La defensa de la unidad de la patria violando la Constitución

Hace más o menos un año que no escribo en el blog sobre la cuestión catalana y la crisis constitucional consiguiente. Básicamente, no lo he hecho porque jurídicamente me parece que hay poco que añadir a lo que ya en su momento expuse cuando, con cierto detalle, intenté condensar cómo, en mi opinión, había que encuadrar jurídica y democráticamente la solución al conflicto. También más o menos hace un año alertaba de que, lamentablemente, estábamos empezando a ver una reacción estatal, liderada por el gobierno de entonces (y el Jefe del Estado), pero dócilmente seguida por instituciones que teóricamente han de actuar de contrapesos independientes, de respuesta al supuesto riesgo de ruptura y de quiebras constitucionales desde las instituciones catalanas por la vía de un revisionismo jurídico (y judicial) muy cuestionable y peligroso. Como en su momento traté de explicar, no se puede defender la Constitución violando la Constitución. Si la vía elegida para intentar solucionar la crisis social, política y constitucional en que se encuentra España en estos momentos era ésta en vez de dar cauce democrático a los conflictos entre prioridades y preferencias sociales, auguraba (sin mucho mérito) que a no mucho más tardar íbamos a acabar viendo cosas realmente horribles.

Pues bien, ya estamos ahí, desgraciadamente. Los escritos de Fiscalía y Abogacía del Estado, pidiendo condenas de hasta 25 años de prisión por delitos que incluyen la rebelión y la sedición a dos docenas de políticos catalanes independentistas y líderes sociales de movimientos separatistas, algunos de los cuales llevan ya más de un año en prisión provisional, son el mejor ejemplo de la degradación alarmante a que están siendo sometidos el Estado de Derecho y las garantías constitucionales en España en estos momentos. Una degradación que no pinta que se vaya a detener y que, es más, puede ir a más. Cuando se empieza a utilizar sin complejos del Derecho (penal, pero también otras ramas) del Enemigo, justificando su necesidad en que los así tratados son un peligro objetivo para la convivencia, la pendiente por la que las instituciones se enfilan es peligrosísima. Y se multiplica sin problemas a todas las esferas: ayer mismo el gobierno de España anunciaba su intención de presentar o no recursos ante el Tribunal constitucional frente a votaciones de instituciones democráticas españolas que habían reprobado al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, por su llamada a la confrontación de instituciones y sociedad contra los independentistas del pasado día 3 de octubre de 2017 dependiendo de si las mayorías que habían adoptado estos acuerdos eran sobre todo independentistas (parlament de catalunya, frente a cuya decisión sí se presenta recurso) o no lo eran (ajuntament de barcelona, frente a la que no). Cuando las instituciones abiertamente dejan de aplicar el Derecho y las garantías vigentes a los ciudadanos por su ideología el problema ante el que nos enfrentamos es enorme. Si además esta situación se produce con las peticiones de prisión, el encarcelamiento o la condena de los disidentes, estamos en la antesala de un Estado abiertamente autoritario y represivo con el disidente cuya implantación debiera generar escalofríos en cualquier ciudadano amante del modelo liberal y democrático de convivencia. Llamemos a los presos catalanes “presos políticos”, “presos de conciencia” o como se prefiera, la cuestión es que estamos ante una manifestación muy clara de un trato diferente al que es debido en Derecho por parte de unas instituciones que, al tenerlos por enemigos oficiales de la patria y las instituciones, se ven legitimadas para actuar así. En medio, por cierto, de los generalizados aplausos de medios de comunicación (públicos y concertados), comentaristas-tertulianos oficiales y demás. Con la única opción abierta, como ya hemos señalado en otras ocasiones, del mundo de la Universidad, donde más de un centenar de especialistas y todo tipo de penalistas llevan meses dando la voz de alarma. Muy solos y sin que se les haga demasiado caso.

Visto el panorama, creo que puede ser útil tratar de clarificar mínimamente el panorama, distinguir hechos jurídicos de opiniones y valoraciones, a fin de establecer hasta qué punto la situación es grave (que, en mi opinión, como ya he dicho, lo es). Sobre la identificación de algunos hechos que creo que son objetivables por cualquier jurista informado y formado, además, trataré de ser extraordinariamente cuidadoso, deslindando con claridad lo que son éstos de lo que a continuación podemos construir valorativamente a partir de los mismos. Pero sin renunciar a dejar sentadas antes algunas evidencias, que pertenecen al mundo de los hechos, que no son discutibles (o no pueden serlo ni por nadie formado ni por nadie con buena fe). A saber:

–  Evidencia 1: Los hechos relatados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para justificar peticiones elevadísimas de penas de prisión por delitos como la rebelión o la sedición no se corresponden con el entendimiento tradicional, clásico y típico de la violencia que ambos tipos requieren en España (y en cualquier Estado de Derecho homologable al nuestro).

Que esta afirmación es cierta y difícilmente refutable es muy fácil de demostrar. Basta contrastar la lectura de los hechos considerados probados en ambos escritos (una manifestación esencialmente pacífica, por un lado, respeto de la que se reconoce que los organizadores en todo caso así la vehiculan, y donde hay unos disturbios concretos, que tampoco suponen en ningún momento más que daños materiales a dos vehículos; la jornada de votación del 1-O, por otro, donde lo que hace la población es oponer resistencia pacífica a la actuación de las fuerzas policiales) con toda la doctrina jurisprudencia y doctrinal en torno a lo que es la violencia que caracteriza la rebelión o la que supone que pueda considerarse que hay ese “alzamiento tumultuario” en que consiste la secesión para llegar a esa conclusión. Tenemos además la suerte de que el que es probablemente el gran especialista en la materia en España, el prof. Nicolás García Rivas, sintetizó en un tratado estas cuestiones precisamente en 2016, esto es, justo antes de que comenzara este lío, por lo que a partir de esa obra tenemos una foto fija muy precisa y concreta de lo que en esos momentos se entendía por rebelión y sedición… y el tipo de violencia requerida en ambos casos para que no estuviéramos ante unos meros desórdenes públicos sino ante algo más.

