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Acaba el curso 2014-2015, en medio del marasmo social, político y económico en que está España desde hace unos años, ya muchos, con algunas alegrías en forma de posibilidades de cambio desde abajo que ya veremos si se concretan. También concluye el curso universitario, con sus clases, evaluaciones, trabajos fin de máster y cosas así. De modo que, hasta septiembre, todo en calma.
Eso sí, para ir calentando motores respecto del debate público que se avecina con el nuevo ciclo electoral que nos espera a la vuelta del verano, Ciudadanos ha presentado estos días su programa electoral en materia de educación superior con una serie de propuestas que, aunque vaporosas, tópicas y contradictorias las más de las veces, han sido objeto de mucho comentario. Quizás porque, a falta de nada mejor, a cualquier propuesta de mínimos se le presta atención y se le da cierto crédito. De entre el batiburrillo en que consiste el documento, muy poco concreto, hay que destacar la idea fuerza de que la Universidad debería enfocarse hacia las demandas del mercado de trabajo, leit motiv que a estas alturas no tiene nada de nuevo. ¿O de qué iba en gran parte la reforma de Bolonia que es en parte responsable del modelo que ahora tenemos?
No voy a detenerme en valorar si tiene sentido o no dedicar la Universidad en exclusiva a responder a las necesidades del mercado laboral. Tan evidente me parece que la Universidad (pública) ha de tratar de cubrir lo mejor posible las necesidades de la sociedad que a fin de cuentas es la que la paga como que no todas ellas tienen que ver con la estricta empleabilidad. Sin embargo, vivimos en el mundo en el que vivimos y esa retórica tiene un éxito innegable, que va de la mano del innegable progreso social en los últimos años del tipo de enseñanza que se esconde tras ese planteamiento. Algo que es particularmente patente en las enseñanzas de cosas como el Derecho, estudios que tienen una vocación profesionalizante indudable y que pueden entenderse como algo, si se quiere, «sencillo y poco exigente» pero que hay que aprender para luego «poder trabajar en el sector». Y no seré yo quien niegue que el Derecho, como estudio universitario, tiene en gran medida ese perfil y esa función. ¿O acaso nuestros estudiantes estudian lo que estudian en vez de dedicarse a cosas sin duda más entretenidas por amor al arte y sin pretensión alguna de obtener una rentabilización profesional de su esfuerzo? Estando eso bastante claro, sin embargo, la presencia de esos otros intereses sociales de los que hablaba antes, más allá de la empleabilidad estricta, siempre se ha tenido en cuenta en el modelo de enseñanza pública del Derecho. Por esa razón, se decía, nuestro objetivo había de ser formar «juristas» y no»abogados» ni «preparar opositores». Se consideraba que, comptat i debatut, al final era mejor, e incluso más productivo para la futura empleabilidad a largo plazo, dar una formación más general y abstracta, más completa y compleja, con ciertas pretensiones críticas, en lugar de optar por un modelo más de «adiestramiento» para afrontar con éxito inmediato las exigencias del mercado laboral que se limitara a proporcionar las herramientas y conocimientos que el sujeto debía conocer y emplear luego en su trabajo.
Así ha sido siempre y nunca lo hemos discutido en exceso, por mucho que es obvio que este modelo presenta problemas muy visibles. Es más caro, muy probablemente. Requiere de profesores más especializados en labores universitarias en lugar de poder recurrir a profesionales que estén por ahí, con el trastorno organizativo que ello supone. Y, además, tampoco está muy claro que lo hayamos desarrollado del todo bien, si somos sinceros (las clases que dan nuestros asociados y cómo se las asignamos despreocupadamente demuestran que ni nosotros mismos vemos dramático que parte de la enseñanza la realicen quienes predicamos constantemente que lo han de hacer mucho peor. al menos en teoría). Por último, y en todo caso, todas esas supuestas ventajas que harían mejor el modelo son muy difíciles de medir… y tampoco nos hemos preocupado nunca de evaluarlo en exceso. Tampoco teníamos, la verdad, mucha necesidad. De modo que las cosas han seguido como siempre hasta que en los últimos años, desde el momento en que la enseñanza universitaria se ha abierto a la competencia con todas las de la ley (hasta hace década y media las universidades privadas estaban más o menos controladas, eran pocas y trataban de imitar el modelo público; desde la LOU y dada la evolución social y económica esto ha cambiado y ahora tenemos muchas y de muy diversos perfiles), ha aparecido un nuevo modelo de enseñanza del Derecho, a cargo de Universidades privadas, que realiza de forma incipiente pero con mucha eficacia ese ideal de «enseñanza más orientada al mercado laboral». Estas Facultades, a las que desde el sector público se ve muchas veces despectivamente como meras «escuelas de formación de abogados», tienen cada vez más éxito y, a mi juicio, están llamadas a tener más si cabe en un futuro no muy lejano. ¿Significa eso que están respondiendo mejor a las necesidades sociales con su oferta que las facultades de Derecho públicas y «clásicas»?
