Mientras acaba la legislatura…

Está el Congreso de los Diputados, en estos momentos, cerrando el período de sesiones  con el debate previo a la votación para la aprobación (o no, pero parece que será que sí) del presupuesto del Estado para 2008. Acaba con esto el año jurídico y, dado que hay elecciones en marzo, también la legislatura. Voy a limitarme, para acompañar el tránsito, a apuntar brevemente (¡dado que todo el mundo me dice que un blog debería ser más sintético e incitativo que descriptivo y extenso!) cuatro cosas que me sugiere el día:

 1.  La legislatura que se cierra ha avanzado mucho, en términos de equiparación de España al mundo jurídico civilizado, en ámbitos muy visibles. Lamentablemente, como es bien sabido, y la reciente polémica a cuenta de la impresentable legislación que todavía tenemos en materia de aborto ha tenido a bien hacer muy visible, quedan todavía muchas transformaciones jurídicas por hacer. 

Pero, a veces, pasan inadvertidos cambios legislativos de cierta importancia. Por ejemplo, el que acaba de modificar una centenaria previsión de nuestro Código civil que amparaba, dentro de todos los márgenes de proporcionalidad que se desee, el ejercicio de la «corrección» paterna. Corrección entendida, también, en un sentido físico («razonable y moderadamente», o algo así, que decía el art. 155 del Código civil).

2. Ésta ha sido la legislatura del Tribunal Constitucional. Y no únicamente por la importante reforma que ha sufrido su ley reguladora. Lo ha sido, sobre todo, por «lo otro». Habrá que comentarlo, a la vuelta de las vacaciones, incluso a vuelta de elecciones, y hacer un recuento de daños. Explicar, a lo mejor, también, algunas de las cosas que han pasado en clave jurídica. Pues bien, parece que El País, y su nada zapaterista director, entiende que la cosa pasa de castaño oscuro y que hay cosas con las que no se juega, no al menos si uno pretende ser Presidente del Gobierno.

Hay pocas cosas que estén claras en lo que se refiere a la lamentable batalla que hay montada en la institución, pero sí tenemos algunas: que el propio tribunal y sus magistrados son en gran parte responsables de confirmar no todos pero sí algunos de los peores temores de la sociedad respecto de su partidismo, que los principales responsables de esta situación son quienes se han esforzado con denuedo en que así sean las cosas (los partidos políticos), pero también que no todo el mundo tiene la misma parte de culpa. Ni todos los magistrados se han comportado igual ni todos los partidos políticos han hecho lo propio.

3. También habrá que hablar en el futuro, más, del canon digital y de la anticuada regulación en materia de propiedad que, en supuesto beneficio de los creadores, sigue en vigor en España y que la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no enmendó sino que consolidó. Es obvio que los cambios en soportes y en la sociedad en que vivimos han convertido el modelo actual en ridículamente inequitativo y absolutamente desequilibrado en favor de ciertos sectores empresariales a costa del común de los ciudadanos.

Es importante, sin embargo, constatar que el tema, del que apenas si se hablaba hace cinco años, es ahora de actualidad. Es interesante comprobar cómo la emergencia de un sector económico (el de la industria de los aparatos electrónicos) afectado de forma más directa por el canon ha permitido que, por primera vez, los juristas y expertos en la materia dejen de estar, todos ellos, a sueldo de los mismos. De modo que el debate ya no es sólo social sino también jurídico. Y parece claro que la huida hacia adelante emprendida bajo égida de la SGAE por las últimas reformas (crecientes restricciones a la copia privada en paralelo a la exorbitante generalización de diversos gravámenes) tiene poco futuro. Por primera vez se hace sentir la presión pública sobre un asunto históricamente gestionado desde la opacidad. Ya casi nadie entiende aceptable la forma en que las sociedades de gestión de derechos de autor están haciendo su labor, así como nadie entiende que, en justa correspondencia a los importantes privilegios públicos de que disfrutan para ello, no se ejerza sobre ellas un control público digno de ese nombre en lo que se refiere a lo que recaudan y a cómo lo reparten y emplean. Por último, y como es lógico en una sociedad en la que los soportes gravados se emplean para muchas otras cosas (por no decir que mayoritariamente se emplean para otras cosas), ya es cada vez mayor el rechazo al canon para ciertos soportes, consecuencia del conocimiento, al fin, generalizado, de que cuando compramos un CD para guardar nuestras fotos tenemos que pagar porque, se supone, podemos cualquier día de estos usarlo para otra cosa. Está bien, porque hace apenas unos años, era de «raritos» pensar que estas cosas tenían que analizarse, también, desde una perspectiva de Derecho público.

