Monterías y demás peleas en torno a la relevancia constitucional de las reglas de prescripción

A cuenta de una cuestionadísima pero no sorprendente sentencia del Tribunal Constitucional, parece que se ha convertido en asunto de rabiosa actualidad determinar la exacta relevancia constitucional de las reglas de prescripción de delitos. Dicho así, la cosa no se entiende mucho. País extraño España donde la gente debate sobre si la prescripción se ve interrumpida por la mera presentación de una querella o si sólo queda rota con la admisión de la misma. Claro que el interés público sobre el asunto se entiende perfectamente si apuntamos que al final de la película, gracias a la peligrosa pirueta jurídica protagonizada por el Tribunal Constitucional, un par de personas muy ricas e influyentes del país se libran de ir unos añitos a la cárcel y Su Majestad puede retomar tranquilamente sus habituales cacerías junto a uno de ellos.

Lo cierto es que es de agradecer que en España se comience a hablar de estas cosas más allá de los «círculos informados» habituales. Que incluso, con notables y clamorosas excepciones, las reales implicaciones de este asunto y de la Sentencia del Tribunal Constitucional hayan sido objeto de comentario, análisis, discusión y crítica. Que el Gobierno se haya visto obligado a responder preguntas sobre el particular. Que el Fiscal General del Estado haya hablado, y lo haya hecho con claridad, respecto a qué juicio técnico le merecía la sentencia. Así como que ambos, Gobierno y Fiscal, se muestren preocupados por el riesgo de que cunda la percepción entre los ciudadanos de que la Justicia, a veces, tiene muy en cuenta a quién en concreto se está juzgando a la hora de decidir sobre ciertos asuntos. Eso sí, como tampoco es cuestión de lanzar todas las campanas al vuelo tan prematuramente, cabe reseñar también cómo la prensa de referencia (especialmente en todo lo relacionado con la Casa Real), en materia de cacerías, ha preferido mirar para otro lado.

¿Qué ha pasado? ¿De qué va todo este asunto? ¿Tiene sentido comentar en abierto, para todo el mundo, parte de lo que los «círculos informados» vienen discutiendo hace ya mucho tiempo?

Como el núcleo del problema no tiene nada que ver con la estafa que los llamados «Albertos» cometieron en su día, y que más allá de que el delito hubiera prescrito o no cuando se inició su persecución, a estas alturas nadie pone en duda, podemos prescindir de detallar nada sobre el particular. El Tribunal Supremo, después de un largo proceso judicial, acabó condenándolos por un delito de estafa no sólo a una pena de prisión sino, por supuesto, a reintegrar la cantidad, no precisamente magra, que se entendió probado que estas grandes escopetas de España habían estafado a unos socios.

La defensa de los acusados, a la vista de cómo pintaban las cosas, acudió al Tribunal Constitucional en recurso de amparo, alegando para ello que la interpretación del Tribunal Supremo respecto a la no prescripción del delito (la querella fue presentada el último día antes de que el delito prescribiera) constituía una violación de sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, la Sentencia del Tribunal Supremo debía ser anulada.

Jurídicamente, esta línea de defensa era débil y problemática (pero como era la única que quedaba, obviamente, había de ser apurada), por muchos motivos, de entre los que sintéticamente podemos destacar tres:

1. Es dudoso que las reglas en materia de prescripción tengan relevancia constitucional y afecten a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Como es obvio, puede argumentarse que la existencia de la prescripción de delitos y penas sí tiene su relevancia constitucional, de modo que el TC ha de velar por que la misma exista, sea real y efectiva y permita un cierto derecho al olvido, a no tener una permanente espada de Damocles pendiendo eternamente sobre nuestras cabezas. Pero, más allá de este punto, que la prescripción sea de 5 años o de 10 para un delito; que el plazo empiece a contar tal día y, en consecuencia, se entienda que acaba tal otro; que la actuación que se entienda bastante para evitar que siga corriendo el plazo de prescripción sea una u otra… son cuestiones de legalidad ordinaria, que no tienen nada que ver con la Constitución. Corresponde al legislador decidir sobre estas cuestiones y a los jueces ordinarios zanjar las disputas que sobre la correcta interpretación legal de las normas puedan darse.

