Manifestaciones ilegales y ciudadanos calladitos

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 14) para El País Comunitat Valenciana

Como saben los habituales, este blog se ocupa durante estos días a seguir la campaña electoral en Valencia pero de ordinario es un espacio de análisis jurídico. Por lo que parece que, aprovechando que la campaña electoral ha desaparecido definitivamente, incendiada por las manifestaciones, acampadas y concentraciones de jóvenes derivadas de la jornada del #15M, tiene mucho sentido dedicar el análisis de hoy a la legalidad o ilegalidad de las concentraciones en cuestión. O, más bien, a la corrección o incorrección de las decisiones de delegaciones del gobierno y juntas electorales que por todo el país estuvieron ayer prohibiendo a los ciudadanos salir a la calle. Por lo visto, tras el éxito de la acción policial del lunes por la noche que sólo ha logrado multiplicar el problema, todavía hay quien piensa que la solución sigue siendo el palo. Aunque sea palo jurídico.

Jurídicamente la cuestión es muy interesante y tiene el interés añadido de que se supone que a lo largo del día de hoy la Junta Electoral Central hablará y sentará un criterio uniforme para todo el país. Ya hay análisis en Internet muy interesantes escritos por algunos de nuestros primeros especialistas. Sin ninguna duda, por ejemplo, hay que recomendar y leer lo que cuenta Miguel Ángel Presno, profesor en Oviedo, que apoya con abundante jurisprudencia constitucional sus argumentos. Aviso desde un principio que yo me voy a limitar, con pequeños matices, a seguir su estela, tratando simplemente, dado el seguimiento que este blog está teniendo a lo largo de la campaña, de explicar de manera sencilla algunas de las claves jurídicas, con la esperanza de que cualquier persona que lea esto, sin necesidad de formación jurídica previa, pueda tener claro cuáles son éstas.

Así que allá vamos. A mi juicio las ideas básicas que conviene retener son las siguientes:

1. En España los ciudadanos tenemos derecho a reunirnos sin pedir autorización a nadie. También a manifestarnos sin que nadie haya de dar el visto bueno. Lo dice la Constitución en su artículo 21 y es un derecho fundamental. Una de esas reglas de convivencia básicas que fundamentan lo que es un Estado de Derecho y permiten detectar qué Estados no lo son. Es sabido que para esta garantía, como para todos estos derechos, la regla interpretativa es sencilla a la hora de definir sus posibles límites: hemos de tratar de restringirlos lo menos posible. Todos los poderes públicos están obligados a «mimarlos», a tratar de expandir su ámbito y posibilidades de ejercicio, en la medida de lo posible.

2. Sin embargo, cuando una reunión se produce en la vía pública, los ciudadanos sí tienen la obligación de comunicar a la autoridad responsable en materia de orden público (la Delegación del Gobierno en casi toda España, pues la competencia es por lo común del Estado) sus intenciones a fin de que ésta pueda valorar si hay o no riesgos para bienes o personas. A partir de esta comunicación la Delegación ha de valorar si concurren o no estos riesgos y excepcionalmente, en ese caso (pero sólo si no hubiera manera de lograr compatibilizar derechos de otras personas y el de reunión de los manifestantes) podrá impedir la manifestación. Tal decisión, además, como es evidente, es controlable por un juez, que se encarga de revisar la actuación administrativa. De nuevo, como es obvio, estas posibles limitaciones han de ser adoptadas sólo cuando sea imprescindible para salvaguardar esos otros bienes de importancia constitucional, pues de nuevo lo que hemos de tratar es de limitar lo menos posible el derecho fundamental.

3. A estos efectos, el ciudadano convocante o responsable tiene 10 días para anunciar la reunión o manifestación, a fin de que haya tiempo para realizar el citado análisis o preparar medidas alternativas. En casos extraordinarios, en reacción a una situación imprevista, urgente o reciente (en definitiva, sobrevenida), la Ley orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión prevé que se pueda realizar con sólo 24 horas de antelación.

4. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General parece que prohíbe en pre-campaña y campaña electoral ciertas manifestaciones que alteren la dinámica de campaña. En concreto, dice su art. 50.5 que sólo los partidos pueden hacer campaña y hay varios preceptos que prohíben actuaciones que de una manera u otra dificulten la campaña o la pongan en riesgo. Como puede verse, la norma es poco precisa. ¿Qué es hacer campaña electoral? Pedir el voto públicamente para un partido, ¿lo es? ¿Y pedir que no se vote a un partido ? ¿Lo es plantear una reivindicación política o social del tipo que sea, respecto de la que hay que suponer que cada partido tendrá una posición? Como puede constatarse, estamos en un marco poco rígido, voluntariamente flexible pero que, recordemos, tiene que ser interpretado a la luz de que los derechos fundamentales no se pueden limitar más allá de lo imprescindible. Los ciudadanos no pierden en campaña los derechos y libertades que les reconoce la Constitución, como la libertad de expresión o el derecho de reunión. Es más, los debieran tener si cabe más protegidos.  La idea central que debe ser retenida, y que ha reiterado el Tribunal Constitucional, es que estos preceptos no pueden ni deben ser interpretados como artículos que excluyan los derechos fundamentales políticos y de participación de los ciudadanos.

Sólo una interpretación muy restrictiva de estas posibilidades, en una línea abiertamente opuesta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ampararía cosas como las que venimos escuchando estos días: que no se puede criticar públicamente a un partido, o manifestarte contra cierta política, o que no se puede convocar una acampada para pedir que no se vote en las elecciones. Nada de eso es estrictamente hacer «campaña electoral» (pedir el voto para una organización a la que perteneces y con la que te presentas a unos comicios), con lo que justificar estas restricciones carece de sentido constitucional y es abiertamente liberticida.

