Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación

Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, dan comienzo las sesiones del Seminari interdepartamental de Dret Públic de la Facultat de Dret de València, donde una serie de profesores nos iremos reuniendo, una vez al mes (el último miércoles de cada mes) para analizar cuestiones de actualidad que afectan al Derecho público español para discutir y aproximarnos a ellas desde una perspectiva jurídica (aquí está el programa de enero a junio de 2013).

Las sesiones comienzan esta tarde con una ponencia de Roberto Viciano Pastor sobre «Crisis constitucional en España frente al derecho de autodeterminación», es decir, y hablando en plata, sobre el lío catalán y tratando de dar respuesta, en Derecho, a la pregunta del momento: ¿tienen los catalanes derecho a decidir si quieren ser independientes y a marcharse, en su caso, de España si así lo deciden? Como a un servidor le toca posteriormente, y con la intención de abrir el debate posterior, hacer de discussant, aquí va el esbozo de unas ideas iniciales sobre la cuestión a partir del texto de Viciano, que creo sinceramente que está muy bien y define muy bien el campo.

En la ponencia se repasa, sobre todo, la existencia o no de un derecho a la autodeterminación en la Constitución española. A la luz de los pactos internacionales suscritos por España, y sobre todo debido a la extensión del Pacto de Derechos Políticos (suscrito por España), Viciano concluye que hay que hacer una interpretación amplia y flexible de la Constitución española y aceptar que, por mucho que reconozca como sujeto soberano en exclusiva a la Nación española, la introducción del contenido del pacto internacional no puede sino actualizar otros principios constitucionales (así como la mención del Preámbulo referida a la defensa de las nacionalidades y regiones del país). Esta interpretación de la norma internacional no sólo es correcta, sino a la vista de las últimas resoluciones internacionales (Kosovo), parece bastante consolidada (como recuerda en este artículo breve pero claro publicado en El Cronista el prof. Carrillo Salcedo, recientemente fallecido, por mucho que a él no le hiciera demasiada gracia esta evolución). Cuestión diferente es hasta dónde pueda llegar ese derecho, las dificultades para definir al sujeto que lo ha de ejercer (aunque en este punto también he de estar al 100% con lo que sostiene Viciano en su ponencia, al delegar esta determinación en las dinámicas políticas, de modo que es pueblo sujeto de ese derecho para decidir el que existe y, como tal, lo reclama) y, sobre todo, que sea efectivamente posible realizar una revisión de la Constitución española, que claramente pretendió en 1978 no reconocerlo, para que pueda acogerlo. En este punto soy sinceramente más escéptico que la ponencia, aunque no tanto porque crea que la Constitución española se imponga a un principio consolidado en Derecho internacional público, que no lo creo, sino simplemente porque la veo mucho más rígida en este punto de lo que el Prof. Viciano piensa. Muy a mi pesar.

En todo caso, la discusión es materialmente poco relevante. Porque sí coincido plenamente con la ponencia en que, pueda aceptarse en su seno el derecho de autodeterminación o no, lo que nuestra Constitución sí excluye en todo caso es que un hipotético ejercicio de ese derecho pueda conducir a la independencia. Esta salida, sencillamente, no cabe en un texto, el de 1978, anclado en la idea de unidad de la nación española y en la imposibilidad de su ruptura. De modo que, ante una eventual hipótesis de autodeterminación que condujera a ese anhelo por parte de una parte de España (o ante una dinámica política evidente y clara en este sentido, aunque sea extrajurídica por no entender posible la autodeterminación en España), las alternativas no son muchas si se pretende dar solución al «problema»: o reforma constitucional o quiebra de la legitimidad constitucional con un proceso que, a partir de un determinado momento, debería soslayarla para poder seguir. En este punto, recuerda Roberto Viciano, acudiendo por ejemplo a este texto de Rubio Llorente, algo que por muy evidente que sea no deja de ser olvidado en nuestro país con frecuencia: que lo sensato y razonable es ordenar y pactar el proceso, antes que bloquear jurídicamente todas las salidas.

