Reformas electorales post-indignados

Es curioso cómo la clase política asume e integra casi cualquier movimiento social o planteamiento reivindicativo que asome en los medios de comunicación, lo deglute y lo acaba logrando incorporar a un estado de cosas muy estable, legado de la transición, que hace que aquí casi todo pueda cambiar sin que, en el fondo, nada haya variado. Pero cuando se habla del sistema electoral es muy complicado tocar nada en serio sin que haya profundos equilibrios que se vean alterados. Por este motivo, y a salvo de que se trate de introducir meros retoques cosméticos, hay un punto de las reivindicaciones de los llamados «indignados» que es muy complejo que nuestra clase política asuma: cualquier cambio de una mínima profundidad respecto de cómo se traducen votos en poder real. Sería, más o menos, como que el Real Madrid y el Barça se avinieran de buenas a primeras a cambiar el modelo de reparto de derechos televisivos de nuestra Liga de Fútbol. Tanto en un caso como en otro, sólo veremos cambios de verdad si se produce una situación de crisis tal del modelo actual que no haya más remedio que cortar por  lo sano. Que sea tan evidente que el tinglado se desmorona que incluso el que ha disfrutado de una arquitectura que le ha situado, y apuntalado, bien alto sea consciente de que ya ni a él le conviene estar ahí arriba si todo se está viniendo abajo (o puede acabar así).

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Una democracia menor de edad

Una democracia menor de edad, por Miguel Ángel Presno Linera y Andrés Boix Palop

El último libro del conocido jurista Bruce Ackerman, siempre dispuesto a bajar a la arena y participar en el debate público en defensa de las libertades y las garantías, lleva por título The Decline and Fall of the American Republic (La decadencia y caída de la República americana). Es un alegato a favor de la recuperación de espacios participativos y una beligerante muestra de preocupación respecto del retroceso que detecta su autor en cuanto a la efectiva capacidad de los estadounidenses para controlar a su gobierno y determinar sus políticas. ¿Les suena de algo?

Resulta particularmente revelador, a la luz de los acontecimientos en forma de protestas públicas y concentraciones que se vienen produciendo en España desde el pasado domingo, comprobar cuáles son algunas de las soluciones que esboza Ackerman para tratar de revertir poco a poco esta situación. Una de ellas es el establecimiento de un Deliberation Day, una jornada festiva previa a cualquier cita electoral que serviría para organizar reuniones de ciudadanos donde éstos pudieran debatir sobre cuestiones políticas, intercambiar puntos de vista y, en definitiva, conformar mejor su posición como paso previo a un ejercicio más responsable y por ello más eficaz del derecho al voto. Cualquiera que haya estado siquiera unas horas en las concentraciones que espontáneamente se han ido diseminando por la geografía española no puede evitar asociar inmediatamente esta propuesta con el debate cívico y los intercambios de información y opinión que se vienen produciendo en las acampadas ciudadanas. ¡Los españoles hemos montado el Deliberation Day antes que nadie y sin ser muy conscientes de ello!

En este contexto de repentina modernidad aparecen, sin embargo, decisiones de órganos como la Junta Electoral Central que nos hacen retroceder en el tiempo, al afirmar que las concentraciones “son contrarias a la legislación electoral (…) y en consecuencia no podrán celebrarse” porque en su interpretación la legislación vigente que prohíbe actos de campaña electoral el día de reflexión y el de las elecciones, así como la formación de grupos de personas que impidan el ejercicio del sufragio, serían aplicables al caso. Se trata de una decisión equivocada, que interpreta mal nuestro ordenamiento jurídico. Si el marco legal ya peca de paternalista, la exacerbación de las cautelas, concibiendo nuestra jornada de reflexión no como un momento apto para la celebración de un Deliberation Day sino como un día en el que el Estado ha de proteger a los ciudadanos de sí mismos construyendo una suerte de burbuja protectora constituye una prueba más de hasta qué punto la mayor parte de las reivindicaciones de estos días tienen mucho sentido.

En democracia el debate político no se reduce a la contienda electoral ni los partidos tienen el monopolio de la libertad de expresión. La visión que transmite la Junta Electoral es la de un modelo que entiende la participación ciudadana no como algo deseable sino, al revés, como un elemento disruptivo. Un Estado de Derecho plural y participativo no suspende en días como estos los derechos de reunión ni limita los de expresión más allá de lo que sea la regla ordinaria. ¿Dónde está la incompatibilidad entre votar y ejercer otros derechos?

En la mayoría de los países de nuestro entorno el debate en tiempos de elecciones y la búsqueda del voto prosiguen hasta el momento de la votación porque se presume que los ciudadanos son libres y ejercen sus derechos sin miedo. Por mucho que analizamos la situación de nuestro país no vemos dónde puedan estar las diferencias que nos hacen incapaces de comportarnos como una democracia mayor de edad ni cuáles pueden ser las razones por las que ciertas autoridades entienden que nos han de tutelar y proteger de nosotros mismos y del libre flujo de ideas que pueda surgir de un debate libre. No vemos tampoco dónde están en las concentraciones esos “grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales electorales” de los que habla la Junta. ¿Es que la Junta Electoral Central considera que los ciudadanos no son libres y necesitan preventivamente ser protegidos de sí mismos o de otros conciudadanos?

Conviene recordar de nuevo que el voto no suspende los derechos fundamentales y que una interpretación en este sentido de nuestra ley electoral es constitucionalmente más que dudosa. Pero también habrá que reconocer que probablemente tengamos una mala ley electoral, dado que permite que muchos la interpreten en este sentido. Hemos de acometer cuanto antes una modificación de esta norma y de todas cuantas conforman un modelo de democracia controlada, poco participativa y temerosa de que los ciudadanos asumamos más protagonismo. Una democracia tutelada por cortapisas como obligar a las televisiones, públicas y privadas, a asignar unos tiempos prefijados a cada partido político o que impide la difusión libre de encuestas en los últimos días de campaña revela una vocación dirigista y paternalista impropia del siglo XXI. Aunque el Preámbulo de nuestra Constitución proclama el deseo de establecer una sociedad democrática avanzada, son este tipo de estructuras las que, multiplicadas en nuestra cultura jurídica, impregnan nuestra vida política y hacen la toma de decisiones poco participativa y de escasa calidad. Ya sabemos que en democracia todo el poder emana del pueblo pero la clave, como se preguntaba Bertold Brecht, es ¿adónde va? Esa pregunta es un clamor estos días en las manifestaciones de protesta.

Nuestra democracia, en definitiva, necesita de un lifting urgente porque las reglas que nos dimos en su momento se han quedado viejísimas y chirrían con la realidad de un país moderno y con ciudadanos formados y acostumbrados a vivir en libertad. Tras casi cuarenta años desde la muerte de Francisco Franco ha llegado probablemente el momento de decidir que queremos ser de una vez una democracia madura de ciudadanos mayores de edad. Y empezar a actuar como tales.

Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y Miguel Ángel Presno Linera es Profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Oviedo.



Vota contento, vota calladito, vota sin rechistar…

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 15) para El País Comunitat Valenciana

Un día más sin campaña electoral. Y van… Bueno, en realidad, sí hay campaña. Alarte está de marathon 24 horas por mercados, pueblos y fábricas tratando de que alguien le conozca y pueda desentrañar las alternativas que ofrece el PSPV mientras Rita Barberá con su desparpajo habitual responde a las condenas judiciales y el espectáculo laxista que es Valencia en temas de ruido prometiendo que si gana se pondrá seria con los excesos. Vamos, nada que logre apartar el foco de la movilización ciudadana que, a estas alturas, tiene ya histerizados a los partidos políticos. Cuando el pasado lunes dediqué este seguimiento a tratar el tema, hubo un par de personas que me comentaron por los pasillos de la Facultad que era un error dar cancha a los «perroflautas» y que quienes tenemos un blog perdemos la pespectiva de las cosas, cegados por los que leemos por aquí, pero que la cosa no tenía ninguna importancia en el mundo real. No tenían razón.  Porque en una democracia de verdad nada hay más importante que atender a lo que la gente dice. ¿Incluso en campaña electoral? Especialmente en campaña electoral.

Los partidos políticos que dominan la escena, PP y PSOE, están nerviosos. No tanto porque piensen que todo lo que está ocurriendo pueda tener efectos electorales profundos a corto plazo, que de momento no lo creen. Aunque resulta evidente que en el PP de Madrid sí andan muy preocupados por si de resultas de todo esto IU sube mucho, UPyD recibe voto de los descontenos y logra entrar en el Parlamento de Madrid y al final de la película ello se traduce en una dolorosísima pérdida de la mayoría absoluta que, si bien es una perspectiva poco probable, supondría todo un terremoto político. De una manera semejante, aunque por motivos algo distintos, quienes están preocupados en Valencia son los responsables del PSOE local, pues temen que el efecto incontrolado de las protestas pueda drenarles votos en favor de Esquerra Unida o de Compromís, llegando incluso a facilitar que los dos obtengan representación, lo que se traduciría en un batacazo del PSOE mucho mayor del ya de por sí doloroso e importante bajón que está previsto. Pero, como decía, no es éste el motivo esencial de los nervios de los grandes partidos. No. Ellos, simplemente, están nerviosos porque, acostumbrados a controlarlo todo, es una desagradable novedad que haya un vector, por muy inocuo que pueda ser, que se escape a tus designios. Aquí llevamos muchos años acostumbrados, con una democracia de muy mala calidad, a que todo esté atado y bien atado. Y de repente una serie de ciudadanos revoltosos lo ponen todo patas arriba y los muy díscolos no atienden al sistema de incentivos y palos que de ordinario garantiza el control del cotarro. Por mucho que la lógica diga que el efecto electoral será más bien mínimo reconocerán que la cosa es molesta. Introduce incertidumbre. Y la incertidumbre es un fastidio. Sobre todo si estás acostumbrado a despejarla expeditivamente empleando para ello el Boletín Oficial del Estado. Recordemos, por ejemplo, que vivimos en un país en el que incluso se ha sentido la necesidad de obligar por ley a las televisiones públicas y también a las privadas, por si faltaba algo, a informar unos tiempos tasados para cada partido político, de manera proporcional a los resultados pasados. Da igual que hagan algo o no, que sean noticia o no, que  digan cosas de interés o no… nuestras leyes se encargan de disciplinarnos el consumo mediático de información con unas dosis predeterminadas de PP y de PSOE al por mayor, salpimentadas con mínimas referencias a los demás que logran colarse dentro (del resto de opciones, directamente, pues ni informamos).

De diseño, moderno y occidental en las formas, pero esto no deja de ser un embudo.
Los españoles nos merecemos más y podemos hacerlo mejor. 

Este modelo de democracia de muy baja calidad, muy impermeable a las demandas de los ciudadanos, muy fortificada frente a la aparición de alternativas y ante la posibilidad de que gente de fuera del sistema de partidos dominantes pueda llegar a pintar algo, una democracia con unos déficits participativos enormes, es precisamente lo que están criticando los acampados. Porque quienes critican a los que protestan por la heterogeneidad de sus reivindicaciones no se han dado cuenta todavía (y es que, caray, hay que repetirse, pero es que sí, es que no se enteran) de que sí hay un potentísimo hilo conductor en la protesta: queremos una democracia de verdad, una en la que cuente la opinión de los ciudadanos y no la de unas minorías supuestamente benévolas que nos dicen lo que es mejor para nosotros. La idea, nada descabellada, que late en toda la acción del movimiento #15M, desde su génesis a su desarrollo actual, es la misma y es muy unitaria. Muchas de las cosas que pasan, de las barbaridades contra colectivos como jóvenes, inmigrantes o trabajadores que hemos visto recientemente, se han producido y están produciendo, sencillamente, porque no tenemos mecanismos particpativos reales que permitan influir en la toma de decisiones y porque además el sistema institucional democrático ordinario (eso de votar cada cuatro años y tal) está diseñado de manera tal que bloquee la aparición de contrapoderes y para asentar a las oligarquías sociales y económicas que llevan el timón. No se trata de definir qué políticas queremos en economía, pensiones, derechos sociales, medio ambiente… No. Se trata de definir qué derechos políticos y de participación real pensamos que es bueno que tengan a su disposición los ciudadanos. Porque esas reglas del juego son básicas y esenciales para articular mayorías de verdad legítimas desde un punto de vista democrático. Que nuestro modelo, diseñado hace casi 40 años en un determinado contexto, está totalmente esclerotizado y ha dejado de funcionar de manera satisfactoria hace mucho tiempo que es una evidencia de la que la generalización de la corrupción de baja intensidad en el país es sólo un síntoma más.

A los ciudadanos los poderes públicos españoles nos quieren callados y poco protestones porque consideran que la política no es cosa nuestra, sino de una serie de personas que ya sea por casta o por dedicación son las que tienen derecho a participar del debate público. Nos dejan votar, sí, cada equis tiempo, pero esencialmente entre una serie de opciones precocinadas previamente gracias a un sistema electoral, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico que necesitan urgentísimas reformas porque tienen como vocación fortificar a los partidos hegemónicos antes que representar los votos de los ciudadanos. Tenemos reconocidos algunos derechos de participación en la toma de decisiones públicas que se violan sistemáticamente sin sanción, pues obviarlos es, en realidad, lo que el modelo de tomas de decisiones español aconseja.