Muy probablemente sí están dando una mejor respuesta, como mínimo, a las demandas de mejor empleabilidad y a actuar en clave proporcionar lo que pide el mercado laboral. Eso de lo de habla Ciudadanos y que, al parecer, es cada vez más importante para todo el mundo. De modo que conviene echar un vistazo a por qué pueda ser así. Se me ocurren varias posibilidades:
1) Por razones evidentes, (de mercado), estas Facultades tratan de responder a ciertas demandas que profesionalmente son obvias y que las Universidades públicas tienen muchas más dificultades en cubrir, como por ejemplo ofrecer cierta docencia en inglés.
2) Estos centros cuentan con mucha más libertad para definir planes de estudio adaptados a «lo que pide el mercado laboral» (menos Historia del Derecho o Derecho Romano, más Derecho tributario o mercantil, etc.) dado que el sistema LOU permite un gran margen para definir el título de Derecho, pero de este margen las Facultades públicas no pueden disfrutar en tanta medida porque ya tienen adaptada su estructura de personal y organizativa a un modelo de plan de estudios clásico: sirva como ejemplo, a mi entender muy revelador, que en Valencia la Universidad Católica no ofrezca Derecho eclesiástico del Estado en su grado en Derecho, muy orientado a la empleabilidad, mientras las Universidades públicas próximas lo siguen ofreciendo;
3) El personal con el que cuentan estos centros privados es mucho más «liviano», pues la ley (y no digamos ya su aplicación laxa) les permite contar con equipos docentes mayoritariamente no estables sino conformados por profesionales que dan ocasionalmente algunas clases y, con razón o sin ella, el mercado considera cada vez más que este tipo de perfil de docente es mejor para enseñar cosas como Derecho, a fin de cuentas estudios de marcado cariz profesionalizante. La experiencia en los másters de abogacía mixtos entre universidades y colegios de abogados, por ejemplo, avala esta sospecha. Las evaluaciones de los alumnos, al parecer, indican de forma general que los docentes que vienen de la Universidad en esos títulos no son los más apreciados ni siquiera respecto a la valoración que merecen su preparación y conocimientos. Probablemente el tipo de docencia en esos títulos y a qué esté orientada ésta tenga que ver con que sean mejor considerados los docentes que compatibilizan esta función con el ejercicio profesional;
4) Todo ello, además, ni siquiera se compensa con el precio de los estudios: Derecho es una carrera fácil de ofrecer y no demasiado cara (y más en las condiciones de instalaciones, precarias, y de profesores, a tiempo parcial a los que se paga más en «prestigio» y «visibilidad» que en dinero, de muchos de estos chiringuitos académicos), con amplia demanda y que incluso se puede impartir en pisos en el centro de las ciudades, como ocurre en el modelo sudamericano con muchas Universidades-garaje y ya empieza a hacerse habitual aquí en nuestras privadas (máxime si, además, envían a sus alumnos a las bibliotecas de las públicas, como pasa en Valencia, para cuando necesitan, si eso, consultar algún libro o incluso las bases de datos de jurisprudencia). Además, la subida de las tasas públicas hace que la diferencia entre el coste de los estudios públicos y privados sea ya mínima. De modo que el precio del servicio no parece llamado a ser un factor diferencial en el futuro para enseñanzas profesionalizantes y «baratas» como Derecho, al menos mientras no cambie el modelo de tasas públicas actualmente vigente. de hecho, y por supuesto, el efecto diferenciador en precios entre lo público y lo privado en los Másters a día de hoy ya es inexistente, dado el precio de los masters jurídicos públicos… con las consecuencias que ya estamos viviendo y que avalan la sospecha de que vamos hacia donde vamos.
