De cómo se forran las Unis privadas con el Máster de abogacía… y de la lamentable ausencia de respuestas desde la Universidad pública

La Universitat de València ofrece un grado en Derecho, como servicio público y vocación de tratar a todos los estudiantes por igual, con independencia de su origen social e ingresos, con 560 plazas cada año. Estos 560 estudiantes son seleccionados por su nota media y tienen derecho a recibir una formación, más o menos, de cierta calidad (por mucho que podría y debería ser mejor) y a un precio que no cubre su coste, ni de lejos, financiado por el Estado, que considera ofrecer esta formación en estas condiciones como esencial para el desarrollo social y la justicia social y, en definitiva, mejor para el país (y no puedo estar más de acuerdo con esta idea). A esos 560 estudiantes hay que añadir 100 más que hacen el Grado ADE-Derecho, 50 más que lo hacen en Derecho y Ciencias Políticas, y 90 más que ingresan para cursar un doble grado en Derecho y Criminología. Estamos hablando de un total de 800 estudiantes que todos los años son admitidos por la Universitat de València para lograr, al término de su estudios y en las condiciones de precio y servicio público referidas, el título de graduado en Derecho por una Universidad pública de cierto prestigio en España (véanse los rankings de la Universitat de València, normalmente siempre entre las 10 o las 5 mejor puntuadas de España).

Pues bien, como es sabido, desde la malhadada reforma de Bolonia (que sus grandes defensores siguen afirmando que tenía como gran virtud «no cambiar sustancialmente nada de lo que se hacía hasta la fecha», a pesar de lo cual no explicaban por qué habría habido, en tal caso, que poner todo patas arriba como se hizo para llegar, más o menos, al mismo sitio… y a algún otro más no muy recomendable de paso), el grado en Derecho ha perdido su capacidad de ser título habilitante para el ejercicio profesional. Para ser abogado, destino potencial de una inmensa mayoría de los estudiantes y complemento que aporta un innegable valor al título de graduado en Derecho del que casi nadie quiere prescindir, es preciso cursar un Máster obligatoriamente (y no cualquier Máster, sino uno muy concreto y con perfiles determinados normativamente, a diferencia de los Másters más comunes, donde cada Universidad puede ofrecer un poco lo que quiera) y posteriormente realizar un examen que califica para el ejercicio profesional. Que, en estas condiciones, el llamado Máster de Abogacía se convierte en un elemento esencial de la formación de casi cualquier graduado en Derecho es una evidencia que de tan obvia no merece comentario. Justamente por esta razón, y ante las críticas que recibió el Gobierno de los estudiantes que en su día protestaban contra la reforma, quejosos de que Bolonia les obligara a pagar a precio de Máster la última etapa de sus estudios en Derecho cuando antes la cursaban, más o menos en quinto de carrera, a precios de licenciatura, el coste de los Másters de Abogacía de las Universidades públicas están también altamente subsidiado y es sensiblemente más bajo que los de otros Másters (no profesionalizantes ni «obligatorios» en la práctica para completar el título con competencias profesionales) y, por supuesto, que la oferta privada. En el caso de la Universitat de València se ofrecen estos estudios de Máster (90 créditos), en colaboración con el Colegio de Abogados de València, al precio de 17’6€ el crédito (poco más de 1.500 euros en total).

