Garzón pierde a los peritos del ácido bórico

Es la perita en dulce del hit-parade de los affaires con repercusión mediática.

Como avanzábamos hace apenas tres días que la lógica dictaba, la Sala de la Audiencia Nacional ha optado por llevar a los juzgados de primera instancia e instrucción de Madrid la actuación de los peritos sospechosa de constituir una falsedad.

Según los especialistas en identificar a los magistrados a partir de la escudería, la juez competente está llamada a liquidar el caso por la vía rápida, ya que es de la Asociación Profesional de la Magistratura, para-sindicato judicial que incluso parece interesado en proponerla para la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial. A pesar de eso, de momento, ha optado por mantener a los peritos en la condición de imputados, para decepción del fondo norte y alivio del fondo sur.

Señalábamos también, en su momento, nuestras dudas respecto a que la actuación encausada constituya un delito. A la luz, al menos, de la construcción del relato fáctico que hemos podido montarnos gracias a las filtraciones de los siempre diligentes, en este sentido, juzgados centrales de instrucción. Como el caso ha salido de la Audiencia Nacional quizá haya alguna posibilidad de que se respete el secreto de sumario, de forma que cabe la posibilidad de que tardemos en poder intuir, al menos unos días, o incluso semanas, si finalmente la cosa va para adelante. Si no fuera así, si la juez decide archivar el caso, estaría bien, como decíamos en su momento, concedernos la posibilidad de analizar si efectivamente había elementos para predicar o no una falsedad en documento público. Más allá de enfundarnos la bufanda del equipo e insultar al ábitro, decir que está comprado o, por el contrario, explicar que su actuación ha sido intachable, lo interesante es ver qué pasa con la poli y los delitos de falsedades, que últimamente van que vuelan y en cada conflicto acaba apareciendo alguna imputación de esta índole (recuerden a los policías del caso Bono). Por ponernos en plan rigurosillos, une fois n’est pas coutume.

Temas que merecerían ser tratados, en la sección surrealismo judicial en la España de hoy:

– El gusto de los jueces por declarar el secreto de sumario en todos y cada uno de los asuntos en los que tienen la sensación de que mola que los periódicos y las teles hablen de ellos diciendo, de manera que aparecen en el imaginario colectivo como probísimos profesionales, «el juez Castillejín ha declarado el secreto de sumario». ¿De veras es siempre necesario?

– La afición de la judicatura española por llamar a declarar a la gente, cuando todavía andan averiguando hechos y haciéndose una idea de lo que en realidad pasó, en condición de imputado. En la duda, nada de llamar e interrogar como meros testigos. No, como imputado. Alegan que es «para mejor proteger los derechos de las personas afectadas». Yo, que quieren que les diga, si llegara el caso, preferiría que defendieran mis derechos manteniéndome al margen de toda sospecha mientras no tuvieran elementos de juicio que permitan disoner de una base bastante firme para imputarme. Maniático que es uno.



Consulta pública (España, año 2006)

Hace poco me invitaron a una iniciativa interesante: se trataba de reunir a expertos y responsables políticos con ciudadanos a fin de, en el marco de la semana europea de la movilidad, tratar de hacer una consulta pública sobre los problemas de contaminación atmosférica de la ciudad de Valencia.

La idea era buenísima y la organización supo atraer a una cantidad apreciable de gente y colectivos al amparo de la cierta catalización del espíritu ciudadano respecto de estas cuestiones que, más o menos, se produjo con los actos públicos, más que nada publicitarios, en torno a iniciativas como el «Día sin coches».

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Ácido bórico, informes periciales, falsedades documentales y jueces estrella

Cuando este bloc daba sus primeros pasos, tenía la sensación de que en ocasiones sería complicado encontrar temas jurídicos de los que tratar sobre los que poder aclarar algunas cosas que quizá ayudaran a ir algo más allá de lo que la habitual barahúnda político-mediática permite. De momento, no es el caso. Probablemente esto es un buen indicador del nefasto grado de judicialización de la vida española, en todos los niveles y, también, en lo que se refiere a la discusión y debate públicos.

Tengo un amigo preocupado por si ha de desprenderse del ácido bórico que usa para que no le huelan los pies (y que compra desde hace tiempo sin problemas en la farmacia), dado que es patente que para gran parte de la derecha política y de sus periodistas de servicio algo así le vincula de forma directa con la banda terrorista ETA. Más grave todavía es que haya peritos policiales que se apunten a semejante majadería, que permite legítimamente dudar, si no de sus intenciones, sí de su competencia.

Pero más allá de esto, que no deja de ser una tontería, es más preocupante cómo al hilo de este tenebroso y ridículo asunto han aparecido una serie de cuestiones que evidencian algunos de los problemas que aquejan al modelo de Administración de justicia de este país. Al menos, se me ocurren los siguientes:

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