La burbuja universitaria

La vuelta al cole es dura para todos siempre. Pero este año es un poquito más deprimente de lo habitual, dado que cuatro o cinco años después, y tras un verano agitadito, todo el mundo se ha dado cuenta de la enorme crisis que se nos ha venido encima, proporcional a la ingente burbuja en que durante muchos años hemos vivido instalados. Administraciones públicas, medios de comunicación, empresarios e incluso el ciudadano medio español que pinta en nuestra sociedad (el que tiene entre 45 y 75 años, trabajo fijo o pensión generosa y que ha cortado el bacalao desde la Transición) se han dado cuenta de que, en efecto, algo se ha hecho profundamente mal. Todos estamos ya convencidos. ¿Todos? ¿De verdad? No, existen todavía unos irreductibles que resisten aún y siempre al pesimismo y a todas las evidencias que apuntan a la necesidad de hacérnoslo mirar. Estamos hablando, claramente, de quienes formamos parte del sistema universitario español.

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La Universidad decadente de un país en crisis

Todos los medios de comunicación informan hoy de la nueva oleada de «ataques» contra la deuda pública española con un tono apocalíptico. Parece ser que nadie se fía de nuestra renqueante economía, de nuestra capacidad para devolver lo que nos prestaron, de que podamos montárnoslo para crecer o producir de manera eficiente… y ya no digamos de la opinión que merece en el extranjero la posibilidad de que logremos recaudar impuestos como un país civilizado (risas enlatadas aquí). El resultado es que el dinero que nos han de prestar desde fuera para poder seguir funcionando y lanzando la pelota unos metros más adelante, para que el futuro provea y tal, pues como que nos sale cada vez más caro.

En medio de esta situación que nos pintan como dramática la vida, eso sí, continúa. La mía, por suerte o por desgracia, en una Universidad pública española. La Universitat de València, para más señas. Pero creo que lo que pasa aquí es muy parecido a lo que ocurre en otros lugares. Así que generalicemos: a partir de mi experiencia personal he de decir que me cuesta creer que el país se encuentre, de veras, enfrentado a una gran crisis económica. Nada de lo que puedo palpar a mi alrededor va en esa dirección. Es más, todo lo contrario. Cuenta tenida de las cosas que veo, escucho y vivo la sensación que tengo es, más bien, la de vivir en un país feliz y opulento, que todo se lo puede permitir. Empezando por tener dedicados a los doscientos mil (o así) profesores universitarios del Reino a hacer una gilipollez detrás de otra. Y no es que diga yo que seamos gente especialmente inteligente, válida o útil. No, no es eso. O no necesariamente. Pero sí somos muchos. Y algunos de nosotros, quizás, incluso, sí que podríamos (o podrían) hacer algo más o menos coherente con su vida y a partir de su formación. Por no decir que todos, absolutamente todos, seguro que somos capaces de algo mejor que dedicarnos sólo a actividades conducentes a una lamentable pérdida de tiempo.

Puede que alguno de Ustedes crea que exagero. Me temo que no es así. Pero les cuento cómo ha empezado mi semana y juzguen por sí mismos, teniendo en cuenta que estamos sólo a martes y ni siquiera ha llegado la hora de comer:

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Los borreguitos y el empastre boloñés

Ayer publiqué mi columna quincenal en El País (edición CV) y la dediqué a realizar una modesta reflexión sobre un tema que en este blog ya ha sido tratado en otras ocasiones: la transformación que está viviendo a cuenta del llamado proceso de Bolonia la Universidad española, sobre la que quien quiera una visión muy entretenida puede consultar este debate.

Ahora bien, esta vez no quería con la columna poner el acento tanto sobre la absurdidad del proceso de ridícula pseudo-renovación pedagógica que con la excusa de la «convergencia europea» nos están obligando a hacer no se sabe muy bien por qué. La mayor prueba de la innecesariedad de la misma es que en ningún otro país de Europa la aplicación de «Bolonia» ha ido de la mano de estas tontunas. No por ello me resisto a apuntar un par de ejemplos absurdos que no tienen más valor que su radical imbecilidad, puesto que no son los únicos ni, estoy convencido, los más alucinantes. Cualquier profesor de Universidad español puede a buen seguro deleitarnos con cosas igual o más delirantes. Que si profesores dedicados a preparar posters… Que si encargados de innovación educativa que prohíben a los profesores emplear wikis o la lectura de monografías jurídicas en sus clases… Una ya ha visto casi de todo y sabe que son cosas que pasan. Que todos conocemos. No vale la pena a estas alturas casi ni detenerse en ello. Por este motivo no es de este tema de lo que quería hablar en la columna.

