La paridad, el Tribunal Constitucional y las listas electorales

Publicaba el otro día un medio de comunicación importante (El País, en concreto, y en portada, no debían de tener demasiadas noticias) que, vistas las candidauras presetadas por los diferentes partidos, si se repitieren el 9 de marzo los resultados electorales de 2004, la presencia de mujeres en el Congreso de los Diputados apenas si se incrementaría. La cosa estaba planteada con cierto catastrofismo, como si este dato fuera un indicio de que los avances hacia la paridad hubieran sido prácticamente irrelevantes. La ley que obligaba a una presencia equilibrada en las listas no habría tenido efectos apreciables, de acuerdo con esta interpretación. Pero, en realidad, no es el caso, sino que más bien la realidad, bien explicada, ha de apuntar a lo contrario. A que la presencia de mujeres, en España, por efecto de la simple presión electoral y el concurso de los diferentes partidos por demostrar sensibilidad hacia el tema (cuando no por puro convencimiento o, incluso, porque la aparición en primera línea de lista de representantes políticos en los diferentes partidos políticos ya es algo donde juegan mujeres y hombres en condiciones de igualdad), es más que notable, aunque todavía no estrictamente paritaria, en las diferentes cámaras legislativas del país.

La ley, en el fondo, no está llamada a tener demasiado efecto porque precisamente allí donde establece obligaciones de representación equilibrada es donde, en la práctica, la propia evolución de nuestros usos democráticos nos había situado ya más o menos, sin excesivos traumas, en el punto de llegada fijado por el legislador. Tan así son las cosas que, cumpliendo escrupulosamente con la ley las candidaturas que se presentan en esta ocasión, es posible que el número de mujeres diputadas en la próxima legislatura sea más o menos el mismo que ya teníamos.

A cuenta de esta situación, que permite deslizar no pocos juicios sobre la oportunidad y efectivos resultados de la norma, me interesa hoy, sin embargo, más allá de la valoración de urgencia realizada en su día, comentar algunos de los párrafos y razones que más me han llamado la atención de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de enero de 2008 y del voto particular disidente con el fallo de la misma de Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, ahora que ya están disponibles en la página web del Tribunal Constitucional. En gran parte porque, como ya comenté, tengo a punto de publicar un trabajo sobre el particular que he tenido que enmendar deprisa y muy sucintamente (porque estaban ya las pruebas de imprenta a punto de comenzar a ser usadas para la edición de la obra), y me ha resultado interesante contrastar mis opiniones (y la previsión que realizaba sobre qué opinaría el TC) con lo que luego, finalmente, ha acabado decidiendo el Tribunal.

Como es evidente, tampoco es que tenga demasiado mérito haber podido intuir por dónde irían algunos tiros. Por ejemplo, en lo que se refiere a la importancia que, para fundamentar la constitucionalidad de medidas como la enjuiciada, tiene un precepto como el art. 9.2 de nuestra Constitución. Porque es este precepto el que establece un mandato constitucional, no demasiado frecuente en el Derecho comparado (debido a la relativa juventud de nuestra norma máxima incorporó expresamente la palanca jurídica cuya potencia otras experiencias previas habían echado en falta), de nivelación efectiva, material, de las condiciones de individuos y grupos en los que se integran. Consagrando, así, una concepción de la igualdad en nuestro ordenamiento que, más allá de las prohibiciones de discriminación por diferentes motivos que contiene el art. 14 CE, obliga a atender a las reales condiciones en que se desarrolla la vida de las personas y a que el Estado actúe en consecuencia tratando de reequilibrarlas. Por ello se apoya, así, la Sentencia, ante las críticas recibidas indicando que medidas como la paridad electoral obligatoria corresponden más bien a una reforma constitucional que legal (como fue dictaminado en otros países de nuestro entorno), en la capacidad del art. 9.2 de la Constitución para alterar el juicio de constitucionalidad que pueda merecer la reforma, a diferencia de lo que ocurre con el derecho comparado:

«Sin entrar en valoraciones que no nos competen, hay que destacar que los avatares de las jurisprudencias italiana y francesa a que también se refieren las partes se explican justamente a partir de una diferencia fundamental entre aquellos ordenamientos y el nuestro, cual es la de la singularidad que en nuestro caso supone la amplitud del contenido del art. 9.2 CE que se proyecta expresamente a la participación política y que a la idea de remover añade, además, las de promover y facilitar. De ahí que la introducción en los países de nuestro entorno de medidas similares a las aquí controvertidas haya ido precedida o acompañada, según los casos, de reformas constitucionales que han incorporado la idea de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la representación política -superando con ello una visión estrechamente formal y trascendiendo a los mandatos de mera remoción de obstáculos para lograr su efectividad- en términos similares a los que figuran desde un principio en la Constitución Española, que constituye, obviamente, nuestro único canon de constitucionalidad» (fundamento jurídico 2, in fine).

