El fracaso de la Ley Sinde y la respuesta del miedo: Savater «el joven» entierra a Savater «el viejo»

Hemos estado hablando de tantas cosas estos días (recordemos que, aunque Usted no lo perciba, estamos en una situación gravísima y el Gobierno tiene decretado, todavía, con la prórroga concedida por el Parlamento, un estado de emergencia) que no hemos tenido tiempo apenas de comentar el fracaso de la conocida como ley Sinde en el Congreso. Esa ley que, sintetizada con algo de demagogia, busca hacer desaparecer a los molestos jueces del proceso de cierre de webs incordiantes con apoyo ejecutivo y un procedimiento express. Se ha hablado mucho sobre el tema, sobre de qué iba la ley, sobre qué se puede hacer en el futuro y se ha explicado hasta la náusea por dónde van los tiros.  Es sabido que, en general, a los juristas no nos gusta demasiado la ley y tampoco vale la pena ya abundar más en ello (ni ésta ni, la verdad, muchas otras del sector, pero no nos hagan demasiado caso, está visto que somos de un putilloso que asusta). También en este espacio hemos tenido ocasión de comentar el tema de fondo, por extenso (si alguien no es capaz de leer el texto enlazado entero, que no se preocupe, casi nadie ha podido, pero luego no se me quejen de que esta entrada de hoy sea breve y dé muchas cosas por asumidas). Más recientemente, nos hemos hecho eco de hasta qué punto está equivocado el legislador español con una norma increíblemente rapiñadora que incluso va mucho más lejos de lo que ya un obsoleto y laxo Derecho de la Unión permite (un pronunciamiento europeo que ya ha empezado a tener consecuencias internas, por mucho que nuestro legislador sigue dilatando la respuesta y se demora en adaptar a Derecho, de una vez, la norma española). Pero es obligado decir algo más, dado que el tema va a volver y que a la ley Sinde, de una manera u otra, la van a revivir, como a un zombie inquietante del que no hay manera de desembarazarse.

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El «síndrome UEFA» se apodera del PSPV

Lamentablemente, he dedicado mi artículo de esta quincena en la edición valenciana de El País a una cuestión de patio de vecinos arrabaleros: el sainete que tiene montado el PSPV con Antonio Asunción. El artículo se publicó ayer pero yo lo escribí el viernes con la información disponible en ese momento (la admisión a trámite de la denuncia de Asunción y la subsiguiente reacción del PSPV pidiendo a Ferraz su expulsión seguida de la iniciación del consiguiente expediente contra el ex ministro), donde yo trataba de, simplemente, exponer las razones y argumentos que el propio PSPV había ido dando a lo largo de estos meses para que quedara demostrado, sin que yo tuviera que decir apenas nada más, hasta qué punto es aberrante y antidemocrática la conducta de quienes mandan a día de hoy en el socialismo valenciano y de cómo se las gastan cuando hay un sillón (el suyo) que pueda estar en el más mínimo riesgo.

Como es sabido, Antoni Asunción es amigo de la casa, al menos todo lo amigo que puede ser una persona que siempre se ha portado de forma excelente cuando le hemos pedido algo (en concreto, una vez, cuando montamos esto). Dicho sea para que no quepan dudas. Pero, de verdad, que el tema no es Antonio Asunción sino qué rayos pasa en los partidos políticos españoles. En todos, me temo. Y, muy especialmente (me temo también) en los que están descompuestos por años de oposición y por la incapacidad de quienes mandan de revertir la tendencia a pesar de lo chungo que sea lo que tienen enfrente. Como pasa en el socialismo valenciano. De eso, más o menos, iba el articulito que transcribo, tratando de trascender el tema concreto que lo inspira:

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Nueva ley del tabaco y confianza legítima

El BOE del pasado 31 de diciembre publicó la Ley 42/2010, que modifica una norma anterior, la 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Y desde ayer domingo 2 de enero, como establece expresamente la propia disposición, esto es, sin apenas vacatio legis, la norma está en vigor. Como síntoma o resultado de esta urgencia es notable comprobar que en estos momentos, ya con la ley no sólo publicada sino en marcha, la por otra parte excelente base de datos del BOE, que permite consultar cualquier texto en versión consolidada, no ha sido capaz de actualizar debidamente la ley 28/2005, y sigue mostrando como última modificación de su articulado la que tuvo lugar en marzo de 2010.

La nueva regulación ha generado una intensa curiosidad y un debate social que a mí, en general, me interesa más bien poco pues me parece obvio que el legislador puede restringir ciertas libertades si hay una justificación suficiente y no creo que haya dudas de que, cuando hablamos de lo que hacemos o podemos hacer en espacios públicos y de lugares compartidos, su capacidad de regular limitando la capacidad de acción de los ciudadanos es grande. Cuando se trata de prohir el consumo de tabaco, que afecta de manera probada y clara a la salud de los demás (más allá de que, además, genere indudables molestias), en presencia de personas que no tienen por qué desear que se haga en su presencia, no me caben dudas de la constitucionalidad de la medida. Tampoco de su absoluto sentido común. La norma actual me parece, pues, no sólo constitucional sino sensata.