Sobre lo que quería hablar es sobre la alucinante pasividad con la que desde la Universidad estamos respondiendo frente a lo que es un proceso de destrucción de la enseñanza superior y una agresión constante a nuestra dignidad como trabajadores y como enseñantes. No sé cuál será la experiencia de quienes lean esto y trabajen en la Universidad pero supongo que se parecerá bastante a la mía, porque es lo que le pasa, al menos, a todos aquellos con los que he hablado:

A saber, que no conozco a nadie, pero a nadie, que esté a favor de todas estas cosas o piense que sirven de algo. A nadie. Repito, absolutamente a nadie. Todo aquél con quien hablas se manifiesta harto. Cualquier profesor con un mínimo de experiencia y dos dedos de frente se confiesa en la intimidad alucinado con el grado de estupidez que estamos alcanzando. Los jóvenes están exhaustos y cabreados por tener que asistir a cursos aburridos, repetitivos, vacíos de contenido e impartidos por supuestos expertos que se tambalean como el power point les falle. Y las autoridades académicas que montan todo el tinglado, todo lo más, te confiesan que la cosa no es tan grave porque, en realidad, «la gente va a seguir dando sus clases más o menos como siempre, no harán casos de las tonterías y, al menos, esto les ha obligado a reflexionar sobre cómo es la docencia»….

Sorprendentemente, este estado de opinión no conduce a la rebelión o desobediencia generalizada. No. Somos como corderitos camino del matadero. Una minoría obedece entusiasta y saca réditos a base de cargarse la Universidad. Y los demás les dejamos. Hay un sorprendente clima de desaliento, de derrota, de que nada se puede hacer, que todo lo invade. Una prueba más ha sido, por ejemplo, que a raíz de la publicación ayer de mi columna he recibido numerosos mensajes y comentarios a cual más deprimente. Todo el mundo te da la razón. Todo el mundo comparte el diagnóstico. Todo el mundo parece resignado y comparte la idea de que hay que amoldarse como se pueda a esto y dejar que acaben de enterrar cualquier atisbo de institución seria y crítica, socialmente eficaz, que haya podido ser nunca en España la Universidad.

Hay quien me ha mandado poemas de tono fúnebre sugeridos por el texto (especialmente uno de Luis Rosales sobre a dónde nos puede llevar la obediencia). Hay quien me ha contado anécdotas a cada cual más aluciante. Hay quien me ha preguntado por la prohibición de mandar leer libros, pues todavía queda quien piensa que ciertos extremos no puede llegar a traspasarse todavía (y, obviamente, se equivocan, la historia de la prohibición de encargar lecturas de libros me la sé de primera mano porque me pasó a mí). Y hay casos directamente que a  mí me hacen tener ganas de llorar. Por ejemplo, el de un profesor cojonudo y eminente investigador, que lo ha dado todo  por la Universidad de su ciudad y que me anuncia que harto de cómo evoluciona el tema se va a jubilar. Copio parte de su mensaje, que es una de las cosas más tristes, por lo que significa que la Universidad española esté desperdiciando el verdadero talento a espuertas, que he leído en mucho tiempo:

«…Yo también siento el vértigo de las gilipolleces pseudopedagógicas y de la burocratización estupidizante. Tanto que el año que viene he decidido jubilarme y dedicarme a quehaceres más gratificantes. Cuando oigo hablar a los gestores universitarios de la estrategia por la calidad, la excelencia, la competitividad y la internacionalización, me entra la risa. Y ya que no puedo cambiar de universidad, cambiaré de vida.«