Como he expuesto, no se trata de nada demasiado sorprendente. En mi trabajo, al respecto, sin que tenga demasiado mérito haberlo hecho notar, ya me pronunciaba en una línea semejante:

«Si bien el exquisito respeto al principio de igualdad formal y de no discriminaciónconsagrado por la Constitución en su artículo 14 podría permitir afirmar que nosencontramos ante un ejercicio por parte de los electores, ya sean mujeres u hombres, desus derechos de sufragio activo y pasivo en uso de su libertad y mejor criterio, máximecuando el disfrute de estos derechos a hombres y mujeres se remonta, en la historiareciente de España, a un mismo momento, la óptica con la que afronta esta realidad laley es bien diferente. No puede negarse que, más allá de la voluntad del legislador, laorientación que nuestra Constitución contiene en materia de igualdad, de acuerdo con laorientación proactiva que impone su art. 9.2, facilita enormemente la adopción demedidas ambiciosas en esta dirección, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en elpanorama del Derecho comparado. No hay dudas de que nuestro ordenamiento jurídicopermite y ampara, cuando no, en muchos casos, impone, la adopción de medidasrestauradoras del equilibrio».

Igualmente, y rectamente entendido, también es bastante evidente, como afirma la Sentencia, que no nos encontramos ante una medida que plantee, en el fondo, problema alguno desde la óptica del art. 14 de la Constitución, que veda la discriminación por razones de sexo, dado que es una notoria realidad la constatació de que la regulación legal derivada de la reforma es igual, al menos formalmente, en sus efectos respecto de un sexo y el otro. Esto es, que no deja en una situación formalmente desigual a uno y otro sexo, sino todo lo contrario. Las respectivas limitaciones y umbrales mínimos tanto valdrán para uno como para otro. Aunque los efectos de la norma mengüen, de facto, espacios de representación tradicionalmente acaparados por hombres, ello no es debido a que la arquitectura interna de la prescripción no sea igualitaria, sino a que actúa sobre una concreta situación de hecho: la tradicional subrepresentación de mujeres. En palabras del Tribunal Constitucional.

«Sentado lo anterior hay que describir, ante todo, el exacto contenido de la reforma de la legislación electoral que se impugna en los dos procesos (cuestión y recurso de inconstitucionalidad acumulados) que hemos de resolver. Dicha reforma legislativa, incorporada por la disposición adicional segunda LOIMH, pretendiendo la igual participación efectiva de hombres y mujeres en la integración de las instituciones representativas de una sociedad democrática, no establece una medida de discriminación inversa o compensatoria (favoreciendo a un sexo sobre otro), sino una fórmula de equilibrio entre sexos, que tampoco es estrictamente paritaria, en cuanto que no impone una total igualdad entre hombres y mujeres, sino la regla de que unos y otras no podrán integrar las candidaturas electorales en una proporción inferior al 40 por 100 (o lo que es lo mismo, superior al 60 por 100). Su efecto, pues es bidireccional, en cuanto que esa proporción se asegura igualmente a uno y otro sexo.(…)El punto de partida de nuestro análisis se sitúa en el hecho de que el requisito del equilibrio electoral entre sexos tiene por únicos destinatarios directos a quienes pueden presentar candidaturas, esto es, de acuerdo con el art. 44.1 LOREG, exclusivamente a los partidos, federaciones y coaliciones de partidos y a las agrupaciones de electores. No se trata, por tanto, en puridad, de una condición de elegibilidad/causa de inelegibilidad, por lo que no afecta inmediatamente al derecho de sufragio pasivo individual. Es una condición referida a partidos políticos y a agrupaciones de electores, esto es, a entidades jurídicas que no son sujetos de los derechos de sufragio activo y pasivo, cuya vulneración se denuncia» (fundamento jurídico 4).

Aunque, a mi juicio, no es que estemos descubriendo el Mediterráneo, jurídicamete es importante partir de la base de que, en este sentido, la reforma es irreprochable. Y ello al menos por dos motivos. Porque, en primer lugar, hay quienes han afirmado que la norma constituye una medida discriminatoria para con los hombres. Y porque, conviene no perderlo de vista, nuestro ordenamiento jurídico sí conoce normas abiertamente discriminatorias (como la ley electoral vasca, cuestión diferente es que el desequilibrio que introduce esta norma pueda entenderse constitucional a la luz de la jurisprudencia constitucional en materia de igualdad), como en su momento traté de resaltar:

«…es ciertamente difícil entender inconstitucional a partir de consideraciones de quiebras a los principios de discriminación por razón de sexo una ley como la que estudiamos que es estrictamente neutra a estos efectos, ya que contiene una idéntica regulación respecto de un sexo y de otro. Las normas aprobadas por LO 3/2007, lareforma del art. 44 bis LOREG, no contienen excepciones a favor de un sexo u otro ni contemplan medidas diferenciadas para unas personas u otras en razón del mismo. Se trata de previsiones que obligan a los partidos políticos a una composición equilibrada pero cuya aplicación, desde un sentido estrictamente técnico, es absolutamente igualpara ambos sexos con independencia de que, en la práctica, sea obvio que están materialmente restringiendo los espacios de representación que hasta la fecha tradicionalmente habían sido preferentemente copados por hombres. No obstante, nada asegura que en el futuro la supuesta protección de que ahora dota la norma a las mujeres no se troque por producir más bien la garantía de una presencia masculina mínima en contextos, como perfectamente pudiera ser la participación política activa, donde se produzca una feminización considerable. Al menos, nada lo puede asegurar desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico. Sean cuales sean los problemas de la nueva normativa, está claro que no son de quiebra del artículo 14 de la Constitución, no ya porque la discriminación que introducen no sea proporcional o no esté debidamente justificada sino porque, directamente, no introducen en materia electoral ningún elemento que en sí mismo contenga un tratamiento diferenciado para uno u otro sexo».

Más allá de estas dos cuestiones iniciales que, como digo, plantean pocos problemas a mi juicio, la argumentación del Tribunal en su fundamento jurídico quinto sí es más discutible y, en cualquier caso, evidentemente importante, por empezar a introducirse en el verdadero núcleo de problemas constitucionales asociados a la reforma:

«Es evidente que la libertad de presentación de candidaturas por los partidos (que, por lo demás, en ésta como en sus demás actividades están sometidos a la Constitución y a la ley, como expresa el art. 6 CE) no es, ni puede ser absoluta. Ya el legislador, en atención a otros valores y bienes constitucionales protegidos, ha limitado esa libertad imponiéndoles determinadas condiciones para la confección de las candidaturas (referidas a la elegibilidad de los candidatos, a la residencia en algunos supuestos, o incluso a que tales candidaturas hayan de serlo mediante listas cerradas y bloqueadas). Esta nueva limitación del equilibrio por razón de sexo, pues, ni es la única, ni carece, por lo que acaba de verse, de fundamento constitucional.(…) es inocuo para los derechos fundamentales de quienes, siendo sus destinatarios, los partidos políticos, no son, por definición, titulares de los derechos fundamentales de sufragio activo y pasivo.(…)Por lo que hace a los ámbitos señalados, habida cuenta de que la normativa cuestionada no atañe a la vertiente individual del derecho fundamental, debemos descartar que produzca intromisión en las dos primeras dimensiones, libertades positiva y negativa de asociación, ni tampoco en la denominada “dimensión inter privatos” del derecho fundamental de asociación. Igualmente, como quiera que esa normativa no versa sobre ninguna faceta de la vida interna ordinaria de los partidos políticos, tampoco existe vulneración alguna de la dimensión relativa a la libertad de organización y funcionamiento internos.Hechas estas precisiones únicamente nos resta añadir que la limitación de la libertad de actuación de las formaciones políticas que se plasma en la normativa controvertida no constituye una vulneración del art. 6, en conexión con el art. 22 CE. Como ya hemos señalado esa limitación no es en sí misma inconstitucional. Por lo demás, y en todo caso, el mandato de equilibrio entre sexos que se impone a los partidos, limitando una libertad de presentación de candidaturas que no les está atribuida por ser asociaciones, sino específicamente por ser partidos políticos, ha de considerarse que, incluso desde la perspectiva de que son asociaciones políticas, constituye una limitación proporcionada y, por tanto, constitucionalmente legítima, por las razones que se dieron más arriba y a las que nos remitimos.

El Tribunal Constitucional despacha, sin despeinarse excesivamente, el asunto de la paridad y las posibles restricciones que a la actividad de los partidos y a la propia libertad de asociación política apelando a la existencia de otras muchas normas que dsciplinan y ordenan el actuar de los partidos políticos. Siendo esto último cierto, como por lo demás señalaba también yo en el artículo (pero en realidad más como un argumento para defender una noción de representatividad que sí puede estar sujeta a la corrección introducida por las diversas normas de organización electoral que para analizar los problemas de limitación de derechos fundamentales), me parece que el Tribunal es demasiado tajante y pasa de puntillas sobre la fundamental diferencia que supone, respecto de la libertad de actuación de un partido, la libertad de asociación política e incluso la propia coordinación de sus planteamientos ideológicos con una traslación a sus listas, el hecho de que aquí estamos frente a derechos fundametales que se ven limados en zonas muy cercanas al núcleo de la protección que consagran. Que las listas tengan que tener un determinado número de personas y no más, que la participación electoral se articule necesariamente mediante listas cerradas, que no puedan concurrir menores de edad… son todas ellas determinaciones estructurales que pretenden organizar la elección de representantes de manera eficaz y que tienen un efecto neutro sobre el contenido del ejercicio de los derechos de representación. No es, pues, lo mismo. Por este motivo mi posición al respecto, aunintuyendo por dónde iría el Tribunal Constitucional, no coincide con la que ha acabado emitiendo el Tribunal. Conviene por ello revisar mis argumentos en punto a si, efectivamente, se pueden entender cercenadas las libertades en cuestión:

«Pero, además, no han de desatenderse los problemas derivados de una mera afección ala libertad de asociación en su vertiente negativa, perfectamente posibles incluso encasos en los que no haya orientación sexista alguna. Puede darse el caso, sencillamente,de que no se haya logrado o deseado agrupar políticamente a las personas en cuestión, oen las correspondientes listas, de manera que se respeten las exigencias de presenciaequilibrada. ¿Es constitucional prohibir la participación política de estos ciudadanos enla contienda electoral cuando únicamente han hecho uso de su derecho de asociacióncon quienes preferían y en la forma en que mejor les parecía? Si bien todas aquellascuestiones, como era las anteriormente estudiadas, referidas a la delimitación objetivadel derecho de sufragio o a la regulación de las pautas de participación y representaciónconstitucionalmente definidas, permiten cierto margen, ha de recordarse que éste esmucho más estrecho respecto de la limitación de derechos estrictamente subjetivos,como es la libertad de asociación, incluso cuando se manifiesta a través de laparticipación y asociación en partidos políticos. La norma provoca un efecto que, muyresumidamente, puede sintetizarse en que, para participar en unas elecciones, obliga enciertos casos a presentarse y agruparse con ciertas personas, limitando la libertadabsoluta que a estos efectos reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Adicionalmente,ha de mencionarse que estas exigencias pueden suponer barreras adicionales a laspequeñas formaciones, con lo que introduce restricciones tendentes a minar elpluralismo y beneficiar a los grandes partidos.»

«A mi juicio, esta incidencia sobre libertades básicas constitucionalmente reconocidas sípermite expresar dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la legislaciónelectoral que ha realizado la Ley Orgánica 3/2007. La efectiva posibilidad de defenderideologías sexistas, y de hacerlo de modo coherente en la arena política, por medio delistas que reflejen el contenido de esa aproximación ideológica, que la Constitución noimpide sino que ampara, deviene imposible. A partir de un entendimiento clásico deestos derechos y libertades, en la línea en que han venido hasta la fecha siendointerpretados por el Tribunal Constitucional, no podría considerarse constitucionalmentelegítima la imposición de la ley, en la medida en que vincula la posibilidad efectiva departicipar en el sistema político a la renuncia a ejercer a derechos y libertades básicas,en este caso y de modo muy especial, la libertad de asociación en su vertiente negativa.En cualquier caso, corresponderá al Tribunal Constitucional expresarse sobre elparticular, por lo que no cabe ahora aventurar mucho más.»

Por lo demás, el propio Tribunal Constitucional, en el fondo, es consciente de que con su decisión genera algunas incoherencias en la traslación a la política de ciertas ideas. Y ello le obliga a explicitar, porque de su discurso podria derivarse una interpretación de la sentencia como afirmadora de la misma, que la democracia que tenemos no es militante y que el machismo o el feminismo radical son perfectamente posibles y que su defensa y promoción política por quienes crean en ellos están amparados por la CE:

«Frente a lo afirmado en el recurso y en la cuestión, la normativa impugnada tampoco vulnera la libertad ideológica de los partidos políticos ni su libertad de expresión [arts. 16.1 y 20.1 a) CE]. No lo hace, en primer lugar, de la propia ideología feminista. Una norma como el art. 44 bis LOREG no hace innecesarios los partidos o idearios feministas, pero, a partir de ese precepto, es el propio art. 9.2 CE el que, una vez concretado en términos de Derecho positivo su mandato de efectividad, convierte en constitucionalmente lícita la imposibilidad de presentar candidaturas que quieran hacer testimonio feminista con la presentación de listas integradas únicamente por mujeres. En el nuevo contexto normativo es ya innecesario compensar la mayor presencia masculina con candidaturas exclusivamente femeninas, por la sencilla razón de que aquel desequilibrio histórico deviene un imposible. Cierto que un ideario feminista radical que pretenda el predominio femenino no podrá ser constitucionalmente prohibido, pero tampoco podrá pretender sustraerse al mandato constitucional de la igualdad formal (art. 14 CE) ni a las normas dictadas por el legislador para hacer efectiva la igualdad material tal como establece el 9.2 CE.(…)En particular, no se impide la existencia de formaciones políticas que defiendan activamente la primacía de las personas de un determinado sexo, o que propugnen postulados que pudieramos denominar “machistas” o “feministas”. Lo que exige la disposición adicional que nos ocupa es que cuando se pretenda defender esas tesis accediendo a los cargos públicos electivos se haga partiendo de candidaturas en las que se integran personas de uno y otro sexo».

