tienes muy fácil para no ser «ilegal». Bastaría con que, abiertamente, condenaras la violencia etarra. Llegados a ese punto es casi un deber cívico permanecer en silencio y permitir que el ordenamiento jurídico opere con toda su actual insania, proscribiéndote porque equiparan tu silencio a complicidad con ETA. Por no mencionar que, que se sepa, nuestro ordenamiento jurídico no impedía participar a quienes apoyaban teóricamente la violencia, sino sólo a quienes la ejercían. Y tampoco impedía participar a quienes estaban contra el actual marco constitucional o contra el propio Estado de Derecho y la democracia como sistema. Solución que me parece, la verdad, mucho más sensata. Y que era el consenso jurídico desde hace años. Consenso al que el Tc ensu sentencia de 2003 sigue intentando aferrarse porque, recuerda, esto no es una «democracia militante».

Conviene repetir que, si hay pruebas de acción concertada con ETA de cualquier asociación o institución, lo que hay que hacer es disolverla y procesar a sus miembros. Lamentablemente, el hecho de que cada vez que se haya intentado acabar con Batasuna o su enrtorno empleando esta vía la cosa haya concluido con un estruendoso fracaso jurídico, por falta de pruebas que hayan permitido demostrar fehacientemente que esos grupos o asociaciones políticas financiaban o formaban parte de ETA, ha llevado a nuestra democracia a dotarse de un peligrosísimo instrumento que la sitúa, de cierta manera, en estado de excepción. Como ocurre casi siempre en estos casos, el mero uso de la norma excepcional y por la inevitabilidad de acostumbrarnos cada vez más a este modelo de excepcionalidad, provoca cierta usura creciente. Que hace que empiecen a relajarse las barreras y frenos que en su momento se previeron junto a la norma para no ir nunca más allá de ciertos límites. Cada año que pasa, cada convocatoria electoral, las posibilidades de que la orgía proscriptora de partidos políticos se agudice empleando un filtro cada vez más exigente y más cercano a la definición que el poder hace de lo «políticamente admisible» se amplían poco a poco. Muchas dictaduras empiezan así. Sobre todo, cuando una sociedad, ya sea por autocomplacencia, ya sea por miedo, se empeña en ignorar los riesgos que un proceso como éste conlleva y acaba vendiendo, a cachitos, poco a poco, cada año un poquito más de su alma al diablo de la eficacia. Contra el terrorismo, en este caso.

Leer noticias constantes de ilegalizaciones de partidos políticos o de agrupaciones de electores por el mero hecho de «no condenar la violencia» y «haber tenido relaciones con personas que iban en listas ilegalizadas en otras ocasiones», es buena prueba de que nuestra democracia tiene, al menos, un grave problema. De la importancia del mismo da cuenta de que incluso órganos dependientes de Naciones Unidas han señalado, como consecuencia de esta anómala situación de excepcionalidad, que la situación debiera ser corregida. Es urgente reaccionar frente a ello.  Pero parece que, a este paso, sólo queda esperar que sean instancias internacionales las que lo hagan por nosotros.

Post scriptum: Siempre me ha parecido exagerado y un argumento contaminado de origen el pretender ilegalizar a otros partidos políticos o listas aplicando literalmente la actual Ley de Partidos. Pero hay que reconocer que el ejercicio teórico sirve muy bien para ejemplificar la locura del actual texto y de cómo está siendo interpretado. Porque aplicando esa misma doctrina, con el filtro tan basto que empiezan a emplear los Tribunales españoles, queda fuera de toda duda que la ilegalización podría decretarse también respecto de quienes formen parte de listas, o compartan o hayan compartido espacios comunes, con condenados por crímenes terroristas (o personas que los hayan justificado) de otras organizaciones terroristas que han actuado en España. O, por ejemplo, a quienes formen parte de listas, o las compartan o hayan compartido, con eminentes representantes de la Dictadura totalitaria que goberníó España no hace tanto (o que hayan justificado la misma). Al menos, en lo que a mí respecta, y como jurista, me cuesta encontrar, en Derecho, razones que permitan hallar diferencias entre unos casos y otros; entre estos supuestos de ficción, que podrían permitir anular listas de los grandes partidos españoles, y algunos ejercicios a que se viene dedicando la Abogacía del Estado y la Fiscalía para justificar la ilegalización de todo lo que se mueva en cierto ámbito ideológico, el de la izquierda abertzale, a día de hoy totalmente proscrito de la vida política institucional española.