5. Por este motivo, la explicación que ha justificado en sentido material la prohibición de la manifestación por parte de la Junta Electoral de Madrid (por acudir al ejemplo más conocido) es jurídicamente un error. Decir que «la petición del voto responsable a que se hace referencia puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto» es, sencillamente, en Derecho, una salvajada. ¿De verdad está diciendo la Junta Electoral que un ciudadano no puede de manera pública pedir el voto responsable porque eso interfiere ilegalmente en la libertad de los demás? ¿O que no se puede pedir colectivamente eso mismo en una reunión? ¿De verdad alguien puede sostener racional y razonablemente que algo así afecta a la libertad de los ciudadanos?  La respuesta resulta tan obvia que no requiere de dar muchas más razones. Aceptar la tesis de la Junta significaría, sencillamente, que los ciudadanos perderían cualquier manifestación externa de su libertad ideológica durante estos períodos, ya fuera la libertad de expresión, ya la de reunión, pues deberían callar y aparentar neutralidad para no «alterar» la libre dinámica electoral de sus conciudadanos y que sólo los partidos políticos tendrían derecho a hablar de temas relacionados con las elecciones, entendidos con toda la amplitud que se quiera, durante esos días. Las razones de la Junta se ridiculizan por sí solas.

6. Algo más de sentido tiene la justificación material alegada para prohibir la manifestación. No se habría comunicado con los 10 días de antelación pertinentes según la ley y, en esos casos, únicamente la concurrencia de circunstancias sobrevenidas justificaría poder convocar con sólo 24 horas. Sin embargo, y siendo importante en Derecho respetar las formas y cuestiones como los procedimientos y los plazos, no podemos olvidar que la fuerza de una prohibición basada en estas razones es sensiblemente menor a una prohibición por meras razones materiales. Planteado con crudeza, ¿de verdad estamos dispuestos a prohibir la legítima, no violenta y materialmente correcta manifestación de disgusto de muchos, pero muchos, ciudadanos por una cuestión de plazo? Pues bueno, la verdad es que yo sí. Las formas son importantes en un Estado de Derecho. Así que cuando hay que cumplirlas, pues se cumplen. La cuestión es que, como casi siempre, las cuestiones formales admiten muchas lecturas y son dúctiles…

7.  Como decíamos, las cuestiones formales las carga el diablo. Es indudable que la primera concentración en Sol, la que fue disuelta en la noche del lunes al martes, carecía de amparo en Derecho por no haber sido notificada en plazo. Ahora bien, esta segunda, comunicada con las 24 horas de rigor, ¿seguro que no lo tiene? ¿De veras estamos dispuestos a negar que, por ejemplo, la voluntad de protestar contra la acción policial que disolvió la primera concentración, la oportunidad y manera de llevar a cabo esa decisión, no permite una concentración de protesta a partir de la cual la misma ya evolucionaría en su contenido de manera libre? ¿No sería acaso un motivo perfectamente válido y sobrevenido que haría válida una concentración con ese fin en sólo 24 horas?  Porque aquí conviene recordar que la manifestación comunicada en 24 horas ha de responder a cuestiones de actualidad, sobrevenidas, imprevistas… que motivan una voluntad pública de expresión de apoyo, rechazo o lo que sea. La valoración de la conveniencia o importancia de hacerla es de quienes quieran convocarla y unirse a ella y no puede sustituirse por una valoración de «importancia» del evento desencadenante como suficiente para permitir el ejercicio del derecho por órgano revisor alguno. Porque cada uno da importancia a lo que quiere y se manifiesta por lo que le parece. Eso es una democracia. Nadie te dice qué es más o menos prioritario. Lo decide cada uno. ¿Acaso no podemos entender muy importante lo ocurrido en el desalojo, por muy legal que fuera, como para dar origen a concentraciones de protesta? Máxime cuando, además, de hecho, es lo que ha ocurrido. Pues ha sido la manera en liquidar la protesta inicial la que ha generado un efecto contagio inmediato.

La conclusión de todo lo expuesto es sencilla: si la razón de peso para prohibir las concentraciones es formal ese obstáculo es ciertamente menor, pues su misma naturaleza permite sortearlo, también formalmente si se quiere, con facilidad. Y habrá quien dirá que eso sería un cierto fraude de ley, pero ante tal alegación habría que apelar a la vis expansiva de los derechos fundamentales. ¿Se puede restringir o limitar un derecho porque formalmente se ejercite de manera más amplia, protestando por más cosas, que por la cuestión que ha dado origen a la reunión? Obviamente, la respuesta es no. Así que es dudoso que las Juntas Electorales tengan demasiada base legal también aquí. He de aclarar, sin embargo, que en este punto me alejo un poco de la opinión de Presno que he enlazado antes, quien entiende que la razón formal dada por la JE sí sería suficiente.

8.  Por cierto, que él también señala, con toda la razón, que las Juntas tienen competencias sobre actos electorales y acciones de agentes que están en campaña. No se comprende la razón por la que se han arrogado competencia para decidir sobre la legalidad de manifestaciones o reuniones como las que estamos viendo. Eso debe seguir haciéndolo la Delegación del Gobierno en cada provincia, que tendría que hacerse valer para recuperar la competencia, aunque parece que, de momento, están callados y satisfechos al ver cómo es otro quien hace el trabajo sucio.

El resumen es sencillo. Los ciudadanos tenemos también derecho en campaña electoral a decir lo que pensamos, y a manifestarnos, si lo hacemos cumpliendo con el marco jurídico que limita el ejercicio de estos derechos. Sin insultar o difamar, sin recurrir a la violencia, sin poner en peligro personas o bienes. Mientras las manifestaciones o reuniones derivadas del #15M sigan en esta línea, sólo  consideraciones de tipo formal de base no demasiado sólida pueden aspirar a prohibirlas. Actuar de esa manera, y más todavía si a la prohibición siguen detenciones, empleo de la fuerza para dispersar o imputaciones por los diversos tipos delictivos que nuestro ordenamiento desencadena en estos casos (desobediencia, delito electoral, amén de los que pueden producirse como consecuencia de la violencia que todo desalojo supone) significaría desconocer algunas de las bases constitucionales que permiten considerar España un Estado de Derecho.

