Las víctimas en los juicios

Me ha llamado la atención la generalizada crítica que ha recibido un juez de la siempre curiosa Audiencia Nacional por la manera en que se ha dirigido a los testigos del juicio que se sigue por los asesinatos y atentado con que ETA liquidó la tregua en el aeropuerto de Barajas, ahora hace unos años.

Efectivamente, esta moda de insultar o tratar con cierta mala educación a quienes acuden a la Audiencia, que probablemente viene de antaño pero que ahora con la retransmisión de muchas vistas queda más en evidencia, es de lo más lamentable. A diferencia de lo que piensa la mayoría de la opinión publicada en España, a mí también me parece criticable cuando el receptor de los malos modos es el acusado. Incluso si es un etarra.

Pero como considero que esta cuestión es más que obvia, no es lo que me ha llamado la atención de la noticia. Lo que me ha parecido curioso es que el interrogatorio en cuestión era a la madre de una de las víctimas, que actuaba en calidad de testigo. Y ahí sí que me invade la perplejidad. ¿Qué hace la madre de un pobre chico asesinado por ETA declarando en el juicio? ¿Qué necesidad hay de su declaración para calibrar el relato fáctico? ¿Qué puede aportar esta señora a efectos de que pueda servir como prueba incriminatoria respecto de los acusados?

Si se trata de hacer de los juicios un espectáculo televisivo, es obvio que tener a la mamá de la víctima, lógica y humanamente destrozada, da mucho juego. Si se trata de averiguar qué paso, de establecer la calificación jurídica de los hechos, determinar quiénes son las responsables y, en definitiva, hacer justicia entiendo que convertir la vista oral en un show declarativo de familiares de víctimas es totalmente absurdo y criticable. De modo que los abogados que lo proponen o bien yerran o bien tratan de usar la vista para fines ajenos a los procesales y jurídicos. Y los jueces que lo autorizan no imponen correctamente su autoridad a la hora de dirigir el proceso. Si les enfada tener que aguantar el numerito, estaría mejor en lugar de tratar mal a la persona llamada a declarar que abroncaran, en su lugar, al abogado. Pero con técnica jurídica y no con exabruptos. Esto es, no admitiendo esa absurda prueba testifical.



Justicia pascuera (de nuevo sobre la Audiencia Nacional y sus prácticas)

Enlazo un artículo del que se puede suscribir casi todo, hoy en El País, de Pablo Salvador Coderch sobre la Audiencia Nacional. Como hemos tratado de hacer aquí, no pone tanto el acento sobre Garzón y sus prácticas sino en el cada vez más evidente problema estructural que supone la Audiencia Nacional, sus formas y costumbres, de las que Garzón no es sino máximo exponente y, probablemente, su aplicador más osado e indudable y meritorio innovador y profundizador. Porque, como también hemos tenido ocasión de mencionar, muchas de sus ocurrencias e inventos procesales, tanto en materia de interrupción de comunicaciones, de medidas provisionales, de intervención en el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación… han acabado siendo asumidas por la propia Audiencia y por otros jueces, que los han explotado y explotan con tanto o más éxito que el propio creador. Desgraciadamente, en España, es ponerse a hacer cosas de estas y empezar a recibir atención mediática, portadas, alabanzas sin mesura y reconocimiento social. Que se lo digan a los nuevos fichajes (Grande Marlaska, Eloy Velasco…) que llegan con la lección tan bien aprendida que apenas les cuesta unas horas poner en marcha shows restrictivos de derechos de los ciudadanos a mayor gloria de Sus Señorías, inmediatamente aclamadas por público y crítica.

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Varia. Escuchas, secretitos y surrealismo cum laude.

– Algo de sensatez en el asunto de poner micrófonos a los abogados para saber qué les cuentan sus clientes y cómo pretenden preparar la defensa. Era obvio que una salvajada de tal calibre no podía tener una vida jurídica demasiado larga. Por muchos que haya demasiada gente que se haya querido empeñar en lo contrario. EL TSJ de Madrid va reconduciendo la situación (en el enlace a la noticia tienen los links al auto y voto particular, ambos en PDF), como previsiblemente acabará pasando cuando el asunto llegue al Supremo o, en su caso, al Constitucional. No sólo es que la ley sea clara al respecto, es que, además, cualquier modelo garantista no puede dudar en plantar las barricadas frente a cuestiones de esta índole, por mucho que la tentación del atajo siempre esté presente y que los cantos de sirenas alabando la «eficacia represora contra los delincuentes» siempre cuenten con quien quiera dejarse llevar por ellos. Afortunadamente si este obsceno y turbio asunto de las escuchas ha servido para algo es para comprobar que, al menos entre juristas, sigue habiendo uan mayoría que tiene claro este asunto. No puede decirse lo mismo de políticos y medios de comunicación, desgraciadamente. A día de hoy, la progresía del país y la prensa afín sigue dedicada a justificar la destrucción de las garantías procesales y a exigir la desaparición del derecho de defensa. No pongo enlaces porque la lista sería larga y probablemente injusto cargar las tintas en algunos textos concretos, obviando otros. Hay demasiadas salvajadas sobre este tema, escritas abandonando cualquier pretensión de racionalidad y atendiendo sólo a la trinchera partidista, como para que tenga sentido señalar alguna expresión concreta. Tienen Ustedes donde elegir. Y a buen seguro que se habrán topado con suficientes ejemplos.