¿Qué estamos haciendo entre todos?  ¿Cómo es posible que gente que es de lo mejorcito de la Universidad directamente aspire a largarse y a cambiar de vida para perder de vista todo esto? Pues, sencillamente, porque no estamos haciendo nada. Estamos consintiendo cosas como que nos prohíban encargar a los alumnos que lean libros. Si ni siquiera algo así nos hace reaccionar, es evidente que nada lo hará. Los mayores porque no se sienten respaldados, con fuerzas o con ganas. O porque ya pasan de todo. Los que están en proceso de llegar a la cúspide, como nos han montado un sistema de hacer miles de tonterías y conseguir papelitos de todo tipo hasta los 50 años, pues pendientes de eso. Y cuidadín no seas muy díscolo que entonces la llevas clara. Así que a callar, a hacer la pelota a quien toque, a tragar con todo y a preocuparse por mejorar profesional y económicamente por el camino marcado. Y los más jóvenes, lógicamente, no tiene más remedio que penar con este sistema absurdo por cuadruplicado y a hacer posters sobre innovación educativa en lugar de formarse, estudiar, leer… Tampoc es extraño que, cada vez más, los mejores estudiantes huyan despavoridos de la Universidad y que cada vez más el proceso de selección inversa se agudice en la selección del profesorado: acaban llegando, y pasará cada vez más, los que están dispuestos  a hacer cualquier cosas… porque no tienen ni muchas luces, ni mucha dignidad, ni mucha ética… ni muchas alternativas.

Yo hace tiempo que me he plantado, he renunciado a los papelitos y he decidido que no dejaré de recomendar a mis estudiantes que se lean tal o cual libro por mucho que los jefecillos de mi Universidad se enfaden y los mandarines de la innovación edcuativa me pongan la cruz. Obviamente, tarde o temprano tendré algún problema con esta gente, sus amigos y los sicarios del poder que, calladitos y dedicados a todo tipo de  mamoneos, medran y se dedican a quedarse dinero, carguitos y cuotas de poder para dar rienda suelta a sus complejos y miserias. Pero bueno, nos defenderemos como podamos. Y a ver qué pasa.

No soy optimista. Visto lo visto, tengo muy claro que, como institución, la Universidad española está muerta. Porque un colectivo como el nuestro, donde la mayoría de los profesores, como todo este proceso está poniendo lacerantemente de manifiesto, carece del más mínimo espíritu o sentido crítico (porque tenerlo no es que todo te parezca muy mal, es actuar en consecuencia) y está dispuesta a todo, a sacrificar cualquier cosa, con tal de ganar 20 euros mensuales más no puede aportar nada bueno al país. Obviamente, seguiremos dando clase y produciendo graduados, con una formación más o menos digna según le evolución socioeconómica del país y de nuestra materia prima, que son los alumnos, y que es lo más relevante a la hora de determinar el resultado formativo final de éstos. Quizás no sea un drama que la Universidad acabe reducida a esto. Enseñaremos a poner tuercas y ajustar tornillos, a poner demandas y a hacer balances. Transferiremos, eso sí, mucho conocimiento. Menos da una piedra. Pero no aspiremos a que de aquí vaya a salir nada más.

En cualquier caso, esta es ya la realidad. Conviene asumirla. Más que nada porque no parece que vayamos a aspirar a ser nada más en un futuro cercano. No hay materia prima para ir a mejor ni más cera que la que arde. Obedecermos y viviremos tranquilos.

Les dejo a continuación con el texto publicado en El País ayer:

 

Tic, tec, tac…

ANDRÉS BOIX 18/04/2011

 

La Universidad española transita por una época oscura y la mejor prueba de que así es la aporta la radical ausencia entre nosotros mismos de ese espíritu crítico que siempre decimos que hemos de inculcar a los demás.

Tras unos años de reforma de Bolonia, cuyos mayores adalides defendían con el peculiar argumento de que en el fondo «tampoco iba a cambiar en exceso la cosa» y en ningún caso íbamos «a ir a peor» (razones bien peregrinas para justificar poner patas arriba todo el tinglado), hemos llegado a un punto en que es mejor tomarse la cosa a risa. Miles de profesores nos dedicamos mes tras mes a acudir a reuniones y preparar papelajos donde se nos obliga a definir «destrezas», «habilidades», «competencias»… en un proceso kafkiano que tiene tres características que lo hacen alucinante. Ocupa muchísimo tiempo y, de hecho, cada vez más. Nadie, absolutamente nadie, cree que todo eso sirva para nada útil, por lo que todo el mundo se ha especializado en rellenar papeles sin sentido con frases huecas que, eso sí, gusten al revisor de turno. A pesar de lo cual, las decenas de miles de profesores de Universidad españoles cumplimos cual corderitos, como nuestros respectivos centros, sin protestar.