En este punto no se puede sino recordar la civilizada manera en que países como el Reino Unido o Canadá están afrontando sus procesos, con un Derecho público flexible y que actúa actualizando principios básicos (como el democrático) que no pueden desconocerse en pleno siglo XXI así como así. En este punto, una clarificación de las reglas del juego (no en vano en Canadá se ha llamado «Ley de Claridad» al texto que sido aprobado por su Parlamento para definir los principios sentados por su Tribunal Constitucional en materia de derecho a la secesión por cauces democráticos y pactados) es muy deseable. Lo cual incide sobre algunos otros elementos del proceso español que, desde un punto de vista jurídico, se ven muy perjudicados por la ausencia de voluntad de flexibilizar y actualizar nuestro Derecho público. Frente a una total cerrazón por parte del Estado español a contemplar siquiera la opción de un referéndum, los gobernantes catalanes avanzan preguntas para el mismo (¿quiere una Cataluña independiente en el seno de la Unión Europea?) que manifiestamente serían imposibles en el marco de una norma equivalente a la canadiense y que, por ello, Viciano critica con razón. Y no tanto porque la Cataluña independiente del futuro pueda o no ser parte de la Unión Europea (que parece que debería pedir su ingreso, como ejemplos históricos pasados como el de la independencia de Argelia demuestran, aunque es cierto que hay confusión al respecto, algo que motiva aceradas críticas políticas de eximios internacionalistas dedicados a la construcción europea como Weiler que consideran que estas dinámicas debieran ser cortadas de cuajo), sino porque, sencillamente, la pregunta no es clara, no incide sobre lo esencial. Despista.

Y en esa misma línea, todo lo que debiera ser claridad, como las mayorías exigidas (algo que para ser justos los canadienses tampoco han concretado en exceso por mucho que hablan de «claridad») o el modo de llevar la negociación para la hipotética separación queda en penumbras. En un equilibrio muy inestable donde nuestro Derecho público sólo ofrece optar entre statu quo o ruptura, con todos los traumas que tanto una como otra opción, si la composición política y ciudadana del país no se acomoda a la primera de ellas, pueden generar.

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EXTRAS:

[Vídeo de la intervención de Roberto Viciano]

[Vídeo de mi intervención como discussant]



La financiación de la ciencia en España, el riego a manta y el riego por goteo

Desde hace meses el Gobierno de España está estudiando cómo modificar nuestro sistema de educación superior (Universidad) e investigación pública (Universidad y centros específicos). Nadie sabe muy bien por dónde acabará saliendo la comisión de estudios nombrada al efecto, ni si luego el Gobierno hará caso a sus recomendaciones o no. Y la verdad es que el tema no es fácil. Yo reconozco, sin ir más lejos, que me siento incapaz de asegurar qué remedios deberían aplicarse con garantías de éxito. El tema es resbaladizo, complejo y además para cambiar algo de verdad requiere modificar muchas cosas más interdependientes de lo que parece desde fuera: selección del profesorado, gobierno de las universidades, organización de la docencia, organización de la investigación…

En materia de investigación, de eso que se llama I+D+i, sin embargo, ya tenemos muchas pistas de por dónde van los tiros. El resumen de lo que está haciendo el Ministerio en la materia es sencillo: recortar, recortar como si no hubiera mañana, recortar hasta dejar la financiación de la investigación básica en España en niveles impropios de un país con el PIB de España y todavía más impropios de una sociedad que pretenda pintar algo en el mundo, con el tamaño que tiene nuestro país, en los próximos años. No voy a cansarles con el discurso, que seguro que no les hace falta, sobre las razones por las que nos jugamos mucho en este terreno y a todos nos conviene que las cosas se hagan bien. Sabemos todos, en abstracto, de qué va esto. Pero para situarnos en el concreto espacio en que nos movemos a la hora de evaluar los recortes, su incidencia y las prioridades del Gobierno una comparación todo lo demagógica que se quiera pero que en realidad no lo es tanto: España se gasta al año en pagar a profesores de religión para que enseñen en las escuelas públicas a los niños chorradas sobre supercherías varias más dinero (unos 500 millones de euros) de lo que cuesta cada ejercicio todo el programa de ayudas a proyectos de investigación básica (400 millones en 2012, 300 en 2013 con el tijeretazo de turno), que como es obvio no es todo el dinero para I+D+i que dedica España, pero es una parte importante, que sirve para crear y consolidar grupos y estructuras de investigación. Las cifras hablan por sí solas de varias cosas: de prioridades, sí, pero también de hasta qué punto recortar en investigación científica supone un ahorro más bien humilde, a la hora de la verdad, un elemento que conviene recordar y contraponer a los demoledores efectos que puede tener a medio y largo plazo, por el contrario, aplicar la tijera sin ton ni son.

