Varia

Anda el oficialismo muy contento porque el Tribunal Supremo está aplicando con cierta generosidad una de esas leyes chupi-guays que menudean últimamente. En concreto, la que consagró lo que con optimismo digno de mejor causa titula el periodista «la igualdad de la mujer» en la nobleza. En realidad, lo que consagra la Ley de Igualdad en la sucesión de Títulos Nobiliarios (LITN) de 30 de octubre de 2006 es la idea de que los títulos se heredan teniendo en cuenta como único criterio la primogenitura, noción bien distinta a cualquier consideración atinente a la idea de igualdad a poco que uno se ponga pejiguero. A mí me gustaba en esta materia mucho más la clásica Sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, quea pesar de sus limitaciones y de quedarse a medio camino era, a la vista de por dónde han ido los tiros, sin duda, un mal menor. De hecho, buena prueba de ello es que sus críticos la califican de «sentencia republicana», como si así se explicara claramente de qué tipo de fallo estamos hablando (y sus ínsitas deficiencias, al fin superadas gracias a la nueva ley de «igualdad en la nobleza»). De uno propio de un país que no cree en la nobleza. ¡Acabáramos! La Sentencia sostenía que resultaría paradójico que el título nobiliario se pudiera adquirir por vía sucesoria no tal y como ha sido históricamente según los criterios que han presidido las anteriores transmisiones, sino al amparo de nuevas fórmulas. Ya que entenderlo de tal modo conllevaría proyectar valores y principios abiertamente contradictorios con la esencia de los títulos en cuestión. Vamos, y en clarito, que se entiende mal como puede no ser discriminatoria la mera existencia de la nobleza y su reconocimiento jurídico y, en cambio, que sí lo sea la preterición de las mujeres en la sucesión dentro de la misma.

El Tribunal Constitucional turco se pone firme defendiendo la herencia de Atatürk. Habrá que seguir la pista a eso de que haya por ahí un Tribunal constitucional con capacidad para anular reformas constitucionales, porque suena a extravagancia periodística. Pero vete tú a saber. Probablemente habrá anulado una norma de desarrollo de la Constitución más que una parte de la misma. O no. A saber. A lo mejor el TC turco tiene reconocida una capacidad como «guardián de las esencias» tan amplia que incluso puede imponerse al ejercicio del poder de reforma constituyente. ¿Una versión de la Constitución turca a mano y en un idioma comprensible? La wikipedia dice algo que parece dejar claro que eso de un tribunal constitucional anulando constituciones es como bastante improbable. En lo que parece ser una explicación en inglés de sus funciones que, a pesar de sus colorines, parece ser suministrada por la web oficial queda claro que, en efecto, no enjuicia la Corte la sustancia constitucional de una enmienda constitucional sino, todo lo más, la regularidad parlamentaria de su aprobación.

The Constitutional Court also has the competence to review whether the procedural rules concerning constitutional amendments are observed. That means that the Constitutional Court has no competence to review constitutional amendments on substantive grounds. Decisions to invalidate a constitutional amendment as to the form have to be reached by a two-thirds majority of the Court (Articles 148,149/Constitution)

Menos lobos pues con eso de que se basa la corte en el principio de laicidad a la hora de anular la reforma, porque o bien la cosa nova exactamente de eso o, caso de que sí sea efectivamente así, la noticia es que el Tribunal se ha puesto por montera la Constitución que ha de defender y, entonces, lo importante es ver qué pasa con este puñetazo sobre la mesa y cómo afecta a la democracia turca.

(Actualización 15.00h del sábado 7 de junio): Parece que sí, que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional turco es un poco raro y ya informa hoy El País del conflicto institucional que se avecina.

Rosa Díez asegura que en la Comunidad Valenciana hay una situación de discriminación contra los castellanohablantes, además de cosas tan exóticas como que en Canal 9 no se emite ni una sola hora de programación en castellano. Parece ser que hay algunos casos de castellanohablantes que no pueden matricular a sus hijos en centros públicos con el castellano como lengua vehicular. Puede ser. Aunque quizás el dato es tan fiable como la afirmación sobre Canal 9, cuya programación (como cualquier ser humano con un receptor y un mando a distancia puede comprobar con facilidad) es en más de la mitad en castellano, lo que incluye todas las series y películas e incluso algunos programas de producción propia (se consigue así paliar en parte el déficit de contenidos audiovisuales emitidos en Valencia en castellano, al parecer). En cualquier caso, es más que dudoso que podamos considerar que exista la más mínima discriminación en sentido jurídico (bueno, en cualquier sentido, la verdad). Más que nada porque, por ejemplo, puestos a comparar, seguro que habrá tantos (o más) valencianohablantes con problemas para escolarizar a sus hijos en valenciano. La vida, que es muy dura. Pero bueno, todo se andará y probablemente en el futuro entenderemos que la Administración tiene la obligación de proporcionarnos enseñanza en la lengua que escojamos. Cosas de sociedades afortunadamente opulentas.