Adicionalmente, caso de que alguien considere que necesita más elementos para comprobar hasta qué punto nos hemos alejado de lo que ha sido el entendimiento tradicional de esos tipos, podemos recurrir a las exposiciones de Diego López Garrido (PSOE) o Federico Trillo (PP) en el Congreso de los Diputados en los debates sobre la aprobación de la reforma de estos tipos penales, que en 1995 se redefinieron precisamente para eliminar la tipicidad y carácter delictivo de algunas de sus variantes que no requerían de un empleo tan abierto y grave de la violencia. Por cierto, llama poderosamente la atención que justamente ambos políticos, y ambas formaciones mayoritarias, pretendan a día de hoy afirmar que las conductas cuadran perfectamente dentro de los tipos de rebelión y sedición cuando fueron precisamente ellos los que se encargaron de eliminar del Código penal cualquier elemento que pudiera conducir a emplear los mismos contra personas que no se hubiera alzado o levantado, en verdad, por medios claramente violentos. Algo que por lo demás se hizo para adatar estos tipos penales a lo que era y es habitual en el resto de Europa ya en esos momentos.

Sobre el resto de Europa, de hecho, tenemos en estos momentos al menos dos (por no decir cuatro) pruebas fehacientes de lo que en varios países europeos sus jueces consideran que supondría, de acuerdo a sus propios ordenamientos jurídicos, la conducta por la que aquí se imputa rebelión y sedición y se piden 25 años de cárcel: nada. Tanto la República Federal de Alemania (Schleswig-Holstein) como Bélgica han rechazado las extradiciones solicitadas por el Tribunal Supremo al entender, sencillamente, que los hechos por los que se les solicitaba la entrega por cargos tan graves como rebelión o sedición, entre otros, del principal cabecilla de la supuesta rebelión son  sencillamente conductas atípicas en esos países. El propio Tribunal Supremo, tras estos dos traspiés, optó por no exponerse a dos negativas más en Suiza y Reino Unido (Escocia), que tras los trámites iniciales parecían también claramente encaminadas a fallar en ese mismo sentido (de ahí precisamente la maniobra del Supremo). Y es que en el resto de Europa pasa como ocurría en España hasta 2017: había y hay un entendimiento pacífico y totalmente consolidado respecto de que los distintos tipos penales (diversos según los ordenamientos, pero que a la postre acaban castigando más o menos las mismas conductas) exigían y exigen para poder castigar la concurrencia de violencia en unos umbrales mínimos que en el caso analizado ni por asomo se dan. Si no, los hechos son atípicos. Como lo son (o lo eran, si se prefiere así expresado) en España según nuestro Código penal vigente tal y como se redactó y se había entendido y explicado siempre… hasta hace apenas unos meses.

Tan es así, recordemos, que el gobierno Aznar, enfrentado al reto jurídico y político que le suponía el Plan Ibarretxe (convocatoria de un referéndum declarado inconstitucional incluida), optó por introducir en el Código penal un delito específico (la convocatoria ilegal de referéndums, castigado con hasta 5 años de cárcel como máximo) para poder perseguir a quienes protagonizaran estas conductas. Y ello es así porque se sabía que en sí mismo nada asociado a celebrar un referéndum ilegal o inconstitucional podía, en ningún caso, ser considerado una “rebelión” o un “alzamiento sedicioso”. El gobierno de Aznar, en este sentido, era mucho más respetuoso con las garantías penales y los principios de tipicidad y legalidad que los que han venido después de su partido, algo que parece bastante evidente a la luz de lo que hemos visto después. O, como mínimo, se sentía menos seguro a la hora de alejarse de los mismos… o menos confiado en que el resto de instituciones (esencialmente jueces y Tribunal institucional) fueran a seguirle caso de emprender otro camino. Tampoco está de más recordar que en tiempos de Rodríguez Zapatero este delito fue derogado por las Cortes, porque se entendió que no tenía sentido establecer represión penal para estas conductas, conscientes de la extravagancia que suponía el tipo penal (único en Europa occidental en castigar esas conductas). Asimismo, parece claro que no sólo ese gobierno, sino en general toda la sociedad española, tenían claro en esa época los límites con los que se podía emplear el Código penal. Algo que, de nuevo, no puede decirse del gobierno actual de ese mismo partido.

En todo caso, y por acabar con el recuerdo de hechos ciertos, verificables y no controvertidos, vale la pena mencionar que los más eximios defensores (en tertulias y redes sociales, en artículos de prensa… e incluso en escritos de acusación) de que tenemos hoy un delito de rebelión, hace apenas un año y medio se quejaban de que el Estado estuviera “indefenso” por culpa de las reformas penales sucedidas dede 1995 y la derogación de los delitos como el de convocatoria ilegal de referéndum. Se nos decía en esa época, ¡qué tiempos aquellos!, que en parte la grave amenaza que se cernía sobre España y lo que daba alas a los independentistas catalanes era la ausencia de instrumentos de represión penal de la suficiente fuerza que se pudieran oponer a este tipo de actuaciones. Motivo por el cual se reformó la LOTC, por ejemplo, para favorecer que se pudieran entender como desobediencias penalmente reprobables ciertas actuaciones. Pero no se modificó el Código penal, ni nada relativo a la rebelión o a la sedición, porque en ninguna cabeza jurídica entraba en esos meses siquiera la idea de que pudiéramos estar hablando de algo que ni se acercara a ello.