Frente a ello, la Universidad pública aguanta, y es todavía mayoritariamente la primera opción de casi todos, porque conserva cierto prestigio (se considera aún que suele ser «mejor» estudiar en la pública que en esos chiringuitos privados) derivado del efecto arrastre de la mera tradición histórica. Pero este arrastre tiene los días contados si la efectiva mayor eficiencia frente a las exigencias del mercado de las privadas se pone de manifiesto con claridad en un contexto social en que eso comience, como ya ha comenzado, a ser crecientemente valorado por la sociedad, los estudiantes y sus padres. Básicamente, porque no basta creer o intuir que la forma de hacer las cosas tradicional, clásica, de las Facultades de Derecho públicas es mejor. Hace falta proporcionar ciertas evidencias que no se limiten, como hasta ahora, a constatar que mientras sigamos teniendo los mejores alumnos, lógicamente, va a ser normal que tengamos también a los mejores egresados. Para ello, y como mínimo:
– Sería imprescindible que analizáramos concienzudamente si lo que ofrecemos tiene sentido o no y si esa aproximación menos profesionalizante es adecuada o genera pérdidas de eficiencia sin suficientes ganancias alternativas por las que seremos penalizados si nos empeñamos en seguir por ese camino. Es decir, si tiene sentido eso de formar «juristas» y no «abogados».
– Es además esencial valorar si, incluso si el modelo es adecuado, lo estamos ofreciendo bien. Esto es, ¿la docencia que efectivamente impartimos, que teóricamente persigue los objetivos sociales, formativos y críticos que decimos que persigue, los logra de verdad y tratamos de controlar que así sea? ¿Intentamos mejorar estas cosas, entender cómo hacerlo mejor, analizar qué habría que ser cambiado o nos limitamos a arrastrar lo de siempre y ya? Es decir, y a la postre, ¿estamos haciendo de verdad eso de formar «juristas» y no «abogados»?
– Para todo ello a la postre acabará siendo esencial reflexionar sobre si, efectivamente, el modelo de profesor dedicado y «especializado», que comparte tareas docentes con lo que se llama, un poco ridículamente en ciencias sociales y jurídicas, «investigación» en su campo, tiene sentido para unos estudios de grado de Derecho. Y, si efectivamente es así, diseñarlos para sacarle el partido correspondiente frente al modelo de «abogados o jueces que se ponen a dictar clases». Porque, por muy elitistas que nos veamos y aunque sea un anatema siquiera insinuarlo, quizás para enseñar lo que enseñamos, y dado lo que es el Derecho, no sea tan descabellado pensar que un buen profesional con años de experiencia y que haya tenido que trabajar en su campo enfrentándose a problemas concretos pueda explicar mucho mejor lo que necesitan los alumnos y que, en definitiva, lo haga mejor como docente que nosotros. Máxime si lo que se exige y es necesario, o socialmente deseable, en una carrera como la nuestra, es la transmisión de ciertos contenidos y punto. Y todo ello facilitado mucho, claro, si los profes dedicados a esto a tiempo completo (que, por otro lado, como es sabido, en realidad prácticamente no existen, lo que atemperaría este problema… o no y pondría de manifiesto lo absurdo del sistema) no curramos en exceso en pensar nuestra docencia y darle sentido a partir de nuestras cualidades y ventajas diferenciales.