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Debate about the Euro-Crisis and Changes in the European Finance Regulation

Today, at the Faculty of Law, we will have a

Debate about the Euro-Crisis and Changes in the European Finance Regulation

At: 12.30PM (the 28th november)

Place: Sala Miaja de la Muela - Facultat de Dret (UVEG)

Contents:

– Liberalization and risk taking: Evidence from Spanish Savings Banks, by Manuel Illueca Muñoz (Economía Financiera y Contabilidad, U. Jaume I de Castelló)

[Related materials: presentation]

[Paper: Liberalization, Bank Governance and Risk taking]

– Financial Crisis and Regulatory Reform: Problems of Legal Construction, by David Ramos Muñoz (D. Mercantil, U. Carlos III de Madrid)

[Related materials]

– The transformation of financial regulation: systemic risk and the role of supervision, by Jorge García-Andrade (D. Administrativo, U. de Alcalá de Henares)

[Related materials]

The panel will be hosted by Andrés Boix Palop (D. Administrativo. U. de València)

Link to the debate in a non-professional format

 

Contact information: Andres.Boix@uv.es

This panel is made with the financial support of Facultat de Dret (Universitat de València).

 



Uno de esos días…

Hoy es uno de esos días en la Universitat de València (y supongo, de hecho, que en otras muchas). O sea, uno de esos días lectivos en los que no hay apenas profesores, apenas alumnos, apenas movimiento… porque en la práctica no hay apenas clases. Ya se sabe, los puentes provocan este efecto. Es «lo normal».

Pero que sea lo normal no quita para que sea lamentable. La imagen es pésima. El ejemplo y lo que del mismo se transmite a los alumnos (porque como dicen los adalides de Bolonia, aquí estamos sobre todo para enseñar actitudes y valores), peores todavía. Y lo más increíble es que esta situación se repite de año en año sin que haya manera de cambiarla. Ni la crisis genera mayor compromiso y responsabilidad. Ni las subidas de tasas. Nada de nada. Un puente es un puente. Y parece casi sagrado.

Es cierto que para un profesor dar clase hoy es difícil. Los alumnos, en primer lugar, tienen una natural y comprensible tendencia a desear tener el menor número de clases posible (supongo que esta tendencia y el jolgorio subsiguiente a que te cancelen una clase debe de tener cierto límite y que cuando empiezas a perder muchas clases por las que has pagado un buen dinero y que son presumiblemente útiles para tu formación y superar los exámenes que te conducen al título pues te enfadas, pero lo cierto es que esta premisa parte de que, en efecto, las clases sean útiles tanto para una cosa como para la otra, lo que quizás esté lejos de ser el caso demasiadas veces). De manera que es «antipático» ser el profesor que da su clase en día de puente. Y nadie quiere ser antipático en estos tiempos que corren, no sea que cuando llegue el ERE en la Universidad se tenga en cuenta, junto con quién era un docente de más éxito (medido, por supuesto, en número de aprobados), quién es más majete. Además, ya se encargan los estudiantes de decirte que nadie más va a dar clase, que los otros profesores han dicho que suspenden las clases correspondientes a su materia y que no van a tener que venir desde no sé dónde sólo para tu asignatura. Sea esto de que hay muchos docentes que toman la iniciativa de cancelar clases cierto o no (personalmente siempre he tenido la sensación de que los alumnos, como haría cualquiera de nosotros en estos casos, exageran respecto de la cantidad de clases que les suspenden de oficio los profesores) el resultado es que, si das clase, tienes alumnos, es verdad, pero también menos asistencia de la habitual. Lo cual añade un elemento de complejidad adicional a la gestión por parte del profesor de la decisión de dar clase. ¿Qué hago con la materia explicada a siete alumnos? ¿La repito resumida otro día? ¿Paso de todo, sigo con el programa y ya se apañarán los estudiantes con los manuales? Todas estas cuestiones se solucionan mucho más fácilmente si, sencillamente, se anula la clase y ya está.

En el fondo, solucionar este tema de forma razonable no debiera ser tan difícil. La Universitat debería programar el calendario académico teniendo en cuenta festivos y puentes, compensando con clases en otras semanas las clases que se habrían tenido que dar en otros días. De este modo, si a lo largo del curso un profesor ha de impartir 90 horas en un curso de Derecho Administrativo de los Puentes y de la Gestión de los Días Festivos, el calendario debería garantizar que haya 90 horas repartidas en suficientes semanas para que ni puentes ni festivos lo dejen en 80. Por muchas razones, que empiezan en que si el curso está diseñado para durar 90 horas, pues por alguna razón será, digo yo (vamos, que se presume que esas horas son las necesarias para dar esa materia) y que acaban en que los estudiantes tienen derecho a recibir 90 horas lectivas (y pagan, cada vez más, por ese número de horas, que ya se reducirán por su cuenta y riesgo -al menos mientras la salvajada boloñesa de la asistencia obligatoria no se generalice del todo- caso de que estén hartos del profesor, de la materia o de la vida universitaria demasiado apegada a silla y pupitre). Parece sencillo, ¿verdad?