Por cierto que, al respecto, me llama la atención la curiosa «pinza de conveniencia» entre las sociedades de gestión de derechos de autor y los más entusiastas obsesos de esa forma económicamente indolora de acceder a contenidos audiovisuales que es el «intercambio de archivos». Y es que, a la vista de cómo empiezan a volverse las tornas, la SGAE y adláteres parecen haber renunciado, al menos de momento y estratégicamente, a seguir tratando de encuadrar esta actividad en el ámbito del Derecho penal (los revolcones han sido muchos, y dolorosos, para la SGAE, rematados por la posición de la Fiscalía contraria a perseguir por vía penal a quienes se dediquen a tan noble actividad), para pasar a emplearla como argumento. Y nos dicen algo así como «si es copia privada, y la copia privada sólo se entiende si hay canon… ojito que si se elimina el canon esa actividad que tanto gusta pasará a estar prohibida y os entrullaremos, como pasa en EE.UU.». Mientras tanto, en paralelo, los verdaderos entusiastas del intercambio de archivos, que no sé si son o no delincuentes pero sí personas con una patología cuando menos rara (obtienen placer, como es evidente dada la radical imposibilidad de escuchar o visionar siquiera sea la ínfima parte de cuanto descargan, más del hecho en sí de descargar que del posterior disfrute con lo descargado), se apuntan a ese razonamiento y ya menudean afirmaciones de muchos que afirman estar encantados de pagar un pequeño canon a cambio, luego, de poder hacer lo que mejor les parezca. Parece obvio, al menos para mí, que no es a este tipo de sujetos ni este tipo de actividades a lo que la ley debiera dar cobertura. Un sistema equitativo y bien montado sería el que tuviera los menos efectos nocivos para el ciudadano medio al que, muy probablemente, no sale nada rentable el pago del canon. Porque compra la mayor parte de los productos culturales que consume y paga religiosamente cánones de todo tipo y fundamente cada vez que compra todo tipo de productos que, en la mayor parte de los casos, nunca usará para hacer o reproducir copias privadas. 

4. Por último, y en relación con el debate de algunas cuestiones sobre la LSSI que se ventila en el Congreso hoy también, me ha venido a la mente el artículo que recientemente ha publicado Lorenzo Cotino en la Revista Catalana de Derecho público (en su último número, que es un monográfico sobre La incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el derecho público: ¿evolución o transformación?). El trabajo, «Retos jurídicos y carencias normativas de la democracia y la participación electrónicas» , me ha parecido de lo más pertinente porque, frente a un cierto (perdóneseme el término) papanatismo en el que caemos o hemos caído todos (o casi todos) muchas veces, identificando cuestiones como el voto electrónico (o, si me refiero a los fetiches iusadministrativistas, rollos sobre el procedimiento electrónico) como absolutamente claves, importantes de cara al futuro de la democracia y de nuestras sociedades cuando, en realidad, los cambios a los que hemos de atender son otros. Esencialmente, la aparición y generalización de la red está redibujando el campo de juego de la libertad de expresión e información y, de momento, los juristas no estamos reaccionando del todo bien porque nos empeñamos en pensar que el partido es otro. Y no, la cosa es tan «antigua» y pasada de moda como la libertad de expresión y la responsabilidad por el ejercicio de la misma. Con unas reglas que, manteniendo el espíritu de siempre, han de ser consciente de a qué, en concreto, se enfrentan (nos enfrentamos ahora). 

Teniendo en cuenta que parte de lo que ha de enfrentar el Derecho es una marea retro en materia de derechos y libertades. Y que habrá que hacerle frente. Porque es importante. No es éste un mal propósito, para empezar, para 2008. 



8 comentarios en Mientras acaba la legislatura…
  1. 1

    Vaya ladrillo. ¿Podrías separarlo en párrafos?

    Comentario escrito por klapton — 20 de diciembre de 2007 a las 7:53 pm

  2. 2

    No, no puedo. Lo siento. Llevo un par de horas (desde que entré en el post y me di cuenta de lo que había pasado) peleándome con el editor y no me deja. No me ha dejado desde un primer momento (porque juro que esto tenía párrafos cuando lo escribí, de hecho se nota en que hay unos guiones por ahí que incluso marcaban separaciones mayores). Y no sé cuál pueda ser la razón. Lo siento. Máxime cuando esto pretendía ser una cosa breve, ligerita, una serie de pequeñas píldoras fácilmente digeribles en contraposición a mis rollos habituales.

    No tengo ni idea de qué pasa. Sólo espero ser capaz de arreglarlo, al menos, para futuros posts.

    Hecho, al fin. Más o menos, pero bueno, menos da una piedra.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 20 de diciembre de 2007 a las 8:01 pm

  3. 3

    Se agradece.

    El tema este del canon, ¿no depende también de la UE? Así me pareció entender en el caso del canon por préstamo de libros.