A día de hoy, y en general, nada de esto está siendo realizado por las Universidades públicas tradicionales y clásicas. Tampoco se ha analizado qué significado y ventajas competitivas tiene la presencialidad en unos estudios como los jurídicos, donde prescindir de ella es muy sencillo y goloso (y por ello muchas privadas, además de la UNED desde hace años, lo están haciendo cada vez más). De modo que la erosión ha comenzado y va a seguir. De momento se manifiesta muy claramente en el sector más directamente orientado a las salidas laborales (másters y demás, con los centros públicos compitiendo de forma bastante patética, por cierto, con diplomitas y demás títulos propios con el mismo escaso rigor que luego criticamos a los chiringuitos y donde a la vez las Universidades públicas, por sus rigideces, tienen muchas más dificultades para definir una oferta coherente y que se adapte de manera flexible a la demanda (de ahí nuestra oferta esclerotizada de Másters oficiales). Lo cual, por otro lado, es doblemente interesante y vuelve a poner de manifiesto esa cierta inconsistencia que supone creer per se mejor el modelo de profesor-investigador. ¡Si ni siquiera para la docencia altamente especializada en unos estudios como los másters jurídicos es evidente la ventaja comparativa que aporta un docente profesional y dedicado que a la vez investiga no me quiero ni imaginar la conclusión respecto del grado! Un grado que, por cierto, y en breve, vamos a tener a Universidades privadas ofreciéndolo en 3 años. ¡Todo sea por responder mejor, y más barato y con ahorro de costes y cargas, a las necesidades del mercado laboral! Que a todos nos parece muy mal la perspectiva, ya, pero, eso sí, mientras tanto, en las Universidades públicas, seguimos en Babia…
La verdad es que resultaría un experimento interesante cerrar las Facultades de Derecho públicas españolas, o de una Comunidad Autónoma de cierto tamaño, unos años y ver qué pasaba. Estoy bastante convencido de que los estudiantes seguirían teniendo sus grados en Derecho por diversas vías, desde la UNED a la UOC pasando por las actuales privadas y las que surgirían al aparecer tan jugoso nicho de mercado. Y me da la sensación de que los resultados formativos no cambiarían mucho. Vamos, que no notaríamos la «pérdida» ni socialmente tendríamos peores juristas que los que tenemos ahora. Quizás tampoco ni siquiera la «investigación jurídica» sufriría en exceso, pues la orientación practicona más común en nuestro régimen hace que esta sea fácilmente sustituida por la que puedan realizar ocasionalmente profesionales, cuando es necesaria para comentar leyes o sentencias. Probablemente subirían los precios de los estudios jurídicos, eso sí, pues los centros privados podrían aprovechar la ausencia de un «estabilizador público» y además a corto plazo perderían competencia. Pero desde una perspectiva docente e investigadora el sector público parece que, al menos para enseñanzas tan profesionalizantes como el Derecho, a día de hoy no acaba de ofrecer nada que sea comparativamente mucho mejor a lo que ya ofrecen múltiples chiringuitos privados a pesar de todo el dinero público que invertimos en él y de que, supuestamente, ahí están (estamos) profesores seleccionados específicamente para ello y que deberíamos ser la crème de la crème (algo que, sin duda, a la vista está, y contra todas las evidencias, nos creemos mucho, eso sí). Deberíamos, todos, hacérnoslo mirar un poco. Más que nada porque, si no, el «experimento» se acabará produciendo de igual forma, aunque sea poco a poco y no sea voluntario, con un desplazamiento general, empezando por los másters y los alumnos más interesantes, de las Facultades de Derecho públicas en favor de las privadas, quedando el sector público como residual o, sencillamente, como más barato. Pero nada más.
18 comentarios en ¿Acabaremos cerrando Facultades de Derecho públicas?
Comentarios cerrados para esta entrada.
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Felicidades Sr Boix:
Se acaba de dar cuenta usted que es un privilegiado, como uno de los últimos conductores de diligencias del far west antes de su extición por el avance de los tiempos.
Y que decir de las facultades de perioddismo, tendrán que fusionarlas con las de psicología para que se conviertan en altavoces de opinión o barrerlas directamente.
El futuro ya esta aquí y sobra mucha gente.
Una vez más felicidades por su articulo, y espero que su futuro sea , si no brillante ( el de nadie lo va a ser) por lo menos llevadero.Salud y suerte.
Comentario escrito por Trompeta — 01 de agosto de 2015 a las 8:47 pm
Bueno, la verdad es que no es del todo exacto que me acabe de dar cuenta. Hace años que lo pienso. Simplemente, cada ve lo tengo más claro. Del mismo modo que me devano los sesos tratando de pensar cómo me lo podría montar para resultar mínimamente útil de verdad a la sociedad…
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 01 de agosto de 2015 a las 9:47 pm
En realidad la universidad pública esta muerta desde hace mucho tiempo…
Comentario escrito por Trompeta — 01 de agosto de 2015 a las 8:48 pm
A veure, és que amb la BASURA (amb molt poques excepcions) de formació que es dóna en general a les Facultats públiques, amb profes que se limiten a repetir apunts, a llegir, a comentar batalletes i poca cosa mes, ¿algún dubta que és exactament el mateix, per no dir millor, que eixe tipus de lliçons te les done un fiscal o un jutge o un advocat que, al menos, saben més del que parlen?