En cualquier caso, con este somero repaso creo que queda claro que el entendimiento tradicional y estricto de los tipos en materia de rebelión y sedición en España era el que era y que en ningún caso las acusaciones de rebelión o sedición a las que hacen frente los políticos catalanes hoy en día podrían ser sostenidas de acuerdo a esa interpretación, dominante durante décadas, pacíficas y aceptada por todos… hasta que ha habido que castigar como fuera a los líderes del independentismo catalán. Esto, que es un hecho jurídico indiscutible, es algo que sorprendentemente en el debate político español parece que todo el mundo ha optado por olvidar. Pero que conviene tener muy presente porque de esta constatación (que, insisto, es incontrovertida) se deducen consecuencias que, si bien ya abiertamente valorativas, son igualmente interesantes. Vamos pues a la parte de esta cuestión donde sí hay diferencias entre las posiciones de unos y otros.

En efecto, y dada esta situación, lo que han hecho Fiscalía y Abogacía del Estado es “reinventar”, con la ayuda inestimable de los jueces instructores de al Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (y en abierta contradicción con la interpretación que sobre esos mismos hechos han mantenido los tribunales de otros países que han conocido de la causa), las nociones de “violencia” o de “alzamiento tumultuario”, rebajando y diluyendo los estándares exigidos  hasta dejar los tipos irreconocibles. A partir de aquí, como es obvio, nos adentramos en parcelas que son opinativas y valorativas (si esto es bueno o malo, conveniente o inconveniente… y si se puede hacer o no en Derecho y dentro del marco constitucional vigente en España), pero sobre las que también podemos establecer o fijar, junto a las valoraciones que pueden diferir, algunas ideas difícilmente cuestionables que van inevitablemente aparejadas a las mismas.

Por ejemplo, es un hecho que esa nueva interpretación, fundamentada en las tesis de que “a un golpe de estado posmoderno hay que responder readaptando interpretativamente los tipos que estaban pensados para golpes de estado tradicionales”, sería manifiestamente contraria a la tradicional y que diverge sustancialmente de la misma. Diverge hasta el punto de que, como ha señalado Jordi Nieva comentando los escritos de acusación, acaba por considerar, directamente, que la pura y dura resistencia pacífica que se ha considerado ejemplar bandera de muchos movimientos de lucha por los derechos civiles, pasaría a ser en España violencia idónea para entender que hay rebelión por parte de quienes así actúan (todo ello enmarcado en extravagantes referencias a que proclamas a la defensa republicana de Madrid contra las tropas alzadas del general Franco suponen reconocer un ánimo guerracivilista y violento por parte de quienes las proclaman).

Asimismo, tampoco es complicado apuntar (uniendo a estas valoraciones las consecuencias inevitables asociadas a las mismas) a los muchos riesgos y problemas que estas nuevas interpretaciones suponen. En primer lugar, porque la evidencia de que esta interpretación se está realizando respecto de estas personas porque sus ideas políticas son tenidas por particularmente odiosas por gran parte de la población española (y por la mayoría de sus representantes institucionales y aparato policial y judicial) es bastante abrumadora. En segundo lugar, porque la interpretación expansiva de normas penales, o su extensión analógica para cubrir supuestos que el intérprete considera “semejantes” (eso de que hay que penar un “golpe posmoderno” con los tipos que tenemos, que son sólo los de los golpes clásicos, a fin de evitar que el Estado quede indefenso), no sólo es abiertamente contraria a la Constitución española o a cualquier ordenamiento jurídico democrático moderno (al menos, en lo que era la lectura de la misma tradicional y consensuada que hacíamos todos hasta la fecha). Es que, además, es también enormemente peligrosa. Tomando a este respecto las palabras con as que Santiago Muñoz Machado cerraba un artículo suyo de hace apenas dos días, “en todos los sistemas constitucionales se ha afianzado la exigencia de que la ley ha de ser clara y, cuando es restrictiva de los derechos individuales, debe ser necesariamente densa y completa, delimitando con precisión las conductas que limita o reprueba”. Este avance civilizatorio, que todos los juristas españoles hemos tenido por obvio y esencial en los últimos años, ha sido hoy puesto fuera de la circulación por los escritos de acusación de abogacía del estado y fiscalía. Así de grave es la cosa.

Evidentemente, la gravedad de la cosa es una opinión (mía, en este caso) y forma parte de ese conjunto de valoraciones que, como decía, se desgranaban a partir del recordatorio de una serie de hechos y elementos que, en cambio, es más bien complicado que puedan ser cuestionados. Esta valoración, en cambio, sí puede serlo. De hecho, a la vista está, no es compartida ni por la Abogacía del Estado, ni por la Fiscalía, ni por el gobierno de España… ni por ninguno de los contrapesos y mecanismos de garantías que supuestamente tiene nuestro sistema. Lo cual puede querer decir dos cosas: bien que yo estoy (gravemente) equivocado; bien que la avería institucional, social y política que tenemos en marcha es de dimensiones colosales, porque participan de la misma todas las instituciones, incluidas las que han de hacer de control y contrapeso.

Un último apunte, también a partir de evidencias que nadie puede disputar y que componen parte del conocimiento jurídico compartido por cualquier que haya estudiado esto, sin embargo, por cierto, nos alerta respecto del enorme riesgo que estaríamos corriendo si fuera más bien es lo segundo y no es que yo esté equivocado (y muy solito por ello) sino que la gangrena se ha extendido ya mucho:

–  Evidencia 2: Las sociedades que transigen en sus garantías penales y abandonan un respeto estricto a los principios de tipicidad y de reconocimiento de garantías a todos los ciudadanos para pasar a permitir condenas contra los “enemigos del pueblo” sin base legal previa, estricta y escrita suficientemente clara y exhaustiva suelen acabar convirtiéndose en Estados autoritarios y donde las pérdidas de garantías se acaban por suceder, razón por la cual los ordenamientos democráticos modernos son particularmente escrupulosos en este punto.