– El modus operandi de la Audiencia Nacional, con las técnicas del Juez Campeador en primera línea, como no puede ser de otra manera, va generando una escuela con discípulos prestos a superar al Maestro. El último y surrealista episodio viene de Palma de Mallorca, donde según lo que se deduce de las informaciones periodísticas (lo cual, quizás, obligaría a poner la cosa en duda, pero el grado de deterioro que estamos padeciendo hace temer que no, que la cuestión no se reduce a una mala crónica periodística) un juez ha decidido no sólo grabar a un sospechoso con su abogado (abogado que, como casi siempre, nadie tiene la más mínima duda de que no participa de ninguna trama delictiva más allá de defender los intereses de su cliente) sino, además, en plan «pillo», guardarse las transcripciones como un as en la manga. De esta manera, cuando el cliente estaba declarando, con una medio sonrisa, le ha podido decir algo así como «uy, uy, uy, tengo un secretito, sé que eso no es exactamente lo que Usted le contó a su abogado».

– La reforma de la Universidad y la afección del proceso de Bolonia a la consecución de la excelencia va por buen camino: el Gobierno pretende eliminar a las bravas la tradición de que todas las tesis tengan la misma calificación de «sobresaliente cum laude«. Al margen de la indiscutible sensatez de pretender que, si se supone que hay que calificar más allá de «apto/no apto», en la práctica las calificaciones se correspondan con un mínimo de esfuerzo evaluador, va a ser divertido cómo esta reforma, si se produce, acaba generando, como siempre ocurre en la Universidad en estos casos, el conocido «efecto Pilar del Castillo» (yo he llegado a Catedrática por un sistema que, en cuanto ocupo ese puesto, entiendo demasiado poco exigente pues permite que haya muchos, demasiados -entre los que, por supuesto, no me cuento- en el cuerpo, la mayor parte sin nivel, por lo que hay que cambiar el modelo por otro más duro que, a ser posible, retrase la llegada a la Cátedra de la gente en una década o, al menos, 5 añitos respecto de lo que era habitual antes). Es decir, que me voy a pasar los próximos años de mi carrera académica escuchando a colegas (de mi generación, que hicieron, como yo, el doctorado cuando a todos nos daban la mención de honor) explicar a jóvenes profesores que su tesis fue buenísima y por eso tienen la mención de cum laude. Bienvenida sea la reforma, por las risas que nos vamos a echar.

– He publicado con el Profesor Albert Ituren, un compañero del Departamento, un pequeño comentario sobre la proyectada reforma del urbanismo valenciano. Aquí tienen el enlace. No es que cambie demasiado la cosa, que es lo que tratamos de explicar, a pesar de la habitual fanfarria que suele acompañar todo cambio legislativo. Estaría bien, en este sentido, que algún día apareciera algún jurista que sepa de verdad cómo se cuece en urbanismo en España y contara toda la verdad sobre quién y cómo se queda la plusvalía en este país y con este modelo de urbanismo. Porque la supuesta teoría (contra la que se rebelan eximios urbanistas, por cierto, luchando contra ella con una pasión que a todos los espectadores reafirma en su sensación de que, efectivamente, es una idea que se traduce a la práctica) de que es la sociedad la que ha de quedarse con las mismas y que a los propietarios el suelo se les valora por lo que es antes de cualquier operación urbanísitca es la más parecida metáfora actual del famoso traje nuevo del emperador. Por supuesto, niños y mayores, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, a la hora de la verdad, y en su vida cotidiana bien que lo demuestran, tienen, tenemos, perfectamente claro a quién va a parar la plusvalía. Que ser propietario, a efectos urbanísticos, caray, es lo importante.