Comentario escrito por Universitari — 02 de agosto de 2015 a las 8:51 am
Es bueno saber que hay profesores de Derecho conscientes de que lo suyo tiene fecha de caducidad.
Comentario escrito por Poli-Teka — 02 de agosto de 2015 a las 4:04 pm
Lamentablemente, es imposible no estar de acuerdo. No sabemos lo que deparará el futuro, o tal vez sí, pero, hoy por hoy, ninguna Facultad privada tiene un Andrés Boix.
Comentario escrito por LuisaGC — 02 de agosto de 2015 a las 6:09 pm
Igual que sucede con muchas otras facultades, la demanda de conocimiento desde el entorno socioeconómico de la universidad pone en valor la calidad de la docencia y la investigación universitarias. No se puede pedir a una economía no basada en el conocimiento que premie a centros que producen conocimiento. Lo normal, en un contexto de rent seeking, es premiar a centros que desarrollan contactos a bajo precio. La universidad pública no solo debe ser impulsora, sino que será la principal beneficiaria del cambio de modelo productivo que el país necesita.
Comentario escrito por Manuel Illueca — 02 de agosto de 2015 a las 8:18 pm
Bueno, Luisa, eso, como casi todo, creo que es opinable (tanto si es para bien como si es para mal), pero gracias. :-)
Eso sí, lo que resulta un tanto inquietante es que nadie, de momento, cuestione mínimamente esa sospecha mía creciente de inutilidad… (bueno, menos Manuel Illueca, que opina que claro que otro tipo de enseñanza sería esencial para cambiar el modelo productivo, pero también que esta sociedad va a seguir pidiendo, muy probablemente, lo que hasta ahora ha venido pidiendo). En resumen :-( ¡Qué deprimente!
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 02 de agosto de 2015 a las 9:17 pm
Claro que hay solución!! Formar juristas, no abogados. Pero formar realmente, no vaya a salir un engendro jurídico que ni es jurista ni abogado, como fue, entre otros muchos, mi caso y que, por lo que oigo, va a peor.
Si la Universidad Pública entra en la guerra de formar abogados perderá, por goleada, porque ni sabe ni aprenderá, así que mejor que se dedique a formar juristas que sean capaces de reportar algún beneficio a la sociedad.
Comentario escrito por suntzu1y2 — 03 de agosto de 2015 a las 7:55 am
Pues sí, la verdad, lo normal es que a la larga la cosa evolucione como dices. Estoy estudiando con vosotros y la verdad es que el panorama es distinto a la Católica, donde estudia algún conocido, en que aquí tenemos menos sensación de cole-academia, hay un campus grande y vida universitaria y… ¡tenemos biblioteca y ordenadores con acceso a las bases de datos de jurisprudencia en lugar de tener que ir a usar las del ICAV o las bibliotecas públicas!
Los profesores en la UV, si son sólo profesores, son muy variados. Hay una minoría de gente chulísima y muy interesante (aunque a veces los que me gustan a mí no gustan nada a mis colegas y al revés), pero también carotas, vagos, gente que pasa de dar la clase (las suspende, se las pasa hablando de su vida o dando mítines…) y tipos que leen apuntes. Entre los que son abogados y eso, en cambio, hay una cosa más lineal. Vienen, te leen unos apuntes sencillitos ewxplicándote cosas concretas y se van. Además, suelen examinar sin dar mucho por culo. Muchos de mis compañeros, no sé si la mayoría, los prefieren. Menos líos y menos sensación, muchas veces, de perder el tiempo. Luego están los profesores que son profesores y a la vez abogados y eso. Suelen parecerse en eso de ir más al grano, pero no leen las clases. Tienen como más tablas explicando. A mí me gustan mucho, aunque algunos se pasan con las batallitas y colgándose medallitas. En general, Andrés, creo que los que os dedicáis sólo a esto, como no curréis muucho, pero mucho con las clases y además mostréis cierta empatía y sensibilidad con los alumnos y lo que esperamos, pues lo tenéis crudo para hacerlo mejor que esos profesionales que dices que «leen clases».