El problema es que estamos llegando a extremos entre delirantes y patéticos y aquí seguimos sin atrevernos a alzar la voz. Esta semana me encontré con unos compañeros preparando posters para un congreso sobre innovación educativa sobre las TIC, el paso a las TEC y la anhelada llegada a las TAC. Les ahorro la explicación de lo que es cada cosa porque sí, en efecto, todo el asunto es lo que parece. Una tontería propia de una clase de párvulos. Que lamentablemente no es una broma sino algo que la gente se ve forzada a realizar porque este tipo de majaderías se han convertido de facto en obligatorias dado que las piden las agencias de acreditación de la calidad. De manera que ahora todos tenemos que dedicarnos a perder el tiempo (y créanme, es mucho tiempo, que pagan ustedes) con estas cosas.

Son también cada vez más frecuentes los controles respecto de la labor de los profesores buscando una absoluta homogenización e infantilización de las clases. Han aparecido, en época de crisis, muchos cargos y carguitos donde se aposentan voluntarios revisores de la labor de los colegas para certificar si aplican correctamente las nuevas metodologías. En el mejor de los casos cobran y no hacen nada. En el peor se dedican a hostigar a los profesores con episodios como la prohibición de encargar a los alumnos que lean cada uno, a lo largo de todo el curso, dos libros jurídicos o que utilicen Internet para montar una Wiki colectiva. De nuevo, no se trata de una broma. La tesis, respaldada por las autoridades, es que no se pueden imponer semejantes «cargas» a los estudiantes de un solo grupo, por ser discriminatorio.

De todos modos, el peor síntoma de lo que ocurre en la Universidad española es que los profesores nos estemos dejando hacer todo esto. Va siendo hora de que empecemos a denunciar lo que está pasando y a alzar la voz. No con la idea de conseguir grandes objetivos y una reforma profunda de cómo funcionan las cosas, algo muy difícil. Pero sí, al menos, para intentar alcanzar logros más humildes. Como no estar obligados a confeccionar posters o poder tener un mínimo de libertad para pedir a nuestros alumnos que se lean algún libro.

Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València

 



En defensa de Vigalondo: Internet, el holocausto y la libertad de expresión (¿nos hemos vuelto todos locos?)

El País (periódico en el que colaboro, lo que indico para que quede clara la cosa desde un primer momento) ha anunciado que suspende la campaña de publicidad que había contratado con un conocido cineasta, Nacho Vigalondo, a raíz de la polémica generada en Twitter por unos comentarios jocosos de éste sobre el negacionismo.

Resulta obvio que, en tiempos donde el mercado y la imagen mandan, El País ha reaccionado ante lo que ha sido una verdadera avalancha de críticas que asociaban la imagen del diario con supuestos comentarios antisemitas. Los medios de la competencia, de hecho, estaban arreando estopa con indisimulada satisfacción. El propio Vigalondo, que en primera instancia trató de explicar el tema y apelar a la racionalidad de audiencia y lectores, ha acabado, también, tirando la toalla. Pide disculpas de modo reiterado y anuncia que, además, cierra su blog en El País.

¿De qué va todo esto? Pues a partir de la reconstrucción de la historia que más o menos encuentro en Internet, de que Vigalondo publicó esto en su twitter:

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Menos tonterías y más escuela

Mi colaboración de la semana pasada con la edición de la Comunidad Valenciana de El País versó sobre un tema clásico pero que, desgraciadamente, hay que revisitar. Porque probablemente nada más tópico y ritual, desde un cierto punto de vista, que denunciar la situación de nuestro modelo público de escuela. Y es lamentable que, quizás, me temo, suene incliso tan obvia y evidente la queja como que nada hay que hacer para arreglar el problema. Que nada se puede hacer. Mientras tanto, la degradación continua. Y en la Comunidad Valencia, de manera acelerada (los ejemplos son numerosos y se suceden a toda velocidad, el último de ellos en forma de suelo público regalado de manera infame a los empresarios, y a la Iglesia, especializados en la enseñanza privada y concertada).

La escuela pública no sólo es mejor y esencial para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más eficiente, por mucho que las dinámicas sociales de los últimos años nos cieguen y nos hagan no darnos cuenta. Es, además, la única que permite que poco a poco una sociedad avance y se desarrolle, alcance cuotas de libertad y de pluralismo modernas y, además, logre, aunque sea en parte, igualar las oportunidades de todos.  Que algo va mal en España, mucho peor que en otros países, se ve, mejor que en ningún otro sitio, en lo mal que va la escuela pública en España. Porque la educación pública no sólo es mejor, más importante y a medio y largo plazo más eficiente. Es que, si se me permite copiar la broma de un profesor de mi Facultad, es algo más. Es la única y verdadera.