22 comentarios en Sobre la aplicación de la Ley de Partidos
  1. 1

    Interesantisimo articulo. Lo que no me ha quedado claro (como has comentado en alguna ocasion), ¿por que no simplemente se dice en cualquier mitin «condenamos las violencia por requisitos legales»?

    Comentario escrito por Domingo — 18 de mayo de 2009 a las 3:06 pm

  2. 2

    Quizá, Domingo, porque quienes les dejan ir en esas listas no les dejan condenar la violencia – salvo la ejercida por el estado –
    Para mí no es tan difícil de entender, y vamos, yo veo facilmente más de una diferencia entre:

    a) lo deleznable que es no condenar los actos fascistas pasados, incluso por los mismos que formaron parte de aquellos

    b) y lo que supone formar parte un entramado organizado por terroristas que en la actualidad sigue extorsionando, amenazando y asesinado en cuanto puede.

    Siendo dos situaciones reprobables, creo que hay diferencia entre ellas.

    Ahora, como plasmar esto en un ordenamiento jurídico ya me queda muy a desmano

    Comentario escrito por Lolo — 18 de mayo de 2009 a las 5:22 pm

  3. 3

    Hago referencia a esa cuestión en el texto. Y, en el fondo, creo que la clace es que hay mucha que piensa (y yo estoy entre ellos) que no es legítimo obligar a nadie a condenar la violencia etarra como prerrequisito para participar de la vida política. Por eso se niegan, en ocasiones, personas que probablemente rechazan la vía violenta. Por una cuestión de dignidad democrática. Y por eso, para esa gente, tampoco es válida la fórmula «por imperativo legal».

    Además, la fórmula «por imperativo legal» no es consentida en nuestro ordenamiento. Cuando HB decidió participar en la vida política nacional y sus diputados en el Congreso quisieron tomar posesión empleando esta fórmula, la Mesa del Congreso les denegó la condición de diputados. Y, si no recuerdo mal, el Tribunal Constitucional convalidó la corrección de esta decisión.

    Por supuesto, la decisión del TC llegó cuando uno de esos diputados ya había sido asesinado por Ynestrillas, que ha participado sin problema de ningún tipo en la vida política, sin que nadie le haya pedido, ni a él ni a los partidos de su órbita, que condenen violencia de ningún tipo.

    Por lo demás, Lolo, y al margen de que no se trata sólo de condenar violencia pasada, justamente respecto de ésta debiera de ser, al contrario, más fácil ser crítico y condenarla. Vamos, digo yo. Pero a mí me parece muy legítimo que haya partidos políticos en España que se nieguen a condenar el franquismo y que incluso lo consideren benéfico, con una mayor legitimidad que la República a la que derrocó y que piensen que la represión franquista fue una cruzada que reflejó una acción justiciera que, incluso, se quedó corta. Creo que tienen derecho a pensar así y que es bueno que no se impida la expresión de este tipo de ideas, por muy alucinantes y reprobables que me parezcan personalmente.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 18 de mayo de 2009 a las 5:59 pm

  4. 4

    El recurso:

    http://www.gara.net/agiriak/20090519_recurso_ii.pdf

    Comentario escrito por popota — 19 de mayo de 2009 a las 2:16 pm

  5. 5

    Hoy he oído en un telediario que al parecer han hecho alguna declaración condenando la violencia. A partir de aquí puede ser interesante ver qué dirección toma el caso. Es posible que no los puedan ilegalizar. Es probable que a los jueces la fórmula de la condena les parezca ambigua e insuficiente… Veremos.

    Comentario escrito por l.g. — 19 de mayo de 2009 a las 4:55 pm

  6. 6

    No me queda más remedio que darte la razón, aun no compartiendo bastantes de tus argumentos. En este pais se pasa del uso excepcional al uso habitual con demasiada facilidad y una ley que solo podía ser admitida – y yo era uno de ellos – con la mano en la nariz, esta pasando a usarse para cualquier guiso.Lo que solo podía admitirse como herramienta desechable ha pasado a procedimiento habitual en un tris

    Comentario escrito por galaico67 — 19 de mayo de 2009 a las 11:31 pm

  7. 7

    Galaico, cierto tipo de concesiones excepcionales, en plan «sólo la puntita», es fácil que acaben así. Es ley de vida. Y hay numerosos ejemplos.