    Comentario escrito por klapton — 21 de diciembre de 2007 a las 5:54 pm

  4. 4

    El País sigue dando caña a Rajoy a cuenta de los desvaríos de la oposición y su cacería contra ciertas leyes en el Tribunal Constitucional, empleando para ello todo tipo de armas:

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Jueces/Constitucional/intentaron/convencer/PP/recusara/elpepuesp/20071224elpepinac_6/Tes

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 24 de diciembre de 2007 a las 10:44 am

  5. 5

    Trobe l’anàlisi encertat, afegiria un desig per a l’any nou:

    http://flickr.com/photos/marianorajoi/2081451026/

    Comentario escrito por Mitridates — 26 de diciembre de 2007 a las 2:00 am

  6. 7

    Andrés, te pierden tus temas tecnológicos. Ya que esto de dejar participar se convierte en un buzón de sugerencias a veces, casi te diría que mejor no opinar tan directamente de política, aquí como en la mesa, parece de mala educación.
    Pero ya puestos:
    En mi «política legislativa» opinión creo que los temas que has subrayado no son casi ni conocidos por la población (incluso el del canon).
    1º- En todo caso, la modificación del Código civil por lo de la corrección de los niños me parece es una paparrucha más propagandística que otra cosa, que no llega ni a merecer un comentario global de legislatura.
    2- Trib. Constitucional: la reforma del recurso de amparo puede estar bien, aunque mejor podría decir la ley ya puestos que el TC analizará los casos que le salga de las narices (los importantes para una política jurisdiccional-constitucional , estilo USA), y claro, también queda la competencia de recurso de amparo admitido y resuelto con premura respecto de políticos y famosos. En todo caso, fuera de la reforma legal, esta legislatura es la de la muerte de tan alta institución -no digo que por culpa del gobierno-. Una vez muerta, pasando a ser un órgano político desprestigiado más, habrá que esperar que como Lázaro resucite en una o dos legislaturas. En todo caso, políticamente la reforma del TC se la chufla incluso a los juristas. Un artículo reciente de A. Conde hasta dice que lo quiten.
    No conozco el pensamiento delos jueces, la verdad, pero no creo que mejore lo dicho y no dejen de ver a estos politiquillos como unos tocanarices jurídicos que les rompen doctrinas jurídicas asentadas por nuevas doctrinas pseudojurídicas. Sólo haría falta una cosa para que funcionara como el BGB, que los magistrados se creyeran que son magisrados y no lo que son. Sin eso, toda reforma está muerta.
    3- Sobre el cánon. Siento compartir la tesis jimenez-santera. Esto es una forma de pagar a los titiriteros (artistas consagrados) el apoyo de Iraq y otros favorcillos . Ya me gustaría a mí que el gobierno defendiera a cualquier colectivo como a éstos. Mi indignación política, puesto que la cuestión ciertamente es menos jurídica de lo que se pueda vestir, me lleva a sumarme a considerar que el canon bautiza el pirateo y a piratear sin complejos toca. Es demagógico, pero como en cierto modo te entiendo, es lo que ha hecho la misma sgae, legalizar a cambio de pasta lo que nunca habría de legalizarse así.
    Bueno, saludos.

    Comentario escrito por zulik — 08 de enero de 2008 a las 2:07 am

  7. 8

    En su edición de hoy, Vicente Molina Foix publica en El País un extenso artículo defendiendo el
    canon digital a partir de la justificación del mismo como un impuesto (lo que explicaría
    para el autor, por ejemplo, su carácter indiscriminado) con la finalidad de proteger la
    cultura en estas tristes horas que, por lo visto, vive en la actualidad. El hecho de que este
    peculiar «impuesto» sea gestionado por entidades privadas y que la distribución de los
    ingentes ingresos que supone se haga con gran opacidad y sólo entre los socios de esas
    entidades sería, para Molina Foix, una minucia sin importancia.

    Conviene aclarar a los lectores que puedan haber sido confundidos por el artículo en
    cuestión que el canon digital no es un impuesto y no podría nunca serlo, al menos,
    mientras subsistan las referidas pequeñas minucias sin importancia. En cualquier Estado
    moderno los impuestos los recauda el Estado y, sin asignación finalista predeterminada,
    es también el Estado quien decide qué necesidades públicas han de ser financiadas. Todo
    ello sometido a una serie de controles públicos y democráticos que, supongo, a juicio del
    autor son poca cosa comparado con los «muy exigentes» controles que en la actualidad
    fiscalizan el funcionamiento de entidades como la SGAE que tan buen juicio le merecen.

    Precisamente por este motivo los defensores del canon se han cuidado my mucho hasta la
    fecha de admitir que éste constituya un impuesto. Supondría aceptar esta premisa,
    necesariamente, desposeer de sus privilegios a las entidades que lo gestionan en la
    actualidad. Y quienes defienden el canon no defienden la cultura sino un modelo de
    explotación con unos beneficiarios muy concretos. Llama la atención hasta dónde hemos
    llegado si la línea argumental de defensa del mismo pasa a ser que estamos ante un
    impuesto medieval que le es debido a una especie de neo-gremio por gracia de una
    suerte de regalía de nuevo cuño.

    Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 08 de enero de 2008 a las 11:59 pm

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