Esto es lo que ha prohibido la Junta Electoral: concentración ayer noche en Valencia de
peligrosos ciudadanos reuniéndose y protestando, algo inaceptable en democracia

Y por si hay alguna duda respecto de todo lo dicho, ahí tenemos lo que pasó ayer. Estuvimos aquí durante todo el día discutiendo sobre la legalidad de las concentraciones y manifestaciones en campaña electoral, en la jornada de reflexión e incluso en día de elecciones. Y tratamos de explicar qué dice nuestra Constitución, aparentemente, así como las implicaciones de entenderla de una manera o de otra. Porque resulta obvio, como por otra parte ha declarado el Tribunal Constitucional, que los ciudadanos no perdemos en campaña nuestros derechos. Y debiera resultar también evidente que precisamente en campaña electoral, porque la política la hacemos todos, los ciudadanos, y no sólo los partidos, no sólo es que los mantengamos. Es que en ese contexto los derechos de partipación política son más importantes que nunca. Una democracia participativa no prohíbe las manifestaciones en una jornada de reflexión. Sólo lo hace si hay serios y evidentes riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes, con el objetivo de evitar la coacción o la violencia. Porque una democracia no funciona bien con violencia o con coacciones. Pero tampoco  funciona bien sin debate. Y sin que en el mismo estemos todos. Por esta razón resulta abiertamente delirante la decisión de ayer de la Junta Electoral Central prohibiendo, declarando fuera de la ley, que los españoles nos reunamos el sábado y el domingo para hablar de política, para protestar o para lo que sea por muy cívico y pacífico que sea nuestro comportamiento. Los argumentos de la resolución son de lectura obligada y espeluznada. Se los resumo de forma no jurídica: nuestra más alta institución electoral nos está diciendo que los ciudadanos votemos calladitos, contentos, sin rechistar… a lo que hay, pero que además mejor que no hablemos, que no nos juntemos, que no debatamos en público y que nos abstengamos, por supuesto, de protestar, porque todas esas son actitudes potencialmente peligrosas y disruptivas en una democracia.

Precisamente contra esa visión de la vida política está protestando hoy en España tanta gente. Afortunadamente no es la única manera de organizarnos como sociedad. Ni siquiera la que a juicio de muchos, como es mi caso, se desprende de nuestra Constitución. Lo que ocurre es que unas estructuras rancias, rígidas, burocratizadas, oligárquicas, representativas de una España generacional, social y económicamente hegemónica han secuestrado nuestra democracia y la manejan de la manera más restrcitiva posible, para que no haya sustos. Lo que pasa es que, a este paso, cualquier día tendremos uno bien gordo.

Miguel Ángel Presno ha analizado con urgencia la resolución de la JEC. Me permito enlazar su texto y copiarlo aquí (dado que muy amablemente ya nos lo dejó ayer en los comentarios de la anterior entrada):

(…) la Junta Electoral Central ha decidido que no se pueden celebrar las concentraciones previstas para el sábado. La prohibición se fundamenta, según dicha resolución, en que nuestra legislación prohíbe actos de campaña electoral el día de reflexión y el de las elecciones; también trata de evitar que se formen grupos de personas que impidan el ejercicio del sufragio y, asimismo, no se puede pedir el voto para ninguna de las candidaturas concurrentes ni tampoco la exclusión de cualquiera de ellas.  La Junta ignora la propia Ley Orgánica de cuya intepretación es actor autorizado: primero, la finalidad de estas convocatorias no es captar sufragios para las diferentes candidaturas, por lo que no hay un motivo constitucionalmente válido para impedir el ejercicio del derecho fundamental de reunión; segundo: en un Estado democrático el debate político no se reduce al debate electoral ni los únicos legitimados para expresarse políticamente son los concurrentes a unas elecciones; tercero: tal cosa debe ser así incluso en la jornada de reflexión, como declaró el Tribunal Constitucional el año pasado cuando anuló, por inconstitucional, una resolución que había impedido conmemorar el Día Internacional de la Mujer por estar convocada el día previo a unas elecciones autonómicas; cuarto: la Junta Electoral ignora también que en democracia no hay un día del derecho de reunión o de la libertad de expresión; todos los días son días para el ejercicio de los derechos fundamentales, salvo, como ocurre precisamente con el sufragio, que se trate de derechos que por la propia previsión constitucional se ejercen cada cierto tiempo. Pero la democracia -y el ejercicio de derechos fundamentales como la convocatoria de una concentración o la expresión colectiva de una expresión son parte esencial de un sistema democrático-, no se paraliza un día al año; la reflexión política no existe si no se puede expresar de manera pública en cualquier momento y lugar. ¿Dónde está la incompatibilidad entre ejercer, o no, el sufragio y poder ejercer otros derechos? En la mayoría de los Estados democráticos del mundo el debate político prosigue hasta el momento mismo de la votación porque se presume que los ciudadanos son libres y ejercen sus derechos sin miedo.  ¿Dónde están esos “grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales electorales” de los que habla la Junta? ¿Quién, en palabras de esa Junta, ha dificultado o coaccionado el libre ejercicio del derecho de voto? ¿Es que la Junta Electoral Central considera que los ciudadanos que pueden votar el domingo no son libres y necesitan ser protegidos de sí mismos? ¿Es que la Junta Electoral Central le ha perdido el respeto a los ciudadanos?

No tengo nada que añadir en Derecho. Porque además este tema, a día de hoy, ya no es esencilamente jurídico sino político. Probablemente las manifestaciones no serán disueltas dado que, aun siendo ilegales según la JEC, mientras no generen problemas de orden público no tendría sentido disolverlas arriesgando, con ello, mucho, pues dispersar por la fuerza a varios miles de personas entraña un riesgo evidente en materia de seguridad pública. Por no mencionar que es dudoso, por mucho que nuestras autoridades se estén cubriendo de chapapote democrático con sus decisiones (disolución a palos de la concentración de Sol el pasado lunes, peticiones de ilegalización, una JEC que se pone en mode liberticida on en cuanto se excitan sus bajas pasiones…), que alcancen ciertos niveles. Como comenta hoy Guillermo López, no parece fácil que lleguemos a presenciar cómo nuestras fuerzas de seguridad desalojan plazas por la fuerza en una actuación que ni el mismísimo régimen militar de Mubarak se atrevió a acometer.

Pero el mal ya está hecho. Nos están diciendo que ir a la concentración mañana es ilegal e incluso delictivo. Con ello, qué duda cabe, pretenden parar las manifestaciones y que mucha gente, como es lógico ante la ilegalización, deje de ir. Pero basta pasear por cualquier plaza española hoy para comprobar qué es lo que hemos prohibido y sentir una enorme vergüenza. Esa es la vergüenza que anima a muchos, cada vez a más, a exigir unos cambios que son, a día de hoy, sencillamente inaplazables. Porque yo quiero votar y voy a votar. Pero quiero hacerlo libremente, discutiendo, hablando y quejándome por las cosas que no me gustan, respetando que los demás lo puedan hacer también y dándonos unos cauces de participación que garanticen que la voluntad de quienes son más porque logran convencer con sus ideas a una mayoría será después articulada a través de leyes y acción política.