    Por lo demás, será interesante ver qué dice el TC ante la explícita condena de la violencia. Por una parte, sea apoyándose en el motivo que sea, sería importante que esta alocadísima dinámica se detuviera. Por otra, que el motivo de dar marcha atrás sea una condena verbal de la violencia configuraría un panorama delirante, con la activación de ilegalizaciones dependiendo únicamente de que se condene o no la violencia. Algo que es, justamente, lo que el TC en su sentencia de 2003 se empeñó en negar como fundamento a la ilegalización de partidos políticos, señalando que era un mero indicio adicional que, por supuesto, en nada era determinante.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 19 de mayo de 2009 a las 11:43 pm

  8. 8

    Andrés, quisiera saber qué opinas de el papel que pueda jugar en el asunto de la «condena explícita» de la violencia, el artículo 16, punto 2 de la Constitución, «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.»
    Yo creo que es un artículo bastante pertinente en el caso. Gracias.

    Comentario escrito por Xurxo Ventos — 20 de mayo de 2009 a las 12:55 am

  9. 9

    Permitidme que os diga que considero que estáis meando fuera del tiesto, y os entra un poco de síndrome de Estocolmo. Es muy sencillo, no lo compliquéis los abogados: si se demuestra que eres parte de ETA, por activa o pasiva, se te ilegaliza.

    Aquí no se ilegalizan ideas como ser de la izquierda abertzale o «patriota» (ahí está Aralar), se ilegaliza el terrorismo y sus ramificaciones, con el fin de que no consigan pasta del erario público, pasta con la que siguen matando y pegando tiros en la nuca. Es sencillísimo, no le busquéis tres pies al gato.

    Comentario escrito por Qué país... — 20 de mayo de 2009 a las 10:07 am

  10. 10

    Yo, xurxo, esto es lo que pienso, y ya me había fijado en ese artículo «garantista», así como en el de no poder sancionar al diputado por el sentido de su voto. Y han llegado los jueces del supremo a aducir para ilegalizar EHAK, el sentido de su voto contra el TAV, o en favor de la repatriación de presos en todo un Parlamento.

    —————-

    ¿Una sociedad que no cree en su propia ley?

    Sólamente en sociedades que no creen en su propia ley, o que por razones históricas no hayan conocido una verdadera y consolidada tradición en que fuera la ley, y no otro poder el que sustentara el orden social (como pudiera ser el poder aristrocrático, monarquico, militar, dictatorial, asambleario, religioso, sectorial) , solamente en sociedades así puede entenderse que se necesite someter a votación en un pleno o en un Parlamento el que si una persona ha matado a otra persona deba entrar en la cárcel o no, si debe ser condenado o no: Someter a votacion o dirimir en votacion la condena de un acto que de hecho está contemplado concreta y definidamente en un código penal como delito, es como mínimo un insulto a la ley. Amen de un insulto a la inteligencia. Y una usurpación inconsciente de funciones.

    Por extensión es un insulto a la división de poderes y denota una tendencia inconsciente a no interiorizar cuál es el fundamento del Estado de Derecho, y las funciones que a cada cual corresponden. No correponde a los políticos, ni a ninguna asamblea, ni a las turbas, ni a los editorialistas, ni siquiera al ciudadano condenar un delito. Corresponde al Poder Judicial, y sólo al poder Judicial.

    Arrogarse la potestad aunque sea simbólicamente de sustituir a la ley, creyéndose con autoridad de decidir si un asesinato es condenable o no lo es, resulta un verdadero insulto a la ley, un despropósito, y un complejo de inseguridad propia o una tradición o inercia mental ausente de Derecho.

    los políticos están para tres cosas, que en realidad son dos.. Manejar los dineros y distribuir los dineros públicos, cambiar o hacer leyes, y modificar las estructuras administrativas que conforman el orden social, estas dos ultimas son dos caras de la misma función. Ni más, ni menos. Los políticos no condenan, condena el juez. Y condena el juez porque escrito está en una ley que algo, es condenable, no porque él quiera, ni porque los políticos se lo sugieran.

    Si algún acto, está especificado en el código penal. con claridad, es condenable y condenado de hecho, y eso no admite votación ni discusión. La única atribución oficial al respecto del delito, que cualquier constitución otorga al político y no a cualquiera, es proponer cambios de leyes, suavizar o endurecer penas con respecto a la figura delictiva.

