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En torno al concepto normativo de libro

Acaba de publicar la editorial Iustel unos interesantes comentarios a la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas [1] coordinados por Santiago Muñoz Machado. Como puede verse en el índice de la obra [2], se analizan en la misma toda una serie de cuestiones de indudable interés jurídico pero también social al hilo de la reciente regulación que el tradicional artefacto conocido como «libro» ha recibido, extendida, además, a su versión «digital» o «electrónica». Más allá de la interesante reflexión sobre las relaciones entre libros y normas, entre Derecho y medios de transmisión de la información y la cultura que realiza Santiago Muñoz Machado, quien ande interesado en cuestiones como el poliédrico asunto del precio único de los libros, los perfiles de normas programáticas y principalistas como en su mayor parte es ésta, la organización de las bibliotecas o la instrumentación de medidas como el canon para el préstamo bibliotecario o el despliegue del peculiar aparataje sancionador que se prevé para el sector, tiene material de sobra para disfrutar.

Colaboro en la obra con un capítulo sobre el concepto normativo de libro, la integración en el mismo de «lo digital» y, especialmente, dedicado a reflexionar sobre si esta superación de la idea de libro en tanto que artefacto que la ley asegura plasmar es tal o si, en realidad, aparecen rápidamente incoherencias que demuestran que no es tan sencillo asegurar que, de un plumazo, vamos a considerar como «libro» no tanto un determinado bien sino todo lo que pueda ser a la vez legible y reconducible a una unidad (en tanto que «obra»). No es fácil esta tarea, y la ley, que por lo demás estaba muy ocupada en regular cuestiones más prosaicas (como, por ejemplo, el asuntillo del precio único), tampoco es que se lo haya tomado demasiado en serio. Pero tarde o temprano, si queremos aspirar a que la regulación sea satisfactoria y coherente, tendremos que ponernos a la tarea, arremangarnos y empezar a modificar algunos esquemas mentales… y legales.

Con independencia de que, en cuanto pueda me gustaría poder colgar el PDF de mi capítulo, sí puedo esbozar brevemente aquí algunas de las reflexiones y conclusiones a que inevitablemente me llevó el estudio de lo que, a partir de ahora, entiende nuestro ordenamiento por libro y del éxito o fracaso del aggiornamiento del concepto al «mundo digital» (y perdonad por el uso de la expresión). Básicamente, las ideas dominantes se resumen en dos: la ley no ha prestado atención ni a las profundas consecuencias de la transformación del concepto en sí mismo considerado ni, menos todavía, ha atendido a la evidente y obvia realidad de que el libro, en la actualidad, es una mercancia que participa en el mercado de bienes de consumo «culturales», si se quiere, con las consecuencias económicas inevitables que de ello se deducen, sin que hayan sido tenidas en cuenta por la ley.

El modelo de negocio sobre el libro electrónico plantea diferencias respecto del tradicional que no siquiera consideradas, lo que demuestra que, más allá de incluir expresamente estos tipos de libros en su art. 2 a) [3] y de referirse a las bibliotecas digitales la preocupación del legislador ha seguido centrada en los formatos tradicionales. Numerosos elementos estructurales del libro digital y del mercado que genera difieren enormemente del tradicional y el Derecho, máxime si la potenciación de la lectura se entiende como un objetivo en sí mismo y la Ley trata de dar una respuesta a la necesidad de facilitarla y hacer llegar la posibilidad de acometerla a todos los ciudadanos en ciertas condiciones, tendría que dar una respuesta a ciertos problemas específicos del sector. No es el momento de extendernos sobre el particular, pero sí es importante, al menos, reflejar los más importantes.

El primero de ellos se refiere a los problemas que pueden darse respecto del mismo acceso a la información escrita, que debiera obligar a una regulación estricta si se quieren garantizar los derechos de los ciudadanos y lectores, lo que no era necesario con el soporte tradicional, si se quieren evitar ciertas prácticas mercantiles. Porque con medios electrónicos el acceso no se realiza como con el libro tradicional y puede quedar limitado por medios técnicos que determinen prácticamente todo: si se trata de un acceso temporal o ilimitado, si lo es con capacidad de copia o no, si permite la reproducción ilimitada o controlada o sólo en ciertos equipos, si con restricciones a los usos o más o menos libre… La ley actual del libro, a pesar de que recoge abiertamente que libro lo será cualquier texto que pueda ser leído, apenas si es consciente de estas particularidades y de la necesidad de una intervención, que no puede limitarse a regular los derechos de propiedad intelectual, si de veras desea garantizar cierta igualdad en las formas de acceso, con una incidencia neutra de la tecnología.