Porque hoy nos liquidan prácticamente el derecho de reunión. Pero a saber qué viene después.

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Bonus track jurídico: La Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2010, ya comentada ayer, que certifica que los ciudadanos no perdemos el derecho de reunión en campaña electoral o día de reflexión.



Manifestaciones ilegales y ciudadanos calladitos

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 14) para El País Comunitat Valenciana

Como saben los habituales, este blog se ocupa durante estos días a seguir la campaña electoral en Valencia pero de ordinario es un espacio de análisis jurídico. Por lo que parece que, aprovechando que la campaña electoral ha desaparecido definitivamente, incendiada por las manifestaciones, acampadas y concentraciones de jóvenes derivadas de la jornada del #15M, tiene mucho sentido dedicar el análisis de hoy a la legalidad o ilegalidad de las concentraciones en cuestión. O, más bien, a la corrección o incorrección de las decisiones de delegaciones del gobierno y juntas electorales que por todo el país estuvieron ayer prohibiendo a los ciudadanos salir a la calle. Por lo visto, tras el éxito de la acción policial del lunes por la noche que sólo ha logrado multiplicar el problema, todavía hay quien piensa que la solución sigue siendo el palo. Aunque sea palo jurídico.

Jurídicamente la cuestión es muy interesante y tiene el interés añadido de que se supone que a lo largo del día de hoy la Junta Electoral Central hablará y sentará un criterio uniforme para todo el país. Ya hay análisis en Internet muy interesantes escritos por algunos de nuestros primeros especialistas. Sin ninguna duda, por ejemplo, hay que recomendar y leer lo que cuenta Miguel Ángel Presno, profesor en Oviedo, que apoya con abundante jurisprudencia constitucional sus argumentos. Aviso desde un principio que yo me voy a limitar, con pequeños matices, a seguir su estela, tratando simplemente, dado el seguimiento que este blog está teniendo a lo largo de la campaña, de explicar de manera sencilla algunas de las claves jurídicas, con la esperanza de que cualquier persona que lea esto, sin necesidad de formación jurídica previa, pueda tener claro cuáles son éstas.

Así que allá vamos. A mi juicio las ideas básicas que conviene retener son las siguientes:

1. En España los ciudadanos tenemos derecho a reunirnos sin pedir autorización a nadie. También a manifestarnos sin que nadie haya de dar el visto bueno. Lo dice la Constitución en su artículo 21 y es un derecho fundamental. Una de esas reglas de convivencia básicas que fundamentan lo que es un Estado de Derecho y permiten detectar qué Estados no lo son. Es sabido que para esta garantía, como para todos estos derechos, la regla interpretativa es sencilla a la hora de definir sus posibles límites: hemos de tratar de restringirlos lo menos posible. Todos los poderes públicos están obligados a «mimarlos», a tratar de expandir su ámbito y posibilidades de ejercicio, en la medida de lo posible.

2. Sin embargo, cuando una reunión se produce en la vía pública, los ciudadanos sí tienen la obligación de comunicar a la autoridad responsable en materia de orden público (la Delegación del Gobierno en casi toda España, pues la competencia es por lo común del Estado) sus intenciones a fin de que ésta pueda valorar si hay o no riesgos para bienes o personas. A partir de esta comunicación la Delegación ha de valorar si concurren o no estos riesgos y excepcionalmente, en ese caso (pero sólo si no hubiera manera de lograr compatibilizar derechos de otras personas y el de reunión de los manifestantes) podrá impedir la manifestación. Tal decisión, además, como es evidente, es controlable por un juez, que se encarga de revisar la actuación administrativa. De nuevo, como es obvio, estas posibles limitaciones han de ser adoptadas sólo cuando sea imprescindible para salvaguardar esos otros bienes de importancia constitucional, pues de nuevo lo que hemos de tratar es de limitar lo menos posible el derecho fundamental.

3. A estos efectos, el ciudadano convocante o responsable tiene 10 días para anunciar la reunión o manifestación, a fin de que haya tiempo para realizar el citado análisis o preparar medidas alternativas. En casos extraordinarios, en reacción a una situación imprevista, urgente o reciente (en definitiva, sobrevenida), la Ley orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión prevé que se pueda realizar con sólo 24 horas de antelación.

4. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General parece que prohíbe en pre-campaña y campaña electoral ciertas manifestaciones que alteren la dinámica de campaña. En concreto, dice su art. 50.5 que sólo los partidos pueden hacer campaña y hay varios preceptos que prohíben actuaciones que de una manera u otra dificulten la campaña o la pongan en riesgo. Como puede verse, la norma es poco precisa. ¿Qué es hacer campaña electoral? Pedir el voto públicamente para un partido, ¿lo es? ¿Y pedir que no se vote a un partido ? ¿Lo es plantear una reivindicación política o social del tipo que sea, respecto de la que hay que suponer que cada partido tendrá una posición? Como puede constatarse, estamos en un marco poco rígido, voluntariamente flexible pero que, recordemos, tiene que ser interpretado a la luz de que los derechos fundamentales no se pueden limitar más allá de lo imprescindible. Los ciudadanos no pierden en campaña los derechos y libertades que les reconoce la Constitución, como la libertad de expresión o el derecho de reunión. Es más, los debieran tener si cabe más protegidos.  La idea central que debe ser retenida, y que ha reiterado el Tribunal Constitucional, es que estos preceptos no pueden ni deben ser interpretados como artículos que excluyan los derechos fundamentales políticos y de participación de los ciudadanos.

Sólo una interpretación muy restrictiva de estas posibilidades, en una línea abiertamente opuesta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ampararía cosas como las que venimos escuchando estos días: que no se puede criticar públicamente a un partido, o manifestarte contra cierta política, o que no se puede convocar una acampada para pedir que no se vote en las elecciones. Nada de eso es estrictamente hacer «campaña electoral» (pedir el voto para una organización a la que perteneces y con la que te presentas a unos comicios), con lo que justificar estas restricciones carece de sentido constitucional y es abiertamente liberticida.