    La única moral pública, si hablamos de condenas «morales» , es la ley. La ley es la moral publica, y no hay más moral pública que la ley. Si la ley dicta que es reprobable un acto, mide en años de condena ese acto. Esa es la moral pública, y no otra. Quien no crea que la única moralidad pública que existe es la ley y lo que esta dice, debe militar en religiones particulares o en filosofías personales o en asociaciones particulares para desarrolar su propio añadido moral, y nunca será público en el sentido de «de todos», quien no crea en la unica moralidad pública, es normal que neceesite votar constantemente algo que no le corresponde, o que ya fue votado al aprobar un código penal. O bien, pretende vaciar y sustituir por usurpacion la autoridad y espacio de la ley p’or su afan de protagonismo y dilucidar con un voto lo que está de sobra dilucidado, como si su voto fuera «importante».

    –La Exigencia de condenas–

    La condena sólo es exigible al juez. De hecho si un juez no condena un delito, incurrirá él mismo en delito. No hay otra isntancia constitucional ni juridicamente capacitada para la condena o para la absolucion. El estado de Derecho se fundamenta en esto mismo, en la división de poderes. Al político se le supone únicamente adhesión a la ley, ni siquiera acuerdo con la benignidad de determinada ley, incluso es posible el desacuerdo con la ley (en esencia todo político propone algo que es ilegal en ese momento y aspira a hacerlo legal) ,en todo caso le es exigible, solo deontológicamente que se exprese si la ley no le gusta, y que exprese cómo la cambiaría él. Con qué cosas de la ley no está de acuerdo aunque deba acatarla.

    EL Estado de Derecho no es la Ley de Lynch, ni es la ley de la «Junta revolucionaria», ni del «estado mayor», en que la ley está ausente, y el lugar de la ley es ocupado por una turba, un grupo de electos, una asociacion de ciudadanos cabreados, una asamblea, ni siquiera un parlamento o la opinión pública pidiendo colgar a alguien, que es quien juzga.

    ¿Qué ocurre cuando se pide a un ciudadano o a un electo que ocupe el lugar que no le corresponde yhaga de juez?
    ¿Qué ocurre cuando instas a alguien que no puede hacerlo, a condenar o no condenar un delito? EL absurdo. Lo más lógico es que te te respondan que ellos no son jueces, que les dejes tranquilos porque esa labor ya la delegaron en un poder socialmente centralizado, puede que hasta alguno te diga que su religion le impide juzgar, por aquello de «no juzgues y no serás juzgado». Podríamos llegar a más absurdos, porque habrá, cómo no, ciudadanos o políticos a los que les guste jugar a jueces y sentirse importantes. Y puestos mentalmente en el estrado te dirán «condeno este asesinato», o mejor expresado «si, yo condenaría al que ha matado a esta persona», la siguiente pregunta se cae por sí sóla.; ¿Y a cuantos años le conenas?, la respuesta viene sóla también ;»Pues no sé, a los años que la ley diga». Con lo cual se ha producido una conversación de besugos, que viene a resumirse en «EL asesinato está penado con X años», pero eso ya lo sabíamosporque lo pone en la ley, incluso antes de que tal protagonista jugara a sentirse juez.

    La única discusión que competería a un político sería cuando este fuera partidario de un cambio en la ley, y la pena de 20 años le pareciera o poca, o excesiva, y planteara la discusión de subirla a 25 años o bajarla a 15 años. Lo que cabe exigir a un político, desde el punto de vista jurídico de un Estado de Derecho es que opte por una ley justa, justa en su forma. Evidentemente se le puede pedir o exigir que si sube la pena de 20 a 25 años, esa subida sirva también para que le sea aplicada a él también si comete ese delito, a él o a un «cualquiera», a todos. Vamos, que si el muerto es un político no exista una condena de 25 años, que son sólo 15 si el muerto es una señora que es muerta a manos de su señor.

    Esas sí son discusiones políticas. Cambios de leyes. O que discutan si aumentan el presupuesto del Ministerio de Justicia para dotar de ordenadores con que puedan ejecutar las sentencias y lograr una justicia que ejecute procesos con garantías, sin negligencias, y sin chapuzas.

    ¿Qué ocurre cuando pretendes ometer a votacion si un acto delictivo es condenable o no y haces la redaccion del escrito que va a ser sometida a voto? Nuevamente el absurdo o peor.
    En esencia una votación, por definición es para votarla, y vorarla implica libertad de voto para emitor el voto en un sentido o en otro y cuatro o cinco posibles posturas.

    Es como votar si el sol sale por el oeste o por el este. SI no vas a aceptar que el otro vote lo que tu no piensas, no puedes someter eso a una votación. Por dos razones, la primera es de sustencia, no sería una votación si no se puede «votar», cambiaría su naturaleza y sería un «decreto» o un «dictado», pero no una votación. SI no hay opción no hay votación, parece evidente. La segunda es que te estás cargando un precepto constitucional además del fundamento mismo y funcionamiento de la democracia deliberativa, y representativa si lo que tienes previsto es reprimir, o encarcelar, o tomar medidas contra el electo precisamente por el sentido de su voto, por ser contrario a tu moral o deseo:

    TÍTULO III.
    DE LAS CORTES GENERALES.
    CAPÍTULO I.
    DE LAS CAMARAS.