Los manifestantes consideran que estamos en una mera «democracia formal» y que quieren una «democracia real». Yo también quiero una democracia real, además de formal, pero no desconozco la enorme importancia que tiene, también, y como requisito sine qua non, que haya mecanismos robustos de «democracia formal». El problema es que ciertas interpretaciones que estamos leyendo estos días, en ocasiones incluso de órganos del Estado muy autorizados, permiten detectar que incluso esas instituciones formales gozan de mala salud en estos tiempos. De otra manera no se explica que la conclusión dominante en ciertos foros sea que los ciudadanos, en una democracia, como haya campaña electoral, tienen la obligación de estar calladitos y no significarse políticamente.

Votar y callar, votar y callar…



Jóvenes más que hartos y mayores que no se enteran (segundo aviso)

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 13) para El País Comunitat Valenciana

El lunes pasado este blog dedicado a seguir la campaña electoral valenciana hablaba de las manifestaciones del #15M y les concedía una importancia acorde con la realidad del movimiento, la solidez de sus razones de fondo y la sorprendente cantidad de gente que se está involucrando. Decíamos hace apenas dos días que llamaba mucho la atención el pasotismo, cuando no desprecio, generalizado por parte de medios de comunicación y establishment. Y que a saber cómo podía evolucionar la cosa, pero que había que andarse con cuidado porque entre el expolio intergeneracional a manos llenas a que nuestras sociedades están dedicadas, la falta de profundidad democrática y de porosidad social de nuestro país y la sensación de que aquí se han taponado convenientemente todas las posibilidades de acción política que permitan la búsqueda de alternativas y que la gente pueda vehicular un compromiso cívico crítico de verdad aquí lo que tenemos es un cóctel inevitablemente explosivo en un contexto de crisis económica y degradación social como el que vivimos.

Pues bien, a estas alturas ya sabemos cómo ha evolucionado la cosa. En primer lugar, las movilizaciones del #15M se han cargado la campaña, la han retirado del foco de actualidad y previsiblemente no volverán a dejar que vuelva. Ayer por la noche estuvo Rajoy en Valencia en el mítin central de campaña del Partido Popular y hoy la noticia no es lo que allí ha pasado (que en el fondo, como siempre en estos casos, es nada). La noticia es si, de repente, a unos días de las elecciones, la mecha encendida con la manifestación del domingo y atizada con la acción policial de la noche del lunes al martes prende definitivamente.

Que esa es otra. Porque la peculiar delegada del Gobierno que el PSOE ha puesto en Madrid tan pronto decide prohibir manifestaciones ateas porque considera que la Constitución supedita un derecho fundamental como el de reunión a que los católicos no se sientan ofendidos, en una decisión más propia de tiempos del nacionalcatolicismo, como te liquida una concentración pacífica a palo limpio logrando con ello dar más publicidad al movimiento y generar una corriente de simpatía cuasi general así como… unas 200 acampadas más en España, incluyendo ya, a estas alturas, una en Valencia y otra en Alicante.

Nadie cuestiona la regularidad jurídica de tratar de desmontar una acampada obviamente no comunicada y por ello ilegal. Pero es obvio que el ejercicio de las funciones de autoridad se ha de hacer con respeto a la legalidad pero también con sensibilidad y con inteligencia. Sensibilidad para entender que a jóvenes que se manifiestan para protestar de forma absolutamente pacífica e impecable hay que tratarlos de otra manera. Equivalente, al menos, y nunca peor, al trato que reciben quienes acampan en la calle y molestan a todo Dios para ir a un concierto o comprar entradas para una final de fútbol. Por ejemplo. Inteligencia para no demostrar enviando a la policía hasta qué punto las exigencias de democracia real por parte de los jóvenes no sólo son necesarias sino que empiezan a ser imprescindibles en un entorno liberticida cada vez más irrespirable para el que sea mínimamente disidente. Por si había alguna duda, la acción de las autoridades ha demostrado hasta qué punto quienes controlan los resortes de nuestra democracia «formal» no entienden, en el fondo, nada. O entienden demasiado de qué va la cosa, pero de una manera que, la verdad, qué quieren que les diga, ni es precisamente bonita ni se compadece con el espíritu de nuestro pacto democrático y constitucional en el que los jóvenes que se están quejando han sido educados.

En un ejemplo adicional de la brutal deconexión entre las elites socioeconómicas, las oligarquías que mandan en el país, que dirían los clásicos, y la realidad social de esta crisis, estos días nos han dejado claro qué opinan del tema a través de todos los medios de comunicación, que sin apenas excepciones han transitado del pasotismo y la incomprensión a la abierta hostilidad con el movimiento. Ha sido tachado de inmaduro, de rebelión adolescente, de potencialmente violento, de peligroso, de anarquista, de antisocial, de poner en riesgo la democracia… e incluso de ser el resultado de un extravagante complot de la derecha y la banca para engañar a los jóvenes y hacer el trabajo al Partido Popular. La lista de tonterías que se han dicho sobre quienes se han manifestado y han protestado es larguísima. Pero se resume en una idea muy sencilla: en el fondo nos están confesnado que no entienden qué está pasando y de qué va el tema. Punto.

Los partidos políticos, por su parte, andan manifiestamente incómodos frente la protesta. Entre otras cosas porque uno de los mensajes esenciales de la misma es denunciar la falta de mecanismos reales de participación negándose a legitimar la estructura de partidos dominante. Y con algo así, como cuaje, es muy peliaguado lidiar. Hay que tener en cuenta que la manera de obrar para actuar contra la legitimidad del sistema que se propone va desde no votar a votar en blanco. O, como mal menor, no votar a los partidos mayoritarios. Son mensajes muy disruptivos para la clase política y el consenso en que viven instalados. Lógico que no sepan por donde tirar.