2. La jurisprudencia constitucional habida hasta la fecha había sido, además, constante en aceptar las concretas reglas en materia de prescripción que se habían venido produciendo. La concreta apreciación de que bastaba presentar una querella el último día del plazo para que la prescripción no se produjera era una pauta que no había sido juzgada nunca por el Tribunal Constitucional como en absouto problemática. Hasta que, tras la condena de los Albertos por parte del Tribunal Supremo, el Constitucional se largó una Sentencia en 2005 donde, sin venir a cuento, por sorpresa (y de paso beneficiendo a un anónimo ciudadano al que le tocó la pedrea de ver cómo una condena por delito fiscal le desaparecía por intercesión cuasidivina), rectificó su doctrina en la materia. Y, afirmando que en las reglas de prescripción sí había enjundia constitucional, se metió en faena. Largándose, en un obiter dicta, un párrafo estrictamente obsceno (porque estaba fuera de la escena procesal de la discusión de ese caso concreto) que venía como anillo al dedo a las pretensiones de los Albertos, que muchos advirtieron ya en su día como una forma de, aprovechando un caso semejante, establecer un precedente en el que la futura Sentencia se apoyaría. En realidad sólo la letrada del Tribunal Constitucional que preparó y redactó la Sentencia, que metió el famoso obiter dicta, así como los magistrados que votaron una y avalaron el otro (hay que presumir que sí eran conscientes de lo que estaban votando) saben los motivos que les llevaron a hacerlo. Pero la sensación dominante en todos los que han seguido el asunto es que era evidente que esa sorprendente Sentencia, con semejante variación en una asentada jurisprudencia del TC, no estaba pensando en el caso que resolvía (para la que, insistimos, el párrafo de marras era incluso en su redacción desconcertante) sino en la futura Sentencia que, al final, por supuesto con cita al precendente mencionado y transcripción del párrafo de marras, al fin ha llegado. Por este motivo decía al principio que la actual Sentencia, la que absuelve a los «Albertos» al aceptar su recurso de amparo, puede calificarse de muchas formas, pero no como «sorpresa».

3. Por último, hay un tercer motivo de peso que va en sentido contrario a la lógica aplicada por el TC. Ya no es sólo que la regla en cuestión no tenga relevancia constitucional y no tenga sentido que el TC se meta en este asunto, ni que lo haga rectificando su propia jurisprudencia de dos décadas. Es que, además, la nueva regla en materia de prescripción del Tribunal Constitucional es mucho peor, menos sensata y más peligrosa que la anterior. Va contra la práctica de muchas administraciones y de particulares que, en la esperanza de evitar pleitos y para tratar de resolver conflictos por otras vías, apuran históricamente hasta el último día del plazo de prescripción, en muchas ocasiones, sabedores de que la presentación de la querella bastaba. Con la nueva fórmula, que hace depender la quiebra de la prescripción de un hecho que no depende del particular o administración que denuncia, sino del órgano judicial que recibe la querella, se elimina seguridad jurídica. La gente ya no podrá estar segura a ciencia cierta de que con lo hecho por ellos logra detener el plazo de prescripción. Y, además, al quebrar una práctica de años, no sólo de particulares que a lo mejor buscaban por ello ciertas ventajas sino también de Administraciones como la tributaria, el TC acaba de abrir un boquete de considerables dimensiones por el que ya están empezando a colarse numerosos delitos fiscales o contra la Seguridad Social que, dado que la querella se presentó el último o penúltimo día de plazo, han pasado a estar prescritos según la nueva norma. Como ya han apuntado algunos, con la nueva jurisprudencia constitucional en la materia, el caso GAL habría prescrito. Es decir, que junto a las dos primeras razones se une una tercera para agravar la decisión adoptada por el TC: la nueva doctrina en materia de prescripción que introduce, vendida como «garantista» (y sólo lo es falsamente) es, además, peor que la anterior a la hora de cumplir de manera clara, segura y pacífica con su función. Y no está de más recordar que la prescripción es precisamente un instrumento que ha de ayudar a la seguridad jurídica, no al revés.