5. Por este motivo, la explicación que ha justificado en sentido material la prohibición de la manifestación por parte de la Junta Electoral de Madrid (por acudir al ejemplo más conocido) es jurídicamente un error. Decir que «la petición del voto responsable a que se hace referencia puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto» es, sencillamente, en Derecho, una salvajada. ¿De verdad está diciendo la Junta Electoral que un ciudadano no puede de manera pública pedir el voto responsable porque eso interfiere ilegalmente en la libertad de los demás? ¿O que no se puede pedir colectivamente eso mismo en una reunión? ¿De verdad alguien puede sostener racional y razonablemente que algo así afecta a la libertad de los ciudadanos?  La respuesta resulta tan obvia que no requiere de dar muchas más razones. Aceptar la tesis de la Junta significaría, sencillamente, que los ciudadanos perderían cualquier manifestación externa de su libertad ideológica durante estos períodos, ya fuera la libertad de expresión, ya la de reunión, pues deberían callar y aparentar neutralidad para no «alterar» la libre dinámica electoral de sus conciudadanos y que sólo los partidos políticos tendrían derecho a hablar de temas relacionados con las elecciones, entendidos con toda la amplitud que se quiera, durante esos días. Las razones de la Junta se ridiculizan por sí solas.

6. Algo más de sentido tiene la justificación material alegada para prohibir la manifestación. No se habría comunicado con los 10 días de antelación pertinentes según la ley y, en esos casos, únicamente la concurrencia de circunstancias sobrevenidas justificaría poder convocar con sólo 24 horas. Sin embargo, y siendo importante en Derecho respetar las formas y cuestiones como los procedimientos y los plazos, no podemos olvidar que la fuerza de una prohibición basada en estas razones es sensiblemente menor a una prohibición por meras razones materiales. Planteado con crudeza, ¿de verdad estamos dispuestos a prohibir la legítima, no violenta y materialmente correcta manifestación de disgusto de muchos, pero muchos, ciudadanos por una cuestión de plazo? Pues bueno, la verdad es que yo sí. Las formas son importantes en un Estado de Derecho. Así que cuando hay que cumplirlas, pues se cumplen. La cuestión es que, como casi siempre, las cuestiones formales admiten muchas lecturas y son dúctiles…

7.  Como decíamos, las cuestiones formales las carga el diablo. Es indudable que la primera concentración en Sol, la que fue disuelta en la noche del lunes al martes, carecía de amparo en Derecho por no haber sido notificada en plazo. Ahora bien, esta segunda, comunicada con las 24 horas de rigor, ¿seguro que no lo tiene? ¿De veras estamos dispuestos a negar que, por ejemplo, la voluntad de protestar contra la acción policial que disolvió la primera concentración, la oportunidad y manera de llevar a cabo esa decisión, no permite una concentración de protesta a partir de la cual la misma ya evolucionaría en su contenido de manera libre? ¿No sería acaso un motivo perfectamente válido y sobrevenido que haría válida una concentración con ese fin en sólo 24 horas?  Porque aquí conviene recordar que la manifestación comunicada en 24 horas ha de responder a cuestiones de actualidad, sobrevenidas, imprevistas… que motivan una voluntad pública de expresión de apoyo, rechazo o lo que sea. La valoración de la conveniencia o importancia de hacerla es de quienes quieran convocarla y unirse a ella y no puede sustituirse por una valoración de «importancia» del evento desencadenante como suficiente para permitir el ejercicio del derecho por órgano revisor alguno. Porque cada uno da importancia a lo que quiere y se manifiesta por lo que le parece. Eso es una democracia. Nadie te dice qué es más o menos prioritario. Lo decide cada uno. ¿Acaso no podemos entender muy importante lo ocurrido en el desalojo, por muy legal que fuera, como para dar origen a concentraciones de protesta? Máxime cuando, además, de hecho, es lo que ha ocurrido. Pues ha sido la manera en liquidar la protesta inicial la que ha generado un efecto contagio inmediato.

La conclusión de todo lo expuesto es sencilla: si la razón de peso para prohibir las concentraciones es formal ese obstáculo es ciertamente menor, pues su misma naturaleza permite sortearlo, también formalmente si se quiere, con facilidad. Y habrá quien dirá que eso sería un cierto fraude de ley, pero ante tal alegación habría que apelar a la vis expansiva de los derechos fundamentales. ¿Se puede restringir o limitar un derecho porque formalmente se ejercite de manera más amplia, protestando por más cosas, que por la cuestión que ha dado origen a la reunión? Obviamente, la respuesta es no. Así que es dudoso que las Juntas Electorales tengan demasiada base legal también aquí. He de aclarar, sin embargo, que en este punto me alejo un poco de la opinión de Presno que he enlazado antes, quien entiende que la razón formal dada por la JE sí sería suficiente.

8.  Por cierto, que él también señala, con toda la razón, que las Juntas tienen competencias sobre actos electorales y acciones de agentes que están en campaña. No se comprende la razón por la que se han arrogado competencia para decidir sobre la legalidad de manifestaciones o reuniones como las que estamos viendo. Eso debe seguir haciéndolo la Delegación del Gobierno en cada provincia, que tendría que hacerse valer para recuperar la competencia, aunque parece que, de momento, están callados y satisfechos al ver cómo es otro quien hace el trabajo sucio.

El resumen es sencillo. Los ciudadanos tenemos también derecho en campaña electoral a decir lo que pensamos, y a manifestarnos, si lo hacemos cumpliendo con el marco jurídico que limita el ejercicio de estos derechos. Sin insultar o difamar, sin recurrir a la violencia, sin poner en peligro personas o bienes. Mientras las manifestaciones o reuniones derivadas del #15M sigan en esta línea, sólo  consideraciones de tipo formal de base no demasiado sólida pueden aspirar a prohibirlas. Actuar de esa manera, y más todavía si a la prohibición siguen detenciones, empleo de la fuerza para dispersar o imputaciones por los diversos tipos delictivos que nuestro ordenamiento desencadena en estos casos (desobediencia, delito electoral, amén de los que pueden producirse como consecuencia de la violencia que todo desalojo supone) significaría desconocer algunas de las bases constitucionales que permiten considerar España un Estado de Derecho.

Los manifestantes consideran que estamos en una mera «democracia formal» y que quieren una «democracia real». Yo también quiero una democracia real, además de formal, pero no desconozco la enorme importancia que tiene, también, y como requisito sine qua non, que haya mecanismos robustos de «democracia formal». El problema es que ciertas interpretaciones que estamos leyendo estos días, en ocasiones incluso de órganos del Estado muy autorizados, permiten detectar que incluso esas instituciones formales gozan de mala salud en estos tiempos. De otra manera no se explica que la conclusión dominante en ciertos foros sea que los ciudadanos, en una democracia, como haya campaña electoral, tienen la obligación de estar calladitos y no significarse políticamente.