La incomodidad de una Izquierda Unida desbordada por los acontecimientos es patente. La perplejidad del PSOE, absolutamente desarbolado y con dirigentes y opinadores afines que apenas si tratan de esconder o disimular la indignación que les produce que alguien pueda cuestionar que la obligación de toda persona que no quiere que gane la derecha tiene una suerte de obligación de votarles, es manifiesta. Tras los balbuceos iniciales, han optado por empezar con los guiños al movimiento, entre otras cosas colgando en su web el manifiesto que se ha publicado, aparentemente sin caer en la cuenta de que el escrito va, en gran parte, dirigido contra ellos y sus políticas. Kafkiano. Por su parte el Partido Popular y la derecha mediática está abiertamente inquieta, no por lo que esto le pueda suponer a corto plazo (ahí la preocupación, y enorme, la tiene desde hace dos días el PSOE), sino por el efecto de estos movimientos a medio y largo plazo. Entre Federico Jiménez Losantos y La Gaceta acusando a Rubalcaba de montar todo con vete tú a saber qué intenciones y la estigmatización de la protesta por gente como González Pons o Pedro Jota Ramírez, que nos está explicando a todos amablemente que la democracia sólo existe si es formal y que además en España sólo pueden regenerarla los grandes partidos, el cuadro deja bastante claro de qué estamos hablando.

En resumen: los jóvenes están hartos y apelan a principios básicos de nuestras democracias, exigen una democracia real y participativa y un modelo económico mínimamente justo, que escuche a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, en lugar de apuntalar un modelo que machaca sistemáticamente a las mayorías menos pudientes. Las elites sociales y económicas del país, sencillamente, no entienden nada. Es hasta cierto punto lógico, porque ni por edad ni por sus condiciones están pasando personalmente por lo que millones de ciudadanos. Y ya se sabe que no es lo mismo escarmentar en cabeza propia que ajena. ¡Ni siquiera ver a tus hijos enfrentándose a estas dificultades es tan eficaz como sufrirlas en primera persona! Así es la vida. ¡Qué trabajen! ¡Que se lo curren! Más difícil lo teníamos nosotros, que desmontamos la dictadura con nuestras manos desnudas, piensan ellos, y gracias a ese tesón y valentía nos ha ido más o menos bien en la vida. Vamos, que no se enteran.

Obviamente, un país como España, donde todo está normalmente atado y bien atado, que decía el abuelo, no se desmadrará así como así. Y lo más normal es que esto se diluya (sobre todo si los delegados del gobierno de todo el país tratan el tema con delicadeza y con inteligencia y no como mastuerzos salidos de a saber dónde) con el tiempo. Pero la manera en que la protesta ha prendido, la capacidad para copar la campaña, la rapidez con la que se ha añadido gente… son todos ellos síntomas que dan muestra de que el descontento es real, profundo y muy denso en las generaciones jóvenes. Segundo aviso, pues, en menos de una semana. A ver si alguien empieza a darse cuenta de que la cosa puede ponerse seria de verdad en cualquier momento.

Les dejo hoy con una selección de lecturas sobre el tema, con enlaces a comentarios que se acompañan de algunos extractos (muy aconsejable acudir a los textos completos, de verdad) que demuestran cómo de lejos está la opinión de gente joven, muy lista y que tiene la suerte de tener trabajo y una buena posición pero que como sí viven en el mundo real de su generación pues no pueden evitar llamar a las cosas por su nombre:

– Guillermo López, en Chapapote Discursivo:  El problema lo tienen, claramente, en el PSOE. Es lo que ocurre cuando tensas tanto la cuerda: que al final la gente, sobre todo la gente que te ha votado para que hagas unas políticas, se te cabrea cuando defiendes a capa y espada las políticas contra las cuales votabas. ¡Hay que ver, cómo es la gente!

Por eso, en un alarde de genialidad, ahora en el PSOE hay una especie de movimiento surrealista consistente en tratar de atraerse a los manifestantes “para la causa común de la izquierda”. ¡Y eso al mismo tiempo que les envían a la policía para disolver la concentración de la Puerta del Sol, con nocturnidad, alevosía y en menos de 24 horas!

Que a ver cómo podemos explicárselo: se están manifestando CONTRA TI. No contra una causa etérea, no contra la injusticia social o la degradación del planeta. No: la movilización tiene por objeto protestar contra tu partido y sus lamentables políticas al servicio del poder; contra la doctrina Dominique Strauss-Kahn que el PSOE ha aplicado a los trabajadores y, muy particularmente, a los jóvenes.

Maketo Power: Sin entrar en las discrepancias con las que contemplo el manifiesto y a alguno de los presentes -no así al anarquismo organizado de por aquí o colectivos como Inflexió-, es un avance de varios millones de años-luz el carácter adolescente de la manifestación en comparación con el infantilismo que, desde el “milagro” de la transición, caracteriza la vida política, social y cultural de la monarquía bipartidista -sin olvidarnos de sus colaboradores en Barcelona y Bilbo- española.

– Ignacio Escolar en escolar.net:

1 Es un éxito incuestionable que una organización creada hace apenas tres meses sea capaz de movilizar a decenas de miles de personas en más de 50 ciudades de España sin el apoyo de ningún partido político, de ningún sindicato, de ningún gran medio de comunicación.

2. Un dato esclarecedor: el 15-M sacó más gente a la calle que las manifestaciones sindicales del último 1 de mayo.

– Íñigo Sáez de Ugarte, en Guerra Eterna:

Todo esto es una enmienda a la totalidad a la clase política.

No sabemos quién se verá beneficiado. Quién se llevará los golpes.

No les importa.

Ese es el tipo de cálculo político que nos ha llevado a esta situación. No hagas esto porque se beneficiarán los otros. No te quejes de la corrupción porque los otros también roban. No protestes porque no servirá de nada. No salgas a la calle porque seréis cuatro gatos. No pidas un cambio porque las cosas nunca cambiarán. No hagas nada.