En este caso, hay que recordar que las teorías schmittianas de “defensa de la Constitución” se basaban justamente en la necesidad de que el Führer, en tanto que depositario y expresión de la voluntad del pueblo alemán, quedara liberado de cualquier atadura formal o interpretativa a la hora de poder aplicar y evolucionar el Derecho, incluyendo la aplicación retroactiva en el sentido interesado del Derecho ya vigente, cuando de ello dependía la defensa del orden establecido, el interés de la nación /patria y, en definitiva, la vigencia del orden legal establecido a partir del puro decisionismo jurídico a cargo del poder establecido (en el caso de la Alemania de los años 30, ya sabemos quién). Estas teorías de defensa de la Constitución se parecen sospechosamente a la fundamentación última que encontramos estos días en quienes defienden, valorativamente, como positiva y saludable la necesidad de no limitar por “excesivos formalismos” las posibilidades efectivas de que nuestro ordenamiento jurídico ha de disponer para defenderse de una agresión que juzgan particularmente grave y sin precedentes (las acciones de los independentistas catalanes).

En definitiva, hace un año se podía ya percibir que íbamos a acabar viviendo y viendo cosas realmente horribles. Estamos en ello de lleno y, lamentablemente, no se atisban muchos asideros que permitan ser optimistas respecto de la evolución futura del conflicto a quienes creemos que, a la larga, el principal damnificado de todo esto va a ser la sociedad española en su conjunto y todo el régimen de garantías establecido, en armonía con el resto de ordenamientos europeos (de los que nos estamos alejando a marchas forzadas), a partir de la Constitución de 1978. En defensa de ese marco jurídico, de ese modelo de convivencia y de los derechos y garantías que reconocen para todos (repito, para todos) los ciudadanos, hay que alzar la voz contra lo que es, sin duda, el más grave atropello a las libertades políticas que se ha producido en los últimos cuarenta años en España. No sé muy bien qué opciones hay de que esto se detenga, ni por dónde pueda pasar la acción ciudadana para impedir el desastre al que nos lleva la entronización en nuestro sistema del Derecho penal del Enemigo como doctrina jurídica dominante asentada en una justificación abiertamente schmittiana. Pero sí creo que lo primero que hay que hacer, ante todo, es denunciarlo públicamente. Lamentablemente, no tengo nada claro que vaya a servir de mucho.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PS: Si por la razón que sea consideras que tu estatuto personal o condiciones sociales te permiten preocuparte poco de esto de que se protejan derechos y garantías básicas para todos los ciudadanos de modo exigente, porque crees que nunca correrás el riesgo de que esto se vuelva en tu contra (y oye, quizás hasta lo creas con toda la razón) y en consecuencia piensas que todo esto está bien porque, a fin de cuentas, la unidad de España es mucho más importante para ti que algo sin valor como esa cosa de los derechos… entonces tengo una mala noticia para ti: esto que está pasando también es malo para la unidad de España. ¿O acaso crees que una España menos libre y garantista, menos europea y democrática, va a ser más atractiva, también, para los catalanes que cada vez creen menos en el proyecto común? ¿Y acaso piensas que con cada vez más catalanes queriendo la independencia, si son una mayoría sólida que se mantiene estable e incluso crece, sería posible evitar tarde o temprano que la cosa se acabe por romper? Pues eso… (por cierto, que esto último, como creo que es obvio, es una opinión mía, y no tiene más valor que eso, pero en serio, yo me lo pensaría)



21 comentarios en La defensa de la unidad de la patria violando la Constitución »
  1. 1

    Un yoyalodije en toda regla, pero parece que hay demasiadas vergüenzas a esconder. Mis condolencias y saludos, estos sí, fraternales.

    Comentario escrito por Gekokujo — 03 de noviembre de 2018 a las 3:25 pm

  2. 2

    Pues a ver si te vas y no vuelves, dado que tan poco te gusta España.

    Comentario escrito por AK-47 — 03 de noviembre de 2018 a las 7:02 pm

  3. 3

    Gran artículo. Lo que está pasando es realmente muy grave, algo especialmente obvio para todos aquellos que hemos estudiado Derecho. Y lo más terrorífico es que haya tantos juristas (y en posiciones de poder público tan importantes, además) que den crédito a estas descabelladas interpretaciones del Derecho, en violación de principios penales y constitucionales tan básicos. El suspenso es inmediato si en un examen de Derecho se respondiera con estas interpretaciones: que la aplicabilidad de los arts 24-25 CE está subordinada a la razón de Estado. Es una vergüenza. Desgraciadamente, España se está deslizando hacia el modelo de tantos países de Europa Oriental, en los que (como ya decía Branko Milanovic) prima más el nacionalismo de Estado que la democracia. Porque no se trata sólo del asunto catalán sino también de la agresión generalizada durante estos últimos años a los DDFF por parte de los poderes públicos, en casos que se han hecho ya famosos. Una pena.

    Comentario escrito por Luismi — 03 de noviembre de 2018 a las 8:30 pm

  4. 4

    Luismi, básicamente lo que hacen esas personas es proteger su puesto y acomodarse al régimen, supongo que en breve no quedará prácticamente nada que sea asimilable a democracia en España.

    Comentario escrito por Gekokujo — 03 de noviembre de 2018 a las 11:43 pm

  5. 5

    Gekokujo, ojalá lo de estos juristas del “a por ellos” fuera sólo una cuestión de interés personal (que también, claro). El problema es que es básicamente una cuestión de nacionalismo españolista, que es tan intenso y sobre todo tan autoritario y antidemocrático (la versión española tradicional del nacionalismo, vaya), que les impide razonar jurídicamente. Es un caso claro de disonancia cognitiva: gente que pone sus creencias por delante de sus conocimientos. Mucha de ella es gente que haría esto gratis. Es pura indignidad profesional, que sólo provoca vergüenza ajena. No quiero ser desagradable, pero estos juristas son sólo aprendices de Roland Freisler o Andréi Vyshinski, gente realmente peligrosa dispuesta a sostener con pseudoargumentos pseudojurídicos cualquier cosa. Es gravísimo y tristísimo.