– Parece que el proceso para poner a la Universidad en el mercado es imparable. El lema «Hagamos de la Universidad un negocio» hace furor y muchos políticos y rectores están trabajando duro para que las cosas se encaucen, para bien de todos, por supuesto, en esta dirección. Auguro grandes éxitos a este tipo de esfuerzos: es lo que tiene remar a favor de corriente. Y, sobre todo, es lo que tiene dar a quienes están en el ajo lo que piden con más o menos descaro mientras quienes pagan la cuenta no se enteran demasiado Otra cosa es que haga demasiada falta que nos esforcemos en llevar a los universitarios a ese redil. Mi experiencia me dice que nada más fácil que facilitar que la lógica de mercado invada la Universidad. Porque la cabra tira al monte y, sencillamente, si nadie mira, muy pocos son los que resisten la tentación de meter mano en la despensa cuando además tienen la sensación de que todos lo hacen y de que quedarse fuera del festín sería cosa de tontoa. Y eso es lo que, sin Ministerios de campanillas dedicados a ello e incluso antes de que estuviera bien visto, ya pasaba hace años. Y cada vez más. ¡Ay, los buenos viejos tiempos en que se entendía que con dineros públicos mejor que no se montaran negocios! Quienes más contentos están, claro, son (somos) los profesores universitarios, que por fin ven (vemos) como la antaña pequeña rendija que les permitía, a medio camino entre la ilegalidad y la cara dura, montar mil y un negocietes para su lucro privado y personal aprovechando la plataforma (y medios) que supone la Universidad pública, se ha convertido en boquete y, además, respaldado con todo tipo de parabienes por parte de quienes mandan. Es el sueño de cualquiera: montar la paraeta sin asumir los riesgos, con financiación pública y con la expectativa de que lo poco o mucho que tire la cosa, eso sí, va a repercutir casi exclusivamente en tu propio beneficio. ¡Así son los emprendedores de este país!

– Qui no va treballar, en canvi, pràcticament mai a la recerca del seu propi benefici va ser Josep Vicent Marqués, que morí la setmana passada a València. Amb el respecte que mereixen les persones que lluiten per allò en què creuen i que protagonitzen mil i una activitats des del compromís i les ganes d’ajudar a la societat i el país on viuen, a la gent i a la cultura d’un poblre, cal retre hui sentit homenatge a un company de la Universitat de València que deixa llibres que continuen sent una referència, com ara l’imprescindible País perplex. Adéu, professor Marqués.



En torno al concepto normativo de libro

Acaba de publicar la editorial Iustel unos interesantes comentarios a la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas coordinados por Santiago Muñoz Machado. Como puede verse en el índice de la obra, se analizan en la misma toda una serie de cuestiones de indudable interés jurídico pero también social al hilo de la reciente regulación que el tradicional artefacto conocido como «libro» ha recibido, extendida, además, a su versión «digital» o «electrónica». Más allá de la interesante reflexión sobre las relaciones entre libros y normas, entre Derecho y medios de transmisión de la información y la cultura que realiza Santiago Muñoz Machado, quien ande interesado en cuestiones como el poliédrico asunto del precio único de los libros, los perfiles de normas programáticas y principalistas como en su mayor parte es ésta, la organización de las bibliotecas o la instrumentación de medidas como el canon para el préstamo bibliotecario o el despliegue del peculiar aparataje sancionador que se prevé para el sector, tiene material de sobra para disfrutar.

Colaboro en la obra con un capítulo sobre el concepto normativo de libro, la integración en el mismo de «lo digital» y, especialmente, dedicado a reflexionar sobre si esta superación de la idea de libro en tanto que artefacto que la ley asegura plasmar es tal o si, en realidad, aparecen rápidamente incoherencias que demuestran que no es tan sencillo asegurar que, de un plumazo, vamos a considerar como «libro» no tanto un determinado bien sino todo lo que pueda ser a la vez legible y reconducible a una unidad (en tanto que «obra»). No es fácil esta tarea, y la ley, que por lo demás estaba muy ocupada en regular cuestiones más prosaicas (como, por ejemplo, el asuntillo del precio único), tampoco es que se lo haya tomado demasiado en serio. Pero tarde o temprano, si queremos aspirar a que la regulación sea satisfactoria y coherente, tendremos que ponernos a la tarea, arremangarnos y empezar a modificar algunos esquemas mentales… y legales.

Continúa leyendo En torno al concepto normativo de libro



María Emilia Casas: «Si alguna vez recurre en amparo pues ya me vuelve a llamar»

Estoy escandalizado por la facilidad con las que las conversaciones telefónicas intervendidas por mandato judicial se filtran a medios de comunicación, incluso cuando afectan a ámbitos no relacionados con el delito investigado. Dicho lo cual, el show que ha unido a Ana Obregón y a la presidente del Tribunal Constitucional permite plantear algunas preguntas de cierta importancia:

La frase con la que titula hoy El País, «si alguna vez recurre en amparo pues ya me vuelve a llamar«, ¿hasta qué punto es grave que la diga alguien como María Emilia Casas?, ¿hasta qué punto es grave que se conozca? ¿Qué dice eso de nuestros usos y costumbres?

A mí sí me lo parece. Grave, quiero decir. Mojigato e histérico que es uno.



No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,163 segundos
En La Red desde septiembre de 2006