– Javier Pérez de Albéniz, en El Descodificador: Los jóvenes quieren reventar el sistema. ¡Serán hijoputas! Dicen que el sistema está agotado y podrido, pero en lugar de esperar a que muera de viejo, como hicieron sus padres, los muy irresponsables pretenden dinamitarlo. Los jóvenes piensan que tienen derecho a ello por cuatro minucias: no tienen trabajo (45% paro juvenil), cada vez se invierte menos en educación, los políticos son unos corruptos, los bancos empobrecen a sus familias, la democracia es una farsa y el bipartidismo una mierda, los grandes medios de comunicación son cómplices del poder… ¡Quieren un mundo mejor, más justo y equilibrado, los muy anti sistema! “Este tipo de jóvenes no va a ir a votar, que es lo que deberían hacer”, dice un tertuliano de Radio Nacional. “Y eso que hoy viven mucho mejor que hace 30 años».



La religión intocable

Joder con la Iglesia Católica. Y con los curas. Y con sus secuaces… Pero no. En realidad lo que está pasando no es culpa ni de la Iglesia, ni de los curas ni de sus secuaces. Es culpa de una sociedad que consiente un Código penal medieval y  un modelo de justicia que permite que cuatro locos y un juez sectario te metan un paquete por vía criminal a la mínima que se pongan a ello mientras tú te quedas con cara de tonto. Y es que ya lo hemos dicho en este blog una y mil veces. Que tanto reírnos de la intransigencia de la morisma con las viñetas de Mahoma, pero aquí tenemos un Código penal donde abundan delitos absurdos para proteger a las religiones (y especialmente a la única y verdadera, claro). No vale la excusa de que estos delitos nunca se emplean. No. Porque no es verdad, en primer lugar, a la vista está. Porque el mero hecho de que estén ahí es impresentable y resulta que provoca un enorme riesgo para la libertad de todos. Porque estando ahí, pues se acaban usando, ya sea para vetar tetas, ya para castigar procesiones ateas, dando armas a la represión más impresentable a poco que alguien tenga ganas.

Recapitulemos. Una asociación de gente a quien no conozco pero que tiene toda mi simpatía, aunque sea sólo porque se llamen a sí mismos Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y alguien con ese nombre no puede sino ser un grupo de buena gente, decide convocar una manifestación-marcha-procesión para el próximo jueves para hacer profesión pública, colectiva y festiva de ateísmo y de su compromiso con la razón, el empirismo y la convicción de que brujas, príncipes, hadas y Dioses pues para los cuentos, pero no para la vida real y mucho menos para condicionar cómo vivimos la vida todos en sociedad a partir de dogmas revelados de origen místico. Obviamente, se trata de una acción protegida constitucionalmente por el art. 21 CE, que permite a los ciudadanos que nos reunamos en público para lo que nos dé la gana y como mejor nos parezca siempre que los objetivos de la reunión no sean ilícitos. Las reuniones en España y en cualquier país con un Estado de Derecho digno de ese nombre, como es sabido, ni siquiera requieren de autorización para realizarse, aunque si son en la vía pública sí habrán de notificarse a la autoridad competente (militar, por sup…. ah, no perdón, esto no iba aquí). Y una manifestación notificada sólo puede ser no autorizada si se evalúa con un mínimo de rigor que puede constituir un problema de orden público. Pues bien, los convocantes de tan higiénica marcha por Madrid no sólo han visto cómo se les negaba la autorización de la procesión atea sino que han acabado imputados por varios delitos. Como esto no es Arabia Saudí aunque cada vez lo parezca más, vamos a tratar de explicarlo:

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Mesa redonda sobre el impacto de Wikileaks en la opinión pública

El próximo martes 1 de marzo se celebra una mesa redonda, que he organizado junto con el Profesor López García, especialista en Periodismo político y Opinión pública, en la que contaremos con Josep Torrent, director de El País Comunidad Valenciana, el medio en español que ha colaborado con la publicación y difusión de los documentos del Departamento de Estado de los EE.UU., para que nos dé su opinión sobre el impacto de los mismos y nos relate la manera en que han sido obtenidos y los procedimientos periodísticos empleados para su tratamiento por parte de su diario.

Junto a Josep Torrent, tendremos también en la mesa al Prof. Cotino Hueso, coordinador de la mayor red española de juristas dedicados al impacto de las nuevas tecnologías, para que nos ilustre sobre las repercusiones jurídicas y en términos de libertades de la publicación realizada por Wikileaks y por medios como El País. También contaremos con la participación de José Ignacio Pastor, presidente de la Asociación Ciudadanía y Información, para que nos ayude a entender cómo estas nuevas maneras de poner a disposición del público información alteran las relaciones entre los ciudadanos y el Poder.

La mesa redonda, a la que os animamos a venir, comenzará a las 16.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la Universitat de València. La entrada, por supuesto, es libre. Continúa leyendo Mesa redonda sobre el impacto de Wikileaks en la opinión pública…



¿Se puede decir en la tele que no te gustan los homosexuales?

Decíamos hace no mucho que teníamos muchas dudas de que, en un entorno en el que ya no hay servicio público, la Administración pueda dedicarse a velar por la «corrección expresiva» de actividades empresariales que son, legalmente, desde el 1 de mayo, servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia, con los únicos límites marcados por la Constitución y las normas que puedan desarrollarla válidamente. Límites que, en cuanto a cuáles sean las concretas fronteras de lo «decible» (de lo «efable», si nos ponemos cursis), de lo «escribible», de lo «imprimible» o de lo «emitible», han de fijar los jueces, según determina nuestro art. 20.5 de la Constitición.