    Comentario escrito por Luismi — 04 de noviembre de 2018 a las 10:35 am

  6. 6

    Gracias a Dios tu opinión no creo doctrina, sino íbamos a estar apañados.
    Pero bueno, es lo que tiene la carrera de derecho, donde cualquier mediocre se cree un genio.

    Comentario escrito por Intelestual — 05 de noviembre de 2018 a las 11:48 am

  7. 7

    Pues váyanse a Alemania o Francia e intenten montar partidos independentistas…ah no, que allí están prohibidos por ley… Que malos estos españoles que permiten partidos que quieren romper su propio país…o mejor, váyanse a EEUU e impidan a las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplir con autos judiciales, que seguro que lo que ocurre es mucho menos de los 4 hospitalizados del 1O…en fin, lo de siempre, que España es una mierda y los españoles unos trogloditas…lo dicho, intenten replicar lo que han hecho aquí en Alemania, Francia o EEUU (o en RU, que la última vez que se hizo algo parecido cayó en domingo y la cosa acabó con sangre)

    Comentario escrito por Alejandro — 07 de noviembre de 2018 a las 11:21 am

  8. 8

    No sé yo si el nivel de los argumentos merece mucha contestación. Pero por aclarar cosas, tanto en EEUU como en Francia como en Alemania hay partidos y asociaciones políticas que promueven explícitamente la independencia de partes de sus territorios y ni están prohibidos ni les pasa nada. En Francia han hecho incluso un referéndum la semana pasada en nueva caledonia, en texas o california tenemos a gente recogiendo firmas sin ser perturbados (e incluso con decisiones judiciales que respaldan que lo pueden hacer frente a algunos problemas que ciertos entes privados querían que se les impusieran) y en alemania sin ir más lejos hubo hace un mes unas elecciones en Baviera con un partido que se presentaba con un programa político explíctamente independentista. La diferencia de todos esos países con España es que, por el momento, no parece haber mayorías políticas regionales con ganas de marcharse porque, de una manera u otra, con más o menos satisfacción, tienen un sistema que ha permitido cierto acomodo en que la gran mayoría de la población parece reconocerse y con el que está contenta.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 08 de noviembre de 2018 a las 3:35 pm

  9. 9

    El nivel de algunas de las respuestas supongo que es bastante ilustrativo de cómo está el patio en el Reino. Más teniendo en cuenta la calidad tradicional de muchos comentarios de esta página.

    Evidentemente se puede estar completamente en desacuerdo con el autor, pero ante un texto razonado lo suyo es llevar la contraria con razones y argumentos más allá del “esto es lo que hay, y si no te gusta te largas” (al margen de que muchos catalanes -y vascos…- contestarían “pues sí; me quiero largar, pero no me dejas”).

    Comentario escrito por l.g. — 08 de noviembre de 2018 a las 9:01 pm

  10. 10

    Mi tesis es que España va al hoyo, los problemas coyunturales de los próximos meses, una quiebra como una casa, solamente se van a poder tapar exacerbando aún más la crispación españolista. Vaya, que a la democracia le veo poco porvenir. En su momento ya lo advertí, sin una reforma en positivo la tan cacareada unidad estaba sentenciada.

    Comentario escrito por Gekokujo — 10 de noviembre de 2018 a las 8:12 pm

  11. 11

    Muy de acuerdo con todo…me preguntó yo cuando llegue todo ésto a Estrasburgo como va a quedar la credibilidad de la democracia y jurisdicción españolas, ya hemos visto en el caso de Otegi, por una mera recusación, como han desacreditado su actividad

    Comentario escrito por pescadilla — 11 de noviembre de 2018 a las 5:05 pm

  12. 12

    Aprovecho para hacer una mención especial a la izquierda tricornio mirando a otro lado y aferrarndose al “ejquehanincumplidolaley”, y no querer ver la deriva autoritaria del proceso al “proses”…no sé si son los mismos que afirman que “han detenido a Willy Toledo por no acudir a declarar” por no afrontar que igual, igual España no es el país más descentralizado, moderno etc que se han creído que era….

    Comentario escrito por pescadilla — 11 de noviembre de 2018 a las 5:11 pm

  13. 13

    Tampoco hay que extrañarse tanto, ahora que se conmemora el centenario de la Gran Guerra a los líderes de los estados contendientes les cuesta disimular que aquello fue fruto del imperialismo y el nacionalismo de estado llevado al extremo, solamente hay que ver la sandez que ha soltado Macron. Pero no hay que olvidar a la izquierda francesa, que salvo excepciones bendijo todo aquello. Y aquí estamos, en pleno siglo XXI con la izquierda española haciendo de pagafantas, mirando hacia otro lado mientras las fuerzas vivas del franquismo sociológico hacen añicos la frágil e imperfecta democracia española. Pero claro, el nacionalismo es como los pedos, solamente molesta el de los de los demás. Aunque con el caso catalán toma tintes siniestros de persecución étnica. Se entienden así las simpatías de irlandeses o judíos.

    Comentario escrito por Gekokujo — 12 de noviembre de 2018 a las 6:55 am

  14. 14

    Nunca he entendido el empeño en la imputación por rebelión, cuando es mucho más sencillo y con menos riesgos jurídicos tanto internos como externos la imputación por sedición, desobediencia y malversación. Y el resultado en años de prisión no es mucho menor y más que suficiente. Estoy totalmente de acuerdo en que el sistema penal ha de ser garantista y que los hechos se ajusten a los tipos penales, pero no se puede pensar que lo ocurrido en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre del pasado año no sea constitutivo de delitos graves. Igual que la DUI del 27 de octubre. Alzamiento tumultuario. Los propios autores entonces asumían que eran actos ilegales que les conllevaría la cárcel. En un sistema democrático no cabe la impunidad, y menos de los que mandan, que han de asumir las consecuencias de sus actos. Tanto el Parlament como el Govern son autoridades públicas, representantes del Estado, que ostenta el monopolio de la violencia en los Estados de Derecho democráticos.