Mientras no seamos plenamente conscientes de ello las cosas no mejorarán. Pero no basta ser consciente. Porque, a día de hoy, me temo, creo que casi todos lo somos. Hay, además, que rebelarse contra el sentimiento de que, aunque la cosa dé vergüenza ajena y propia, como uno solo nada puede hacer, lo mejor es seguir la corriente general y buscar, dentro del desastre, salvar a tu familia y a tus hijos. La triste realidad española es que todo el mundo, con muy contadas excepciones, es consciente del suicidio colectivo que supone fomentar que con dinero público, de todos, se incentive la enseñanza privada. Pero las clases medias, e incluso las bajas, a pesar de ser conscientes de ello, plenamente conscientes, y de sentir vergüenza por participar en el juego, piensan que el tema no tiene arreglo. Y que, por ello, lo que hay que hacer es tratar de minimizar problemas dentro de ese contexto y, si se puede, lograr que sea a ellos y a sus hijos a quienes el Estado financie, en lugar de una escuela pública de calidad e integradora (quimera a la que se renuncia por imposible), una escuela privada, pagada por todos, pero que excluya a las clases sociales más desfavorecidas. Así el niño va con las monjitas, pero sin pagar, como si esto fuera un público. Pero sin moros, ni gitanos, ni inmigrantes (o con muy poquitos, y muy seleccionados) gracias a unos apaños infames que entre todos consentimos y alentamos. El hecho de que a nadie se le escape lo asqueroso del modelo que construimos y que a pesar de eso tenga la fuerza que tiene hace que la cosa sea más deprimente si cabe.

En fin, que allá va lo que escribí. Sin mucha esperanza de que a corto plazo vayamos a asistir a un cambio, pero con la convicción de que, al menos, hay que decir estas cosas en voz alta a ir tratando de ayudar a que cambien.

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Varia

– Mientras Europa y sus tribunales van en una dirección, en España hay Audiencias Provinciales que van en la contraria. Contra el criterio del Fiscal, por cierto. La cuestión, con todo, es interesante jurídicamente, en la medida en que, como es sabido, el Derecho penal tradicionalmente ha considerado que los nacionales han de someterse a sus reglas aunque estén en países que no entiendan que ciertas conductas son delictivas. Es decir, que si aceptamos que un español no puede consumir prostitución infantil aunque lo haga en un país donde tal conducta sea legal y entendemos razonable que la ley penal española le alcance dado que la conducta en España sí se considera delito, ¿acaso no tendríamos que admitir jurídicamente que cualquier aborto practicado por un español ha de cumplir con la legislación española además de con la del lugar donde se realice para garantizar la inmunidad penal del médico y de la mujer que consiente que le practiquen la intervención?
En el fondo, tras esta pregunta late, como casi siempre, la necesidad de que nuestro Código penal deje de ser uno de los únicos de Europa que castiga severamente (aunque sea más una prohibición formal que otra cosa, y éste es otro motivo por el que urge el cambio) conductas sobre las que dista de haber consenso social respecto de su aceptabilidad. Porque ésa es la clave y de eso de lo que estamos hablando: de meter en la cárcel a quienes realizan una conducta sobre cuya admisibilidad dista de haber el consenso mínimo necesario para que una sociedad civilizada esté legitimada para castigarla.
Por este motivo es de agradecer que, al fin, el Gobierno haya iniciado la reforma de la ley española en materia de aborto a partir de las recomendaciones de un comité de expertos al que lejos de condenar viene bien recordar por su sensata y equilibrada labor. Y resulta cómico el escándalo relativo a alguna de sus previsiones, como es la posibilidad de que mujeres de 16 años decidan por sí mismas sobre su cuerpo y una intervención quirúrgica. ¡Qué barbaridad! ¿Menores de edad decidiendo sobre si se someten a una operación sin consentimiento paterno? ¿Dónde se ha visto una barbaridad semejante? Pues en España, desde hace años, y sin que la medida haya supuesto el más mínimo escándalo, dado que, como es evidente, es de lo más razonable. Por cierto, fue la mayoría partlamentaria del PP la que aprobó la ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica que permite con carácter general que los mayores de 16 años se sometan a operaciones sin autorización de los padres. Medida que, por lo demás, se encuentra en la lógica de normas anteriores sobre derechos de los pacientes, aunque no estuviera explicitada.