Explicábamos también la delicada situación en que el nuevo marco normativo nos ha situado. Vivimos desde que ha cambiado el modelo inmersos en una peligrosísima confusión conceptual. Ya no hay servicio público sino actividades que tienen su fundamento en la libertad de empresa (y en la libertad de expresión). Pero como el servicio público, como es lógico, se podía disciplinar administrativamente sin mayores dificultades jurídicas y no queremos prescindir de esta posibilidad (es más, parece que vivimos tiempos en que, al contrario, la nueva moral pública desea imponerse por la vía de la represión, por nuestro bien, ya se sabe) pues hemos aprobado una ley que supuestamente liberaliza pero sin que, sorprendentemente, se derive de ello que la Administración deje de intervenir y sancionar por cuestiones de policía relativas no a la actividad (algo que es de lo más norma y pasa en muchos sectores de negocio) sino al contenido del mensaje (algo que afecta directamente a la libertad de expresión). Además, como cada vez hay más normas que integran, como en los viejos tiempos, pautas moralizantes a las obligaciones expresivas, parece ser que uno ya no puede hablar mal ni de curas, ni del ejército, ni de homosexuales, ni de feministas, ni del islam, ni del Papa… no sea que alguien se ofenda. ¡Y no sea que venga la Administración a ponerte una multa (o a cerrarte la cadena, o el blog), porque eso no se dice!

Apenas unos días después de exponer estas ideas la realidad nos proporciona un ejemplo magnífico de a qué nos referíamos. El Gobierno ha decidido multar a una cadena de televisión (recordemos una vez más: una actividad privada amparada por el derecho a la libertad de expresión) por emitir un spot de menos de un minuto con contenido abiertamente crítico con las celebraciones del día del Orgullo Gay.

El vídeo, y eso es lo más alucinante de todo, ni siquiera se mete con los homosexuales o la homosexualidad. Que pueda intuirse que sus autores no son precisamente unos entusiastas de ese tipo de prácticas no tiene nada que ver, como es obvio, con el concreto contenido de lo emitido. Que, como es muy evidente para cualquiera que lo analice, se centra en criticar la celebración en cuestión, ciertas conductas de la misma y que sea financiada, en parte, con dinero público. Confundir una cosa con la otra es como pensar que por escribir una denuncia incendiaria del sustrato moral que impera en las Fallas uno está insultando a los valencianos (aunque, la verdad, es lo que a buen seguro  ocurriría si alguien osara poner en cuestión el indudable buen gusto de la fiesta fallera y la tranquilidad y placidez con la que se desarrolla, educando a la población en valores de civismo y convivencia).

Dicho lo cual, creo que conviene indicar que incluso en el caso de que el contenido del spot fuera algo tan directo como una crítica a la homosexualidad, ¿acaso eso justificaría la sanción? A mi juicio, tampoco. ¿O es que no se puede decir, escribir, difundir una opinión de alguien que considere una absoluta aberración la homosexualidad? No veo el más mínimo problema en que se haga, la verdad. Como no veo el más mínimo problema en que alguien critique la heterosexualidad, el matrimonio tradicional y las parejitas con tres churumbeles y adosado para el fin de semana. «Son unos enfermos y tendencialmente perversos», diría yo. E, incluso, digo yo, se podrá decir todo tipo de animaladas sobre los homófobos y su psique enferma. ¿O es que acaso quien tenga esa opinión no la puede expresar? ¿No están amparadas por la libertad de expresión  juicios como los refferidos, todos ellos evidentemente valorativos,  opiniones que es claro que no son más que eso y que, en consecuencia, valen lo que valen los argumentos que las sustentan?Incluso, yendo si cabe más allá, y caso de que el contenido de un hipotético vídeo fuera claramente reprobable (yo qué sé, imaginemos una emisión diciendo que hay que exterminar a los homosexuales o a aquellos que se acuestan con señoras de origen extremeño de entre 30 y 32 años y con los ojos azules «porque Dios lo pide para borrar la indencencia de la faz de la Tierra»; —-que, ahora que lo pienso, ¿de veras eso sería claramente reprobable?, ¿no se trata de una chaladura sin demasiada importancia y a la que no vale la pena dar mayor importancia?—-, así que mejor pongamos un ejemplo que a todos nos pone de acuerdo sobre su inadmisibilidad, imaginemos un vídeo insultando gravísimamente a los Príncipes de Asturias y sus adorables hijitas, llamándolos chupópteros y cosas peores), ¿qué hace ahí el Gobierno decidiendo lo que se puede decir y lo que no? ¿No se supone que eso, según la Constitución, en España, lo debe hacer un juez?

En resumen:

– No queremos (la Constitución no quiere) que el Gobierno se ponga a decirnos qué podemos y qué no podemos decir (si quiere, que nos recomiende, oriente, incite, aliente…, eso estamos dispuesto a soportarlo incluso aunque gaste dinero y tenga un tufillo moralizante algo asquerosillo, pero, por favor, al menos que no nos castigue si no pensamos de modo que no le parece adecuado y además osamos decirlo en público). Queremos que tal juicio de admisibilidad a los parámetros constitucionales de libertad de expresión sea hecho únicamente por el juez (no por nada, sino porque nos fiamos más de los jueces que de los gobiernos para estas cosas y porque, ¡caray!, es lo que dice la Constitución), y que lo haga de acuerdo a las pautas constitucionales en materia de libertad de expresión, sin añadir cosas raras.

– No queremos, además, vivir en un país donde las pautas constitucionales en materia de libertad de expresión se analizan cada vez de manera más restrictiva. Queremos vivir en un país que sea para estas cosas coherente con nuestra Constitución donde, por ejemplo, las opiniones sobre cuestiones generales, por aberrantes que sean, puedan expresarse y no merezcan otra sanción que el ridículo en que incurren quienes las defienden.