En la Católica y esas cosas, por lo que me cuentan, todo es muy de academia. Lectura de clases. Jueces y abogados de profes que te resaltan mucho que tienen mucho prestigio y que si les haces caso te irá muy bien en el mercado laboral. Clases a veces muy basadas en reflexiones sobre los «truquitos» de la práctica como si te descubrieran el santo grial y haciendo pasar eso por reflexión teórica. Pero está en el centro, es barato, dan un huevo de mercantil y tributario y contabilidad e inglés jurídico. Y haces contactos. Y no eres un número más en la masa.
Sinceramente, yo creo que sí recibo una mejor formación, globalmente, por lo variada que es y las opciones que tengo de descubrir cosas si me busco la vida. Pero como preparación pura y dura para ser abogado, pues lo que está diciendo todo el mundo aquí, que me da la sensación que la cosa va a tender hacia donde va a tender.
Por cierto, enhorabuena por el seminario de facultad que montáis y por dejar que vayamos alumnos. Bon estiu!
Comentario escrito por Joan PV — 03 de agosto de 2015 a las 8:25 am
Suntzu, la teoría y el deber ser están, creo, claros. Al menos, yo lo comparto. Lo que pasa es que la realidad es deprimente porque no hacemos eso (o no lo hacemos bien) y ciertas presiones (de mercado, básicamente) además nos llevan cada vez más a intentar competir en el otro campo donde, como bien dices, no tenemos nada que hacer.
Joan, gràcies pel comentari, que ens serveix de molt als docents perquè normalmente no tenim ni idea del que passa a les classes (un altre dels problemes que hi ha en aquesta santa casa és justament aquest). I encantats que us interesse el seminari. Tant de bo cada vegada vinguèreu més estudiants. Per cert, que aprofite per fer una mica de propaganda de la programació del proper quadrimestre, que crec que ha quedat espectacular. I amb «cinefòrum» per obrir boca amb la primera sessió (30 de setembre):
http://www.uv.es/seminaridret/index.html
CALENDARI DE SESSIONS 2015/2016
– Setembre (30/09/2015): El Tribunal Constitucional: història d’una confusió
Sessió inaugural del seminari 2015-16 amb la projecció del documental “Un tribunal para la Constitución”
amb presència dels seus directors i guionistes Miguel Beltrán (Dret adminstratiu, UCLM) i Daniel Sarmiento (Dret Administratiu, UCM)
Ponent: Francisco Caamaño (Dret constitucional, Universitat de València)
Discussant: Andrés Boix Palop (Dret administratiu, Universitat de València)
[Ponència: “El Tribunal Constitucional, historia de una confusión”, per Francisco Caamaño] [Vídeo de la intervenció]
– Octubre (28/10/2015): Problemes jurídics al voltant de la maternitat subrogada
Ponent: Vicente Bellver Capella (Teoria del Dret, Universitat de València)
Discussant: Carmen Tomás y Valiente (Dret penal, Universitat de València)
– Novembre (25/11/2015): El personal directiu als concursos de creditors
Ponent: Eduardo E. Taléns Visconti (Dret del treball, Universitat de València)
Discussant: Antonio Sotillo Martí (Dret mercantil, Universitat de València)
– Desembre (23/12/2015): Crowdfunding: entre l’autonomia de la voluntat i la regulació
Ponent: Miguel Gimeno Ribes (Dret mercantil, Universitat de València)
Discussant: José Ramón de Verda (Dret civil, Universitat de València)
– Gener (27/01/2016): El “no” a l’adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de Drets Humans
Ponent: Patricia Llopis Nadal (Dret processal, Universitat de València)
Discussant: José Manuel Sánchez Patrón (Dret internacional públic, Universitat de València)
[Ponència: La necesidad vs. la posibilidad de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, per Patricia Llopis Nadal] [Vídeo de la intervenció]
[Materials: La necesidad procesal de la adhesión de la Unión Europea al CEDH: Un asunto que continúa pendiente tras el dictamen 2/13 del TJUE, Revista de Estudios Internacionales, nº 29, junio 2015, per Patricia Llopis Nadal]
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 03 de agosto de 2015 a las 8:38 am
Me ha quedado a lo mejor un poco pesimista el comentario. ¡En realidad a mí me encanta globalmente la UV! Lo que pasa es que sí creo que la formación es mejorable.