Máxime porque, a partir del momento en que ha empezado a ser factible este control y establecer estas limitaciones (imposibles con el soporte papel o, en todo caso, con restricciones que si se imponían eran imposibles de controlar y perseguir), se han comenzado a producir abusos respecto de las condiciones de utilización y uso impuestas por los medios de comunicación de pago, en su versión digital, a los usuarios, o por los difusores de productos culturales (esencialmente el problema se da con el audio y el vídeo, pero también con los e-books, como una simple lectura a sus licencias de utilización demuestra), a sus compradores. Dichos usuarios podrán, de acuerdo con algunas cláusulas que se van generalizando, consumir estos contenidos directamente en la web, pero en muchos casos no los pueden archivar, ni tampoco pueden acceder a los mismos cuando ha pasado el período contratado, ni pueden cederlos a terceros, por ejemplo. Hay ocasiones en que las cláusulas permiten a los compradores leer el libro digital en cuestión únicamente un número determinado de veces, o copiarlo sólo en un número determinado de equipos o, incluso, se les vedará la reproducción en voz alta del mismo. Dado que estas cláusulas en algunos casos (por ejemplo, si limitan tecnológicamente la capacidad de copia) van contra derechos como el de copia privada, reconocidos por la legislación española y por la que, además, el consumidor abona un canon cuando compra muchos de los soportes en que vienen obras digitales, la ley debiera haber intervenido. Desde una perspectiva que, más allá de la regulación de los derechos de autor, estableciera los términos en que el mercado del libro comercializa estos productos que la propia ley considera, en primer término, culturales e iguales con independencia del soporte sobre el que se distribuyan pero cuyas manifiestas quiebras a la neutralidad tecnológica, a estos efectos, poco parecen importarle.

Por lo demás, hay aspectos de la ley en que ya no se trata de falta de regulación sino de previsiones que, antes al contrario, sí parecen haberlo tenido en cuenta pero que chocan radicalmente con la realidad económica del sector. Es el caso, por ejemplo, de la imposición de un precio único al libro, con muy contadas excepciones, que no parece atender a las diferencias en los soportes, por demás evidentes, que justificarían precios de mercado sensiblemente distintos. La regla del precio fijo , así entendida, provoca efectos tan contrarios a la lógica de la propia ley, que clama por que el libro lo es en su unidad y especificidad con independencia del soporte, como que se entiendan como productos diferentes la obra impresa y exactamente la misma obra digitalizada, dado que pueden obtener un ISBN cada una, como única alternativa para lograr una comercialización sensata, pudiendo diferenciar el precio de un producto que es muy distinto en un caso y otro, aunque la ley querría que se entendiera como único. Adicionalmente téngase en cuenta que el problema podría ser incluso planteado respecto de los mismos libros, en soporte tradicional, cuando son comercializados empleando tiendas online respecto del precio de venta al público en librerías tradicionales, dado que la estructura de costes del sector del libro hace que la distribución y puesta a disposición encarezcan notablemente el precio del bien. No se entiende muy bien hasta qué punto beneficia los objetivos que la ley dice pretender cumplir el mantenimiento excesivamente elevado, notablemente por encima de lo que determinaría el mercado en otras condiciones, del precio de estos bienes culturales, restringiendo las posibilidades de acceso a los mismos de muchos ciudadanos. Únase a ello el diferente régimen impositivo que se deriva las más de las veces, en ciertos países de Europa, de realizar la actividad de venta de libros presencialmente o por Internet y se aparece un panorama nada razonable.