La forma de razonar del Tribunal provoca una consecuencia curiosa, por cuanto su afirmación de la no inexistencia de afecciones a los derechos al explicar que la actividad de los partidos políticos puede estar, perfectamente, regulada con mucho detalle comporta que la restricción de derechos avalada por el fundamento jurídico quinto para los partidos le resulta más difícil de trasladar y justificar al TC respecto de las agrupaciones de electores. Así, el Fundamento de Derecho 7 se enreda de manera un tanto abstrusa, concluyendo con una especie de «bueno, vale, tampoco es para tanto» que acabará permitiendo entender las restricciones también válidas para las mismas. Hay un apunte curioso, indicativo, a mi juicio, de cierta «mala conciencia constitucional» del Tribunal: como para no afrontar las restricciones a derechos individuales de forma exigente el TC utiliza como parapeto el argumento de que las restricciones son sobre todo para partidos políticos y sólo para las personas en la medida en que participan de ellos (pero dejando claro que los partidos han de estar regulados y que es normal que lo estén), la figura de las agrupaciones de electores, donde las normas aparecen técnicamente controlando la acción de ciudadanos que sencillamente se agrupan para las elecciones, deja de manifiesto la artificiosidad del argumento. Es ciertamente difícil aceptar que las limitaciones hay que juzgarlas como que afectan a partidos y sólo indirectamente (y por ello de forma matizada) a los ciudadanos, por lo que serían constitucionales. Pero es todavía más hacerlo cuando no hay esa estructura interpuesta y las limitaciones recaen directamente sobre los ciudadanos. Por eso el FJ7 está redactado como está redactado. Y por eso, revelador de esa «mala conciencia», un obitar dicta donde el TC se cura en salud, saliendo por peteneras constitucionales al recordar, como dejando claro que en el fondo podríamos pasar del asunto, que las agrupaciones de electores no están contempladas en la Constitución, como para rebajar así la importancia del asunto y apuntando, de paso, una salida para legisladores preocupados por los «problemas» que las agrupaciones de electores crean frente a ciertas pretensiones de «control» de las formas de participación de los ciudadanos en los procesos electorales: eliminarlas de la LOREG).

Sobre los problemas que pueda suscitar la norma desde la perspectiva de representación nacional a partir de la idea del cuerpo unitario de soberanía, el Tribunal Constitucional niega el problema, anque a mi juicio lo zanja demasiado rápido y , por ello, mal, ya que no se detiene en analizar con demasiado detalle la esencia del problema que le planteaban los recursos (FJ 10):

«Finalmente, en cuanto a la queja, que ha de entenderse referida al apartado 1 del art. 23 CE sobre la fragmentación del cuerpo electoral, no se aprecia que las medidas controvertidas quiebren la unidad de la categoría de ciudadano o entrañen un riesgo cierto de disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales o por categorías. Como ya hemos apuntado, el principio de composición equilibrada de las candidaturas electorales se asienta sobre un criterio natural y universal, como es el sexo. Pues bien, debemos añadir ahora que las previsiones de la disposición adicional segunda de la LOIMH no suponen la creación de vínculos especiales entre electores y elegibles, ni la compartimentación del cuerpo electoral en función del sexo. Los candidatos defienden opciones políticas diversas ante el conjunto del electorado y, caso de recibir el respaldo de éste, lo representarán también en su conjunto y no sólo a los electores de su mismo sexo. No cabe atender, pues, al argumento de los recurrentes de que el requisito de la paridad perjudica a la unidad del pueblo soberano en la medida en que introduce en la categoría de ciudadano -“una e indivisible” para los Diputados recurrentes- la divisoria del sexo. Baste decir que el Cuerpo Electoral no se confunde con el titular de la soberanía, esto es, con el pueblo español (art. 1.2 CE), aunque su voluntad se exprese a través de él. Este Cuerpo Electoral está sometido a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), en tanto que el pueblo soberano es la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del Ordenamiento».