Votar y callar, votar y callar…



Jóvenes más que hartos y mayores que no se enteran (segundo aviso)

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 13) para El País Comunitat Valenciana

El lunes pasado este blog dedicado a seguir la campaña electoral valenciana hablaba de las manifestaciones del #15M y les concedía una importancia acorde con la realidad del movimiento, la solidez de sus razones de fondo y la sorprendente cantidad de gente que se está involucrando. Decíamos hace apenas dos días que llamaba mucho la atención el pasotismo, cuando no desprecio, generalizado por parte de medios de comunicación y establishment. Y que a saber cómo podía evolucionar la cosa, pero que había que andarse con cuidado porque entre el expolio intergeneracional a manos llenas a que nuestras sociedades están dedicadas, la falta de profundidad democrática y de porosidad social de nuestro país y la sensación de que aquí se han taponado convenientemente todas las posibilidades de acción política que permitan la búsqueda de alternativas y que la gente pueda vehicular un compromiso cívico crítico de verdad aquí lo que tenemos es un cóctel inevitablemente explosivo en un contexto de crisis económica y degradación social como el que vivimos.

Pues bien, a estas alturas ya sabemos cómo ha evolucionado la cosa. En primer lugar, las movilizaciones del #15M se han cargado la campaña, la han retirado del foco de actualidad y previsiblemente no volverán a dejar que vuelva. Ayer por la noche estuvo Rajoy en Valencia en el mítin central de campaña del Partido Popular y hoy la noticia no es lo que allí ha pasado (que en el fondo, como siempre en estos casos, es nada). La noticia es si, de repente, a unos días de las elecciones, la mecha encendida con la manifestación del domingo y atizada con la acción policial de la noche del lunes al martes prende definitivamente.

Que esa es otra. Porque la peculiar delegada del Gobierno que el PSOE ha puesto en Madrid tan pronto decide prohibir manifestaciones ateas porque considera que la Constitución supedita un derecho fundamental como el de reunión a que los católicos no se sientan ofendidos, en una decisión más propia de tiempos del nacionalcatolicismo, como te liquida una concentración pacífica a palo limpio logrando con ello dar más publicidad al movimiento y generar una corriente de simpatía cuasi general así como… unas 200 acampadas más en España, incluyendo ya, a estas alturas, una en Valencia y otra en Alicante.

Nadie cuestiona la regularidad jurídica de tratar de desmontar una acampada obviamente no comunicada y por ello ilegal. Pero es obvio que el ejercicio de las funciones de autoridad se ha de hacer con respeto a la legalidad pero también con sensibilidad y con inteligencia. Sensibilidad para entender que a jóvenes que se manifiestan para protestar de forma absolutamente pacífica e impecable hay que tratarlos de otra manera. Equivalente, al menos, y nunca peor, al trato que reciben quienes acampan en la calle y molestan a todo Dios para ir a un concierto o comprar entradas para una final de fútbol. Por ejemplo. Inteligencia para no demostrar enviando a la policía hasta qué punto las exigencias de democracia real por parte de los jóvenes no sólo son necesarias sino que empiezan a ser imprescindibles en un entorno liberticida cada vez más irrespirable para el que sea mínimamente disidente. Por si había alguna duda, la acción de las autoridades ha demostrado hasta qué punto quienes controlan los resortes de nuestra democracia «formal» no entienden, en el fondo, nada. O entienden demasiado de qué va la cosa, pero de una manera que, la verdad, qué quieren que les diga, ni es precisamente bonita ni se compadece con el espíritu de nuestro pacto democrático y constitucional en el que los jóvenes que se están quejando han sido educados.

En un ejemplo adicional de la brutal deconexión entre las elites socioeconómicas, las oligarquías que mandan en el país, que dirían los clásicos, y la realidad social de esta crisis, estos días nos han dejado claro qué opinan del tema a través de todos los medios de comunicación, que sin apenas excepciones han transitado del pasotismo y la incomprensión a la abierta hostilidad con el movimiento. Ha sido tachado de inmaduro, de rebelión adolescente, de potencialmente violento, de peligroso, de anarquista, de antisocial, de poner en riesgo la democracia… e incluso de ser el resultado de un extravagante complot de la derecha y la banca para engañar a los jóvenes y hacer el trabajo al Partido Popular. La lista de tonterías que se han dicho sobre quienes se han manifestado y han protestado es larguísima. Pero se resume en una idea muy sencilla: en el fondo nos están confesnado que no entienden qué está pasando y de qué va el tema. Punto.

Los partidos políticos, por su parte, andan manifiestamente incómodos frente la protesta. Entre otras cosas porque uno de los mensajes esenciales de la misma es denunciar la falta de mecanismos reales de participación negándose a legitimar la estructura de partidos dominante. Y con algo así, como cuaje, es muy peliaguado lidiar. Hay que tener en cuenta que la manera de obrar para actuar contra la legitimidad del sistema que se propone va desde no votar a votar en blanco. O, como mal menor, no votar a los partidos mayoritarios. Son mensajes muy disruptivos para la clase política y el consenso en que viven instalados. Lógico que no sepan por donde tirar.

La incomodidad de una Izquierda Unida desbordada por los acontecimientos es patente. La perplejidad del PSOE, absolutamente desarbolado y con dirigentes y opinadores afines que apenas si tratan de esconder o disimular la indignación que les produce que alguien pueda cuestionar que la obligación de toda persona que no quiere que gane la derecha tiene una suerte de obligación de votarles, es manifiesta. Tras los balbuceos iniciales, han optado por empezar con los guiños al movimiento, entre otras cosas colgando en su web el manifiesto que se ha publicado, aparentemente sin caer en la cuenta de que el escrito va, en gran parte, dirigido contra ellos y sus políticas. Kafkiano. Por su parte el Partido Popular y la derecha mediática está abiertamente inquieta, no por lo que esto le pueda suponer a corto plazo (ahí la preocupación, y enorme, la tiene desde hace dos días el PSOE), sino por el efecto de estos movimientos a medio y largo plazo. Entre Federico Jiménez Losantos y La Gaceta acusando a Rubalcaba de montar todo con vete tú a saber qué intenciones y la estigmatización de la protesta por gente como González Pons o Pedro Jota Ramírez, que nos está explicando a todos amablemente que la democracia sólo existe si es formal y que además en España sólo pueden regenerarla los grandes partidos, el cuadro deja bastante claro de qué estamos hablando.

En resumen: los jóvenes están hartos y apelan a principios básicos de nuestras democracias, exigen una democracia real y participativa y un modelo económico mínimamente justo, que escuche a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, en lugar de apuntalar un modelo que machaca sistemáticamente a las mayorías menos pudientes. Las elites sociales y económicas del país, sencillamente, no entienden nada. Es hasta cierto punto lógico, porque ni por edad ni por sus condiciones están pasando personalmente por lo que millones de ciudadanos. Y ya se sabe que no es lo mismo escarmentar en cabeza propia que ajena. ¡Ni siquiera ver a tus hijos enfrentándose a estas dificultades es tan eficaz como sufrirlas en primera persona! Así es la vida. ¡Qué trabajen! ¡Que se lo curren! Más difícil lo teníamos nosotros, que desmontamos la dictadura con nuestras manos desnudas, piensan ellos, y gracias a ese tesón y valentía nos ha ido más o menos bien en la vida. Vamos, que no se enteran.