    Artículo 71.

    1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
    ———————–
    Estatuto de autonomía del País Vasco

    Art. 26.
    ……

    6. Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
    —————————— ——-
    CONSTITUCION ESPAÑOLA

    TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.
    CAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES.

    Artículo 16.

    2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
    …………..(……)

    Artículo 25.

    1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
    ————–
    Amén de cargarse también otros preceptos del ordenamiento constitucional en lo referente a la adhesión previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no citaré por ser de sobra conocidos, porque el electo vota lo que le plantean votar, de acuerdo a su libertad de voto y expresion y pensamiento.

    La inserción del citado artículo de la Constitución (el de no poder ser sancionado ni castigado por el sentido del voto en una institucion) no es casual, es precisamente para evitar que esto sucediera. Es precisamente para evitar una deriva totalitaria de un grupo de poder, que aún con aplastante mayoría, se hubiera instalado en el «dictado», en el voto obligatorio y de sentido único, se hubiera instalado en el poder, y pretendiera subvertir el mismo fundamento del hecho del voto, y de la misma democracia.

    Tu no puedes presentar el voto, la condena de la dictadura franquista, si no vas a poder aceptar que el rival vote que NO. Tampoco estás autorizado para aniquilar, ilegalizar, perseoguir al que en una votación supuestamente libre y con opciones, ha votado libremente.

    Cualquier sistema totalitario, pretende eso. El decreto. Pero los sistemas declaradamete totalitarios, formalmente totalitarios al menos no pretenden maquillar y aparentar su sistema con la apariencia de Democracia, sencillamente no presentan nada al voto. Los sistemas con deriva fascista, que se autosugestionan para creerse «libres» o presentarse al resto del mundo como tal, pero que no presentan las cuestiones al voto con opciones, sino al voto obligado y unívoco (con un solo sentido posible), son simplemente variaciones circunstanciales de sistemas totalitarios.
    Lo mismo podríamos decir de sistemas que dejan a la gente votar, pero que si votan comunista, les dan el garrotazo y provocan una masacre, y vuelven a dejarlos votar, y si votan «inconvenientemente» les vuelven a dar otro garrotazo, y sólamente cuando las gentes votan «bien» (al dictado), es cuando conservan la forma de Democracia. NO son Democracias, son circunstancialmente, sistemas totalitarios, con forma democratica eventual.

    No puedes presentar un cambio de ley al voto, para otorgar derechos de matrimonio a los homosexuales, y si el contrario vota que no, encarcelarle, ilegalizarle por «antidemócrata», o por apologeta de la discriminación, o esperarle como hacían en otros regímenes fuera del parlamento con una pistola policial o unas esposas y al mismo tiempo pensar que vives en un estado democrático o un sistema de libertades, sino que estas en un sistema donde la ley no es la ley, sino que tú eres la ley. Vamos, no puedes presentar una moción para «condenar» las acciones de Hamash, y sacar el fusil para ver si alguien te vota que NO. Eso es cualquier cosa, pero ni votación, ni libertad de pensamiento, ni democracia. Precisamente alguien que haya sido investido por sus electores te pueda espetar que no le gusta la redacción que tú has preparado. O que tiene otra visión más global del problema de la violencia y no quiere entrar en debates parciales. O simplemente que no le da la gana opinar del tema. Derecho constitucional, por cierto. EL pensamiento único inducido de manera sugestiva/propagandístico es casi aceptable, es algo así como presionar subliminalmente pero aún deja un resquicio de libertad, que no te lo creas. El pensamiento único «dictado» está en otro nivel. Es el debeis votar esto, debeis decir que pensais esto. EL auto de fé famoso de la Inquisición. Totalitarismo. por supuesto.