Sorprendentemente, sin embargo, esta solución no se pone en prácticas por varios motivos. El primero, como es obvio, es el que todos tenemos en mente. A una gran mayoría de profesores y estudiantes tampoco les va del todo mal esto de que los puentes acarreen pérdidas de clases. Es más, yo soy el primero en confesar sin ambages que puestos a que me paguen una cantidad de dinero por tener un número determinado de obligaciones o que me paguen lo mismo pero con menos deberes, apuesto decididamente por lo segundo. Ahora bien, institucionalmente, al margen de lo que nos venga a todos mejor, habría que asumir que se tiene una responsabilidad. Y más o menos todos los tenemos claro. Por lo que estoy casi por asegurar que si no existiera otra dificultad habría un cierto consenso para solucionar el problema en los términos señalados. Pero, por surrealista que parezca, hay otra cuestión que impide hacer este movimiento: la imagen pública de la Universidad y sus profesores, que paradójicamente queda menos dañada con la situación actual (donde oficialmente no hay puente pero las clases no se dan) que si se tomara la muy razonable medida de hacer puente oficialmente y garantizar que las clases se dan. Imaginen el escándalo: ¡la Universidad se va de puente con la que está cayendo!

En realidad, la Universidad no estaría de puente. Estos días son laborables e innumerables actividades seguirían desarrollándose: tutorías, gestión, investigación… como ocurre durante muchos otros días y semanas del año. Simplemente, no serían días lectivos. Pero socialmente esto, al parecer, es imposible de explicar. De modo que así seguimos, en «uno de esos días» de los que tantos tenemos. En gran parte porque un reconocimiento sincero de que en días como hoy no es razonable dar clase y que sería mejor que estos días no fueran lectivos aunque el año académico, a cambio, tuviera que empezar una semana antes y acabar una semana después, al parecer, es mucho más escandaloso socialmente y mucho más difícil de asumir para la imagen pública de la Universidad que tratar de explicar lo mejor sería que las clases se dieran cuando es razonable darlas, que se dieran todas y que las obligaciones de profesores (y correlativos derechos de los alumnos) se respetaran escrupulosamente. Y así seguimos. Este es el país que, para bien o para mal (personalmente creo que para mal en casi todos los casos) tenemos.



Participación política y límites al modelo de democracia representativa español

En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.

La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de «Crisis, recorte de derechos y Estado democrático» por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.

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Trepillas, pelotas y otros fenómenos organizativos

Ayer aprovechaba en mi columna de El País Comunidad Valenciana para hablar de los trepillas, un fenómeno siempre de actualidad pero al que de vez en cuando conviene girar la atención. En Valencia desde hace años tenemos a los dos partidos mayoritarios, PPCV y PSPV, absolutamente secuestrados por unos grupitos de dirigentes de más que dudosa competencia, con las consecuencias nefastas por todos sabidas. Probablemente, además, esto no es una especificidad valenciana. Yo la veo más aquí, simplemente, por tenerla más próxima. Así que hablemos hoy un poco de estiralevitas profesionales.

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La burbuja universitaria

La vuelta al cole es dura para todos siempre. Pero este año es un poquito más deprimente de lo habitual, dado que cuatro o cinco años después, y tras un verano agitadito, todo el mundo se ha dado cuenta de la enorme crisis que se nos ha venido encima, proporcional a la ingente burbuja en que durante muchos años hemos vivido instalados. Administraciones públicas, medios de comunicación, empresarios e incluso el ciudadano medio español que pinta en nuestra sociedad (el que tiene entre 45 y 75 años, trabajo fijo o pensión generosa y que ha cortado el bacalao desde la Transición) se han dado cuenta de que, en efecto, algo se ha hecho profundamente mal. Todos estamos ya convencidos. ¿Todos? ¿De verdad? No, existen todavía unos irreductibles que resisten aún y siempre al pesimismo y a todas las evidencias que apuntan a la necesidad de hacérnoslo mirar. Estamos hablando, claramente, de quienes formamos parte del sistema universitario español.

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