Por último, es posible incluso cuestionar las premisas de la ley al establecer el libro como un sector privilegiado por su incidencia cultural y la lectura como elemento esencial y privilegiado para acceder a la comprensión de la vida social. Es dudoso, a estas alturas, que sociedades complejas como las que conocemos, sólo hayan de ser analizadas y comprendidas correctamente a través de manifestaciones textuales, cuando la realidad es mucho más plural. Así, el resto de industrias culturales permiten un acceso a la cultura y a la comprensión de la sociedad que puede ser perfectamente homologable al derivado de la lectura, amén de integrar en sus contenidos elementos adicionales, como es el caso del factor audiovisual. Obviamente, muchas de sus manifestaciones están destinadas al ocio o tienen su origen en intereses comerciales y no necesariamente de difusión del conocimiento, pero no se trata de un hecho al que sea ajeno el sector del libro. Llama la atención, dada la producción editorial actual y su composición, dada la cifra de negocios del sector, que se prosiga con este discurso acríticamente. Máxime cuando, si tal fuera el caso, si efectivamente la lectura de libros fuera un elemento absolutamente esencial para la educación y comprensión del mundo por parte de la ciudadanía, la situación en que se encuentra en estos momentos nuestro país sería en verdad gravísima y requeriría de la adopción de medidas de mucho mayor calado que las contenidas en la norma. Esta constatación no pretende minimizar la importancia de la lectura, sino apuntar que no se trata sólo de valorar y apreciar las bondades de la misma, dado que las manifestaciones culturales y educativas tienen un origen, en la actualidad, mucho más plural. Además, si bien en la actualidad se lee mucho, probablemente más que nunca, no se trata (y en el futuro no lo será probablemente más que ahora) en muchísimos casos de lectura de libros, algo que la ley no parece tener demasiado en cuenta.

Todo ello con independencia, del hecho, al que ya nos hemos referido, de que la propia aproximación de soportes y digitalización de contenidos hace que en muchos casos los mercados del libro y del resto de bienes de consumo y demás productos culturales no difieran demasiado, así como tampoco lo hacen, curiosamente, muchas previsiones inicialmente pensadas para la comercialización de libros. En el fondo, la ley no tiene demasiado presentes las transformaciones reales ya producidas en el sector ni atiende a los fenómenos imparables de convergencia e integración que la tecnología está imponiendo y que cada vez convierten en más quimérica la pretensión de identificar y distinguir al libro de otras manifestaciones. La aparición incidental de las referencias y de la preocupación por la digitalización se ciñe en la norma a medidas de fomento relacionadas con las bibliotecas y la ya mencionada preocupación por la difusión de la cultura española . Pero no parece que la Ley 10/2007 sea una norma que haya tomado verdadera conciencia de qué es y supone el libro digital y del hecho de que, más allá de tomar nota de su existencia e integrarlo en la definición de libro, sería precisa una regulación que afrontara los evidentes cambios en el mercado de la edición y, más ampliamente, de toda la industria cultural analizada como un todo que su generalización ha traído consigo.

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#1 Comment By Andrés Boix Palop On 17 diciembre 2008 @ 8:53 pm

Una de las polémicas que planteó la tramitación de la ley fue la cesión de parte de la gestión del ISBN a las CC.AA. Se rompía por ello, como siempre, a juicio de algunos, España. Cuando lo anómalo era que la asignación del ISBN, siendo como es de suyo un instrumento descentralizador y de coordinación ni siquiera de origen estatal, estuviera monopolizada por el Estado.

Una noticia de hoy:

<em>Los editores podrán asignar el ISBN
15/12/2008
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se adapta la normativa relativa al ISBN al nuevo concepto de libro establecido en la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.
El ISBN es un número creado internacionalmente para dotar a cada libro de un código numérico que lo identifique. Este número permite coordinar y normalizar la identificación de cualquier libro, utilizar herramientas informáticas para localizarlo y facilitar su circulación en el mercado editorial. El objeto de este Real Decreto es adaptar la normativa existente en esta materia para hacerla más acorde con la realidad actual y con la existencia de nuevos formatos de publicaciones electrónicas, así como a las necesidades y demandas del sector editorial.

En el texto se contemplan las funciones que corresponden al Ministerio de Cultura en la gestión y asignación del ISBN, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia.

Como novedad más importante, este Real Decreto contempla por primera vez la posibilidad de que los editores, a través de sus asociaciones y mediante el oportuno acuerdo con el Ministerio de Cultura, realicen la función de asignación del ISBN. Con esto se adopta el modelo de gestión que tienen prácticamente todos los países de Europa.

La norma consolida la importante función del ISBN, estimulando la cooperación de los proveedores (editores, autores-editores) y usuarios (libreros, distribuidores, bibliotecas, lectores…) en el desarrollo de la información e identificación bibliográfica española, contribuyendo en definitiva a la difusión de nuestra producción editorial.</em>