Debido a la extraordinaria debilidad de la defensa jurídica de la posición de «los Albertos» la Sentencia del Tribunal Constitucional, que por las razones expuestas queda claro, aunque haya sido de forma somera, que es más que discutible, ha generado una polémica inevitable. Se trata, básicamente, no tanto del escándalo que pueda producir una sentencia equivocada por los tres motivos señalados, como de la generalizada sospecha de que la decisión de poner patas arriba las reglas en materia de prescripción ha sido adoptada no tanto porque las mismas supusieran problema alguno a juicio del Constitucional como porque era la única manera de salvar a unos amigos del Rey de ir a la cárcel.

En favor de la sospecha juegan lo insólito de la decisión y el hecho de que todos los datos externos, empezando por la sentencia de preparación del precedente y acabando por la enorme dilación con la que ha resuelto el Tribunal, parecen ir en esa dirección. Urge por tanto una explicación jurídicamente más sólida por parte del Tribunal, que esperemos que vaya aportando en las nuevas sentencias en las que tendrá ocasión de reafirmar su nueva tesis (porque no hay duda de que va a tener muchas ocasiones para ello, en concreto varios miles de delitos fiscales y contra la seguridad social que, por arte de magia, acaban de pasar a ser considerados como prescritos que, a buen seguro, le llegarán en amparo), sobre las razones jurídicas de tan espectacular vuelco. Razones que, por ejemplo, sean capaces de desmontar los votos particulares de Rodríguez Arribas tanto a esta sentencia como a su supuesto precedente.

Creo que es de justicia señalar también que en contra de la sospecha expresada, y a pesar de comprender que pueda existir, juega la trayectoria de la Justicia española en materia de amigos del Jefe del Estado. Como es sabido, gracias a los problemas que ha tenido Prado y Colón de Carvajal, ser íntimo del monarca no es condición que permita excluir tener que vérselas con la justicia. Y la enorme cercanía con Su Majestad de personajes como De la Rosa o Conde no les salvó de la prisión. Así pues, hay que recordar, en estos momentos, que el sistema penal en España, hasta la fecha, ha demostrado ser capaz de juzgar y encarcelar a probados delincuentes por mucho que formaran parte del círculo más próximo a Juan Carlos de Borbón.

Lo cual tampoco obliga, por supuesto, a creer a pies juntillas en la pureza de la decisión del Tribunal Constitucional. Allá cada cual. Pero sí tiene sentido insistir en que es muy problemática y que parece sencillo defender que además es una Sentencia equivocada. Y que, sin necesidad de hacer un juicio de intenciones, es técnicamente delirante y deberá ser, como decía antes, pormenorizadamente justificada en próximas sentencias, ya que en ésta lo ha sido de manera francamente deficiente.

Me parece por este motivo especialmente saludable que el Tribunal esté recibiendo críticas y que sea el propio Fiscal General del Estado quien haya asumido la tarea de transmitir a la ciudadanía su preocupación por una Sentencia jurídicamente muy cuestionable. El criterio de la Fiscalía, en este caso, se antoja mucho más sensato y jurídicamente correcto que el del TC. Ahora bien, ante unas críticas moderadas, prudentes y, además, bastante certeras, y para culminar todo este disparatado asunto, los magistrados del Tribunal han decidido reaccionar cual vírgenes ofendidas y han tenido ha bien informar a todo el mundo de que consideran inaceptable estar sometidos a pública crítica de tal índole.