    El Estado derecho y el principio de legalidad son las garantías que tienen los ciudadanos que limitan el poder de los que mandan, que tienen que seguir los procedimientos democráticos, y no pueden saltárselos cuando quieran. Democracia no es que existan mayorías, sino que éstas no pueden saltarse impunemente la ley, sin cambiarla por procedimientos democráticos. Ha costado muchos años conseguir esto. En todos los Estatutos de Autonomía los catalanes decidieron que es necesaria una mayoría de dos tercios de los diputados del Parlament para poder realizar una modificación del mismo, que ciertos temas requieren unos consensos y unas mayorías cualificadas, que no se pueden imponer con la mitad más uno. Existe en todas las democracias. El 6 y 7 de septiembre una parte del Parlament agredió los derechos y garantías democráticas de los ciudadanos catalanes y del resto de españoles. Nada menos que derogar la Constitución y el Estatut. Si el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta del PP hubiera hecho lo mismo, ¿qué diríamos y haríamos?

    Es como si los ciudadanos residentes en el barrio de Pedralbes, el más rico de Barcelona, realizan un referéndum para pagar el 50% de los impuestos que pagan actualmente. Eso sí, solo van a votar ellos, tienen derecho a decidir, y los ciudadanos del resto de Barcelona y Cataluña no pueden votar en ese referéndum. Tampoco pueden oponerse a su realización, serían unos dictadores fascistas antidemocráticos, aunque sea ilegal y el barrio de Pedralbes no tenga competencia para ello. Que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado es uno de los principios básicos de la democracia, que tiene que tener herramientas para defender a los ciudadanos de los ataques al ordenamiento jurídico democrático. De acuerdo en afinar los tipos penales aplicables. Al alzamiento violento del 472 del Código Penal y a al alzamiento tumultuario del 544, ¿añadimos un tipo penal para las autoridades que se alcen de broma?

    Y todo esto realizado dentro de un proyecto ultranacionalista, identitario, totalitario, antidemocrático. El procés son los ricos tratando de deshacerse de los pobres. El nacionalismo es siempre y solo una ideología de extrema derecha pura y dura. Siempre he sido antinacionalista españolista, si escuchase a alguien de Madrid decir sobre España y los españoles las mismas cosas y frases que los independentistas dicen sobre Catalunya y los catalanes, pensaría sin duda que es un facha españolista naci. Por eso pienso lo mismo de los independentistas. Desde que tengo uso de razón llevo escuchando el discurso de que España es un Estado fascista, una dictadura antidemocrática que oprime a un pueblo, un pueblo oprimido que es democrático y que tiene derecho a la autodeterminación… Es el discurso de los batasunos desde hace bastantes décadas. Ahora sé que voy a pasar el resto de mi vida escuchando exactamente el mismo discurso por parte de los nacionalistas catalanes.

    Los grandes movimientos ultranacionalistas del siglo XX llegaron a tomar el poder en Alemania e Italia sin matar a nadie, a base de marchas, presión en la calle, ocupando los espacios institucionales gracias a resultados electorales amplios pero no mayoritarios, excluyendo a los que no compartían sus creencias, victimismo, insistiendo en una idea de pueblo vinculada a una raza o un idioma que es oprimido por los demás, sobre todo económicamente, y aprovechando periodos de crisis económica….…..¿les suena? ¿Tenemos que esperar a que maten a alguien para actuar jurídicamente?

    El censo de ciudadanos catalanes es de 5,5 millones de mayores de edad. Es decir, hay 3,5 millones que ni votan a partidos separatistas, ni participaron en el 1O. Pero los otros 2 millones se autoproclaman pueblo de Cataluña, derogan la Constitución y el Estatut, sin seguir los procedimientos y garantías democráticas del resto. Y declaran unilateralmente su independencia. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero no a tener nuestra propia realidad. Tienen que seguir los procedimientos democráticos establecidos, y respetar los derechos y garantías democráticas y constitucionales de los demás catalanes y españoles. No hacerlo está tipificado como delito. ¿Todavía no han entendido porqué ni uno de los 200 países del mundo, democracias, dictaduras, de izquierdas, de derechas, ni la ONU, ni la UE, ni uno, ni Andorra siquiera, que se dice pronto, ha reconocido la independencia de Cataluña?

    Comentario escrito por Pablo — 12 de noviembre de 2018 a las 9:06 am

  15. 15

    Pablo, saludos de Pepe Rubianes.

    Comentario escrito por Gekokujo — 12 de noviembre de 2018 a las 9:42 am

  16. 16

    Estoy de acuerdo con la celebración de un referéndum de verdad, pero esto pasa necesariamente por una reforma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos para ello, incluyendo votación de todos los españoles. La reforma que puede impulsar formalmente el Parlament de Cataluña, que sí está facultado para ello. En lugar de eso, el independentismo se afana en pedir lo imposible a sabiendas de que es imposible, lo que nos lleva a la conclusión de que todo es una farsa. ¿Quieren un referéndum? Que el Parlament presente una iniciativa de reforma constitucional, que vaya a las Cortes Generales a defenderla y a argumentarla, y después, que se debata y se vote.