    Tampoco basta con repetir frases dogmáticas una y otra vez para sentar una verdad incontrasatada. Por ejemplo, plantear la resolucion de un problema de violencia diciendo que lo que hay que hacer es esto o lo otro, no es «justificar el asesinato». Yo puedo estar diciendo que el asesinato de una mujer a manos de su marido no se soluciona con proclamas de «yo condeno», ni siquiera exclusivamente con la ejecución penal de el culpable, sino que puedo pensar que hay que abordar situaciones previas que posibilitan que se llegue a esa situacion, por ejemplo intantando dar la vuelta a una sociedad patriarcal, una ideología que en mi opinión produce situaciones de violencia o dominación. No me pueden decir ni que «justifico al asesino», ni que debo exclusivamente ceñirme a condenar el asesinato. Cuando Zapatero dice que la solucion a la violencia en el Oriente Medio pasa por «mas democracia, mas justicia, mas libertad, mas progreso», «dialogo de civilizaciones», o simplemente que la solucion pasa por el dialogo o la negociacion, o que «la politica puede ayudar», no está justificando que los iraquis pongan bombas a los americanos, ni está diciendo que sea justo matar, ni que los palestinos pongan bombas a los sionistas, está diciendo, primero lo que piensa y libremente piensa, segundo que la situacion no es tan simple como «yo condeno a», y tercero es coherente con su creencia de que una determinada situacion está influida por multiples causas, y no sólo por su consecuencia mas llamativa o por un suceso.

    Tampoco puede aducirse que Zapatero puede decir esto y no se le puede encerrar o ilegalizar por justificar la violencia, pero que sí se puede hacer con otros, porque «este caso sí» y «este caso no». Porque ahí entraríamos en opciones de cada cual, creencias de cada cual, y análisis de cada cual. Pedir respeto a la discrepancia cuando es uno el que discrepa y no respetar la discrepancia anulando al otro, por valoracion no del derecho del otro a discrepar, sino de la discrepancia misma, sigue siendo totalitarismo. Entraríamos en absurdos como que un presidente dijera «la cosa no es tan simple como condenar a Hamash, hay que abordar multiples factores adyacentes» y que el mismo presidente cuando otro hablara igual de las FARC dijera que no hay que abordar nada, y que el que lo sugiera va a ir a la cárcel, porque él, o el y bastantes otros, no estan de acuerdo ideológicamente con las razones.
    Habá en España quien piense que el problema en Palestina puede arreglarse dando derechos como pueblo a los palestinos, y al mismo tiempo opte por encarcelar e ilegalizar a los de la izquierda nacionalista por decir eso mismo, que el problema en Euskadi se arreglaría dando derechos como pueblo a los vascos. En ese caso, el que opine que la solucion para por el dialogo o dar derechos en Palestina, por la misma totalitaria tendencia que aplica aquí, se estaría llamando «legitimador de la violencia de los palestinos o del terrorismo». Cuando jamás ha dicho que matar sea justo.

    La deriva fascista de quienes aparentan propugnar la democracia deliberatiba (Por ejemplo España) pero que no permiten votar en esta votacion en un sentido, generalmente se desliza desde el poder politico, contaminando al judicial. De tal manera que el propio poder judicial contraviniendo los preceptos de «ningun diputado podra ser sancionado ni perseguido por el sentido de su voto», el de «no se discriminará con motivo de opinion, ideología, sexo, raza, origen social…..::» «Libertad de expresion…….» y el de «nadie podra ser obligado a declarar acerca de sus creencias, opiniones, religion , ideología» que estan en su misma Constitucion, estaría iniciando acciones puntivas contra las libertades fundamentales ilegalizadoras argumentando precisamente (como en el caso de EHAK) que tal partido votó tal cosa, en tal pleno, se posiciona ante el Tren de Alta Velocidad politicamente de tal manera, o pide para los presos derechos humanos, o cualquier posicionamiento politico legítimo de por sí. O sea, ser perseguido porque votaste o intentaste votar libremente siendo electo y pudiendo hacerlo como cualquier otro. En definitiva, no puede argumentarse posicionamientos politicos que en esencia son legítimos, para lograr una ilicitud, sin cargarse la misma esencia del Estado de Derecho.

    Quien viva en un estado o regimen así, y es el caso de España, no puede presentarse como integrante de una sociedad en «Estado de Derecho», que ignora o pulveriza su propio Derecho generalizadamente o sectorialmente hasta el punto de fagocitar (contaminar, como está de moda decir) al mismo poder judicial en tal deriva fascista. (dictadora de pensamientos únicos, o que dicta el pensamiento único)

    El autoengaño es una falsa puerta. Creerse ya con label «Democracia» o «Estado de Derecho» es consolador, funciona hasta para quien está matando iraquis o palestinos, y lava conciencias, pero es una falsa puerta. Al actor lo definen sus actos, no su etiqueta.