Aunque en mi análisis coincidía sustancialmente con la valoración final y global que acaba emitiendo el Tribunal, lo cierto es que la manera en que afronté el análisis de la cuestión fue muy diferente, menos convencida de inicio de que la cuestión fuera una «chorrada» que se pudiera despachar sin atender a las profundas implicaciones que tiene a la luz de la idea clásica de representación y soberanía:

«Por lo demás, tampoco las supuestas quiebras que como resultas de estas medidaspuedan producirse sobre la estricta representatividad del proceso de eleccióndemocrática a cargo de los ciudadanos tienen demasiado fundamento. Es cierto que unacierta idea de representatividad, de cómo haya de ser y articularse ésta, que se sustituye,impuesta por la ley, en este caso, a la que pudiera surgir de la expresión de la voluntadgeneral en las urnas. Pero tampoco se trata de una alteración mayor, si bien se mira, dela idea de representatividad que consagra nuestra Constitución y que es clave en elfuncionamiento de nuestro sistema democrático. Las alteraciones en este sentido, la interposición de previsiones legales que deforman la estricta representatividad de lasopiniones expresadas por los ciudadanos, cuando no las modulan ex ante en un sentidou otro, son frecuentes y constituyen la base misma de cualquier sistema electoral, cuyadeterminación no es ni mucho menos neutra. Piénsese, retomando el ejemplo anterior,en los objetivos de cohesión social y territorial que pretenden lograrse con el modelo decircunscripción provincial, pero añádase ahora el sesgo adicional que, en materia deasignación de escaños, se produce en el reparto de los mismos con el objetivo de primarlas zonas rurales y menos pobladas. Se trata de una clara y abierta quiebra a la idea deestricta representatividad que se halla en el germen de nuestro sistema, sin que sinembargo se entienda como problemática en términos de constitucionalidad, dado que sesubordina a la consecución de otros fines de relevancia constitucional. Incluso elTribunal Constitucional ha aceptado sin problemas otro tipo de modulaciones,alteraciones más graves, como las derivadas del establecimiento de barreras de entradapara lograr entrar en el reparto de diputados o concejales, que sólo responden a laconveniencia (o al sentimiento de que ésta existe) de primar cierta estabilidad al sistemapolítico, evitando potenciar la dispersión del voto y primando la gobernabilidad24. Si laconsecución de un objetivo como éste, que no aparece en el texto constitucional,justifica derogaciones a un estricto entendimiento de la representatividad del sistema,parece obvio que cualquier medida que la altere para lograr el avance en la consecuciónde la igualdad real efectiva de personas y grupos, que sí es una prioridad axiológica dela Constitución marcada con fuerza en su art. 9.2, no puede ser tachada de estardeformando la idea de democracia representativa de nuestro texto constitucional.»

Por último, creo que no está de más reseñar las razones más poderosas que esgrime el voto particular, en la medida en que a partir de ellas pueden entenderse mejor, creo, algunos de los reparos que se achacan a la ley y la forma en que los analicé yo en mi trabajo, así como valorar lo que, hasta cierto punto, es una forma de autismo de la mayoría del TC, que no entiende preciso extenderse en responder a algunas de las consideraciones críticas. Según mi criterio, los argumentos jurídicamente claves del voto particular, que abundan en las dudas que he expuesto más arriba, serían los siguientes:

«Una aproximación superficial al problema de la representación política paritaria llevaría a creer que lo que se discute es algo tan simple como la conveniencia de que la proporción de mujeres que se postulen para ejercer cargos públicos representativos deba ser equivalente o aproximada a la de los varones. Si se tratara de ello mi voto hubiera sido favorable a la constitucionalidad de la Ley cuestionada. Pero el problema es mucho más complejo puesto que, aplicado al ámbito de la representación política, el sistema de paridad altera las bases sobre las que está construida la soberanía popular y la libertad ideológica y de autoorganización de los partidos políticos.

(…)

Mi posición se resume en considerar constitucionalmente válido que los partidos políticos puedan acoger en sus estatutos cláusulas que aseguren la participación de la mujer en las listas electorales. Pero que en nuestro modelo constitucional la imposición por ley de la paridad o de cuotas electorales vulnera el principio de unidad de la representación política y la libertad ideológica y de autoorganización de los partidos políticos, resultando lesionado el derecho de sufragio pasivo de los candidatos propuestos que queden excluidos de participar en el proceso electoral como consecuencia de la aplicación de la norma cuestionada.(…)

2. En las democracias occidentales la función primera de la representación política consiste en transformar una pluralidad inicial en “una” voluntad política, porque resulta deseable que la heterogeneidad de razas, religiones, culturas, lenguas, lugares de nacimiento, etc., no sea obstáculo para la consideración legal de ciudadano. Se es ciudadano y sólo ciudadano. Por ello en nuestro modelo constitucional la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE), las Cortes Generales representan al pueblo español (art. 66.1 CE) y son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos (art. 66.5 CE).