Obviamente, un país como España, donde todo está normalmente atado y bien atado, que decía el abuelo, no se desmadrará así como así. Y lo más normal es que esto se diluya (sobre todo si los delegados del gobierno de todo el país tratan el tema con delicadeza y con inteligencia y no como mastuerzos salidos de a saber dónde) con el tiempo. Pero la manera en que la protesta ha prendido, la capacidad para copar la campaña, la rapidez con la que se ha añadido gente… son todos ellos síntomas que dan muestra de que el descontento es real, profundo y muy denso en las generaciones jóvenes. Segundo aviso, pues, en menos de una semana. A ver si alguien empieza a darse cuenta de que la cosa puede ponerse seria de verdad en cualquier momento.

Les dejo hoy con una selección de lecturas sobre el tema, con enlaces a comentarios que se acompañan de algunos extractos (muy aconsejable acudir a los textos completos, de verdad) que demuestran cómo de lejos está la opinión de gente joven, muy lista y que tiene la suerte de tener trabajo y una buena posición pero que como sí viven en el mundo real de su generación pues no pueden evitar llamar a las cosas por su nombre:

– Guillermo López, en Chapapote Discursivo:  El problema lo tienen, claramente, en el PSOE. Es lo que ocurre cuando tensas tanto la cuerda: que al final la gente, sobre todo la gente que te ha votado para que hagas unas políticas, se te cabrea cuando defiendes a capa y espada las políticas contra las cuales votabas. ¡Hay que ver, cómo es la gente!

Por eso, en un alarde de genialidad, ahora en el PSOE hay una especie de movimiento surrealista consistente en tratar de atraerse a los manifestantes “para la causa común de la izquierda”. ¡Y eso al mismo tiempo que les envían a la policía para disolver la concentración de la Puerta del Sol, con nocturnidad, alevosía y en menos de 24 horas!

Que a ver cómo podemos explicárselo: se están manifestando CONTRA TI. No contra una causa etérea, no contra la injusticia social o la degradación del planeta. No: la movilización tiene por objeto protestar contra tu partido y sus lamentables políticas al servicio del poder; contra la doctrina Dominique Strauss-Kahn que el PSOE ha aplicado a los trabajadores y, muy particularmente, a los jóvenes.

Maketo Power: Sin entrar en las discrepancias con las que contemplo el manifiesto y a alguno de los presentes -no así al anarquismo organizado de por aquí o colectivos como Inflexió-, es un avance de varios millones de años-luz el carácter adolescente de la manifestación en comparación con el infantilismo que, desde el “milagro” de la transición, caracteriza la vida política, social y cultural de la monarquía bipartidista -sin olvidarnos de sus colaboradores en Barcelona y Bilbo- española.

– Ignacio Escolar en escolar.net:

1 Es un éxito incuestionable que una organización creada hace apenas tres meses sea capaz de movilizar a decenas de miles de personas en más de 50 ciudades de España sin el apoyo de ningún partido político, de ningún sindicato, de ningún gran medio de comunicación.

2. Un dato esclarecedor: el 15-M sacó más gente a la calle que las manifestaciones sindicales del último 1 de mayo.

– Íñigo Sáez de Ugarte, en Guerra Eterna:

Todo esto es una enmienda a la totalidad a la clase política.

No sabemos quién se verá beneficiado. Quién se llevará los golpes.

No les importa.

Ese es el tipo de cálculo político que nos ha llevado a esta situación. No hagas esto porque se beneficiarán los otros. No te quejes de la corrupción porque los otros también roban. No protestes porque no servirá de nada. No salgas a la calle porque seréis cuatro gatos. No pidas un cambio porque las cosas nunca cambiarán. No hagas nada.

– Javier Pérez de Albéniz, en El Descodificador: Los jóvenes quieren reventar el sistema. ¡Serán hijoputas! Dicen que el sistema está agotado y podrido, pero en lugar de esperar a que muera de viejo, como hicieron sus padres, los muy irresponsables pretenden dinamitarlo. Los jóvenes piensan que tienen derecho a ello por cuatro minucias: no tienen trabajo (45% paro juvenil), cada vez se invierte menos en educación, los políticos son unos corruptos, los bancos empobrecen a sus familias, la democracia es una farsa y el bipartidismo una mierda, los grandes medios de comunicación son cómplices del poder… ¡Quieren un mundo mejor, más justo y equilibrado, los muy anti sistema! “Este tipo de jóvenes no va a ir a votar, que es lo que deberían hacer”, dice un tertuliano de Radio Nacional. “Y eso que hoy viven mucho mejor que hace 30 años».



Jóvenes indignados (primer aviso)

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 11) para El País Comunitat Valenciana

En el País Valenciano tenemos un 50% de paro juvenil y aquí no pasa nada. ¿No? ¿Seguro que no pasa nada?

Ayer por la tarde, como en el resto de España, grupos de jóvenes, esencialmente a través de Internet y redes sociales, convocaron una serie de manifestaciones de protesta que giraban en torno a dos ejes. Por un lado, la expresión pura y dura de indignación. Por otro, la exigencia de una democracia real, esto es, un modelo de convivencia donde ciertos derechos no sólo se proclamen sino que, en condiciones de igualdad, sean una realidad para todos. De manera que, mientras el discurso oficial nos dice que aquí no pasa nada y que los jóvenes van a lo suyo, de repente surgen marchas convocadas de la nada, sin el potente soporte de los entramados sindicales o de partido que garantizan el éxito de estas convocatorias, y te paralizan los centros de todas las grandes ciudades del país. Con un discurso, además, de un materialismo cívico en torno a las condiciones reales de vida que les han tocado en suerte que se parece mucho al del socialismo real de hace décadas. ¿Se nos están volviendo marxistas los jóvenes españoles y todos, ellos en primer lugar, sin saberlo?

Democracia real. Apelaciones a derechos materiales en lugar de a proclamaciones formales.
¿Qué está pasando aquí?  ¡Se nos cuela el comunismo por la ventana cuando lo habíamos
expulsado por la puerta! ¡Y todo por bajar un poco los sueldos y los derechos sociales!

Estas manifestaciones han sido un primer aviso. Vendrán más. Los canales de solidaridad se han ido debilitando de tal manera en nuestra sociedad que se ha producido por primera vez en la historia un fenómeno muy curioso. Una generación de españoles (aunque está pasando también fuera de nuestro país) está esquilmando conscientemente los ahorros legados por los antepasados para mantener un nivel de vida desconocido en la historia (porque precisamente en esto consiste el desastre ambiental sin precedentes que hemos consentido para vivir mejor que nunca) y además no tiene empacho alguno en cargar a sus hijos con todos los costes presentes y futuros de un modelo económico que para que tenga ganadores (toda una generación de gente con sueldos más o menos decentes, empleos estables y jubilaciones garantizadas) ha de contar también con numerosos perdedores en forma de inmigrantes y jóvenes condenados a la inestabilidad laboral eterna, a sueldos bajos o irrisorios que, además, producto de la precariedad, crecen poco o nada con el tiempo y, lo que es más grave, a un panorama donde parece que esto será la norma hasta su jubilación, que se adivina tardía y magra.