    Comentario escrito por tirita — 20 de mayo de 2009 a las 10:52 am

  11. 11

    El asesinato y la extorsión con un enorme entramado que junto al apoyo popular relativamente numerosos ha hecho del País Vasco un lugar donde una enorme parte de la población sí que no puede expresarse o tener una vida normal. Las consecuencias son un surtido de linchamientos físicos o «sociales», cuando no la amenaza directa o la muerte. Con la Ley de Partidos no se condenan ideas, sino que se anula a la sección política del entramado criminal etarra.

    Ese entramado criminal se adapta con facilidad a la ley. El crimen, como es de sobra conocido, se adecua al recipiente de la ley como el agüita fresquita al vaso. La hijoputez, en resumidas cuentas, tiene una capacidad práctica muy efectiva.

    Ante eso cabe poner el culo o intentar algo que, insisto, no va en contra de la libertad de expresión o de voto de nadie, sino en contra de que un grupo terrorista siga teniendo con facilidad su grupo político de apoyo. Debido a la facilidad pragmática que tienen desde el terrorismo a la mafia para amoldarse a las leyes que ellos mismos vulneran y desprecian, a veces el estado de derecho, con plena legitimidad y atendiendo a otras prioridades, como tener la nuca intacta, puede saltarse cuatro epígrafes de un papelajo para proteger a la ciudadanía, desarrollando una ley algo irregular, pero a años luz de la irregularidad que supone que un coche bomba desmiembre a alguien y haya además que aguantar el apoyo político de una serie de cabestros que deberían de habitar en una pocilga, una vez se haya desalojado a los cerdos, que los animalicos no tienen culpa de nada.

    Comentario escrito por Alfredo MG — 20 de mayo de 2009 a las 8:05 pm

  12. 12

    Las leyes orientadas y los procesos finalistas paracen impropios de un Estado de derecho, Qué país… Más aún la ausencia de unos contrapesos judiciales al poder ejecutivo. Sin duda, una ley que promueva la arbitrariedad a ese respecto, aparte de ser un contrasentido, es una mala noticia para las libertades de todos, ideológicamente deleznables o no.

    Comentario escrito por Tvrtko — 20 de mayo de 2009 a las 10:03 pm

  13. 13

    Muchas gracias por todos los comentarios, que no tendré tiempo de contestar hasta dentro de un par de días. Pero tres enlaces que dejan claro que esta vez empieza a extenderse la idea de que sí se han pasado de frenada:
    – editorial crítico con la medida de «El País» (martes)
    – artículo abiertamente opuesto a la decisión de Eduardo Virgala (martes), especialmente significativo por tratarse de un significado defensor de la ley de partidos.
    – columna de Javier Pradera criticando la decisión del Supremo (miércoles)

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 20 de mayo de 2009 a las 11:53 pm

  14. 14

    Iniciativa Internacionalista ya es legal de nuevo… y ahora, qué?

    Comentario escrito por Mitrídates — 21 de mayo de 2009 a las 11:23 pm

  15. 15

    Un buen artículo:

    «En Irán el Consejo de los Guardianes ha dado comienzo a la campaña electoral al dar el visto bueno preceptivo a cuatro candidatos a las elecciones presidenciales, entre ellos el actual presidente Mahmud Ahmadineuyad. Se habían presentado 475 personas con la aspiración de ver reflejados sus nombres en las papeletas. El Consejo de los Guardianes eligió a aquellos políticos que contaban supuestamente con las credenciales religiosas y morales necesarias para el puesto. Eso descartaba a todos los que cuestionaran de alguna manera las bases del sistema imperante en Irán, al menos según la interpretación del Consejo.

    Es lo mismo que hizo el Tribunal Supremo al ilegalizar la lista presentada por Iniciativa Internacionalista, encabezada por Alfonso Sastre. Al quedar fuera Batasuna, los jueces y el Ministerio de Interior buscaron entre los partidos y coaliciones de extrema izquierda con la intención de encontrar listas «contaminadas» (ésa es la expresión que se suele emplear). ¿Contaminadas por quién? Por la presencia de personas que en el pasado hayan formado parte de candidaturas de la izquierda abertzale. »

    Más en http://www.guerraeterna.com/archives/2009/05/iniciativa_inte.html

    Comentario escrito por popota — 22 de mayo de 2009 a las 1:08 pm

  16. 16

    Yo lo que no termino de entender es porque en España nos rompemos la cabeza de esta forma y en paises como Alemania se ilegaliza el NSPD y no pasa nada.