Comentario escrito por Joan PV — 03 de agosto de 2015 a las 11:01 am
D. Andrés:
Vd. circunscribe el debate al Derecho, lógicamente, pero es extensible a muchas más titulaciones y creo que en general a lo que llegamos es a cuestionar el modelo universitario.
Si enfocamos los estudios universitarios como una cualificación profesional superior, desde el punto de vista de los recursos económicos que gasta el Estado…¿Es razonable la cantidad de egresados cada año respecto a las oportunidades laborales? Me cuesta creer que el mercado laboral español sea capaz de absorber tantos graduados en Derecho o ADE.
En ciencias «duras» si después no hay una inversión sostenida y decidida en investigación básica, a uno le queda la sensación de que somos la cantera de otros países con las ideas más claras ( o con más recursos).
Si todos estamos de acuerdo en que la educación obligatoria es uno de los pilares para mejorar la sociedad… ¿Por qué los estudios de Magisterio tienen una nota de acceso tan baja?¿No constituye eso una perversa selección de estudiantes?
Y mil aspectos más que por sabidos y discutidos rozan ya los tópicos cansinos. Pero el debate sobre un buen plan de estudios, que sea respetado al menos durante una generación por todo el espectro político y qué hacer de una vez con la formación profesional y la Universidad ( y su financiación) no se puede posponer más. Llevamos más de quince años dando la patada adelante y el campo empieza a quedarse pequeño.
Comentario escrito por ocnos — 03 de agosto de 2015 a las 7:04 pm
Veo que nadie se ha metido a destripar las propuestas de los Cuñados Oficiales que sibilinamente ha enlazado Andrés y que están tan bellamente impregnadas de pensamiento mágico. Fuera toda la burocracia estalinista de la Universidad pero profesores pagados por su rendimiento, que alguien deberá evaluar. Fuera el control gremial de profes y vamos con unos pedazo rectores gerentes con poderes omnímodos contratados por un consejo social donde habrá muchos miembros nombrados por la Administración pero, ojo, sin que eso se convierta en una caja de ahorros ni nada porque aquí se meterá a gente buena, que sepa y apartidista, prometido por el niñito jesús. Fuera los baremos de contratación y demás cosas comunistas y dentro la libertad de los profes que ya están para decidir a quién meten, porque cuando manden los Cuñados viviremos en el mundo de la Piruleta Feliz y todos nos habremos hecho buenas personas.
De verdad, ¿de dónde se han sacado al experto-cuñado ese que tienen? ¿Del cuento de Hansel y Gretel?
Comentario escrito por Garicuñader — 04 de agosto de 2015 a las 5:59 am
Andrés, creo que somos muchos los docentes que te leemos y nos sentimos reconocidísimos. Además esto no se circunscribe al Derecho sino que nos afecta también a otras muchas disciplinas donde cada vez más tenemos la sensación de que quieren que seamos academias profesionales. Algo que no tiene mucho sentido que seamos. Pero es que, encima, lo hacemos fatal mucho peor que la competencia privada.
Comentario escrito por Marta S. — 05 de agosto de 2015 a las 10:31 am
Yo sufrí un maquiavélico «nuevo» plan de estudios de Derecho de la Universidad de Alicante que, si no me equivoco, duró 3 promociones. Mi recuerdo de la carrera en general no es muy bueno, la mayoría de profesores dictaban apuntes, o lo que es peor, el manual! en clase. Como no tenían tiempo de «explicar» toda la materia, la mitad del temario a estudiar por tu cuenta y al final todo el temario en examen oral en el que saca mejor nota el que repite como un papagallo (aunque no entienda nada de lo que dice…)
Resultado: la mayoría de mis compañeros en cuanto abrieron otras universidades (CEU Elche, UMH) se fueron o acabaron en la UNED, que al final era mucho más fácil.
Ya han pasado 20 años de esto pero creo que la Universidad sigue descuidando mucho la docencia que debería ser su función principal.
Al profesor universitario precario (es decir, no funcionario)se le exige un alto rendimiento investigador para poder promocionar y por tanto muchos descuidan la docencia. Y de los acomodados pues mejor no hablar.
La pena es que dedicas mucho esfuerzo para sacar una carrera que has elegido a la que quieres dedicar tu vida profesional y cuando acabas y sales al mundo real te das cuenta de que tienes que volver a empezar.