Burka

El Senado español festejó la víspera de San Juan apoyando una moción del  Partido Popular, secundada por Convergència i Unió, que insta a la aprobación de una norma que prohíba determinadas maneras de vestir, como el burka o en niqab, en cualquier ámbito no privado, incluyendo la vía pública. Teniendo en cuenta que en el mencionado debate el PSOE presentaba una propuesta sólo levemente menos restrictiva, por cuanto si bien no entendía preciso proscribir el uso de tales prendas en la calle sí lo pretendía imposibilitar en cualquier dependencia oficial o servicio público (así como el hecho de que numerosos ayuntamientos están aprobando prohibiciones de cariz semejante con el apoyo de los concejales socialistas), podemos concluir que hay una amplia unanimidad en los representantes de los ciudadanos españoles respecto de la posibilidad constitucional, así como de la conveniencia, de prohibir determinados atuendos. Conviene dejarlo claro desde un primer momento porque, más allá de batallitas políticas, ésa esa la realidad.

Desde un plano estrictamente jurídico, hay muchas cuestiones que, a mi juicio, resultan interesantes, y que creo que conviene resaltar en medio del batiburrillo de opiniones que, en los últimos meses, venimos escuchando y leyendo, donde no suele abundar el rigor a la hora de analizar qué se puede o no hacer, en Derecho, en estos casos. Y donde tampoco abunda una hilazón lógica que permita fomentar un debate verdaderamente racional sobre el asunto (con algunas excepciones que siempre hacen muy grata su lectura y que son las que llevan a reflexionar con provecho sobre el tema). Muy sintéticamente, trataré de trazar un esquema de los pilares conceptuales fundamentales que hemos de atender ante una situación como la referida si lo que queremos es analizarla desde una óptica jurídica.

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El Cronista, nº 9

Desde hace unas semanas está ya en la calle el nº 9 de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, cuyo listado de 100 libros jurídicos de 2009 ya hemos tenido ocasión de reseñar. Como intento hacer con todos los ejemplares de la revista enlaco al índice de este número, así como el formulario de suscripción para quien pudiera estar interesado en los contenidos de la revista antes de pasar a revisar someramente los diferentes artículos de este primer número de 2010.

Tony Ward escribe sobre si «¿Es en algún caso admisible la tortura?», cerrando, de alguna manera, la serie sobre estas cuestiones (Guantánamo, la tortura en la guerra contra el terror y los límites que impone el Estado de Derecho) que se inició con los trabajos de Scheuerman y Fiss en los números 7 y 8. Es un asunto básico, tratado también en este blog, sobre el que Ward hace una reflexión canónica y muy informada. Especialmente interesante es su análisis de la ineficacia de la tortura incluso en situaciones de ticking bomb (así, por ejemplo, relata algunos casos de la guerra de Argelia). Aunque, como él mismo señala, tampoco una supuesta eficacia justificaría su empleo.

Jorge de Esteban, en «La gran paradoja de nuestra Constitución» celebra el próximo bicentenario de la primera Constitución española (no otorgada) y nos escribe sobre los problemas de nuestro actal texto constitucional, a su juicio aquejado de una excesiva rigidez que, imposibilitanto (o dificultando mucho) reformas constitucionales de acuerdo al procedimiento previsto, provoca mutaciones e incita a cambios por la puerta de atrás. De nuevo, la cuestión en torno a los problemas generados por el Título VIII, su carácter abierto y la evolución del mismo a partir de reformas estatutarias (y muy especialmente la catalana) es objeto de críticas. La posición de quien esto escribe, como he tratado de explicar aquí, no es que sea entusiasta respecto a cómo se ha llevado el proceso, pero tampoco creo que los problemas sean jurídicamente tantos ni, por supuesto, respondan sólo a excesos por parte de los nacionlismos periféricos. La reflexión de Jorge de Esteban, en cualquier caso, no sólo es interesante, sino argumentada. Obliga a repensar muchas cosas.

Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, en su artículo «Piratas contempóraneos y abogados tradicionales» explica algunas de las claves jurídicas que enmarcan el rebrote de la piratería. Para cualquier lego en Derecho internacional del Mar (como es mi caso) se trata de un análisis informativo y luminoso, que deja bien claro cómo esta cuestión tiene mucho recorrido (y viene teniéndolo desde hace años) más allá del Alakrana. Y que apunta también, con lucidez, los problemas jurídicos que pueden plantear algunas soluciones simplistas y testosterónicas (como el empleo de fuerza desproporcionada o el embarque en cualquier buque de capital español de infantes de marina) propuestas.

Miguel Ángel Presno Linera hace una «Crónica del Tribunal Constitucional italiano» que permite trazar la evolución jurídica no sólo del órgano en cuestión (en tiempos donde analizar cómo han variado históricamente las pautas de actuación de estos tribunales en países de nuestro entorno tiene una especial importancia, pues ayuda a entender qué está pasando con nuestro propio Tribunal Constitucional) sino también de todo el país. Pues la historia de la justicia constitucional es, de alguna manera, la de la evolución de la propia democracia y Estado de derecho transalpino desde el fin de la II Guerra Mundial hasta nuestros días.

«La guerra de Afganistán», por su parte, también es analizada en términos jurídicos. Eduardo Melero Alonso, con rigor y contundencia, demuestra las enormes fallas que, desde el punto de vista del Derecho, tiene la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán, en el marco de una operación de la OTAN con un dudoso aval de Naciones Unidas que, además, no ha acabado de adecuarse enteramente al marco jurídico interno. No se trata ya sólo de las dudas que pueda generar qué hacemos, y si tienen algún sentido, en Afganistán. Se trata de que, además, es muy dudoso que la operación sea legal, tanto en el plano internacional como para el Derecho español, tal y como está planteada.

Fernando Reviriego Picón, en su trabajo «Violencia de género y mujeres con discapacidad» aporta luz sobre una parte, normalmente olvidada, de la violencia contra mujeres, cuando éstas están en una situación de evidente inferioridad. Un supuesto en el que las medidad protectoras de la ley de violencia de género tienen todo el sentido.