El problema es que, como puede comprobarse en la información oficial, la Universitat de València sólo ofrece 160 plazas «de salida» para completar totalmente el ciclo de estudios de un Grado en Derecho con eficacia profesionalizante (que requiere del Máster). Es decir, por cada 800 alumnos que entran sólo 160 tienen derecho a salir dentro del sistema público. Incluso si descontamos generosamente el número de alumnos por año que abandonan los estudios, que culminan el grado sin vocación de trabajar nunca y a los que en consecuencia importa poco el Máster o que tienen tan claro que nunca en su vida profesional van a trabajar en sectores o actividades que requieran de colegiación profesional, es evidente que las plazas son muy insuficientes. Cada año, cientos de alumnos de la Universitat de València que quieren y necesitan estudiar el Máster se ven obligados a hacerlo en otros centros, privados, y a precios sensiblemente mayores. Por poner un ejemplo, y para el curso 2015-2016, todos los alumnos de la UV con nota media en el grado inferior a 7’1 están fuera del sistema público y han de buscarse la vida en la oferta de mercado. Alternativas, claro, las hay. Las Universidades privadas y chiringuitos especializados están haciendo su agosto, tanto las presenciales de la zona (UCV, a 6.000 eurazos la broma, casi cuatro veces lo que se cobra en la UV), como las no presenciales (VIU, que tiene unos precios simulares aunque no aparecen, candorosamente, en la web) o los chiringuitos especializados que el sector está alumbrando como churros (y que ofrecen el título «barato-barato» en esfuerzo y rigor, y si es on-line mejor que mejor, pero también a precio casi cuatro veces superior al nuestro).

La situación es, sencillamente, escandalosa. Y el resultado, que cada año cientos de alumnos en la Universitat de València (y no sólo de esta Universidad, cuyo ejemplo empleo para ilustrar este comentario por conocerlo mejor, pero puede extenderse a todo el país, pues la situación es muy parecida en prácticamente todas las Universidades españolas) se ven obligados a pasar por las horcas caudinas de unas Universidades privadas que hacen caja como ciertos prebostes cazaban perdices o pescaban salmones en España en tiempos no muy lejanos y quizás no tan pasados: poniéndose simplemente con el saco abierto donde la Administración les ha preparado el chollito y esperando a que entren en tropel las víctimas, que como no tienen más remedio que hacerlo ni siquiera se quejan o exigen mucho. Dados los precios, además, es evidente que muchos de estos estudiantes que son expulsados de la red pública, y en concreto los menos favorecidos, van a acabar en más casos de los debidos decidiendo prescindir directamente el título de Máster, pasando a ser graduados en Derecho de peor condición que los que sí cuentan con el mismo. Y todo ello como consecuencia, sencillamente, de no tener los 4.500 eurazos de más que cuesta la enseñanza de Máster que les permitiría poder ejercer profesionalmente como abogados en las mismas condiciones que sus compañeros que tienen unos papás que llegan mejor a fin de mes.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues es bastante evidente. Póngase como ingrediente de base una reforma como la de Bolonia, que pretendía lo que pretendía sin demasiado disimulo pero también sin rigor alguno y sin una evaluación sensata y cuidada de la situación socioeconómica del país y de los títulos que se ofrecen en la enseñanza superior y particularmente en la red pública; añádanse a la receta unos gobiernos autonómicos y unos organismos estatales de acreditación de los títulos (ANECA) que han sido de una extraordinaria laxitud con los agentes privados, amparando, estimulando y reconociendo facultades y títulos que son impropios de un país avanzado en cuanto a calidad, rigor y vocación de servicio a sus mismos «clientes» sin que aquí haya pasado nada; cuéntese, a cocción a fuego lento, con la natural tendencia del mercado, y más del mercado-chiringuito, a detectar nichos de negocio; y corónese con la guinda de unas Universidades públicas que, ni a nivel de Facultades de Derecho o de Universidad ni a nivel de comunidad docente, parecen tener demasiadas ganas, fuerzas, interés o ni siquiera la visión para detectar este problema y luchar por sus alumnos, más que nada porque tienen a sus profesores preocupados, sobre todo, por sus sexenios, promociones, trabajos profesionales, extras en forma de convenios de transferencia de investigación para llevarse un pico… y poca cosa más. ¿El resultado? Pues esta situación, absolutamente lamentable y tercermundista, que pone en cuestión todo lo que debería ser la justicia y equidad en el acceso a la formación superior en un país desarrollado. Y estudiantes de Derecho primera o segunda categoría, con más o menos posibilidades profesionales futuras, en carreras de un marcado cariz profesional como la nuestra, dependiendo de si sus papás y mamás tienen más dinero o menos para garantizar un mejor futuro a sus hijos. Todo ello amparado e indirectamente fomentado, por alucinante que pueda parecer, desde el propio sistema público, responsable por acción y omisión de un diseño que genera estos efectos lamentables.