– La verdad es que yo no sé si hay o no fundamento para que se investiguen los pagos que un juez recibe estando de sabático a cambio de conferencias y demás. O sin estar de sabático. Pero convendrán conmigo, al menos, en dos cuestiones. La primera es que empieza a ser urgente que se revise la laxitud con la que las normas en materia de incompatibilidad de las que hablábamos hace poco se entienden y aplican, ya sea a diputados o jueces. Y la segunda es que está feo, cuando menos, que si, pongamos por caso, el Banco de Vladivostok te ha pagado unos milloncejos de pesetas por dar clases, organizar jornadas o montar una capea bien regada con vinito, luego tú, como juez, atiendas casos en que el mencionado Banco o sus responsables puedan estar implicados. Parece de sentido común. En cualquier caso, y volviendo de nuevo a la corrupción de baja intensidad, lo que es evidente es que no estamos ante un asunto que convenga solucionar en una sociedad democrática madura a base de condenas penales simbólicas y supuestamente ejemplarizantes respecto de conductas sorprendentemente generalizadas y socialmente aceptadas. Porque, como dice reiteradamente un alto cargo de la Generalitat Valenciana que contrataba a un amiguete, haciéndolo rico con una empresa cuya única actividad era prácticamente la de servir esos contratos, lo más probable es que, efectivamente, todo o casi todo sea jurídicamente regular. «Todo legal«. Ese es el problema, precisamente. Que sea todo legal y que socialmente se asuma como normal. Contra este estado de cosas no es bueno que reaccionen los jueces, que normalmente cazarán al más burro, al que peor suerte ha tenido o, simplemente, al que pillan por delante. Quienes hemos de reaccionar somos los ciudadanos. Lamentablemente, no parece que en España sea el caso, de momento, eso de exigir estándares éticos demasiado elevados a los demás, a la hora de la verdad. No sea que haya mala suerte, claro, y luego me toque cumplirlos a mí también.

– Ya está publicada la Sentencia completa sobre la supuesta posibilidad de objetar a la asignatura de educación para la ciudadanía. Con bastante sentido común, el Tribunal Supremo se esfuerza en explicar que el hecho de no compartir ciertos contenidos de normas jurídicas perfectamente constitucionales, incluso cuando la oposición a las mismas viene dada por motivos ideológicos o de conciencia, no es base suficiente como para pretender conculcado tales derechos caso de que no se pueda objetar. Algo, como dijimos en su día, perfectamente razonable y previsible. Llama la atención que la cosa haya llegado a tanto.

– Y una sentencia sobre la que quería haber comentado algo hace unos días pero respecto de la que no dije, a la postre, nada, pero que es interesante en torno a las relaciones entre intimidad y actividad periodística. La cuestión aquí es que, igual que está feo que la policía «provoque» para que uno delinca y luego le detenga, también lo está que un periodista «provoque» determinada conducta y a continuación la grabe con cámara oculta. Eso no es ejercer derecho alguno a informar sobre cuestiones veraces sino una intromisión ilegítima en la intimidad de las personas. (Actualización: artículo de Marc Carrillo sobre esta misma cuestión).

– La reforma de la ley electoral parece que está en marcha. No he encontrado el informe del Consejo de Estado en cuestión en su web, de modo que todo lo que se pueda comentar ha de ser con la necesaria prudencia, dado que a lo mejor el informe contiene elementos que no han sido reflejados por la información de la SER. Ahora bien, parece que no se afronta el análisis de la constitucionalidad o de las posibilidades de una reforma que trate de suplir algunos de los déficits de representatividad que hemos comentado en otras ocasiones. Dicho lo cual, las líneas del informe que han trascendido parecen sensatas: tratar de dar derecho de voto a residentes en España con un mínimo de arraigo es una medida democratizadora e integradora que ha de ser alabada (y vincularlo a la reciprocidad parece constitucionalmente necesario aunque sería mejor, probablemente, poder prescindir de la exigencia); cuestionar la necesidad de que voten los no residentes que lleven mucho tiempo instalados en otro país y voten en él tiene bastante sentido; y, por último, plantear objeciones a la extravagante (y posiblemente ajena a la lógica constitucional, que tan dolorosamente sería desatendida para esta reforma mientras se esgrime de valladar infranqueable para otras) pretensión de crear una circunscripción para votos en el extranjero es de agradecer.
Actualización: Aquí está el informe, vía El Derecho y el revés.



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