    Existe un derecho de autodeterminación regulado por la ONU para colonias, salvaguardando expresamente la integridad territorial de los estados, pero en ningún lugar ni momento del mundo ha existido un “derecho a decidir”. Porque eso así es abstracto, lo importante es quien tiene ese derecho y sobre qué, sujeto y objeto del mismo. Y los independentistas quieren que el derecho sea solo de ellos, ellos tienen ese derecho, pero los demás no lo tenemos. Y tenerlo sobre nuestro estado, nuestras instituciones, nuestra nacionalidad, nuestros impuestos, nuestro mercado, nuestras fronteras….Sobre todo esto el resto también tenemos derecho a decidir.

    Está claro que tanto estar unidos como dejar de estarlo tienen ventajas e inconvenientes, lo que no puede ser es querer separarse para dejar de tener los inconvenientes, pero querer seguir teniendo las ventajas de estar juntos. Si te separas te separas para lo bueno y para lo malo. La principal motivación para la independencia de Cataluña es económica. El procés son los ricos tratando de deshacerse de los pobres. Simplemente no compartir los ingresos fiscales con regiones más pobres y al mismo tiempo, eso sí, seguir conservándolas como mercado. Pero si hay frontera para los impuestos hay frontera para las mercancías y las personas. Si somos otro país, lo somos para todo. Estoy de acuerdo en establecer una Ley de claridad que permita una salida de Cataluña, pero como hicieron en Quebec, en unas condiciones en las que no puedan conservar las ventajas de estar juntos si no quieren tener los inconvenientes. Y esto a través de una reforma votada por todos los españoles, que tenemos derecho a decidir, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos constitucionalmente.

    En Canadá después de 2 referéndums en Quebec, hicieron una Ley de Claridad en 1998, y no ha vuelto a haber ningún referéndum más. De hecho los independentistas han quedado en un 20% de votos y no gobiernan Quebec. Una ley de claridad establecería los siguientes puntos, bajo el principio de no poder mantener las ventajas de estar juntos si no se quieren tener los inconvenientes:
    – para iniciar el proceso de referéndum se necesita una mayoría de 2/3 del Parlamento autonómico.
    – una pregunta clara aprobada por el Congreso,
    – obtener mayoría de más del 50% del censo en todas las provincias de la Comunidad.
    – plazo de 20 años hasta poder repetirlo.
    – y posibilidad de referéndum para que los ciudadanos de partes del territorio decidan no separarse. Si España es divisible, el nuevo estado también.
    – se establecen los criterios del reparto de activos y pasivos, especialmente las pensiones y la deuda pública, asumiendo cada uno su parte.
    – Plazo de 40 años para la entrada del nuevo estado en la Unión Europea, con lo que conlleva respecto a la zona euro y al espacio Schengen. Se negociará la exención de visado.
    – 40 años sin acceso al mercado español y europeo sin aranceles.
    – 40 años sin posibilidad de firmar convenio de doble nacionalidad.
    – Separación de selecciones nacionales y ligas y competiciones deportivas.
    – Salida de las Confederaciones Hidrográficas españolas que gestionan el agua de los ríos de las entidades territoriales separadas.
    – Validez de los carnets de conducir del nuevo estado solo como turista por 3 meses.
    – Valoración de la convalidación de los títulos universitarios expedidos en el nuevo estado.

    Los independentistas se tragaron la propaganda de que la prosperidad catalana se debe a su superioridad intrínseca, a que son más listos, trabajadores, y más demócratas, que el resto de españoles. Cuando la realidad es que su economía, su empleo y su recaudación dependen totalmente del mercado español. Solo les están contando las ventajas de separarse, pero no los inconvenientes y los costes de una fractura y de un Estado nuevo. Las empresas catalanas venden más en Aragón que en Francia, que están a la misma distancia, pero el efecto frontera es demoledor. Esos productos en Aragón ya no se comprarían a empresas catalanas sino a otras, el hundimiento en recaudación y empleo sería tremendo en Cataluña. Económicamente no es un buen negocio, la calidad de vida de los ciudadanos bajaría muchísimo, y por bastante tiempo, estamos hablando de hijos y nietos. Francia no vende en España ni el 1% de lo que produce. Pero el 40% de lo producido en Cataluña se vende en el resto de España. Ningún país depende tanto del mercado de otro, y si separan no lo tendrán, si hay frontera para los impuestos hay frontera para los productos. Y otro 30% lo venden en el resto de la UE. Cataluña quedaría fuera de la UE directamente como estado tercero con todo lo que conlleva. No puedes quedarte con las ventajas sin asumir los inconvenientes, a costa de que los demás sí lo hagamos. Si somos otro país lo somos para todo. ¿Uds. creen que es forma de tratar a sus clientes? Que les robamos, que somos ladrones, vagos, fascistas antidemócratas…..¿Se imaginan a alguien en el mundo que trate así a sus clientes??

    Comentario escrito por Pablo — 12 de noviembre de 2018 a las 10:14 am

  17. 17

    Gekokujo, que en paz descanse. Mi opinión sobre la unidad de España es la misma que la de Pepe, lo que pasa es que coincide con la que tengo sobre la independencia de Cataluña. En resumen:

    Senyera= bandera española constitucional
    Estelada= bandera franquista con aguilucho

    Comentario escrito por Pablo — 12 de noviembre de 2018 a las 10:22 am

  18. 18

    Hola Andrés,

    resucito un momento para contestar a tu interesante texto y a los comentarios que ha suscitado.

    En primer lugar, soy un español de pura cepa con los 4 abuelos de pura cepa. En mi família no hay españoles de otras partes de España; No, en mi familia no hay apellidos familiares, pero de otras partes de España, como Sánchez o Moreno, solo hay apellidos como Mestre, Masip, Anguera, etc. Todos son de mi región, Cataluña. Cataluña es parte indisoluble de España. Y jamás, repito jamás, aceptaré la amputación de esa parte de España. Si mis vecinos quieren la independencia, iremos a la guerra. Sin acritud y de buen rollo Andrés, pero iremos a la guerra. Esa es mi posición al respecto de la ruptura de España. Lo digo para todos los comentaristas que se han expresado en esos términos.
    Para mi, la gente como tú, estimado Andrés, se define con un adjetivo: “Traidor”.

    traición
    Del lat. traditio, -ōnis.