    Comentario escrito por Macanaz — 23 de mayo de 2009 a las 8:03 am

  17. 17

    Macanaz,

    Esto pasa -resumo mucho- porque aquí el NSPD es legal.

    Saludos,

    Comentario escrito por popota — 25 de mayo de 2009 a las 3:00 am

  18. 18

    Ya que empezamos a comparar con Alemania, lo hacemos en serio: el partido nacionalsocialista se ilegalizó en alemania porque, después de haber capado el parlamento, iniciado una guerra y promovido la «solución definitiva» había suficientes motivos para considerar que su objetivo era contrario a la democracia y el propio estado alemán.

    Por la contra, los partidos neonazis actuales, como el (peligrosamente fuerte) NPD y la DVU pueden presentarse. Es más, las múltiples demandas de ilegalización a las que se enfrentó el primero fueron sistematicamente tumbadas por el tribunal de Karlsruhe.

    Más aún, si España aplicara de verdad su ley de partidos, empezaría por ilegalizar al PSOE y a los filoterroristas que jaleaban a Vera y Barrionuevo en Guadalajara. O a cualquier partido por el que pidiera el voto el célebre historiador y luchador por la libertad de los pueblos Pío Moa.

    Esta ley es absurdamente finalista, y el constitucional pretende arreglar ahora con parches la tremenda herida que abrió dando visos de legalidad a una norma que limita derechos fundamentales, como la manifestación o el sufragio activo. Si se demuestra que alguien es un terrorista, va a la cárcel, y allí no puede manifestarse, en cambio, si no lo es, no puede venir un fiscal a decidir si puede o no puede ser alcalde de su pueblo. Ya sin hablar de la «contaminación».

    Comentario escrito por Eustaquio — 25 de mayo de 2009 a las 4:37 pm

  19. 19

    Como bien ha señalado popota, hay una diferencia importante entre el ordenamiento jurídico español y el alemán: la Ley Fundamental de Bonn establece la inconstitucionalidad de propugnar la destrucción de las instituciones democráticas, mientras que aquí nuestra Constitución rechaza expresamente el modelo de «democracia militante», así lo ha afirmado reiteradamente el Tribunal Constitucional y así lo recordó, de hecho, con su Sentencia de 2003.

    Por lo demás, la importantísima decisión, por unanimidad, del Tribunal Constitucional poniendo coto a la alocada interpretación de la Ley de Partidos de Foscalía, Abogacía del Estado y Tribunal Supremo es una excelente noticia. En primer lugar, porque demuestra que, al menos, hay un límite que, de momento, el Tribunal Constitucional no está dispuesto a permitir que se traspase. Y porque, además, salvaguarda el prestigio de España como Estado de Derecho, algo que es extraordinariamente importante. Por ejemplo, a efectos de lo que pueda acabar decidiendo el TEDH. Aunque, la verdad, a mí me sigue pareciendo que el TEDH haría un favor a nuestro ordenamiento jurídico si depurara del mismo la ley de partidos.

    ¿Alguien tiene los enlaces de las distintas sentencias y de los escritos de fiscalía y abogacía del estado? Hace unos días los vi en elmundo.es, pero creo que ahora ya no están.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 27 de mayo de 2009 a las 11:41 am

  20. 20

    Hola, somos de AXJ y queremos decirles que hay demasiadas leyes en los codigos penal y civil y no sirven de nada.

    No tener aun la CUSTODIA COMPARTIDA de los hijos en caso de separacion y divorcio de sus padres es una verguenza.

    Permitir que un Juez (GARZON) entre y salga de la politica y entre y salga de la Administracion de Justicia es otra veguenza.

    Que no hayan leyes para juzgar mediate el tribunal del jurado a los jueces en casos de PREVARICACION es otro disparate.

    Cuando pensais cambiar algo?

    Comentario escrito por AXJ — 30 de mayo de 2009 a las 4:10 am

  21. 21

    Andrés, quisiera pedirte un comentario tuyo a la sentencia del TEDH sobre la Ley de Partidos, ya que te has ocupado de ella en otras ocasiones, y considero que eres de las pocas voces objetivas y desapasionadas sobre el tema entre los juristas españoles. Muchas gracias.

    Comentario escrito por Xurxo Ventos — 30 de junio de 2009 a las 5:29 pm

  22. 22

    <p>Pues sí, tengo deberes para esta tarde. A ver si encuentro la sentencia y me la leo con un mínimo de calma. ¡Se me acumula el trabajo!</p>

    Mientras tanto, la sentencia, aquí:

    http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=851916&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 01 de julio de 2009 a las 9:02 am

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