(…)

4. De nuestra jurisprudencia se infiere que el derecho de sufragio pasivo no puede ser modulado mediante afectación del principio de igualdad –lo que me parece indudable que ocurre cuando se consagra la división del cuerpo electoral por razón del sexo- ni limitando derechos fundamentales: en este caso, el derecho de asociación (art. 22 CE) en la modalidad referida a los partidos políticos, y el derecho de sufragio pasivo (art. 23.2 CE). En efecto, en la importante y conocida STC 10/1983, de 21 de febrero (FJ 2), se fijó que el legislador, al regular el derecho de sufragio pasivo puede establecer libremente las condiciones que estime más adecuadas, pero que esta libertad tiene como limitaciones generales las que imponen el principio de igualdad y los derechos fundamentales que la Constitución garantiza.Sostiene la Sentencia que los partidos políticos, y no los ciudadanos, son los destinatarios de las normas que imponen la paridad en las listas electorales. Razonaba Hans Kelsen, a principios del siglo pasado, que identificar a los destinatarios de las normas era uno de los problemas capitales (“Hauptprobleme”) del Derecho público. La soltura de la Sentencia para ceñir a los partidos políticos y a las coaliciones de electores normas que la propia Exposición de Motivos de la Ley vincula al art. 23.2 CE hubiera sorprendido al jurista vienés. Lo cierto es que resulta lesionado el derecho de sufragio pasivo de los candidatos propuestos que queden excluidos de participar en el proceso electoral como consecuencia de la aplicación de la norma cuestionada. Me parece que sólo con artificio puede negarse que el sistema de paridad veta la posibilidad de convertirse en representantes, en razón de su sexo, a quienes junto a otros concurrentes de su mismo género rebasen una barrera establecida de manera arbitraria por el legislador.Desde luego, no existe un derecho a ser incluido en una candidatura electoral. Pero debe recordarse que en el caso que origina este proceso constitucional las dieciséis mujeres de la circunscripción de Garachico fueron incluidas en la candidatura y que, por tanto, no invocan un inexistente derecho a su inserción en la lista electoral sino que, una vez que se integraron en la candidatura, reclamaron el derecho a ser elegidas por el electorado, su derecho de sufragio pasivo (art. 23.2 CE)».

— – – – – – – – – – — – – – –

Documentos relacionados:

– BOIX PALOP, Andrés, “Medidas para la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cargos representativos (DA 2ª LO 3/2007)”, Comentarios a la Ley de Igualdad, Ed. La Ley, Madrid, 2008 (en prensa) [PDF]



9 comentarios en La paridad, el Tribunal Constitucional y las listas electorales
  1. 1

    Desde antiguo se ha remarcado la relación entre validez y eficacia en las normas juridicas. Tan es asi que la inaplicacion de una norma podia conducir a su derogacion tácita (desuetudo). ¿Ahora nos encontramos con leyes que sólo tienen eficacia para consolidar aquello que los usos sociales ya habian consolidado?
    El corpus normativo de los ultimos años pasará a la historia como uno de los peores desde la Novisima Recopilación. Bueno salvo lo que se esta fraguando para introducir la igualdad en el lenguaje, jovenas, individuas, etc….
    Lean el artículo de Perez Reverte en El Semanal del pasado domingo…

    Comentario escrito por Macanaz — 25 de febrero de 2008 a las 9:25 am

  2. 2

    Dejo el análisis jurídico para otro día, espero que me perdonéis.

    Pero desde la más profunda visceralidad quiero poner de manifiesto que esto de las cuotas es una milonga y que, efectivamente, el sistema deja las cosas como estaban.

    Por lo tanto, si las mujeres no son capaces de ir más, allá ellas. Mira que han tenido oportunidades durante milenios y nada, que las tías no han levantado cabeza. Y ¿qué historias son esas de que hasta hace bien poco no tenían ni siquiera acceso a una educación? ¿Y al voto? ¿Y a la participación política en general? ¿Y qué cuentos chinos aquellos de que a las mujeres no se les educa para ser competitivas, sino educadas, graciosas y suaves?

    Es cierto, dejemos las cosas como están. Al fin y al cabo, hay una presidenta de una Comunidad Autónoma. Si ella ha podido, pues las demás también, y que no se quejen, y que se busquen un noble por marido.

    (E insisto, dejaré el análisis jurídico para otra ocasión, quizás el viernes, ya que casualmente tengo que hablar de estos bellos temas).

    Comentario escrito por Susana — 25 de febrero de 2008 a las 8:26 pm

  3. 3

    Una mujer llego a vicepresidenta del Tribunal Constitucional en 1981 como consecuencia de su enorme prestigio y no necesitó ninguna ley. Creo que ese es el modelo a seguir pero evidentemente no soy mujer y no puedo dar consejos a nadie

    Comentario escrito por Macanaz — 26 de febrero de 2008 a las 5:49 pm

  4. 4

    A mí es que me pasa que, con esta ley, lo que me interesa es el análisis jurídico del asunto. Porque trata de asuntos importantes y supone revisar las mismas bases de la comprensión de nuestro modelo de representación y encarnación de la voluntad popular. Creo que la cosa se merecía algo más que los balbuceos del Tribunal Constitucional al desviar a córner la pelota alegando que, a fin de cuentas, tampoco es tan esencial el asunto porque afecta simplemente a libertades de los partidos que, como no son sujetos de derechos fundamentales, pues tampoco hemos de preocuparnos en exceso. Y claro, este argumento, tan precario, obliga al espectáculo del fundamento jurídico sobre las agrupaciones de electores, que es al Derecho lo que la yenka al baile: hacia adelante, hacia detrás, hacia la derecha, hacia la izquierda… sin que se sepa muy bien el motivo ni hacia dónde conduce, para luego apenas si haberse movido. Eso sí, te ha distraído el movimiento de marras.