El Juez

Baltasar Garzón, que es a la judicatura española lo que Pío Moa a los diversos campos del saber universal, acapara, una vez más, portadas por el expeditivo procedimiento de mandar a la gente a la cárcel (huelga decir que sin juicio previo de ningun tipo, en aplicación de sus peculiares criterios para interpretar la figura de la prisión provisional). En estas ocasión, el show que ha montado, con despliegue de fotos, incluye a unos cuantos septagenarios esposados y encarcelados antes de cualquier juicio por cargos de corrupción y diversos delitos económicos. Por supuesto, los tabloides españoles especializados en subirse al carro del populismo, han jaleado en portada la medida: esposados y a la cárcel, proclama entusiasmada una de las portadas más vergonzosas de la historia del periodismo español (por lo visto, no poco del fervor se deriva de la supuesta convalidación retroactiva que el grotesco espectáculo de estos días supone en relación a previas exhibiciones vejatorias de detenidos que afectaron a políticos del PP).

Al margen del amplio abanico de irregularidades que las aventuras de El Juez suelen llevar asociadas y que son a la vez reflejo de problemas estructurales en materia de garantías de nuestro Estado de Derecho (que Él se limita a replicar) y punta de lanza de nuevas y agresivas técnicas procesales que otros jueces imitan (detenciones prolongadas más allá del plazo legal para presionar a los detenidos, abusivas declaraciones de secreto del sumario que dificultan el derecho de defensa, aplicación generalizada de medidas excepcionales previstas para casos de terrorismo a todo tipo de delitos, abuso de las escuchas telefónicas con dudosa cobertura, increíbles quiebras como grabar a los abogados de los sospechosos y sus estrategias de defensa, inicio de causas generales aplicando técnicas inquisitoriales, prisiones provisionales decretadas como en un festival, empleo de los medios de comunicación para propiciar juicios paralelos…), hay una cuestión que cada vez con más frecuencia se pregunta mucha gente. Si en España hay unos 5.000 jueces, ¿por qué parece que todos los casos le «tocan» a Garzón? ¿Cómo es posible que dé la sensación de que en España un solo juez sea el responsable, con todo el poder y el riesgo que ello supone, de decidir si han de acabar en la cárcel desde sospechosos de terrorismo a todo su entorno ideológico, desde narcotraficantes a corruptos de cualquier Comunidad Autónoma, desde dictadores de todo el mundo a espíritus de generales franquistas muertos hace años, pasando por Ministros o Presidentes del Gobierno? ¿Acaso no hay más jueces en España?

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Derecho de defensa

En torno a la importancia de las garantías y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente

En medio de la algarabía mediática que desde hace meses apabulla a los ciudadanos a cuenta de la sospecha de que ciertos cargos públicos del Partido Popular se hayan lucrado por vías ilegales o, incluso, de que el propio partido haya podido recibir fondos de diferentes empresas a cambio de favores de todo tipo, ha pasado lamentablemente inadvertida, y confundida por muchos como una alegación de parte sin demasiada base, lo que es sin duda uno de los ataques más brutales a las garantías procesales de cualquier procesado y al derecho de defensa que se han producido en España en los últimos años.

Casi cualquier jurista español habrá recibido estupefacto la noticia de que en el marco  de las investigaciones desarrolladas por el juez, muchas de ellas a petición del fiscal, se han interceptado comunicaciones de los imputados con sus abogados, transcribiéndolas e incorporándolas al sumario, y siendo empleadas tanto por la Fiscalía como por el juez instructor como elementos de convicción, como base que servía para proponer a su vez nuevas pruebas y como información que servía para preparar posteriores interrogatorios a los procesados. Se trata de una conducta, como cualquier jurista sabe y supongo que todo ciudadano medio con un mínimo de formación y sentido común puede intuir, gravísima. A lo largo del último siglo los Estados que han empleado su poder punitivo de esta forma y han despreciado hasta tal punto los derechos de los ciudadanos y el derecho de defensa son bien pocos. Abiertamente, esto es, entendiendo que tal comportamiento estaba justificado y era una medida razonable para defender mejor a la sociedad frente a los delincuentes, de hecho, bien pocos. Ni siquiera los totalitarismos más vergonzantes del siglo XX se han atrevido nunca a defender abiertamente su derecho a intervenir las comunicaciones cliente-abogado de manera generalizada. Excepcionalmente, eso sí, el Tercer Reich lo veía justificado en casos que ponían en riesgo la seguridad del Reich, por ejemplo.

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Secreto de sumario

La portada de El País digital dice en estos momentos, a «5 columnas digitales»:

El Tribunal de Justicia de Madrid ha hecho público parte del sumario de la investigación a la trama corrupta encabezada por Correa, Crespo y El Bigotes, y vinculada al Partido Popular.- Estas son algunas de las revelaciones contenidas en los 17.000 folios conocidos hoy

Una de esas cosas fascinantes que nos pasan a los juristas, al igual que supongo que les ocurrirá a los profesionales de otros muchos ámbitos, es comprobar hasta qué punto pueden diferir las imágenes y percepciones sociales sobre nuestra actividad, sobre algunos elementos de nuestro quehacer profesional y la realidad.