Comentario escrito por Rocío P. — 21 de agosto de 2015 a las 12:02 pm
Pasé por la universidad en la década de los 90, por lo que mi experiencia como alumno, en ese caso de ingeniería en informática, queda ya un pelín lejana, pero de vez en cuando hablo con las nuevas generaciones, o veo un plan de estudios, y la situación no ha cambiado demasiado.
Precisamente en la época viví un cambio de plan de estudios, en teoría para adaptar la titulación a la realidad. Todo muy bonito sobre el papel, pero lo que pasó fue otra cosa.
En primer lugar, orientar la titulación (y estamos hablando de ingeniería, no de filosofía y letras) a las demandas del mercado no se tuvo en cuenta en ningún momento. Entre otras cosas, porque los responsables últimos del nuevo plan eran unos señores con un currículum académico brillante (doctorado, cátedra, menciones,…) pero que no sólo en su vida había pisado una empresa pública, sino que ni siquiera se habían tomado la molestia de leer la sección de «demandas» del periódico o la de la propia bolsa de trabajo de la facultad para ver lo que pedía el mercado. Algunos, incluso despreciaban al mercado. ¿Programar en Cobol? Que ordinariez, oiga. De hecho, no sólo entonces, sino incluso ahora, 20 años más tarde, sigue existiendo más demanda para analistas y programadores en Cobol que en Miranda.
Luego, también existía una rivalidad entre departamentos para ver quién se llevaba el gato al agua con las troncales. Algo importante en el momento en que parte del dinero que podía recibir un departamento venía dado por el número de alumnos matriculados. Y claro, alguien puede decidir si matricularso o no a una optativa, pero por una troncal hay que pasar si o si. En el caso particular de mi facultad, los que salieron perdiendo fueron los del departamento de Matemática Aplicada, que vieron como sus créditos troncales caían a la mitad y la oferta de optativas, que para el resto de departamentos aumentaba, prácticamente permanecía igual. Todo ello, sin que la demanda laboral tuviese nada que ver.
Otra cosa a tener en cuenta es que las líneas básicas de cada materia se publican en el BOE, pero hay mucha flexibilidad, de forma que al final cada departamento tiene un margen bastante amplio para decir como se implementa. En el BOE se publican lo que podrían ser los bloques básicos de cada asignatura, pero ni define el contenido específico (en una asignatura de iniciación a la programación uno podía decidir si utilizar como ejemplo práctico el Modula-2, lenguaje que no conocía ni su madre, o el C) ni las horas a dedicarle, de forma que se puede elegir si a un bloque le asignas un mes o una hora de docencia. No es coña, una asignatura impartida en Barcelona podía tener un 60 % de diferencias de contenido respecto a la misma dada en Girona.
También existía (supongo que ahora también) la figura del profesor asociado a tiempo parcial. En teoría, tenía que ser un/una profesional con cierta trayectoria en la empresa privada, que venía a dar tres o cuatro horas de clase a la semana intentado acercar la universidad a la realidad de la empresa. En algunos casos funcionaba así, pero las más veces eran profesores como los demás, jóvenes recién titulados cuya ambición (por lo demás legítima) era quedarse en la propia universidad y si cogían eso era porque no había suficientes becas de doctorado o de asociado a tiempo completo disponibles. Todo ello, aliñado con un proceso de selección endogámico y enchufista, y supongo que entonces, igual que ahora, sobrarían dedos en la mano para contar los docents que han ingresado mediante un concurso de méritos totalmente limpio e imparcial. La verdad es que cada vez que oigo a Pablo Iglesias hablar de la «casta» o de las puertas giratorias no puedo olvidar que él mismo es un profesor de la Complutense y lamento no tener ningún contacto cualificado ahí que pueda explicarme cómo consiguió su plaza.
Supongo que la universidad privada tendrá vicios semejantes, y otros, pero por lo menos saben vender algo mejor lo que el mercado quiera.
Comentario escrito por Lluís — 22 de agosto de 2015 a las 3:12 pm
[…] por su nota media y tienen derecho a recibir una formación, más o menos, de cierta calidad (por mucho que podría y debería ser mejor) y a un precio que no cubre su coste, ni de lejos, financiado por el Estado, que considera ofrecer […]
Pingback escrito por Máster en Abogacía y Universidades privadas | Blog jurídico | No se trata de hacer leer — 10 de septiembre de 2015 a las 4:00 pm