3 comentarios en De cómo se forran las Unis privadas con el Máster de abogacía… y de la lamentable ausencia de respuestas desde la Universidad pública
  1. 1

    Totalmente de acuerdo con el artículo. A los chiringuitos universitarios privados les han hecho un traje a medida. El pasado curso académico tuve que matricularme, forzado por la falta de plazas en la universidad pública, en un chiringuito universitario privado sito en Valencia para realizar un máster profesionalizante.

    Podría explicar muchas cosas acerca de mi experiencia académica en dicho chiringuito y casi ninguna de ellas sería positiva. Me parece increíble que las autoridades académicas de este país otorguen validez oficial a estos estudios.Sin ningún tipo de rubor puedo asegurar que al efectuar el pago de la matrícula compré el título, los nueve meses de curso académico supusieron un trámite, un pretexto para justificar el negocio del chiringuito.

    La educación universitaria, sobre todo la que hace referencia al posgrado, se ha convertido en un negocio muy lucrativo donde las exigencias académicas son inversamente proporcionales al esfuerzo económico a realizar a la hora de efectuar la matrícula.

    Comentario escrito por Welsman — 11 de septiembre de 2015 a las 7:21 am

  2. 2

    Para ser profesor de secundaria hace 6 años que también hay que pasar por el aro de hacer un máster de 60 ECTS. En en Cataluña, la comunidad con los precios más altos, 3200€ cuesta en la UPF. 2400€ la UAB. Y la cantidad de plazas es muy inferior a la demanda, con lo cual universidades como la Blanquerna tienen clientela asegurada (por el master de inglés cobran 5700€). El antiguo CAP era una vergüenza que no preparaba para la realidad docente, pero no había que multiplicar su precio para mejorar la calidad de los contenidos. Por cierto, los alumnos del máster no quedan tampoco demasiado contentos.

    Otro caso: psicología clínica. Quien termina el grado de psicología con posterioridad al año 2014 será psicólogo, pero no podrá ejercer la especialidad clínica sin cursar un master. A mi me parece muy correcto que sea obligatorio cursar una formación de postgrado con el fin de especializarse antes de ponerse ante un paciente. El grado es muy generalista y da una visión general de las diferentes corrientes psicoterapéuticas, pero para estar preparado para ejercer una de ellas hace falta una formación mayor.
    ¿Y qué se saca de la manga la autoridad competente? Un master de 90 ECTS obligatorio para todos aquellos que quieran ser psicoterapeutas, llamado «master en psicologia general sanitaria», que como su nombre indica es generalista igual que el grado. Se crea un máster nuevo, que es un refrito de la carrera y se dejan sin reconocer como útiles a muchos estudios de prestigio y reconocimiento que ya existían. Claro, muchos de ellos no eran impartidos a nivel universitario, sino por asociaciones de terapeutas de una especialidad. Así que tendremos a los futuros terapeutas con master pero sin especialización. Mucha gente se plantea hacer el máster obligatorio para poderse colegiar (estamos hablando de 3800€ en la UAB, 4350 en la UOC ó 10.000€ en Blanquerna) y luego otro en la corriente terapéutica que quieren desarrollar laboralmente.

    Hay estudiantes de UK que se van a estudiar a Holanda, donde la matrícula universitaria vale 10 veces menos y la mayoría de asignaturas se dan en inglés. ¿Nuestros estudiantes con menos recursos qué podrán hacer?

    Comentario escrito por Irene — 19 de septiembre de 2015 a las 9:24 pm

  3. 3

    Yo no sé a que viene tanto cuento, hay un aforismo francés presuntamente bastante afortunado.

    El derecho civil sirve para que los ricos roben a los pobres. El derecho penal impide que los pobres roben a los ricos (aforismo francés)

    Comentario escrito por Trompeta — 25 de septiembre de 2015 a las 9:20 am

Comentarios cerrados para esta entrada.

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