Y es a partir de este punto donde uno empieza ya, directamente, a sentirse más entretenido que indignado pues la cosa es más bien grotesca. Porque si bien la reforma reciente de la LOTC dejó claro y legalmente zanjado que las decisiones del TC no pueden ser en lo más mínimo cuestionadas por otros órganos judiciales, lo que impide para este caso, como para otros, que el Tribunal Supremo luche por imponer su criterio frente al del TC, ¿acaso entienden los magistrados del Tribunal que sus decisiones no pueden ser criticadas? O, como parece, ¿se trata únicamente de que no las critiquen desde la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué razón exactamente? ¿Tampoco el Gobierno podrá en el futuro manifestar su desacuerdo con ciertas sentencias del Tribunal Constitucional?

Por lo visto, esta chiripitiflaútica visión de la inviolabilidad del Tribunal e intangibilidad de sus Sentencias se basa en la idea de que la división de poderes impide al Ejecutivo enjuiciar cómo se conducen los otros poderes del Estado. Nada más lejos de la realidad, claro. Porque precisamente el hecho de que sean poderes distintos es lo que hace perfectamente posible, es más, saludable, que unos y otros cuestionen aquellas actuaciones que no se juzgan correctas del resto de poderes del Estado. Al menos, cuando toca que lo hagan por afectar a sus funciones. Y digo yo que el Fiscal General del Estado (o el propio Gobierno, ya puestos, que para algo tiene también por ahí, actuando en su nombre ante el TC muchas veces, a los abogados del Estado), ya puestos, algo concernido se sentirá con estas cosillas en las que, entre otras cosas, ha participado en tanto que parte en el proceso. Que en el mismo ha defendido unas concretas posiciones. ¿Acaso alguien ve anormal que, si no son acogidas por el Tribunal, pueda explicar a los ciudadanos los motivos por los que las defendió y, en consecuencia, por qué entiende que el Tribunal se ha equivocado al no darle razón? Esto es algo que los estadounidenses, con su idea de los check and balances, tienen clarísimo desde hace tiempo. Pero que, a la vista está, en España todavía queda tiempo para asumir del todo.
A su vez, este asunto ha vuelto a traer consigo la inevitable discusión respecto al estatuto independiente o dependiente respecto del Ejecutivo del Ministerio Fiscal. Repitiéndose la discusión en unos términos, como siempre últimamente, que reconozco que me superan. Pero esto es cuestión que mejor tratar en otra ocasión. Porque de lo que se trata hoy es de dejar claro que al Tribunal Constitucional, ¡claro que sí!, se le puede criticar. Como se puede argumentar críticamente respecto de las razones que nos hacen pensar, a veces, que algunas de sus decisiones, como ocurre con la de «los Albertos», están jurídicamente equivocadas. Faltaría más.

PS: Aprovecho para recordar que lo que sí plantea problemas a la independencia de ciertos órganos es que otros, que son superiores, se pronuncien. Por ejemplo, el Jefe del Estado sí habría de guardar una exquisita prudencia para no influir en la resolución de asuntos que estan sub iudice y abstenerse de manifestar su alegría y orgullo por posibles condenas, del mismo modo que tampoco habría de interceder para conseguir absoluciones.



7 comentarios en Monterías y demás peleas en torno a la relevancia constitucional de las reglas de prescripción
  1. 1

    Y «El País», ¿qué dice de todo esto?

    Felicidades por el blog, y disculpa la ristra de comentarios que he dejado.

    Comentario escrito por Lucha — 01 de marzo de 2008 a las 4:57 pm

  2. 2

    Efectivamente la existencia de la stc de 2005 sobre la relacion prescripcion/plazos procesales no permite hablar de escandalo por la STC de los albertos. De hecho lo escandaloso seria que el TC cambiase de doctrina en funcion de la persona interesada.
    Yo llevaria el debate a la relacion jurisdiccion constitucional vs. jurisdiccion ordinaria.
    No es ya solo que el TC se permita dictar jurisprudencia rectificando al TS sino que al final por examinar recursos de amparo de gente al que le han puesto una multa de trafico o le han pillado trapicheando con droga el TC no cumple su papel fundamental y para el que no hay tribunal de instancia como es la interpretacion del estado autonomico. Al final los conflictos de competencias tardan 10 años en resolverse por culpa de que un señor se queja de que no le han notificado correctamente una providencia de apremio por una deuda tributaria de 5000 euros…
    Respecto de lo otro mas tarde o mas pronto el TC cambiara de doctrina o el legislador cambie el computo legal de la prescripcion, solucion esta ultima la mas adecuada habida cuenta que parece que existe un consenso politico (PSOE y PP) y social en la materia.