En relación a otro problema que afecta especialmente a las mujeres, Rafael Navarro-Valls da réplica en su trabajo sonbre la «Inconstitucionalidad de la Ley del Aborto» al estudio publicado por Patricia Laurenzo en el nº 7 de esta revista, donde se exponía y defendía la constitucionalidad del actual proyecto de reforma de la respuesta penal en materia de aborto. Es una cuestión sobre la que, modestamente, me he posicionado en términos sencillos: donde no hay consenso social suficiente no se puede castigar con cárcel. Navarro-Valls, desde otras posiciones, defiende argumentada, razonadamente y de forma interesante otra visión. A su juicio, los problemas de indefinición que abre la nueva propuesta generan inseguridad jurídica. Y, sobre todo, el hecho de que hasta las 14 semanas se dé una absoluta prioridad a la decisión de la madre frente a la protección jurídica del nasciturus, supondría una ponderación por parte del legislador del respectivo peso de los bienes jurídicos dignos de protección en juego que no se podría integrar en la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo en 1985, que obligaría, para que la protección del nasciturus decayera, la existencia de un factor adicional a la mera voluntad de la mujer para que ésta sea jurídicamente admisible. Se trata de una objeción jurídica razonable y razonada. Aunque hay que tener en cuenta que el TC, en su STC 53/1985, se pronunció sobre lo que se pronunció (esto es, sobre la constitucionalidad de unos determinados supuestos), lo que genera un sesgo en su análisis. Podría dar la impresión de que la Sentencia afirma que sólo esos supuestos pasan el test de constitucionalidad. Pero en realidad lo que ocurre es que la Sentencia sólo analiza esos, porque son los que en ese momento ha planteado el legislador. Habremos de esperar, pues, hasta que el Tribunal Constitucional, que muy probablemente tendrá ocasión de hacerlo, se pronuncie sobre la reforma en curso, caso de que finalmente sea aprobada.

En relación a la crisis económica y a la manera en que nuestro Derecho está reaccionando, es muy interesante el análisis que sobre contratación pública, su efecto en la lucha contra la crisis y en la consecución de mayor eficiencia económica, y especialmente sobre la articulación en Derecho del famoso Plan E puesto en marcha por el Gobierno de España, José María Gimeno Felie explica las relaciones entre «Contratación pública y crisis económica». Es un resumen informado y muy interesante, donde afloran además algunas sombras de nuestro modelo (y del plan E), debido a que su instrumentación jurídica no ha facilitado excesivamente la libre competencia de ofertas, por cuestiones de publicidad, cuantía y plazos.

Además, José Eugenio Soriano García, en un artículo titulado «Juristas y economistas», apuesta decididamente por el análisis económico del Derecho y la liberalización de nuestros mercados. A su juicio, la aportación de ambos gremios a las ciencias sociales es imprescindible y ha de ser tenida en cuenta recíprocamente, lo que obliga al ordenamiento jurídico a abrir mercados y eliminar trabas. La propia dinámica generada por las recientes normas transponiendo la Directiva de Servicios es saludada por el autor, en una reflexión más filosófico-política que jurídica, apoyada en citas de Vargas Llosa o de Hayeck.

En una línea temática semejante, Santiago Muñoz Machado cierra el número con una reflexión sobre «Las regulaciones por silencio» donde, a su vez, analiza, en este caso en clave jurídica, hasta qué punto las mencionadas normas han supuesto, o supondrán paulatinamente, una efectiva transformación de calado de nuestro ordenamiento jurídico y, más en particular, de nuestro Derecho administrativo en cuestiones de regulación económica. Absolutamente convencido de que así será, Muñoz Machado esboza un primer intento de análisis jurídico de las repercusiones estructurales de estos cambios. En la línea de lo que, sin duda, ha de ser el análisis más fructífero sobre esta cuestión. Ha pasado ya el tiempo de dar cuenta de las novedades. Siguiendo la estela de trabajos como éste, empieza a ser imprescindible pensar en cómo ha cambiado, profunda y estructuralmente, nuestro Derecho administrativo en un entorno donde, cada vez más, la autorización desaparece y deja a paso a actuaciones informativas del particular, a verificaciones por terceros o a un ampliado ámbito de actuación del silencio positivo. Ya es sabido que uno no es que sea un entusiasta de la institución, pero hay que asumir que es lo que tenemos (y, previsiblemente, cada vez más). Por el contrario, como dejé escrito casi cuando me salían los dientes de iusadministrativista, soy un decidido partidario de la sustitución de al autorización por las comunicaciones de los particulares allí donde, de facto, la autorización no se lleva a cabo realizando una efectiva inspección (así lo propuse respecto de las obras menores, en su día).

Por último, y como ya se ha dicho, el número contiene una lista de 100 recomendaciones de lectura que los  que hacemos la revista consideramos que reflejan bien lo que ha sido 2009 a través de los libros sobre Derecho que se han publicado. Tienen aquí el listado (aunque no todos los comentarios a los libros seleccionados).

Como siempre, espero que la revista tenga contenidos que puedan resultar de interés. Y dentro de nada tenemos ya el número de febrero.

Sumario del número 9

Tony Ward ¿Es en algún caso admisible la tortura?
Jorge de Esteban La gran paradoja de nuestra Constitución
Luis Ignacio Sánchez Rodríguez Piratas contemporáneos y abogados tradicionales
Miguel Ángel Presno Linera Crónica del Tribunal Constitucional italiano
Eduardo Melero Alonso La guerra de Afganistán
Fernando Reviriego Picón Violencia de género y mujeres con discapacidad
José María Gimeno Feliu Contratación pública y crisis económica
José Eugenio Soriano García Juristas y economistas
Rafael Navarro-Valls Inconstitucionalidad de la Ley del aborto
Santiago Muñoz Machado Las regulaciones por silencio
“El Cronista” selecciona 100 libros de Derecho de 2009


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