    1. f. Falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener.

    2. f. Der. Delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria.

    No voy por tanto a discutir quimeras sobre votaciones que no vienen a cuento.

    Así que vayamos al artículo escrito por Andrés, en el cual denuncia que no se ha respetado la Constitución y que se está deteriorando la confianza en las instituciones estatales.

    Lo primero que hay que decir, es que la CE de 1978 no es una Constitución sino una Carta Otorgada. Quien redactó la mal llamado constitución? “Los padres de la Constitución”. Que eran diputados de las Cortes Franquistas. Es decir diputados franquistas(Elegidos con la legalidad franquista) hicieron un pacto y por consenso (de arriba a abajo, hicieron un texto) otorgaron una carta al pueblo español que sería el fundamento del nuevo régimen que surgió tras la dictadura franquista (De la Ley a la Ley…) (La constitución que todos nos hemos dado… Si mi abuelo no sabía escribir, como iba a darnos una Constitución, en fin…).
    La CE describe un Estado heredero de los fascismos europeos donde no hay división de poderes, ni representación (Como con Franco) pero donde el poder no reside en un dictador, sino en las jefaturas de los partidos políticos. Es decir, que pasamos de una tiranía de un dictador a una oligarquía donde un selecto grupo de jerifaltes políticos (Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Quim Torra, etc) deciden si vamos a cobrar pensión cuando nos jubilemos o si mañana nos detendrán por despotricar en Facebook contra el Presidente del Gobierno. Y donde el origen del poder no reside en haber ganado una guerra civil sino que radica en ser refrendado en las urnas cada cuatro años o en pactar en las cortes un cambio de gobierno.
    La CE de 1978 no ha sido nunca una constitución sino una lamentable apariencia de una Constitución y si sigue vigente es porqué nunca se ha cumplido. ¿O es que los españoles nacemos con una vivienda bajo el brazo o por ser españoles tenemos por derecho un trabajo?
    Si Carl Schmitt viviera en Valencia en 2018 se llamaría Andrés Boix (Aunque, él era un grandioso jurista y tu eres un simple licenciado en derecho. No es comparable Gaziel a un juntaletras como Carles Sentis. Me refiero claro está, al legado de Carl Schmitt y a tu legado. Todo el mundo conoce el nombre de Carl Schmitt, cuando mueras quien se acordará de Andrés Boix?) Me refiero a que él se convirtió en un apologeta del nazismo como tú eres un apologeta de la oligarquía que padecemos. No es que no seas capaz de aportar textos interesantes, son mucho más razonados que otras cosas que se cuelgan en la red o en la misma LPD, pero en el fondo todo va de lo mismo: “salvar el culo” o la cátedra, que en el fondo viene a ser lo mismo.
    Que una dictadura o una oligarquía no respete sus propias leyes no es ninguna novedad. En eso radica ser un oligarca, en hacer lo que uno quiere.
    El problema estimado Andrés es que tú quieres salvar a Ernst Röhm. Röhm fue ejecutado por Hitler por ser una amenaza para el régimen nazi. Como el Pusdemon y el tuerto han sido castigados por el régimen del 78. Y tú, defiendes a Ernst Röhm y dices: “que Ernst Röhm ignorase el Führerprinzip no debería ser castigado por el régimen, porqué Ernst Röhm es uno de nosotros, un oligarca, y nosotros debemos ser comprensivos con él.” Matar a uno de nosotros(Como guillotinar a Luis XVI es pecado) atenta contra la estabilidad del régimen. Tú defiendes la concordia y una nueva transición: que corra el dinero, la bebida y las putas, todo a cargo de los pringados de siempre. Concordia, consenso, aquí no ha pasado nada, hay que mirar para alante y seguir robando.
    Y en cambio, yo digo hay que guillotinar al Pusdemón y que el tuerto y el calvo se pudran en la cárcel porqué se les fue la pelota y rompieron el consenso y la concordia.

    No se si lo habéis pillado, nenes. Pero eso es todo.

    Comentario escrito por POCHOLO — 12 de noviembre de 2018 a las 5:33 pm

  19. 19

    Sé que no debería meterme, pero es que no puedo resistirme: Presumir de apellidos como Mestre, Masip, etc, para acabar hablando de Pusdemón… no sé, me suena a algo parecido al autoodio (por supuesto considerando que en un foro de internet todo el mundo es quien dice ser).

    Lo del traidor lo veo bastante pasado de vueltas. Y un poco así el resto, aunque entiendo que a partir de ahí no sube la intensidad, lo que da una cierta sensación de anticlímax.

    Comentario escrito por l.g — 12 de noviembre de 2018 a las 8:56 pm

  20. 20

    Una reforma de la constitución con las fuerzas vivas patrias cagándose en ella día sí y día también no es muy realista.

    Comentario escrito por Gekokujo — 12 de noviembre de 2018 a las 10:55 pm

  21. 21

    Después de leer eximios comentarios, con mención especial a Pocholo, solo puedo decir que no solo empiezo a comprender las ansias independentistas de ciertos sectores de la sociedad, sino que además me dan ganas de unirme a ellos. Y tiene mérito porque soy de Valladolid pero, antes que compartir patria con semejantes psicópatas, casi prefiero pirarme.

    Comentario escrito por SinanPacha — 12 de noviembre de 2018 a las 11:42 pm

Publicar comentario

(imprescindible)

(Imprescindible, pero no la publicamos)

RSS: Utiliza este enlace para sindicarte a los comentarios de este blog. TrackBack URI

No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,321 segundos
En La Red desde septiembre de 2006