Lo anómalo y extravagante era que en 2005 se hubiera aprobado una ley que condenaba a muchos trabajadores por cuenta ajena a desarrollar sus funciones en un ambiente potencialmente peligroso para su salud. Se trató, en su momento, de proteger la tenida por sacrosanta libertad del fumador de poder dedicarse al cilindrín en cualquier momento y lugar, que al parecer era una de las pocas libertades que una democracia no podía restringir. También se trató de hacer el caldo gordo a uno de los sectores más  reaccionarios y antipáticos del país: el de la hostelería, a quien parece que no se le puede exigir el más mínimo rigor porque enseguida te dicen que eso se carga los numerosos empleos cualificados y muy bien pagados que generan y que, además, supone un camino directo a liquidar la muy beneficiosa actividad económica que conllevan bares, pubs y discotecas, con todas las repercusiones para el bien común que sus «cuantiosas» aportaciones fiscales suponen.

La norma aprobada el pasado mes y que entró en vigor ayer viene a solucionar, en parte, esa increíble tolerancia que tan lejos como en 2005 parió una ley muy deficiente. Pero, a mí, la verdad, me surge una duda jurídica como consecuencia, precisamente, de que exista esa norma de hace apenas 5 años. Y no es que tenga uno mucho cariño por el sector de la hostelería, como es conocido de los lectores de este espacio, pero la verdad es que sí es llamativo que el legislador pueda obligarle a uno a hacer cuantiosas inversiones para aislar espacios de no fumadores o fumadores, según los casos, en un local, y apenas unos años después cambiarte la norma y hacer que toda esa inversión devenga inútil y superflua. ¿Puede hacer algo así el legislador?  ¿No hay acaso ningún tipo de límite para paliar los daños que puedan  suponer vaivenes constantes? ¿Qué pasaría si la ley exigiera para este año que todos los suelos fueran de mármol, para el año siguiente que todos fueran de parquet y para dentro de 3 un nuevo cambio al gres cerámico?

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11/2011

Publicado el pasado lunes en El País, edición de la Comunitat Valenciana, a modo de reflexión sobre los deberes que los valencianos tenemos para el año que viene pero que, por extensión, creo que son aplicables a todos quienes vivimos en España. Añado al artículo original, respecto de algunos de los temas, enlaces a apuntes donde puede ampliarse la discusión sobre cada concreto punto. Y, ya que estamos, ya saben: ¡Feliz Año Nuevo!

 11/2011

ANDRÉS BOIX     27/12/2010

1. La vergonzosa pretensión del Consell de ceder suelo de todos a escuelas y colegios privados para consolidar más si cabe la actual y lamentable situación de la educación pública en Valencia. Las sociedades civilizadas y avanzadas son aquellas en las que los ciudadanos tienen un alto grado de orgullo y compromiso con una educación pública de calidad para todos.

2. Un país de camareros, de recepcionistas, de gente con empleos precarios y mal pagados… dedicada a atender turistas y confiada en que las economías europeas funcionen para que puedan venir aquí a gastar. ¿De veras es ése el modelo económico que deseamos, entre todos, seguir fomentando y financiando con nuestros impuestos?

3. Nos van a bajar el sueldo y, al menos a quienes somos más o menos jóvenes, también (y de forma sustancial) las pensiones. Se une a ello una reforma laboral que hace que el despido no sea sólo libre (que ya lo era) sino, además, muy barato. Resulta llamativa la ausencia de solidaridad intergeneracional que todas estas medidas reflejan.

4. Tras los destrozos generados por la última década y el tsunami cementero que trajo consigo, se puede aprovechar la actual coyuntura para evaluar daños e, idealmente, definir barreras para que algo así no vuelva a ocurrir. La experiencia muestra los escasos beneficios que, a la hora de la verdad, dejan estas cosas y las hipotecas enormes que conllevan.

5. Es hora de manifestar una mayor preocupación por cómo se gasta el dinero de los ciudadanos y quizás debiera ser el momento de empezar a analizar qué tipo de actividades, empresas, ocupaciones, personas, colectivos… (y exactamente por qué razones) están siendo generosamente regadas con fondos públicos.

6. En mayo hay elecciones. Estaría bien que, dado que el Estatut d’Autonomia que obligaba a cambiar la ley electoral data ya de 2006, pudiéramos votar con una ley ya adaptada. Si, además, esa norma primara la representatividad de lo que votamos los valencianos, mejor todavía.

7. Estamos demasiado acostumbrados a justificar violaciones de derechos humanos porque, a cambio, alguien obtiene un beneficio. Basta de complacencia social (¡y municipal!) con quienes se lucran a costa de los derechos fundamentales de los demás.

8. La idea de que mandar requiere ponerse de perfil para no enfadar a nadie y luego, sin que se note mucho, repartir prebendas públicas y ayudas a ciertas actividades privadas es patética. La oposición que, a la hora de la verdad, copia el modelo, no sé lo que es. Pero sí parece claro que una sociedad que lo consiente tiene un problema.

9. Si el Gobierno central no sabe establecer prioridades de gasto que beneficien a los valencianos tendremos que empezar a luchar por tener el dinero nosotros y gastarlo de manera más sensata y cercana a nuestros intereses. Quizás así tendríamos trenes de cercanías y regionales decentes, por ejemplo, dando servicio a varias decenas de miles de personas al día, en lugar de un tren de lujo para quienes vienen de Madrid (sí, también para quienes van por trabajo a Madrid).

10. Tenemos un problema si los canales de representación política se bloquean y somos incapaces de llevar a algunas de las mejores personas y de las mejores ideas a la esfera pública.

11. Los ciudadanos de una sociedad madura no hacen cartas a reyes u obispos pidiendo cosas por Navidad. Se articulan para luchar por ellas y se implican para conseguirlas.

Andrés Boix Palop es profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València.



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