La indignación juvenil comienza a aflorar cuando constatas que trabajas más o menos lo mismo que tus padres, que estás más o menos igual de formado (o más), pero que los mismos que han disfrutado de empleos estables y sueldos fijos ahora apoyan sin dudar un modelo de precarización para que «la gente no se acomode y deje de currar, que con eso del empleo fijo ya se sabe lo que pasa, y así no se puede funcionar ni competir ni nada de nada».  Se agudiza cuando se hace patente que los sueldos en el entorno de los 1.000 euros al mes se consideran suficientes, e incluso excesivos, para retribuir el trabajo de quienes están empezando a integrarse en la vida laboral (o llevan ahí ya unos añitos) y que con ese dinero la sociedad entiende que te tienes que apañar para organizarte la vida de adulto, buscar un lugar donde vivir, tener hijos y ser «alguien de provecho». Mientras tanto, en cambio, una pensión de esa cuantía se considera escasa y es inconcebible recortarla, en una peculiar manera de entender la solidaridad a la inversa en virtud de la cual nuestro sistema se va a apoyar cada vez más en transferencias de rentas intergeracionales de quienes tienen menos a quienes más acumulan. Ciertamente curioso para un modelo de solidaridad (porque, recordemos, no estamos en un sistema actuarial). La indignación se desborda cuando descubres que años y años de especulación inmobiliaria sin freno han permitido acumular patrimonio inmobiliario a muchos, así como consolidar situaciones de flagrante ilegalidad de todo tipo, a unos, pero que para quienes vienen detrás lo que era y es comprensión y convalidación de la norma para que acumulen capital se convierte en rigideces y estrechez en los mercados de venta y alquiler, consolidando el expolio intergeneracional de rentas.

Mileuristas por una buena causa. Por un reparto intergeneracional
y de clase de la richesse foncière.

Y para rematar la faena, las sucesivas reformas laborales y en materia social tienen todas un denominador común: que paguen los que vienen detrás. Que paguen, eso sí, sin que se considere prioritario que tengan empleo fijo o estable. O que los salarios tengan cierto nivel. De aquí a 10 ó 20 años no se sabe muy bien quién ni cómo se encargará de pagar para que otros reciban esas prestaciones blindadas. En fin, ya veremos qué pasa pero a mí, qué quieren que les diga, no me parece que todo esto esté pensado para aguantar bien a medio y largo plazo, sino más bien como el típico proyecto cortoplacista: jo m’apanye el meu saquet i el que vinga darrere ja s’arreglarà com puga. Dicho a la francesa, que queda más fino: Après moi, le déluge!

Junto a estos vectores de indignación discurre otro elemento que permite explicar cómo se ha manifestado el movimiento: los jóvenes que se manifiestan tienen la sensación de que las actuals estructuras políticas representativas no funcionan demasiado bien y andan secuestradas por colectivos e intereses ajenos a los de los ciudadanos y, por supuesto, a los suyos. Intuyen que además los actuales partidos políticos poco o nada tienen que ofrecer. Y por este motivo optan por una protesta externa y paralela al mundo de la política oficial. Acompañanado estas protestas han surgido, por esta razón (y también por otras como la Ley Sinde), movimientos como #nolesvotes que piden que no se vote en estas elecciones ni a PP ni a PSOE, algo que tiene a mucha gente muy enfadada. Esta misma mañana, en la radio, tertulianos de mucho nivel se manifestaban absolutamente indignados con esta juventud impresentable, manipulada por no se sabe quién, que en lugar de votar a quién toca instaban a reberlarse. ¡Acabáramos!

¡Hasta ahí podríamos llegar! ¿Qué es eso de pedir a la gente que no nos vote? Nada, nada,
cuatro radicales indocumentados. 

Harían bien PP y PSOE en no menospreciar la importancia de estas manifestaciones y, sobre todo, del malestar de fondo que es su caldo de cultivo. Probablemente la manera menos inteligente de reaccionar, la que más avala las razones de quienes se quejan, sea esa actitud que niega la legitimidad de la protesta y acusa de antidemocráticos a quienes animan a no votar. En primer lugar, porque no es verdad que se anime a no votar (se anima a no votar a los partidos mayoritarios). En segundo lugar, porque no votar también es un ejercicio legítimo y profundamente político. En tercer y definitivo lugar, porque lo que reflejan las críticas es la sensación de que, como denuncian quienes exigen una «democracia real», aquí hay quienes se sienten amos del cortijo y creen que los ciudadanos estamos casi obligados a votarles, ya sea a unos, ya sea a otros, cada cuatro años. Liturgia que serviría para renovar la pureza democrática del sistema y todos tan contentos. Sobre todo ellos, claro.

La democracia es mucho más que convalidar periódicamente el buen hacer de las estructuras dominantes de manera dócil y obediente. O, al menos, habría de ser mucho más. Ocurre, sin embargo, que es lógico que éstas tengan la tentación de empujar al máximo la frontera de control y apropiación sobre bienes que su situación de partida les permite disfrutar. Lo llevamos viendo estos años sin ningún pudor. Ahora bien, ojito con pasarse de frenada. Ya comentaba Carlos Marx que el reconocimiento de derechos en favor de trabajadores, desfavorecidos o jóvenes no se hacía nunca por consideraciones éticas sino pragmáticas. Para evitar estallidos disruptores, e incluso revoluciones. Así que cuidado con la presión a que nuestro modelo está sometiendo, creciente y sin visos de detenerse a los jóvenes. De momento, ya tenemos un primer aviso. Porque la otra parte de toda esta historia es que quienes estamos ahí abajo, más o menos machacados según los casos (no, es verdad, precisamente yo no me puedo quejar), hemos de trabajarnos el que se nos vea, se nos tenga en cuenta y nuestros intereses sean defendidos. Y si no se logra por una vía, pues habrá que intentar otras. Y todo ello es de todo menos fácil. Pero resulta mucho más sencillo concebir que algo así pueda ocurrir cuando la caldera se pone  a hervir a fuego vivo que en otros contextos. De manera que pueden llagra más avisos. Empezando por el día 22.

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Actualización 16:40: Leo ahora, en Valencia Plaza, una interesantísima opinión de Carlos González Triviño sobre este mismo tema. La verdad es que lo cuenta mucho mejor que yo, así que la lectura, creo, resulta obligada.



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