    Comentario escrito por Macanaz — 03 de marzo de 2008 a las 10:51 am

  3. 3

    Bueno, aquí partimos de un problema repugnante de ausencia de división de poderes en España, lo que, en mi opinión, relativiza casi cualquier debate en este sentido.
    Mi opinión (humilde, pues sólo soy un estudiante de 5º de Derecho) es que, si la competencia del TC, claramente determinada en la Cosntitución y la propia LOTC, se puede entender extendida a las reglas de la prescripción de los delitos, no veo por qué no puede entenderse extendida asimismo a cualesquiera otras instituciones jurídico-penales, por ceñirnos al tema en cuestión.

    Le lanzo una pregunta, ingenua, eso sí, respecto de mis primeras líneas: ¿Por qué razón España tiene que soportar que su Poder Judicial esté totalmente dominado por los partidos políticos? ¿Por qué la composición del TC y del propio CGPJ se ventila en negociaciones entre políticos?

    Un saludo.

    Comentario escrito por piterino — 03 de marzo de 2008 a las 5:22 pm

  4. 4

    Pues ( en mi opinion) porque el PSOE hizo en el año 1985 una mutacion constitucional aprovechandose de la deficiente redaccion del Art.122 CE ( sin consenso ninguno por cierto, eran los tiempos del famoso rodillo) y el TC no fue capaz de decir nada, precisamente cuando esa es su verdadera funcion.

    Comentario escrito por Macanaz — 04 de marzo de 2008 a las 10:27 am

  5. 5

    Me atrevo a apuntar otra razón: la radical falta de cultura democrática de una sociedad que ve esta politización como normal o, cuando menos, «no tan grave», y que no tiene este factor por demasiado importante a la hora de votar.

    Comentario escrito por Clara S. — 04 de marzo de 2008 a las 2:03 pm

  6. 6

    Estoy con Clara. Aunque Macanaz apunta a un problema real (a estas alturas nadie duda ya que el CGPJ es el gran fiasco institucional de nuestra joven democracia), no me parece que la clave sea, en realidad, ésta. Hay numerosos órganos, además del CGPJ, que se eligen por el Parlamento. Y la verdad es que, en principio, no es mala opción. ¿Quién elige, si no, al TC? ¿O a los miembros de las instituciones que queremos que no dependan del ejecutivo?

    El problema, más allá del modelo, es cómo se aplica. La lottizzazione a la italiana, en vez de entender que la elección por mayorías cualificadas a cargo del parlamento obliga a buscar a especialistas de reconocido prestigio.

    Y para que pase eso confluyen muchos factores, no sólo la norma, esencialmente culturales:
    – Políticos acostumbrados a manejar cuotas.
    – Una sociedad que lo tolera, lo ve normal, no lo sanciona electoralmente. Hasta el punto de que si un político no abusa de su poder de colocación es tenido por la ciudadanía más por tonto que por decente.
    – Y, vamos a decirlo también, una sorprendente colaboración por parte de los nombrados y los colectivos de que se nutren estos organismos. Quien haya tenido contacto con cómo funciona Jueces para la Democracia o la Asociación profesional de la Magistratura a la hora de repartirse cargos judiciales sabe de qué hablo. Y esto es especial y particularmente triste.

    A mi juicio, esto es algo que hemos de cambiar los ciudadanos, poco a poco, contribuyendo con nuestro particular granito de arena y con nuestra concreta actuación a ir poco a poco limando estas pautas de cultura política chunga.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 07 de marzo de 2008 a las 11:31 pm

  7. 7

    bueno es un caso un poco aislado con respecto a muchas de las formas son cazas ilicitas…

    Comentario escrito por monterias — 23 de abril de 2010 a las 4:00 pm

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