    Desde mi más profunda visceralidad, como hombre, me temo que soy sospechoso. Pero me atrevo a decir que la paridad electoral me parece una medida de oportunidad más que cuestionable, dado que la situación, gracias a la concienciación de los partidos políticos mayoritarios (que nos podrá parecer mejor o peor, pero que estaba ya asentada), estaba relativamente equilibrada. Ya puestos a meterse en estos berenjenales, el cuerpo me pedía ver una ley que obligara a la paridad en la Administración, de director general para arriba. Eso habría sido de lo más interesante.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 26 de febrero de 2008 a las 7:13 pm

  5. 5

    En este tipo de asuntos, y más cuando la reflexión se hace con rigurosidad y en términos de derecho, hace falta que hablen mujeres. Es muy importante. Como con la ley de violencia doméstica y las condenas desequilibradas.

    Comentario escrito por Juacho — 27 de febrero de 2008 a las 10:41 am

  6. 6

    Las mujeres no necesitamos ayudas chungas en la esfera pública que limiten la libertad de los demás, las mujeres exigimos normas que eliminen las restricciones a nuestra libertad que todavía hoy subsisten en muchos ámbitos de la vida social y económica.

    Queremos políticas que nos liberen a nosotras, no medidas que compensen unas restricciones añadiendo otras.

    Comentario escrito por Lucha — 01 de marzo de 2008 a las 4:55 pm

  7. 7

    Unos datos para festejar el 8 de marzo, sacados de:

    http://www.elconfidencial.com/portada/indice.html

    «Con datos de 2006 hay mayoría de juezas (un 64,13%) y un 41,61% de los magistrados son mujeres, pero sólo un 5.06 –o sea, cuatro- están en el Supremo; el Constitucional tiene presidenta, sí, pero entre sus restantes miembros -11- sólo hay una mujer; no hay ninguna en el Consejo de Estado (0 de 30); sólo hay dos entre los 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial (11,11%); una entre los 14 miembros del Tribunal de Cuentas (7,14%); y otra en la Junta Electoral Central (7,14%). En el Consejo Económico y Social, con nutrida representación de esas organizaciones tan igualitarias como son los sindicatos, sólo hay 9 mujeres entre sus 61 representantes (14,75%).

    ¿Machismo? Entre los cuadros de mando del Ejército el porcentaje de mujeres va en aumento: ahora está en el 1,47%. Hay nueve embajadoras españolas por el mundo (el 8,82%), aunque de los 18 acreditados en organismos internacionales la cifra desciende hasta el cero absoluto. La Administración Pública da tanto ejemplo que cumple a rajatabla la siguiente máxima: a mayor complemento de destino, menor porcentaje de funcionarias de carrera. De esta forma, en el nivel 30 de subdirectores generales y asesores y en el 29 de subdirectores generales adjuntos y asimilados, la representación femenina no llega al 30%.

    Con estos antecedentes, no es extraño que el sector privado haga de su capa un sayo en vez de una falda. Sólo una mujer ha llegado a la presidencia de una de las 35 empresas del Ibex; sólo una ha podido ocupar una vicepresidencia; y únicamente 14 han sido consejeras, es decir, un 3,69%.»

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 08 de marzo de 2008 a las 8:17 pm

  8. 8

    Ahí va un dato sobre la (in-)eficacia de la Ley objeto de nuestras discusiones:

    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/10/eleccionesgenerales/1205139618.html?a=a0fb8608dc1170394105a729e9e27246&t=1205143573

    Comentario escrito por Gabriel — 10 de marzo de 2008 a las 11:10 am

  9. 9

    Yo pensaba que el valor de un argumento valía por su coherencia interna y por su adecuación a los hechos. Pero no, según numerosos comentaristas, el valor de un argumento depende del sexo de quién lo realice. Y pensar que habíamos creído que el feminismo consistía en que «el sexo no sea un destino». Ahora resulta que el feminismo consiste en entender al sexo de cada cual como su centro de gravedad y su destino.

    Comentario escrito por Athini — 27 de marzo de 2008 a las 2:15 am

Comentarios cerrados para esta entrada.

No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,175 segundos
En La Red desde septiembre de 2006