Así, por ejemplo, estamos hasta tal punto acostumbrados a que cualquier sumario judicial se filtre en cuestión de segundos a los medios de comunicación que no le damos la menor importancia a que algo así ocurra. Y la Fiscalía, por supuesto, hace tiempo que dejó de perder el tiempo investigando esas conductas. ¿Para qué, si no hay manera de detener estos comportamientos? ¿Para qué, si no se puede encontrar fácilmente a los culpables, en la medida en que los receptores de las filtraciones, periodistas, se amparan en el secreto profesional para no revelar sus fuentes (a lo que tienen todo el derecho) y de esta forma se hace muy difícil (ojo, ni mucho menos es una actividad imposible, como es evidente) seguir el rastro a los culpables, por lo que el esfuerzo se suele abandonar de antemano sin haberlo siquiera incoado? Vamos, el caso es que se percibe como lo más normal del mundo.

Pero lo que me tiene fascinado es hasta qué punto ha cambiado la percepción social sobre un acto (filtrar una información secreta, a la que sólo han de tener acceso las partes, el juez, la policía y las personas que dependen de todos ellos y puedan tener un acceso justificado por colaborar profesionalmente con algunos de ellos) que es delictivo como consecuencia del reiterado incumplimiento de las previsiones legales sobre el asunto. De tal modo que, cuando un juez levanta el secreto de sumario no se trata ya de que no nos escandalemos de que en cuestión de minutos esté la documentación en todas las ediciones digitales de los periódicos. No, es que va y resulta que todo el mundo equipara ese levantemiento del secreto a que, como titula El País, «el Tribunal de Justicia de Madrid ha(ya) hecho público parte del sumario». Haya hecho público. Vamos, que el propio juez lo que hace es publicar los datos y que de eso va, precisamente, lo de levantar el secreto de sumario.

La declaración de un sumario como secreto es una medida absolutamente excepcional, justificada para tratar de proteger el buen fin de la investigación, y que restringe el acceso a ese sumario, declarado secreto, a las partes. Es una medida, como digo, excepcional, en la medida en que limita enormemente el derecho de defensa, dado que los abogados de los imputados, por ejemplo, no pueden conocer qué pruebas se han practicado y cuáles son los indicios en que se basa el juez instructor para imputar a saber qué delitos. Por este motivo ha de levantarse en cuanto sea posible y sólo se ha de decretar cuando sea absolutamente imprescindible para proteger pruebas o el buen curso de la investigación.

Levantar el secreto del sumario significa, simplemente, eliminar estas restricciones a las partes y abandonar el «estado de excepción» durante la instrucción. A partir de ese momento las partes ya pueden acceder al sumario, pero éste sigue siendo secreto en el sentido de que no se puede difundir. Y hacerlo sigue estando prohibido, estando previstas muy severas sanciones para quien lo haga (supongo que no hace falta incidir, porque es obvio, en que esta previsión tiene su sentido en que se entiende que la difusión pública de un sumario en un estadio tan poco avanzado es nefasta para la investigación judicial y, además, condiciona gravemente el derecho de defensa así como puede afectar gravemente a la honorabilidad de los ciudadanos imputados). Ocurre que, lamentablemente, es tan habitual que en cuanto las partes tengan acceso a la documentación ésta acabe en las redacciones de todos los periódicos, que ya se ha acabado por pensar que los sumarios sólo son «secretos» cuando hay una declaración de secreto de sumario. Y que, levantado éste, dado que en la práctica hay vía libre para filtrar y que nadie lo investigará en exceso, lo que se produce es que el Tribunal de turno «ha publicado» la información.

Ya digo que no seré yo quien, a estas alturas, se rasgue las vestiduras. Pero no deja de ser curioso cuán deformada es la percepción social sobre lo que es el «secreto de sumario» y lo que significa su levantamiento.



No win, no fee, también en España

Como es sabido, el ejercicio de la profesión en los Estados Unidos está muy mal y por ello hay un subsector, creciente, potentísimo, de abogados especializados en vender sus servicios cobrando únicamente una cuota de los posibles beneficios obtenidos por el cliente, caso de que tenga éxito el pleito. Y, si no se gana, pues no se cobra. Hay especies de abogados absolutamente especializados, como los conocidos ambulance chasers, muchos de los cuales incluso han prosperado y ahora van a por la caza mayor (accidentes de aviación, class actions…).

En España, como en casi toda Europa continental, esto ha estado tradicionalmente mal visto y, de hecho, con sus matices, el llamado pacto de quota litis ha estado históricamente prohibido (véase, por ejemplo, el artículo 3.3 del código deontológico europeo, aclarando eso sí que el citado código tiene el valor que tiene). Hasta hoy, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008.

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